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Expediente 2137-D-2007
Sumario: CREACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL (INDER) Y DEL FONDO FIDUCIARIO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL: OBJETIVOS, PATRIMONIO, INFRACCIONES Y SANCIONES.
Fecha: 10/05/2007
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 47
El Senado y Cámara de Diputados...
CREACIÓN DEL INSTITUTO
NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DEL FONDO FIDUCIARIO NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL
CAPÍTULO I: DE LA
NATURALEZA, OBJETIVOS Y FACULTADES DEL INSTITUTO
ARTÍCULO 1°.- Créase el Instituto
Nacional de Desarrollo Rural (INDER) como un órgano autárquico del Estado
Nacional, que desarrollará su acción en todo el territorio del país, adecuando su
funcionamiento a las directivas del Poder Ejecutivo en todo cuanto concierne a los
aspectos de promoción del desarrollo rural sustentable, vinculado a la población
rural, los productores familiares y trabajadores rurales sin tierra. Su relación con el
Poder Ejecutivo se hará a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos.
ARTÍCULO 2°.- Créase el Fondo
Fiduciario Nacional de Desarrollo Rural que actuará como herramienta financiera
del INDER con el objetivo de darle estabilidad, continuidad y previsibilidad a las
acciones de apoyo a la agricultura familiar y a los trabajadores rurales asalariados.
ARTÍCULO 3°.- El INDER tendrá
por objeto promover el desarrollo social, económico y tecnológico de la agricultura
familiar, particularmente de los productores y de los trabajadores rurales
asalariados, que serán sus beneficiarios principales.
Entre los objetivos a lograr por el
INDER se encuentran:
- Contribuir a la calidad de vida
y al empleo de la población rural, evitando su éxodo.
- Consolidar o generar nuevos
centros poblacionales, económicos y productivos en zonas rurales y en pequeños
pueblos y ciudades del interior del país.
- Impulsar producciones
intensivas en el uso de la tierra y de la mano de obra.
- Generar empleo genuino y
estable.
- Dar impulso a un desarrollo
autocentrado, promoviendo la reinversión de la renta generada en las mismas
zonas promocionadas.
- Desarrollar políticas de
comercialización que garanticen la colocación de la producción local en los
mercados nacionales e internacionales.
- Favorecer acciones que
impulsen un asentamiento poblacional equilibrado en todo el ámbito del país, así
como una equitativa distribución regional de la renta nacional.
ARTÍCULO 4°.- Al efecto al
objeto señalado en el artículo 3°, se determina como sujeto a promocionar a la
empresa agrícola familiar, existente o nueva, vinculada al proceso productivo,
económico y comercial de las cadenas agroalimentarias o agroindustriales. Se
define a la Agricultura Familiar como un tipo de producción donde la Unidad
Doméstica y la Unidad Productiva están físicamente integradas, la producción
agropecuaria es la principal ocupación y fuente de ingreso del núcleo familiar, la
familia aporta la fracción predominante de la fuerza de trabajo utilizada en la
explotación, y la producción se dirige al autoconsumo y al mercado
conjuntamente.
ARTÍCULO 5°.- Para el logro de
los objetivos señalados el INDER desarrollará las siguientes funciones:
Administrativas y de Coordinación
1) Identificar, relevar, investigar,
diseñar, planear, ejecutar y evaluar en forma directa o a través de los organismos
e instituciones con quienes se acuerde, líneas de trabajo y programas tendientes
a lograr un desarrollo rural sustentable que incorpore la totalidad de la población
beneficiaria de todo el territorio la República Argentina.
2) Crear y mantener actualizado
un registro donde se cuente con información detallada de los pequeños
productores familiares y trabajadores rurales asalariados y de su participación en
programas públicos, así como también de familias que se propongan vivir y
desarrollar actividades económicas en zonas rurales.
3) Establecer mecanismos de
coordinación con todos los organismos del Poder Ejecutivo y Legislativo Nacional
y Provinciales.
4) Administrar todos los
recursos disponibles vinculados directamente con el desarrollo rural que se
transferirán al INDER con el dictado de esta Ley y su reglamentación.
5) Ejecutar todos los actos y
celebrar todos los acuerdos necesarios para el cumplimiento de esta Ley.
6) Promover la integración de
los beneficiarios determinados en los art. 3º y 4º de la presente, en los programas
de desarrollo local y planeamiento estratégico de los municipios, provincias y
regiones del país.
Producción, Tecnología e
Infraestructura
7) Estructurar programas de
extensión rural y asesoramiento productivo coordinando e integrando al INTA y a
los programas agropecuarios existentes o a crearse.
8) Promover, orientar y financiar
la investigación, experimentación y desarrollo a efectuar por los organismos
públicos competentes, referidas a los sistemas productivos, comerciales y de
servicios, apropiados al nivel de recursos y factores productivos de la agricultura
familiar.
9) Impulsar el desarrollo de
técnicas productivas apropiadas para la empresa familiar a partir de programas
que incluyan, entre otro organismos, al INTA, INTI y las Universidades.
10) Promocionar el
asociativismo.
11) Impulsar la calidad y la
denominación de origen como elementos diferenciales de la producción de las
empresas familiares o asociativas.
12) Promocionar el turismo rural
como actividad permanente o complementaria de las empresas familiares.
13) Promover e impulsar,
coordinando con otros organismos públicos competentes, la construcción de
infraestructura física, viviendas, servicios públicos y el hábitat en general,
entendido en sentido amplio, y la prestación de los servicios sociales básicos,
como educación y salud, en las zonas rurales que son objeto de accionar del
INDER.
14) Promover y asistir a las
organizaciones que desarrollan programas o actividades productivas que
impliquen beneficio directo a los sectores rurales en general.
Asistencia Técnica y Apoyo Económico
y Financiero
15) Proporcionar asistencia
técnica y capacitación a sus beneficiarios pudiendo otorgar subsidios o líneas de
crédito para tal fin.
16) Promover el cumplimiento de
la legislación laboral, en relación a los trabajadores rurales asalariados,
comprometiéndose en su capacitación y promoción social.
17) Favorecer la competitividad
de los productores impulsando, según se considere necesario, líneas de
especialización, diversificación, integración vertical u horizontal de la producción,
formas asociativas o cooperativas e impulso a la transformación local o regional
de la producción primaria.
18) Otorgar los subsidios para
fines productivos y obras de infraestructura rural frente a situaciones de
emergencias climáticas o de mercados.
