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PROYECTO DE TP
Expediente 2146-D-2013
Sumario: SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA DEPOSITAR EN LA SEDE DEL BANCO DEL SUR EN LA CIUDAD DE CARACAS, REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA RATIFICACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA DEL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL BANCO DEL SUR, Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS.
Fecha: 17/04/2013
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 30
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional,
por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que proceda a
depositar en la sede del Banco del Sur en la ciudad de Caracas, República
Bolivariana de Venezuela, los documentos que acrediten la ratificación efectuada
por la República Argentina, del Convenio Constitutivo del Banco del Sur.
Al efectuar el depósito de los
instrumentos de ratificación, esto es la Ley 26701 del 7 de septiembre de 2011, y
el Decreto 1553 del 30 de septiembre de 2011, se deberá incluir la declaración,
que el Convenio Constitutivo se ha aprobado de conformidad con la legislación
interna de nuestro país, y se han adoptado las medidas necesarias para poder
cumplir con todas la obligaciones que el mismo impone, tal como lo establece el
artículo 31.3.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resultaría innecesario
efectuar una descripción de lo ocurrido en el país durante la década del 90, que
determinó el desguace del Estado Nacional. Sin embargo, para las autoridades del
FMI, lo que se hizo fue un verdadero ejemplo de las políticas a seguir. Al respecto
son conocidas las expresiones del que fuera director del FMI, Michel Camdessus,
quien en la sede la institución dijera el 1 de octubre de 1998 "Argentina tiene una
historia que contar al mundo: una historia sobre la importancia de la disciplina
fiscal, los cambios estructurales y una política monetaria que se aplica
rigurosamente". Pero resulta más ejemplificador el informe específico sobre la
situación del país preparado bajo la dirección de Michel Mussa, consejero
económico y director de estudios del FMI, en 1999, donde al analizar la situación
decía "Argentina es uno de los países (de América Latina) que más ha avanzado
en la reforma estructural. El proceso de reforma se inició en 1989/90 y cobró
impulso a partir de 1991 al establecerse el régimen de convertibilidad, piedra
angular del programa de estabilización emprendido por el gobierno. En los años
siguientes, se lograron progresos sin precedentes en tres campos importantes. En
lo que respecta a la reforma del sector público, se privatizaron prácticamente
todas las empresas estatales y se reformó el sistema de seguridad social;
sumadas a la desregulación generalizada. En lo que respecta al sector externo, se
eliminaron las restricciones a la cuenta de capital y se rebajaron en alrededor del
10% las tasas medias de los aranceles de importación, lo cual facilitó la expansión
del comercio y la integración financiera a la economía mundial. Al mismo tiempo
se cerraron varias instituciones privatizadas, subcapitalizadas, se privatizaron
varios bancos públicos provinciales y se amplió la participación de grandes bancos
internacionales en los mercados de créditos externos -que ahora supera la de los
bancos nacionales- con lo cual se reforzó la confianza en el sistema financiero"
(Perspectivas de la Economía Mundial -octubre de 1999- Estudios Económicos y
Financieros, Fondo Monetario Internacional, págs. 58/59). Luego de tal análisis y
al establecer las proyecciones para los años siguientes, el FMI solo acentuaba la
necesidad de que "el gobierno que resulte electo en los comicios de octubre
deberá asumir una conducción macroeconómica firme y actuar con la clara
determinación de llevar adelante nuevas reformas estructurales" (ibidem, pág.
26)
Como se puede comprobar a través de
los hechos de público conocimiento, a partir del año 2000 todas esas bondades de
las "reformas estructurales" no se tradujeron en una mejora de la situación
general, sino en una acentuación de las dificultades económicas y financieras. Y
en lo que respecta a éste último aspecto, el predominio de los grandes bancos
transnacionales y las empresas del mismo origen -lo que para el FMI era una
condición indispensable de las reformas- determinaron una mayor vulnerabilidad
del sistema, al poner en manos de ellos un sistema operativo solo destinado a la
transferencia de capitales y no a la inversión productiva, de todo lo cual puede
deducirse sin mayor esfuerzo que esas "políticas" aconsejadas por el FMI solo
lograron aumentar los índices de exclusión social y de pobreza, acentuando la
vulnerabilidad económica del país.
