La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que proceda a depositar en la sede del Banco del Sur en la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, los documentos que acrediten la ratificación efectuada por la República Argentina, del Convenio Constitutivo del Banco del Sur.

Al efectuar el depósito de los instrumentos de ratificación, esto es la Ley 26701 del 7 de septiembre de 2011, y el Decreto 1553 del 30 de septiembre de 2011, se deberá incluir la declaración, que el Convenio Constitutivo se ha aprobado de conformidad con la legislación interna de nuestro país, y se han adoptado las medidas necesarias para poder cumplir con todas la obligaciones que el mismo impone, tal como lo establece el artículo 31.3.

Señor presidente:

Resultaría innecesario efectuar una descripción de lo ocurrido en el país durante la década del 90, que determinó el desguace del Estado Nacional. Sin embargo, para las autoridades del FMI, lo que se hizo fue un verdadero ejemplo de las políticas a seguir. Al respecto son conocidas las expresiones del que fuera director del FMI, Michel Camdessus, quien en la sede la institución dijera el 1 de octubre de 1998 "Argentina tiene una historia que contar al mundo: una historia sobre la importancia de la disciplina fiscal, los cambios estructurales y una política monetaria que se aplica rigurosamente". Pero resulta más ejemplificador el informe específico sobre la situación del país preparado bajo la dirección de Michel Mussa, consejero económico y director de estudios del FMI, en 1999, donde al analizar la situación decía "Argentina es uno de los países (de América Latina) que más ha avanzado en la reforma estructural. El proceso de reforma se inició en 1989/90 y cobró impulso a partir de 1991 al establecerse el régimen de convertibilidad, piedra angular del programa de estabilización emprendido por el gobierno. En los años siguientes, se lograron progresos sin precedentes en tres campos importantes. En lo que respecta a la reforma del sector público, se privatizaron prácticamente todas las empresas estatales y se reformó el sistema de seguridad social; sumadas a la desregulación generalizada. En lo que respecta al sector externo, se eliminaron las restricciones a la cuenta de capital y se rebajaron en alrededor del 10% las tasas medias de los aranceles de importación, lo cual facilitó la expansión del comercio y la integración financiera a la economía mundial. Al mismo tiempo se cerraron varias instituciones privatizadas, subcapitalizadas, se privatizaron varios bancos públicos provinciales y se amplió la participación de grandes bancos internacionales en los mercados de créditos externos -que ahora supera la de los bancos nacionales- con lo cual se reforzó la confianza en el sistema financiero" (Perspectivas de la Economía Mundial -octubre de 1999- Estudios Económicos y Financieros, Fondo Monetario Internacional, págs. 58/59). Luego de tal análisis y al establecer las proyecciones para los años siguientes, el FMI solo acentuaba la necesidad de que "el gobierno que resulte electo en los comicios de octubre deberá asumir una conducción macroeconómica firme y actuar con la clara determinación de llevar adelante nuevas reformas estructurales" (ibidem, pág. 26)

Como se puede comprobar a través de los hechos de público conocimiento, a partir del año 2000 todas esas bondades de las "reformas estructurales" no se tradujeron en una mejora de la situación general, sino en una acentuación de las dificultades económicas y financieras. Y en lo que respecta a éste último aspecto, el predominio de los grandes bancos transnacionales y las empresas del mismo origen -lo que para el FMI era una condición indispensable de las reformas- determinaron una mayor vulnerabilidad del sistema, al poner en manos de ellos un sistema operativo solo destinado a la transferencia de capitales y no a la inversión productiva, de todo lo cual puede deducirse sin mayor esfuerzo que esas "políticas" aconsejadas por el FMI solo lograron aumentar los índices de exclusión social y de pobreza, acentuando la vulnerabilidad económica del país.

El Banco Mundial, aún cuando sus objetivos resultan de distinta naturaleza a los del FMI, fue un colaborador eficaz de las políticas de ajuste estructural, facilitando numerosos créditos para viabilizar tales políticas, además de facilitar otros préstamos para las reales necesidades que tenían los países de financiar proyectos de infraestructura, de promoción educativa, promoción industrial, minera etc. Aunque en la Argentina, todavía se encuentra pendiente una investigación de la deuda pública, la República del Ecuador realizó una prolija auditoría que mostró no solo los manejos del FMI, sino cómo los préstamos del Banco Mundial, otorgados para determinadas obras, eran canalizados al pago de la deuda pública, además de contratarse consultoras propuestas por la referida institución que en muchos casos significaban erogaciones que insumían casi el 80% del crédito otorgado. A eso hay que sumar las llamadas "comisiones de compromiso", las clausulas de renuncia a la soberanía del país, el sometimiento a otras jurisdicciones para el caso de controversia, etc. Una verdadera arquitectura para condicionar cualquier proyecto a los reales objetivos que eran favorecer invariablemente a las empresas multinacionales y a los inversores privados asociadas a estas.

Con el Banco Interamericano de Desarrollo, las operaciones fueron similares, las consultoras operaban de manera parecida, mientras nuestros países continuaban con el crecimiento exponencial de la pobreza y el subdesarrollo, además de haber apoyado las mismas políticas de ajuste estructural propiciadas por el FMI.

Teniendo el objetivo de terminar definitivamente con un anclaje a instituciones que no beneficiaban a nuestros países, sino por el contrario, resultaban instrumentos que perpetuaban inaceptables condicionamientos económicos, se planteó entre varios países latinoamericanos la idea de crear un banco que, a diferencia del Banco Mundial, sirviera de factor de desarrollo para nuestros pueblos, colaborando en la integración de sus economías, y que ejerciera un función distinta para encarar proyectos bajo otra forma de gestión, con costos diferentes y movilizando recursos reales, sin los condicionamientos a los que nuestros países debían someterse.