19) Promover, junto a las
provincias, iniciativas que posibiliten la radicación poblacional en zonas rurales, el
acceso a la tierra a través de programas de colonización, la regularización de
sistemas de tenencia precaria, priorizando a las familias rurales numerosas y a
sus hijos, a los trabajadores rurales asalariados y a las familias del medio urbano
que sean objeto de programas especiales para trabajar en zonas rurales.
20) Otorgar la asistencia
financiera necesaria para facilitar el acceso a la tierra o para sufragar los costos
ligados a la regularización dominial de los pequeños productores familiares que se
encuentran en situación de tenencia precaria.
21) Estudiar y promover
adecuaciones del sistema impositivo, de seguridad social, y normativo en general,
para facilitar el reconocimiento legal de los pequeños productores familiares a fin
de que puedan acceder a los mercados formales, públicos y privados, y al goce de
los derechos sociales.
22) Impulsar la regulación de la
propiedad indígena de conformidad con la Constitución Nacional y las leyes
dictadas en tal sentido.
Comercial
23) Formular, coordinar y
ejecutar programas de desarrollo rural o prestar asistencia técnica y financiera en
la formulación o ejecución de dichos programas, especialmente en lo relativo al
mejoramiento de los canales de comercialización, a la industrialización y a la
participación en las cadenas agroindustriales. Dichos programas podrán
comprender acciones conjuntas con personas naturales o jurídicas, públicas o
privadas, incluso la posibilidad de constituir una empresa comercial.
24) Asistir en la gestión de la
comercialización de la producción obtenida en el marco de los programas del
INDER promoviendo, entre otras iniciativas, proyectos, el asociativismo, el
cooperativismo, la creación y desarrollo de ferias y mercados, y de consorcios de
exportación en todas las etapas de la cadena agroalimentaria y agroindustrial
favoreciendo, de tal forma, una mayor escala productiva y comercial.
25) Asesorar en los aspectos de
mercadeo, logística, cobertura de riesgo y todos aquellos vinculados con la
comercialización de productos, promoviendo proyectos al respecto o evaluando
aquellos que se presenten que tengan por destino a los beneficiarios de esta
Ley.
26) Promover sistemas de
comercialización que permitan el acceso a los mercados en condiciones
competitivas.
ARTÍCULO 6°.- Los programas de
desarrollo rural y asistencia financiera, el otorgamiento de créditos y subsidios, así
como cualquier otro beneficio que otorgue el INDER a personas naturales,
jurídicas o comunidades, deberán concederse sobre la base de parámetros
previamente establecidos. A tal fin, se tomarán como base las siguientes pautas:
1) Garantizar la seguridad
alimentaria de las familias dando prioridad a los proyectos que involucran hogares
que se encuentran en situación de subsistencia.
2) La atención de zonas con
mayores niveles de Necesidades Básicas Insatisfechas, pobreza o indigencia que
el promedio nacional.
3) La creación del mayor
número posible de puestos de trabajo sustentables en relación a la inversión
realizada.
4) La generación de puestos de
trabajo en las zonas del país con altos niveles de desocupación o que han sufrido
procesos migratorios en los últimos años.
5) El apoyo a proyectos que
permitan el retorno a sus lugares de origen a productores que se vieron obligados
a emigrar por falta de trabajo o de infraestructura física o social.
6) El desarrollo de producciones
que utilicen, en mayor proporción, insumos, servicios y factores de producción
locales y nacionales.
7) La localización en zonas de
baja densidad poblacional o en zonas de frontera.
8) Proyectos que incluyan a
jóvenes productores que hayan constituido un nuevo núcleo familiar.
ARTÍCULO 7°.- Contribuir al
fortalecimiento de organizaciones representativas, existentes o a crearse, de
pequeños productores familiares en los órdenes locales, regionales y nacional y
por sector de actividad o producto.
CAPÍTULO II: DE LA
ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
ARTÍCULO 8º.- La estructura
orgánica del INDER estará compuesta por un Consejo Directivo Nacional a quien
le corresponderá su gestión y administración.
ARTÍCULO 9º.- El Consejo
Directivo Nacional tendrá diez (10) miembros que serán designados por el Poder
Ejecutivo, conforme se establezca en la reglamentación de esta Ley. Dicha
reglamentación deberá contemplar que se encuentren representados los
Ministerios y Organismos Públicos vinculados al objeto de esta Ley, así como
organizaciones representativas de pequeños productores familiares, de
trabajadores rurales asalariados y Organizaciones No Gubernamentales afines a
la misma.
ARTÍCULO 10º.- El Consejo
Directivo tendrá las siguientes funciones y atribuciones:
a) Designar por concurso al
Director Nacional, en quien se delega la ejecución de las decisiones del Consejo
Directivo del Instituto.
b) Formular las políticas
generales y programas técnicos del INDER, difundiendo sus contenidos y
resultados.
c) Elaborar y ejecutar el
presupuesto anual y los recursos del Fondo Fiduciario de Desarrollo Rural y
aprobar los balances financieros y de actividades del INDER.
d) Hacer gestiones, convenios y
programas que permitan articular las principales líneas estratégicas del INDER,
facilitar programas conjuntos y la coordinación con organismos públicos y
privados.
e) Otorgar asistencia crediticia o
subsidios a los beneficiarios de esta Ley.
f) Administrar los bienes y
recursos del INDER.
g) Celebrar toda clase de
convenios con personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado,
nacionales o extranjeras, para ejecutar acciones de apoyo a las funciones propias
del INDER.
h) Renegociar, reprogramar,
consolidar, refundir, prorrogar u otorgar nuevos plazos a créditos concedidos por
el INDER o a obligaciones derivadas de los mismos.
i) Designar a los funcionarios y
técnicos y al personal de la planta, contratar empleados y recibir becarios,
pasantes y benévolos según las disposiciones vigentes para el sector público.
j) Dictar todas las resoluciones
que sean necesarias para la consecución de los fines del INDER, pudiendo
establecer los reglamentos internos necesarios para su funcionamiento.
ARTÍCULO 11º.- En cada
provincia que adhiera a la presente Ley se constituirá un Consejo de Desarrollo
Rural Provincial a fin de asesorar al Consejo Directivo Nacional y coordinar las
acciones a desarrollar en su respectiva jurisdicción.
ARTÍCULO 12°.- El Consejo
de Desarrollo Rural Provincial se conformará por vía reglamentaria a semejanza del
Consejo Directivo Nacional.