El Banco Mundial, aún cuando sus
objetivos resultan de distinta naturaleza a los del FMI, fue un colaborador eficaz de
las políticas de ajuste estructural, facilitando numerosos créditos para viabilizar
tales políticas, además de facilitar otros préstamos para las reales necesidades
que tenían los países de financiar proyectos de infraestructura, de promoción
educativa, promoción industrial, minera etc. Aunque en la Argentina, todavía se
encuentra pendiente una investigación de la deuda pública, la República del
Ecuador realizó una prolija auditoría que mostró no solo los manejos del FMI, sino
cómo los préstamos del Banco Mundial, otorgados para determinadas obras, eran
canalizados al pago de la deuda pública, además de contratarse consultoras
propuestas por la referida institución que en muchos casos significaban
erogaciones que insumían casi el 80% del crédito otorgado. A eso hay que sumar
las llamadas "comisiones de compromiso", las clausulas de renuncia a la
soberanía del país, el sometimiento a otras jurisdicciones para el caso de
controversia, etc. Una verdadera arquitectura para condicionar cualquier proyecto
a los reales objetivos que eran favorecer invariablemente a las empresas
multinacionales y a los inversores privados asociadas a estas.
Con el Banco Interamericano de
Desarrollo, las operaciones fueron similares, las consultoras operaban de manera
parecida, mientras nuestros países continuaban con el crecimiento exponencial de
la pobreza y el subdesarrollo, además de haber apoyado las mismas políticas de
ajuste estructural propiciadas por el FMI.
Teniendo el objetivo de terminar
definitivamente con un anclaje a instituciones que no beneficiaban a nuestros
países, sino por el contrario, resultaban instrumentos que perpetuaban
inaceptables condicionamientos económicos, se planteó entre varios países
latinoamericanos la idea de crear un banco que, a diferencia del Banco Mundial,
sirviera de factor de desarrollo para nuestros pueblos, colaborando en la
integración de sus economías, y que ejerciera un función distinta para encarar
proyectos bajo otra forma de gestión, con costos diferentes y movilizando recursos
reales, sin los condicionamientos a los que nuestros países debían
someterse.
Esa idea tuvo principio
de ejecución el 9 de diciembre de 2007, cuando los presidentes de la Argentina,
Néstor Kirchner; de Bolivia, Evo Morales; de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva; de
Ecuador, Rafael Correa Delgado; del Paraguay, Nicanor Duarte Frutos; del
Uruguay, Tabaré Vázquez, y de Venezuela, Hugo Chávez, firmaron en Buenos
Aires el Acta de fundación del Banco del Sur, mediante la cual acordaron "crear un
banco de desarrollo con el carácter de persona jurídica de derecho público
internacional, el que tendrá como objeto financiar el desarrollo económico y social
de los países de la Unión de Naciones Sudamericanas, miembros del Banco, en
forma equilibrada y estable, haciendo uso del ahorro intra y extra regional;
fortalecer la integración, reducir las asimetrías y promover la equitativa distribución
de las inversiones dentro de los países miembros del Banco".
El Banco del Sur tendrá por funciones,
entre otras: financiar proyectos de desarrollo en sectores claves de la economía
orientados a mejorar la competitividad y el desarrollo científico y tecnológico,
agregando valor y priorizando el uso de materias primas de los países miembros;
financiar proyectos de desarrollo en sectores sociales para reducir la pobreza y la
exclusión social, así como financiar proyectos que favorezcan el proceso de
integración suramericana, y crear y administrar fondos especiales de solidaridad
social y de emergencia ante desastres naturales; todo ello mediante la realización
de operaciones financieras, activas, pasivas y de servicios.
El Banco del Sur deberá ser
autosostenible y gobernarse conforme a criterios profesionales de eficiencia
financiera para garantizar que su actuación no resulte en dispendios adicionales,
sino en la generación de nuevos recursos para ser reinvertidos en los países
miembros.
De conformidad con lo acordado, el
Banco tendrá su sede en la ciudad de Caracas, República Bolivariana de
Venezuela, con subsedes en la ciudad de Buenos Aires y en la ciudad de La Paz,
República de Bolivia.