Esa idea tuvo principio de ejecución el 9 de diciembre de 2007, cuando los presidentes de la Argentina, Néstor Kirchner; de Bolivia, Evo Morales; de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva; de Ecuador, Rafael Correa Delgado; del Paraguay, Nicanor Duarte Frutos; del Uruguay, Tabaré Vázquez, y de Venezuela, Hugo Chávez, firmaron en Buenos Aires el Acta de fundación del Banco del Sur, mediante la cual acordaron "crear un banco de desarrollo con el carácter de persona jurídica de derecho público internacional, el que tendrá como objeto financiar el desarrollo económico y social de los países de la Unión de Naciones Sudamericanas, miembros del Banco, en forma equilibrada y estable, haciendo uso del ahorro intra y extra regional; fortalecer la integración, reducir las asimetrías y promover la equitativa distribución de las inversiones dentro de los países miembros del Banco".

El Banco del Sur tendrá por funciones, entre otras: financiar proyectos de desarrollo en sectores claves de la economía orientados a mejorar la competitividad y el desarrollo científico y tecnológico, agregando valor y priorizando el uso de materias primas de los países miembros; financiar proyectos de desarrollo en sectores sociales para reducir la pobreza y la exclusión social, así como financiar proyectos que favorezcan el proceso de integración suramericana, y crear y administrar fondos especiales de solidaridad social y de emergencia ante desastres naturales; todo ello mediante la realización de operaciones financieras, activas, pasivas y de servicios.

El Banco del Sur deberá ser autosostenible y gobernarse conforme a criterios profesionales de eficiencia financiera para garantizar que su actuación no resulte en dispendios adicionales, sino en la generación de nuevos recursos para ser reinvertidos en los países miembros.

De conformidad con lo acordado, el Banco tendrá su sede en la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, con subsedes en la ciudad de Buenos Aires y en la ciudad de La Paz, República de Bolivia.

Después de este acto fundamental, se iniciaron conversaciones entre los países fundadores para instrumentar las modalidades del funcionamiento del Banco, y esto determinó las existencia de largas discusiones, exámenes técnicos sobre las diferentes propuestas de los países, hasta que finalmente se llegaron a acuerdos básicos y se firmó el Convenio Constitutivo el 26 de septiembre de 2009, en Porlamar, isla Margarita, República Bolivariana de Venezuela. En el mismo, se determinó fijar un capital autorizado de 20.000 millones de dólares, siendo el capital suscripto de 7.000 millones, aportando la Argentina, Brasil y Venezuela, 4000 millones de dólares, y los 3.000 millones restantes serán aportados por los restantes miembros en las proporciones señaladas en el documento. Al respecto es preciso destacar que el capital suscripto se irá pagando gradualmente en diez años, por lo que no resulta imperioso un desembolso inmediato de la totalidad de las sumas suscriptas.

El Convenio fue ratificado por el Congreso de la Nación, a través de la Ley 26701 del 7 de septiembre de 2011, la que fuera promulgada por Decreto 1553 del mismo año, firmado por la Sra. Presidenta de la Nación, por la Asamblea Nacional de Venezuela, por la Asamblea Nacional del Ecuador, por el Congreso Nacional del Uruguay y por la Asamblea Plurinacional del Bolivia..

Creemos que, más allá de las inevitables diferencias que existen entre las economías de los países sudamericanos, una institución como la que se ha creado, supone modificar el sistema de constante peregrinaje a los organismos multilaterales, y poder financiar proyectos autosostenibles de desarrollo donde los países no se encuentren anclados a un sistema que los hacía dependientes de decisiones que les eran ajenas, y que se tomaban en función de la conveniencia del sistema financiero, que se encontraba permanentemente protegido por organismos que en su origen debieron tener otra función.

No escapará al criterio de esta honorable Cámara, que el funcionamiento del Banco permitirá ocuparse de cuestiones como el cuidado de la salud, la soberanía alimentaria y energética; la concreción de proyectos fundamentales de infraestructura para el desarrollo de un anillo energético, de presas, gasoductos y oleoductos, ya que tenemos un potencial hidroeléctrico muy importante y reservas de gas y petróleo que deberían ser exploradas, buscando las formas más eficientes de una explotación racional que beneficie a los países del continente. A esto se suman las posibilidades de construcción de redes de ferrocarriles y nuevas carreteras para lograr una más eficaz integración entre nuestros pueblos, posibilitando ello generación de riqueza y una mejor distribución de la misma.

El Banco del Sur constituye un verdadero desafío para romper con los moldes de una vieja política económica instrumentada desde los centros de poder, donde se establecían las condiciones en que debía desarrollarse cada país determinando quienes debían ser nada más que productores de materias primas y quienes tenían la posibilidad de industrializarse, quienes podían usufrutuar sus recursos naturales y quienes debían entregarlos a la voracidad de compañías que se los llevaban en su totalidad, afectando -además- el medio ambiente.

Creemos que es un comienzo de importante significación para marginar definitivamente el poder de organismos multilaterales, que no han traído beneficios para los países sudamericanos, sino que han sido instrumento de intereses privados, que han visto crecer su patrimonio de manera exponencial en detrimento de la riqueza y el trabajo de nuestros pueblos.

También el Banco servirá para ir forjando una indispensable integración económica y financiera que permita hacer realidad lo que alguna vez soñaron nuestros Libertadores, y que los intereses de las grandes potencias y la mediocridad de las clases dirigentes llevó a una fragmentación territorial y económica que es preciso revertir definitivamente.

Por todo lo expuesto, es que solicito a los Señores Diputados que acompañen la aprobación del presente proyecto de resolución.-