CAPÍTULO III: DEL
PATRIMONIO DEL INDER Y DEL FONDO FIDUCIARIARIO NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL
ARTÍCULO 13º.- El
patrimonio del INDER se constituirá con todos los bienes muebles e inmuebles que
le sean transferidos por otros organismos del Estado o por los programas de
desarrollo rural existentes que serán absorbidos por el mismo, y los bienes que
adquiera a cualquier título o que le sean transferidos o donados por otros
organismos públicos o privados.
AERTÍCULO 14°.- El Fondo
Fiduciario de Desarrollo Rural y el Presupuesto del INDER se constituirán, al
menos, con los recursos siguientes:
1. El 1,5 % del valor de las
exportaciones anuales de los rubros clasificados por el INDEC como Productos
Primarios (PP) y Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), al cual se le
descontará el equivalente a las partidas del Presupuesto 2006 que corresponden a
los Programas de Desarrollo Rural existentes que serán subsumidos en el
INDER.
2. Créditos o donaciones
provenientes de los organismos financieros y de cooperación internacional.
3. El recupero de los créditos
otorgados por el Instituto o por los Programas de Desarrollo Rural que serán
absorbidos por el INDER.
CAPÍTULO IV:
INFRACCIONES Y SANCIONES
ARTÍCULO 15 °.- Sin
perjuicio de lo que se establezca por vía reglamentaria, las infracciones a la
presente Ley serán sancionadas con:
a) Caducidad temporaria o
definitiva de cualquiera de los beneficios otorgados.
b) Devolución del monto de los
créditos o subsidios otorgados.
CAPÍTULO V: ADHESIÓN
PROVINCIAL
ARTÍCULO 16°.- Para
acogerse a los beneficios de esta Ley, los Estados Provinciales deberán adherir
expresamente a través de una ley provincial.
CAPÍTULO VI:
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 17°.- Anualmente
el Consejo Directivo del INDER realizará dos asambleas públicas, a las que serán
especialmente instituciones representativas vinculadas al desarrollo rural. En la
primera asamblea anual se presentarán el presupuesto, los objetivos y metas
cualitativas y cuantitativas del Instituto; en la segunda se presentará la ejecución
presupuestaria y una evaluación de los resultados obtenidos mediante indicadores
que permitan medir el desempeño del Instituto. Esta información deberá ser
publicada y será de acceso público mediante, al menos, los medios electrónicos.
ARTÍCULO 18º.- Los créditos
que otorgue el Instituto se regirán por las normas de la banca nacional o provincial
de desarrollo o por las condiciones que en cada programa específico se definan
para cumplir sus objetivos generales.
ARTÍCULO 19º.- Todos los bienes
raíces de propiedad o que por la Ley administre el INDER, estarán exentos de los
impuestos nacionales, provinciales y municipales.
ARTÍCULO 20°.- Para la
organización del INDER se establece el plazo de nueve (9) meses desde el
momento de la promulgación de la presente Ley; durante ese lapso su dirección
será ejercida por un Delegado Organizador nombrado por el Poder Ejecutivo.
ARTÍCULO 21º.- Dé forma.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto apunta a fortalecer el
rol de la producción de las familias que viven en el ámbito rural, en particular
en su participación en la producción agropecuaria y, en general, a promover un
proceso de desarrollo nacional que favorezca el repoblamiento del interior del
país, un modelo de desarrollo más equilibrado y sustentable, más justo y
participativo. La heterogeneidad de los productores familiares en cuanto a
recursos, sistemas productivos, acceso a los mercados, experiencia, organización,
cultura, necesidades y demandas, etc., hace que, a nuestro entender, sea
necesario un apoyo múltiple e integrado de diferentes áreas del Estado,
reemplazando la fragmentación y dispersión por una nueva institucionalidad.
No ignoramos que constituir un
"Instituto Nacional de Desarrollo Rural" (INDER), como el que aquí se propone,
requiere un marco nacional en que, crecimiento económico, desarrollo social y
protección de los recursos naturales, marchen conjuntamente. A ello no se llega
sin articular un gran conjunto de voluntades, superando intereses individuales,
grupales, institucionales y jurisdiccionales. En este camino, los desafíos a superar
son múltiples:
- a) dar continuidad y
previsibilidad a los actuales programas de desarrollo rural sometidos, muchas
veces, a restricciones presupuestarias, burocráticas, o partidarias;
- b) generar una coordinación
real de los programas públicos de la órbita de la SAGPyA, del INTA y de éstos con
otros de diversas áreas del Estado Nacional y Provincial;
- c) fortalecer a los actores
sociales representativos a nivel provincial, regional y nacional;
- d) implementar políticas
activas diferenciales para este sector;
- e) reconocer socialmente su
importancia en la economía, en la preservación del tejido social, de la cultura y del
medio ambiente, en el poblamiento del territorio, en la dinamización de las
ciudades y pueblos del interior y en la seguridad alimentaria de la población.
Desarrollo rural y Programas
para productores familiares
Este proyecto parte de recuperar
las experiencias desarrolladas en el transcurso de las dos últimas décadas,
asumiendo sus aciertos y sus límites.
Corrientes del Desarrollo Rural,
ampliamente difundidas en el continente americano, no tuvieron manifestaciones
importantes en Argentina, aunque en su momento puedan haber formado parte de
filosofías predominantes en algún ámbito del Estado. Tal es el caso del
Desarrollo de la Comunidad, concepción difundida a partir de los años 50 y
arraigada en los servicios de extensión públicos y, particularmente, en el INTA
hasta la década del 70. Los Programas de "Desarrollo Rural Integrado" (DRI),
como modelo de desarrollo rural impulsado por el Estado a partir de los '70, no
llegaron a ponerse en práctica en el país; tampoco las Reformas Agrarias
efectuadas en numerosos países de América Latina.
En Argentina, sólo algunos procesos
de colonización impulsados por la Nación, a cargo del Consejo Agrario Nacional
(CAN), y por las provincias, tuvieron alguna trascendencia, sin que se haya logrado
alterar la tendencia masiva a la expulsión de población agraria. La eliminación del
CAN por la dictadura, en 1976, y la reducción o parálisis de sus equivalentes
provinciales, prácticamente frenó este tipo de procesos.