Después de este acto fundamental, se
iniciaron conversaciones entre los países fundadores para instrumentar las
modalidades del funcionamiento del Banco, y esto determinó las existencia de
largas discusiones, exámenes técnicos sobre las diferentes propuestas de los
países, hasta que finalmente se llegaron a acuerdos básicos y se firmó el
Convenio Constitutivo el 26 de septiembre de 2009, en Porlamar, isla Margarita,
República Bolivariana de Venezuela. En el mismo, se determinó fijar un capital
autorizado de 20.000 millones de dólares, siendo el capital suscripto de 7.000
millones, aportando la Argentina, Brasil y Venezuela, 4000 millones de dólares, y
los 3.000 millones restantes serán aportados por los restantes miembros en las
proporciones señaladas en el documento. Al respecto es preciso destacar que el
capital suscripto se irá pagando gradualmente en diez años, por lo que no resulta
imperioso un desembolso inmediato de la totalidad de las sumas suscriptas.
El Convenio fue ratificado por el
Congreso de la Nación, a través de la Ley 26701 del 7 de septiembre de 2011, la
que fuera promulgada por Decreto 1553 del mismo año, firmado por la Sra.
Presidenta de la Nación, por la Asamblea Nacional de Venezuela, por la Asamblea
Nacional del Ecuador, por el Congreso Nacional del Uruguay y por la Asamblea
Plurinacional del Bolivia..
Creemos que, más allá de las
inevitables diferencias que existen entre las economías de los países
sudamericanos, una institución como la que se ha creado, supone modificar el
sistema de constante peregrinaje a los organismos multilaterales, y poder financiar
proyectos autosostenibles de desarrollo donde los países no se encuentren
anclados a un sistema que los hacía dependientes de decisiones que les eran
ajenas, y que se tomaban en función de la conveniencia del sistema financiero,
que se encontraba permanentemente protegido por organismos que en su origen
debieron tener otra función.
No escapará al criterio de esta
honorable Cámara, que el funcionamiento del Banco permitirá ocuparse de
cuestiones como el cuidado de la salud, la soberanía alimentaria y energética; la
concreción de proyectos fundamentales de infraestructura para el desarrollo de un
anillo energético, de presas, gasoductos y oleoductos, ya que tenemos un
potencial hidroeléctrico muy importante y reservas de gas y petróleo que deberían
ser exploradas, buscando las formas más eficientes de una explotación racional
que beneficie a los países del continente. A esto se suman las posibilidades de
construcción de redes de ferrocarriles y nuevas carreteras para lograr una más
eficaz integración entre nuestros pueblos, posibilitando ello generación de riqueza
y una mejor distribución de la misma.
El Banco del Sur constituye un
verdadero desafío para romper con los moldes de una vieja política económica
instrumentada desde los centros de poder, donde se establecían las condiciones
en que debía desarrollarse cada país determinando quienes debían ser nada más
que productores de materias primas y quienes tenían la posibilidad de
industrializarse, quienes podían usufrutuar sus recursos naturales y quienes
debían entregarlos a la voracidad de compañías que se los llevaban en su
totalidad, afectando -además- el medio ambiente.
Creemos que es un comienzo de
importante significación para marginar definitivamente el poder de organismos
multilaterales, que no han traído beneficios para los países sudamericanos, sino
que han sido instrumento de intereses privados, que han visto crecer su
patrimonio de manera exponencial en detrimento de la riqueza y el trabajo de
nuestros pueblos.
También el Banco servirá para ir
forjando una indispensable integración económica y financiera que permita hacer
realidad lo que alguna vez soñaron nuestros Libertadores, y que los intereses de
las grandes potencias y la mediocridad de las clases dirigentes llevó a una
fragmentación territorial y económica que es preciso revertir definitivamente.
Por todo lo expuesto, es que solicito a
los Señores Diputados que acompañen la aprobación del presente proyecto de
resolución.-
Firmante | Distrito | Bloque |
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SOLANAS, FERNANDO EZEQUIEL | CIUDAD de BUENOS AIRES | MOVIMIENTO PROYECTO SUR |
ARGUMEDO, ALCIRA SUSANA | CIUDAD de BUENOS AIRES | MOVIMIENTO PROYECTO SUR |
DUCLOS, OMAR ARNALDO | BUENOS AIRES | GEN |
CARDELLI, JORGE JUSTO | CIUDAD de BUENOS AIRES | MOVIMIENTO PROYECTO SUR |
LOZANO, CLAUDIO RAUL | CIUDAD de BUENOS AIRES | UNIDAD POPULAR |
Giro a comisiones en Diputados
Comisión |
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