La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Que vería con beneplácito que el Poder Ejecutivo disponga las medidas administrativas para generar un ahorro de hasta el 2,5% anual, en los presupuestos asignados a todos los organismos oficiales, desde los Ministerios hasta sus dependencias, incluyendo a los autárquicos, excluyendo a los ministerios de Educación y Salud Pública y la Dirección Nacional del Antártico, con- ducentes a formar un Fondo para financiar el "Plan Nacional de Viviendas Socia- les".

Asimismo, vería con agrado que se invite a empresas, organizaciones profesionales, sindicales, universitarias, no- gubernamentales y personas físicas, a contribuir a modo de donación, con soluciones tecnológicas y/o medios de infraestructura y/o logística y/o monetarios, con igual des- tino.

Señor presidente:

Es conocido que el déficit habitacional en la sociedad argentina, como deuda social crónica, es de antigua data. Según fuentes informativas serían necesarias 3.500.000 viviendas para dar respuesta a esta problemá- tica. Esto requiere los máximos esfuerzos e instrumentación de soluciones por parte de las autoridades nacionales, provinciales, municipales, de organizaciones gremiales y sectores privados.

La vivienda propia es una necesidad bá- sica y elemento fundamental de los derechos humanos. Es angular para mejorar la calidad de vida y la estabilidad e integración del grupo familiar. Es asimismo, herra- mienta básica de inclusión social, reduciendo la inseguridad ciudadana y favoreciendo la pacificación social.

La vivienda es mejor salud, educación, formación moral. Lo más noble del ser humano se vincula con la disponibilidad de una vivienda.

Los jóvenes, tan impactados por diversos factores sociales, son quienes más sufren la falta de una perspectiva cierta de acceder a una vivienda

Tomando en cuenta a la Ciudad de Bue- nos Aires y el Conurbano la realidad de hoy nos muestra la existencia de más de 800 villas o conjuntos habitacionales de emergencia. Es decir cerca de dos millones de habitantes, entre argentinos e inmigrantes de países limítrofes de escasos recursos. Muchos de ellos sin respuestas válidas a su pobreza, pese a las posibilidades existentes que se ofrecen de educación, medicina gratuita y subsidios. Es decir pobladores que conviven sin urbanización adecuada ni planificada y con instrumentos de servicios sanitarios y de seguridad insuficiente o ausentes.

A lo expresado se suma la necesidad de los asalariados, los pequeños comerciantes y los jóvenes profesionales que constituyen nuestra clase media emergente y que no encuentran en el mercado actual posibilida- des para la obtención de la vivienda propia, generando así inseguridad en aspectos tales como la estabilidad y preservación en el tiempo de su núcleo familiar.

La vivienda propia de interés social ins- trumentada como Política de Estado, un plan fructífero de ideas y proyectos, con los medios que financien realidades constructivas, indudablemente activará y multiplicará la actividad económica y laboral.

Por lo expresado es necesario iniciar este proceso de soluciones desde el Estado a través de un Plan Nacional, con la participa- ción voluntaria, motivada y motivante del ámbito ciudadano, en su amplia diversidad. Esto, indudablemente, también activará mecanismos de respuestas positivas a las de- mandas existentes de sistemas de ahorro individuales, préstamos con garantía hipote- caria y movilización del mercado de capitales.

No es una cuestión de un gobierno en particular, sino un rasgo idiosincrático, aunque lastimoso: los argentinos tendemos al despilfarro y el Estado, reflejo de la propia sociedad, también. No es objeto de estos fundamentos establecer si la responsabilidad por esta tendencia se originó en desacer- tadas decisiones gubernamentales - en todos los tiempos -que instalaron esa 'cultura' del derroche. La verdad es que la condición de "país rico" que nos inculcaron desde la cuna - generación tras generación - indujo a no cuidar el peso.

Los analistas y estudiosos del presupues- to estatal coinciden en que podrían prestarse los mismos servicios y atenderse iguales obligaciones erogando un diez por ciento menos. Algunos van más allá y establecen ese porcentaje en veinte. Sea lo que fuera, resulta notorio que podría el Estado, dando el ejemplo, empezar a ahorrar y a hacerlo con el objetivo más plausible que puede concebirse: comenzar a hacer realidad un sostenido y bien pensado Plan Nacional de Viviendas Sociales.

La instrumentación, secuencias dentro del año calendario, modalidades de este ahorro serán materia de las decisiones del Estado. A la Cámara de Diputados, representativa del pueblo por imperio de la Consti- tución Nacional, le compete, en esta primera instancia del asunto, declarar que sería fundamental ahorrar recursos, constituir un Fondo y poner en marcha un Plan de cons- trucción de Viviendas Sociales.

Pido a mis pares que den su respaldo a esta Declaración del cuerpo.