Antecedentes cercanos de los
actuales programas
El debilitamiento de las políticas
activas desarrolladas por el Estado, las desigualdades del proceso modernizador
seguido en la agricultura, el empobrecimiento de los sectores medios y la crisis de
las economías no pampeanas, estimularon los estudios en la década del 80 y,
posteriormente, el desarrollo de iniciativas tendientes sobre todo a la atención de
los minifundistas del Norte del país. Algunas áreas de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA) fueron promotoras de la mayoría de
ellas.
Se pusieron así en marcha pedidos de
financiación a organismos multilaterales (FIDA, BID, Banco Mundial), a la vez que
se sucedieron un conjunto de actividades y gestiones con Organizaciones No
Gubernamentales, que culminaron con la creación, en 1987, de la "Unidad de
Minifundio" dependiente de la Dirección Nacional del INTA; el "Consejo Asesor"
de la misma - y sus réplicas en el interior - constituyeron un espacio de encuentro
y coordinación de estrategias entre distintos actores públicos y privados.
Paralelamente, a nivel de diversas
instancias del INTA, la SAGPyA y el Ministerio de Salud y Acción Social, comienzan
a intensificarse las preocupaciones por otros sectores productores y/o habitantes
del mundo rural; los del área rural y suburbana más pobres, se constituyeron en el
foco de atención del PRO-HUERTA (1990), en tanto las pequeñas y medianas
empresas en crisis, fueron parcialmente comprendidas por el "Programa Federal de
Reconversión Productiva Para la Pequeña y Mediana Empresa Agropecuaria"
(Cambio Rural) y los pequeños productores, por el "Programa Social Agropecuario"
(1993).
Estos programas se inician en el país
al mismo tiempo que se promueven las reformas estructurales de corte neoliberal,
hecho difícil de explicar si no se toma como referencia la política de los
organismos multilaterales y de cooperación internacional; éstos promueven
simultáneamente el ajuste macroeconómico y programas sociales que
contrarresten sus efectos "no deseados". Contradictoriamente, en apariencia, el
modelo concentrador y excluyente, impulsor del libre mercado y de un Estado
pasivo, promueve iniciativas que requieren un compromiso concreto de éste con
los sectores más pobres. En este contexto mal podría suponerse que los
programas formen parte de una estrategia pública de desarrollo rural.
Programas vigentes en
Argentina
Un repaso de los principales
Programas estatales en ejecución a nivel regional y nacional, permite apreciar la
existencia de varios orientados, directa o indirectamente, a las PyMES, pequeños
productores y/o a la población rural pobre. Una enumeración no exautiva,
posibilita identificar el "Programa de Desarrollo Regional Forestal"; "Proyecto
Integrado Pro-Huerta" (PRO-HUERTA); Programa de Reconversión de Áreas
Tabacaleras" (PRAT), financiado por el Fondo Especial del Tabaco (FET);
"Programa de Crédito y Apoyo Técnico para Pequeños Productores
Agropecuarios del Noreste Argentino" (PPNEA), continuado con el "Programa de
Desarrollo Rural de las Provincias del Noreste Argentino" (PRODERNEA) a partir
de 1999; "Programa Social Agropecuario" (PSA); "Unidad de Planes y Proyectos
de Investigación y Extensión para Productores Minifundistas" (UNIDAD DE
MINIFUNDIO); "Programa Federal de Reconversión Productiva para la Pequeña y
Mediana Empresa Agropecuaria" (CAMBIO RURAL), etc. En el diseño de estos
programas, algunas ONG nutrieron con su experiencia muchas de las reflexiones
y propuestas públicas iniciales y participan activamente en la ejecución de algunos
de los programas para productores con pocos recursos.
El "Programa de Alivio a la Pobreza e
Iniciativas Rurales" (PROINDER) se inició en 1999 y en 2003 se implementó en
Catamarca el "Programa de Desarrollo Rural del Noroeste Argentino"
(PRODERNOA).
El listado no agota la totalidad de las
iniciativas existentes ya que, tanto a nivel nacional como provincial, especialmente
en este último, pueden encontrarse otros, quizás menos conocidos, Programas
dirigidos exclusivamente -o que incluyen- a los productores más pobres. En
muchos casos dependen de la "Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos" (SAGPyA) de la Nación y/o del INTA, en tanto otros tienen que ver con
el Ministerio de Desarrollo Social (Fondo Participativo de Inversión Social -
FOPAR- y de Capitalización -FONCAP- por ejemplo), con el Ministerio del Interior
o de Trabajo (Plan Trabajar, o Plan Jefes y Jefas de Hogar), etc., ya sea que los
ejecuten directamente, en coordinación o apoyo a gobiernos provinciales,
municipales, entidades privadas, etc.
Atenuar el impacto de las políticas
macroeconómicas, atender inicialmente alguna situación particular de precios o de
clima, aliviar la pobreza de los sectores más desprotegidos de la sociedad y
favorecer la transformación y/o reconversión de las economías familiares,
constituyen algunos de los propósitos buscados. En algunos casos, los
enunciados generales tienen en cuenta la necesidad de lograr mayor participación
de los destinatarios en la actividad económica, social y política del país, por lo que
se establecen pautas para su participación en la gestión de los respectivos
programas y proyectos.
Teniendo en cuenta la población que
debe ser atendida por los programas vigentes y el avance continuo de una
agricultura extensiva, con concentración de la producción, creemos que son
insuficientes los medios volcados a los programas de productores rurales
familiares con menos recursos, tanto con aportes del Presupuesto Nacional como
de recursos externos (Banco Mundial, BID, FAO, FIDA, UNIFEM, etc.). Esta
sensación se acrecienta cuando se compara con los recursos que se destinan a
políticas asistenciales pasivas (en el Presupuesto nacional 2005, cuatro de los
principales programas sociales -Plan Jefes de Hogar, Pensiones no contributivas,
Seguridad Alimentaria y Atención de grupos vulnerables- suman $ 6.145 millones),
y con la falta de cumplimiento o con la irregularidad con que se asignaron
históricamente las partidas presupuestarias de los programas de desarrollo rural.
El "Universo" de productores familiares
y trabajadores rurales sin tierra es difícil de precisar por falta de registros
actualizados. Según el Censo de 1988, había 376.075 productores, de los cuales
el 77% no contrataba mano de obra permanente -o al menos así lo declaraban
por no estar "blanqueada"-; ese es el universo de quienes denominamos
"productores familiares", entre quienes se aprecia un elevado grado de
heterogeneidad, por lo que resulta lógico encontrar también diferencias en las
demandas y estrategias de intervención adecuadas.
Según la SAGPyA (1993), en base al
Censo Agropecuario 1988, había en el país 195.610 explotaciones minifundistas.
