La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su preocupación por las expresiones vertidas y formuladas por el Ministro de Economía de la Nación, Amado Boudou, y el Director Ejecutivo de la Anses, Diego Bossio, en contra del Juez Federal de Río Cuarto, Carlos Arturo Ochoa, por supuestas irregularidades, debiendo comparecer ante los organismos que pudieren corresponder, en pos del respeto al derecho de defensa consagrado en la Constitución Nacional.

Señor presidente:

Seguramente dentro de un juego mediático y producto de un ánimo preelectoral que comienza a invadir cada acto de gobierno, el Ministro de Economía de la Nación y el Director Ejecutivo de la ANSES han avanzado en una serie de denuncias y en un derrotero de acusaciones en base a información periodística de causas con tramitación judicial activa.

Estas acusaciones no tienen correlato ni en sentencias firmes ni en denuncias tramitadas por ante el Consejo de la Magistratura, sin embargo y violando derechos consagrados en nuestra Constitución Nacional, tal como el derecho de defensa, los funcionarios de referencia sientan con su accionar un peligroso precedente.

El respeto por las instituciones y el inquebrantable principio de inocencia exigen sobre todo de funcionarios gubernamentales, mesura a la hora de avanzar en opiniones personales sin otro fundamento que alguna información periodística.

Toda denuncia debe en un Estado de Derecho, ser investigada garantizando el debido proceso, y el principio de inocencia, lo que no surge cuando dos funcionarios con alta responsabilidad condenan y actúan en la cultura del reality show, exponiendo de manera desmesurada sus opiniones, creando en la sociedad una idea carente de sustento jurídico

Analizando la información vinculada al tema, con sorpresa, observamos que las causas en cuestión se relacionan con acciones interpuestas en contra del Estado Nacional, en particular contra la Administración Nacional de Seguridad Social, lo que exigiría mayor decoro por parte de cualquier funcionario a la hora de hacer imputaciones sin que exista una resolución jurisdiccional firme que condene o absuelva al funcionario judicial.

No podemos manipular y desvirtuar según nos convenga, derechos que nos protegen y regulan nuestra vida en sociedad, tal como la libertad de expresión.

Por estas razones y las que se expondrán al momento del tratamiento del presente proyecto de Declaración, es que solicito de mis pares la aprobación del mismo.