Desde el Programa Social Agropecuario se estimaban en 159.712 unidades en
1995. El último Censo Agropecuario (2002) da cuenta de la desaparición del 25%
del total de las Explotaciones Agropecuarias, pero los resultados preliminares
conocidos hasta ahora no dan cuenta aún del tamaño de los que desaparecieron,
más allá que algunas encuestas y censos parciales, realizados con anterioridad al
Censo, preanuncian una mayor desaparición de las pequeñas unidades
productivas (1) . Asimismo es difícil establecer el número de trabajadores rurales
sin tierra. A fines de julio de 2003, los productores agropecuarios habían
registrado en el RENATRE a 350.000 trabajadores empleados en sus campos. Si
se consideran los trabajadores no registrados, ese organismo estima que, en
realidad, son entre 700 y 750 mil trabajadores. Por su parte, la Unión de
Trabajadores Rurales estima en 1,2 millones los trabajadores del campo. También
es difícil estimar los productores que emigraron en los últimos años, pero que
estarían dispuestos a volver si se les presentan condiciones de vida y de trabajo
favorable. En síntesis, sean 200 ó 300 mil familias, es necesario un esfuerzo
financiero y de apoyo institucional mucho más importante que el actual si se
busca generar un impacto sensible.
Lo que es evidente, según los datos
preliminares del Censo Agropecuario 2002 y del Censo de Población 2001, es que
las políticas focalizadas para apoyar el desarrollo rural o atender diversas
situaciones de pobreza, no pudieron contrarrestar los efectos de las políticas
macroeconómicas que concluyeron por eliminar más de 100.000
explotaciones agropecuarias y reducir, en 422.514 habitantes, la población
rural dispersa del país (-11,6%) acentuando, de este modo, la concentración de
la producción y la riqueza por una parte, y de la población en los grandes centros
urbanos, por la otra.
La Encuesta Permanente de Hogares,
de octubre de 2002, reveló que el 57,5% del total de la población urbana del país
se encontraba por debajo de la línea de pobreza y el 27,5% por debajo de la línea
de indigencia. En el NEA y en el NOA, regiones donde la población rural tiene una
mayor participación sobre el total, la pobreza y la indigencia se elevó al 71,5% y
35,1% respectivamente, para la primera región y 69,4% y 35,1% para la segunda
región, respectivamente. Semejante pérdida de la seguridad alimentaria de la
población no sólo es atribuible a la crisis de los últimos años: el Censo de
Población y Vivienda de 2001 muestra cómo, durante la década del 90, la
población rural de esas provincias fue expulsada. Por ejemplo, en Corrientes la
población rural dispersa pasó del 22% del total al 11,8%, en Chaco, del 27,7% al
16,6% y en Formosa, del 27% al 18,9%. Sólo en estas tres provincias fueron
expulsados del campo más de 140.000 habitantes que, con toda seguridad, han
engrosado los cordones de pobreza urbana, ya que en las ciudades tampoco se
creó empleo en otras actividades productivas. En otras seis provincias que
abarcan la Pampa Húmeda y la Patagonia, la población rural dispersa se redujo
más del 20%, con una pérdida de otros 237.329 habitantes: Santa Cruz -32,3%
(2.228), La Pampa -28,7% (8.593), Buenos Aires -26,1% (110.934), Río Negro -
24,3% (15.959), Córdoba -22,6% (53.940), Santa Fe -20,9% (45.675),
contribuyendo a acentuar el mismo fenómeno de expulsión y pobreza
Desarrollo Rural y Repoblamiento del
Interior
Del análisis de lo actuado,
considerando sólo los programas en marcha en la SAGPyA y el INTA, pueden
sintetizarse una serie de aspectos relevantes, útiles a la hora de pensar en un
desarrollo rural alternativo e incluyente para los sectores del agro beneficiarios de
los mismos:
- Son numerosos los Programas
vigentes dirigidos a los distintos tipos de productores familiares, sin embargo el
número de beneficiarios directos es reducido en relación a la población meta que
cada uno de ellos establece.
- Tomando como base los programas
de la SAGPyA y el INTA, se habría alcanzando, en los años de mayor
presupuesto, sólo al 20% de los 160 mil minifundistas del país (15% de las
Pequeñas Explotaciones Agropecuarias -PEAP) y una proporción similar de las
unidades familiares capitalizadas.
- Son diversos los organismos
estatales que participan en el planeamiento, ejecución y financiamiento de cada
programa, tanto a nivel nacional como provincial o local.
- Es bajo el nivel de coordinación
entre los distintos organismos públicos responsables, aunque deben reconocerse
esfuerzos para mejorarla, especialmente a nivel local y provincial. En este sentido
ha faltado orientación y decisión política. Aún a nivel de la SAGPyA existe una
notoria falta de coordinación entre los programas orientados al mismo tipo de
destinatarios; lo mismo podría decirse entre SAGPyA e INTA.
- El diálogo y colaboración
interdisciplinaria en el mismo programa e institución no siempre tuvo
manifestaciones evidentes en la acción; la relación productores-asistente
técnico/promotor carece de la complementación de especialistas capaces de
acompañar las dificultades inherentes al financiamiento, mercadeo,
infraestructura, organización, etc. relevantes para el éxito del proceso intentado.
Esto, que ha ocurrido en el ámbito público, se manifiesta también en la
incapacidad para construir relaciones y articulaciones con el sector privado -con
las agroindustrias y productores de otra escala, por ejemplo- a pesar que
constituyen actores privilegiados del desarrollo local, provincial y regional.
- Independientemente de los
objetivos particulares de cada Programa, la capacitación permanente de los
productores y técnicos, la incorporación de tecnologías apropiadas -sobre todo en
la producción y comercialización-, la preocupación por un manejo más cuidadoso
de los recursos naturales, el mejoramiento de la alimentación y la calidad de vida,
la necesidad de contar con créditos y/o subsidios en condiciones adecuadas y
momento oportuno, etc., forman parte de un patrimonio bastante común entre los
técnicos y funcionarios.
- Se reconoce la existencia de una
"demanda integrada" desde los productores que debe convertirse en orientaciones
para la investigación, experimentación, asistencia técnica, extensión, educación y
capacitación rural. En múltiples circunstancias las reuniones de los técnicos
recogen y tratan de canalizar demandas relacionadas al mejoramiento de
infraestructura y servicios, de financiamiento adecuado, al régimen legal,
impositivo y previsional y a la necesidad de marcos normativos y horizontes de
planeamiento de mediano plazo, etc.
- Entre las limitaciones más
frecuentes de los actuales programas se puede señalar: restringir las propuestas a
la explotación, la superposición de programas de intervención del sector público
destinados a los mismos beneficiarios y la incapacidad de construir alianzas
estratégicas con los diversos actores existentes en el medio.
- El mejoramiento de los ingresos y
calidad de vida de los agricultores y, en general de las familias rurales, no siempre
dependen sólo de su participación en uno o más mercados de productos, sino que
forman parte de estrategias más complejas que incorporan otras actividades
familiares no agropecuarias e incluso urbanas. Del Censo de 1991 y de encuestas
realizadas en el 2000 entre la población rural surge que, en algunas provincias, la
población ocupada en otras ramas distintas a la agricultura llega a ser
mayoritaria.
- Son pobres los avances registrados
en la consideración de la relación micro (una actividad, la explotación y la familia)
con el medio. Consecuentemente y, a pesar de su evidente relación con los
cambios promovidos por los proyectos, se desatienden entre otros: el rol de las
organizaciones agrarias intermedias en la articulación de la finca, el agricultor y el
jefe del hogar con su ambiente y, específicamente, con la difusión del progreso
técnico, los elementos sociales y culturales que determinan la dinámica de
género, la problemática de los jóvenes en la explotación, etc.
- Las estrategias diseñadas para
incrementar la oferta han centrado su preocupación en "modificar las tecnologías"
más que "modificar las circunstancias", asumiendo de hecho la imposibilidad o
inconveniencia de operar sobre éstas. Si bien se comprende la importancia del
crédito "atado" a la incorporación de determinada tecnología, por ejemplo, ello
sirve para poco si no se consiguen eliminar restricciones estructurales en la
disponibilidad de recursos o en el acceso a los mercados.
- En el escenario que enfrentan
actualmente, el "desarrollo" de los productores familiares requiere estar dispuestos
a innovar a lo largo de toda la cadena que va desde la parcela de cultivo al
consumidor, a fin de poder alcanzar los mercados más convenientes. En función
de ello, muchas veces deberán adecuar su producción, el proceso post-
producción, las organizaciones locales, los canales de comercialización, el
sistema de abastecimiento de insumos, el acceso a determinados servicios, etc.,
creando los sistemas de información, gestión, organización y capacitación que les
permitan acentuar sus ventajas competitivas sobre bases permanentes y
autosustentables. Todas estas necesidades requieren un conjunto integrado de
políticas que, por cierto, supera intervenciones restringidas a proyectos y
programas aislados.
- Si bien en los diagnósticos y en los
propósitos se toman en cuenta el contexto internacional y nacional, las
características de las políticas agrícolas, servicios, instituciones del medio, etc., es
poco frecuente que los organismos públicos entre sí -y con los privados-
establezcan vínculos eficientes para atender las múltiples demandas surgidas de
la necesidad de dar respuesta a la problemática explotación-mercado. Si resulta
difícil pensar en función de estrategias de mediano-largo plazo cuando no existen
orientaciones marco ni escenarios de referencia explícitos, más difícil es todavía
cuando la operatoria cotidiana absorbe prácticamente todo el tiempo y todos los
esfuerzos.
- La "red" de I&D necesaria y
deseable dista mucho de haberse configurado en el caso de este tipo de unidades
productivas, situación manifiesta en buena medida por la falta de decisión política
en el Estado y cabal expresión, a su vez, de la carencia de una estrategia de
desarrollo. Sin embargo, los principales "nodos" de la misma y sus capacidades
están identificados actualmente, a nivel nacional, en las distintas regiones y en las
distintas cadenas productivas.
- El aprendizaje social resultante del
accionar de estos programas, los técnicos formados, beneficiarios más
organizados, articulaciones y confianzas, constituyen actualmente parte del capital
social sobre el que asentar el proceso de desarrollo.
Antecedentes en países
limítrofes: Chile y Brasil
De los antecedentes recientes en los
países limítrofes, Chile y Brasil constituyen casos de interés relevante por lo
continuo y abarcativo del enfoque (en el primer caso) y por la importancia
asignada a las políticas agrícolas y agrarias, en el segundo. Ambos son tomados
como referencia.
Chile
El Instituto de Desarrollo Agropecuario
(INDAP) fue creado en 1963 en la órbita del Ministerio de Agricultura de Chile,
permaneció activo durante más de 36 años, aunque con evidentes alteraciones en
sus objetivos, funciones, estrategias, disponibilidad de recursos, etc., vinculados a
los cambios económicos, sociales y políticos que atravesó el país.
Su accionar se desarrolla en todas las
regiones del país y está recibiendo particular atención como consecuencia de los
resultados del Censo Agropecuario de 1997. Este demuestra que, entre 1976 y
1997 las pequeñas propiedades entre 2-50 ha, crecieron un 23,7% en
superficie y 19% en número, evidenciando el hecho de que la agricultura familiar
no está en extinción ni su capacidad de resistencia y potencialidad.
El INDAP procura favorecer a la
modernización de la pequeña agricultura campesina y sus organizaciones, y a la
lucha contra la pobreza rural. Se consideran como beneficiarios de la acción
pública los pequeños productores agrícolas, los campesinos, sus organizaciones y
los jóvenes y mujeres de las familias campesinas.
A la asistencia técnica y crediticia
tradicional se incorpora la promoción del desarrollo social y la formulación,
coordinación y ejecución de programas de desarrollo rural; la asistencia técnica
centrada antes sólo en el proceso productivo primario, es ampliada a la
comercialización, a la capacitación y a los aspectos socio-organizacionales. La
misión del INDAP es definida actualmente como la de "promover y fomentar el
desarrollo y consolidación de la pequeña agricultura campesina como estamento
social sustantivo de la realidad del país y como agente económico válido y
permanente en el agro nacional; integrada al desarrollo global con base en
producciones competitivas y organizaciones funcionales a sus requerimientos y, a
través de ello, contribuir al abatimiento de la pobreza rural, al logro de un
desarrollo productivo sustentable, a una integración participativa de los segmentos
poblacionales que la conforman y, en suma, a una modernización del mundo
rural".
Brasil
Culminando una serie de estudios
previos en 1994 se establece un Convenio de Cooperación Técnica entre la FAO y
el Instituto de Colonizaçao e Reforma Agraria (INCRA), con el objetivo de
contribuir a la elaboración de una nueva estrategia de desarrollo rural para el
Brasil. Los objetivos específicos son: elaborar un conjunto de directivas para el
sector de la producción agrícola familiar, evaluar los costos de los asentamientos
de reforma agraria y sugerir directivas que aumenten la eficiencia de este
proceso.
Los avances permiten reconocer y
cuantificar, en primer lugar, el potencial del desarrollo de la agricultura familiar de
Brasil, caracterizando y delimitando sus diversas situaciones. En segundo término
(1995) se formulan un conjunto de sugerencias de medidas de política
agrícola y agraria que promoverían la opción por la agricultura familiar como
línea estratégica del desarrollo rural; son necesarias para ello políticas
agrícolas y agroindustriales diferenciadas y propuestas referidas a la distribución y
tenencia de la tierra, que no se agotan en una reforma fundiaria.
Sin duda el aumento de la presión
social por la reforma agraria se encuentra en el eje de las preocupaciones que, sin
embargo, no se reducen a ésta, pues está de por medio el desafío crucial de hacer
que el acceso a la tierra represente un medio durable, capaz de contribuir a la
emancipación social de una proporción significativa de la población rural pobre -por
una parte- y de fortalecer, por otra, a la producción familiar a fin de evitar la
expulsión de quienes, aún con dificultades, persisten en la producción.
Respecto a la contención y a la
promoción de la población en el ámbito rural, cabe destacar el papel que, desde lo
social, vienen cumpliendo el Movimiento Sin Tierra de Brasil (MST). Gracias a su
acción en favor del acceso a la tierra y a los medios para poder producir y vivir en
ella, realiza una importante contribución, evitando una mayor expulsión de la
población hacia grandes centros urbanos donde se concentra la pobreza y
situaciones de violencia.
El INDER: una herramienta para el
desarrollo rural de la Argentina
La principal razón para
conformar un Instituto a cargo del Desarrollo Rural en la Argentina tiene
que ver con la necesidad de contar con un instrumento adecuado para la
construcción de una estrategia de desarrollo rural. Tal estrategia se
orienta en torno a la necesidad de configurar un marco legal -con
políticas activas y diferenciadas a nivel agropecuario- e institucional que
permita avanzar en la transición hacia un desarrollo integral, social,
económico y ambientalmente sustentable, en el medio rural y en todo el
país.
La promoción de una producción
agrícola, sin excluir otras actividades económicas, basada particularmente
en el trabajo familiar se considera como eje de esa línea estratégica de
desarrollo. Se parte, para eso, del reconocimiento de su presencia sustancial en
prácticamente todo el territorio, en todos los sistemas productivos y en la notoria
capacidad de generar ingresos y empleo demostrada cuando diversas iniciativas -
básicamente del sector público- le ofrecieron oportunidades. Se trata, por lo tanto,
de potenciar recursos disponibles, eliminando las restricciones que impiden su
expresión y la discriminan en forma negativa, excluyéndola, en muchos casos, del
acceso al bienestar, a la dignidad y a la ciudadanía.
Se trata de crear una herramienta de
coordinación, a nivel nacional, provincial y municipal, de las políticas,
planes y programas de investigación, asistencia, capacitación, recuperación
de recursos naturales, reconversión productiva, alimentación, trabajo, etc.
dirigida a la población rural y, en particular, a los agricultores familiares. La
configuración de un órgano ejecutor nacional, y sus equivalentes a nivel provincial
y local, forma parte de un mecanismo descentralizado, pero necesariamente
coordinado, donde deben estar claros los derechos y obligaciones del sector
público y los procedimientos para la participación de otros actores. Los
compromisos entre el sector público y privado deben expresar y preservar la
diversidad de intereses y visiones en función de objetivos comunes.
La organización política y el apoyo
institucional (infraestructura productiva y de servicios) inciden tanto en el
mejoramiento de las condiciones sociales de los agricultores como en la
potenciación de sus sistemas productivos. Las condiciones con que cuentan los
productores para crecer económicamente a través de la evolución de sus
sistemas productivos es medible, en el corto plazo, a través de su producción,
productividad, relación con los mercados e ingresos obtenidos y, en el mediano-
largo plazo, por la sustentabilidad del sistema productivo. La sustentabilidad del
sistema debe considerarse como una variable de primera magnitud para evaluar
los principales factores potenciadores o condicionantes del desarrollo y como
orientadora de las intervenciones.
Rescatar a los productores
familiares
Los modelos tecnológicos y de
especialización productiva (especialmente con la soja) que se desarrollaron
en la última década, implicaron un uso más intensivo del capital que fue
desplazando a la producción familiar a través de grandes empresas o
"pools" de siembra. Por lo tanto, promover tecnologías y producciones
intensivas en trabajo y en el uso del suelo, que permitan recuperar el empleo
familiar en el campo y/o el desarrollo de agroindustrias, u otras ramas
industriales o actividades de servicios ligadas a la producción, son políticas
necesarias para revertir la situación generada en la década del 90, donde
desaparecieron el 25% de las Explotaciones Agropecuarias del país.
Por otra parte, debe ser una
preocupación central de la sociedad incorporar al desarrollo a quienes tienen más
dificultad para generar los recursos necesarios para su subsistencia y a quienes
han manifestado y manifiestan mayor continuidad y generosidad en el esfuerzo
productivo, aún en condiciones extremas.
Carentes de un adecuado marco legal
e institucional, las estrategias de intervención adoptadas hasta el presente, no
alcanzan a la mayoría ni son neutras en sus resultados; favorecen -ante similares
condiciones del contexto- una diferenciación positiva de los agricultores que:
cuentan con adecuada dotación de recursos naturales, situaciones estables de
tenencia, mayor capital inicial, mayor disponibilidad de mano de obra familiar y
priorización del trabajo en la explotación como estrategia familiar; poseen nivel de
capacitación y experiencia anterior, mayor capacidad organizativa, disponibilidad
de crédito y asistencia técnica; están localizados en áreas con mercados
consumidores próximos y/o con producción agropecuaria dinámica; tienen
posibilidad de desenvolver sistemas productivos capaces de generar ingresos en
el mediano plazo, etc, etc.
La situación de estas familias,
particularmente de aquéllas más vulnerables, requiere del apoyo múltiple e
integrado de los diferentes servicios e instituciones del Estado,
reemplazando la fragmentación y dispersión actual por una nueva
institucionalidad.
La emergencia de un nuevo paradigma
tecnológico en la agricultura basado en la sustentabilidad exige cambios
fundamentales en los objetivos, estrategias, institucionalidad y articulación de
actores de todo el sector agroalimentario donde juega un rol clave la producción
familiar. En ellos debería tomarse muy en cuenta la profunda interrelación que
debería existir entre la enseñanza elemental básica y la formación profesional, la
asistencia técnica, la extensión rural y la I&D.
El proceso de generación de
tecnologías adecuadas para posibilitar la sustentabilidad es lógico suponerlo como
lento y gradual, en el que se parte de una situación que debe revisarse. Cabe
recordar que los objetivos, estructura organizativa, métodos, procedimientos y
cultura del INTA -eje de la I&D del sector público agropecuario- surgieron en un
contexto muy distinto al actual, donde imperaba el pleno empleo, una menor
preocupación por la "explotación" de los recursos naturales, políticas e
instrumentos para prácticamente todas las producciones y un sistema alimentario
menos complejo.
La creciente preocupación por la
competitividad y la sostenibilidad en la producción y la equidad en las
oportunidades y en la distribución de los bienes generados requiere, también, una
profunda modernización del sector público vinculado al agro y a la
alimentación.
Es cada vez mayor la relación de la
producción primaria con el sector industrial y de servicios, por lo tanto requiere de
un nivel creciente de coordinación del sistema público de ciencia y técnica con el
sector privado, definiendo los roles precisos en cada uno. Esto implica,
necesariamente, adecuar las prioridades y mentalidad de un sector público,
particularmente preocupado por la producción y la productividad física del sector,
reacio a la articulación con los propios organismos y programas públicos y con el
sector privado y con la participación de los actores sociales.
El desafío actual exige ser más
creativos, actualizar conocimientos, fomentar y fortalecer las organizaciones que
permitan, a los pequeños y medianos productores y trabajadores sin tierra,
integrarse en mejores condiciones a los nuevos escenarios económicos, o
transformarlos, participando en la gestación de los modelos de desarrollo que
posibiliten un desarrollo humano integral.
El INDER se suma a las
organizaciones de la agricultura familiar en la construcción y profundización de
ámbitos de participación que modifiquen la relación con el espacio que nos rodea,
enriquezca las opciones productivas y la calidad de vida rural y urbana. Pero eso
sólo será posible aprendiendo de lo hecho, articulándose con otros, evitando
superposiciones y competencias.
Junto a los diferentes servicios e
instituciones del gobierno e instituciones privadas, al lado de los productores y
trabajadores rurales sin tierra, se deben crear las condiciones para revertir el
proceso de "éxodo rural", marginación y frustración, para volver a crear
oportunidades de empleo y de vida en el campo y/o en los pequeños pueblos y
ciudades del interior del país.
La participación de los destinatarios
no se debe traducir sólo en un rol más activo en la demanda asociativa, ya que los
productores juegan un papel relevante en el control social y evaluación directa de
los servicios que están recibiendo y de las políticas aplicadas. Su organización
autónoma y su funcionamiento democrático es clave para lograrlo.
Con una participación creciente de las
familias beneficiarias en la gestión, no sólo se pretende una administración de los
recursos públicos más transparente, sino que se está promoviendo que, en el
medio rural, se formen ciudadanos con plenos derechos y responsabilidades, con
opción de decidir sobre su forma de vida, donde las familias no se desintegran
porque su trabajo en la tierra ya no es alternativa. Hombres, mujeres y jóvenes
ciudadanos que contribuyan activamente al desarrollo económico, social y
ecológicamente sustentable del país y que puedan disfrutar cotidianamente de los
frutos del esfuerzo sin empeñar un futuro incierto.
Ese proceso es largo y no carente de
riesgos, donde quizás las dificultades mayores están en nuestras propias
limitaciones de políticos y funcionarios para imaginar que, haciendo las cosas de
otra manera, se pueden conservar y proteger valores propios del mundo rural y
del país del "interior" sin marginarlos del acceso al crecimiento y desarrollo.
Cambiar para mejorar
Contradictoriamente, para conservar
esos valores, lograr la sustentabilidad ambiental y promover la producción familiar,
éstos deben cambiar. Al esfuerzo y capacidad de trabajo del mundo agrícola y
rural hay que agregar creatividad e innovación, pues ya no basta con el trabajo
duro, ni con producir mucho. Hay que producir y vender con inteligencia,
agregando valor a los productos del campo, incorporando tecnología y
conocimiento; hay que organizarse para tener mejores oportunidades en la
integración a las cadenas agro-comerciales, mayor poder de negociación en los
mercados y mayor capacidad para peticionar, proponer e impulsar políticas e
instrumentos.
El campo, que representa una forma
de vida rica en valores, diversidad y tradiciones, también debe representar un
espacio y una forma de vida con oportunidades y futuro.
El conocimiento sistematizado
resultante de la intensa práctica de programas públicos, ONGs y organizaciones
sociales de distinto tipo, ha identificado líneas de acción para apoyar a los
productores familiares en el fortalecimiento de la organización, la formación del
capital productivo, la innovación en sus múltiples aspectos, su profesionalización y
la articulación e integración a los mercados en adecuadas condiciones de
negociación.
Impulsar el asociativismo y la
organización pluralista, democrática y autónoma de los productores familiares es
la principal garantía, tanto en el diseño de empresas sólidas y con capacidad de
negociación, como en su posibilidad de hacer alianzas estratégicas e interactuar
con el conjunto de la sociedad.
En orden a todo lo expuesto, solicito la
aprobación del presente proyecto.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| GARCIA, SUSANA ROSA | SANTA FE | ARI |
| BISUTTI, DELIA BEATRIZ | CIUDAD de BUENOS AIRES | ARI |
| GONZALEZ, MARIA AMERICA | CIUDAD de BUENOS AIRES | ARI |
| QUIROZ, ELSA SIRIA | BUENOS AIRES | ARI |
| RIOS, MARIA FABIANA | TIERRA DEL FUEGO | ARI |
| SANCHEZ, FERNANDO | CIUDAD de BUENOS AIRES | ARI |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| AGRICULTURA Y GANADERIA (Primera Competencia) |
| PRESUPUESTO Y HACIENDA |
Trámite en comisión (Cámara de Diputados)
| Fecha | Movimiento | Resultado |
|---|---|---|
| 19/11/2008 | INICIACIÓN DE ESTUDIO | Aprobado sin modificaciones con dictamen de mayoría y dictamen de minoría |