La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su preocupación por las reiteradas denuncias sobre la violación al derecho de propiedad y posesión de la tierra que sufren los campesinos de Agua Amarga -Provincia de Santiago del Estero-, del Paraje El Carpintero -Provincia de Salta- y del Bañado La Estrella -Provincia de Formosa-.

Señor presidente:

Los conflictos sociales por la disputa de las tierras marginales ya habitadas desde hace décadas, se repiten en casi toda la geografía nacional y datan desde hace tiempo. No se escuchan respuestas y, mucho menos, se dan soluciones. Vemos, entonces, como empresas privadas se apropian de las tierras, avasallando los derechos de propiedad y posesión expresadas en desalojos a campesinos, despojos a nuestros pueblos originarios, expulsión de pequeños arrendatarios y demás formas de saqueo y dominio. El Gobierno Nacional, conjuntamente con los gobiernos provinciales y locales, actúa como cómplice de estas empresas, sea por acción u omisión.

Las denuncias de los campesinos y de sus organizaciones se repiten probando las continuas usurpaciones de propiedad que sufren, aunque la mayoría de ellos sea la tercera generación que vive en las tierras en disputa. Al no contar con los medios para hacer frente a las contiendas judiciales, quedan desamparados, no sólo de sus tierras, sino de sus derechos como ciudadanos argentinos. Asimismo, cabe mencionar la trampa en que caen muchos campesinos que, al ser analfabetos o semianalfabetos, se los engaña mediante artilugios seudo legales, y utilizando a los jueces de paz de la zona, haciéndoles firmar papeles que luego serán usados para perjudicarlos en su reclamo por la posesión de la tierra.

Según investigaciones periodísticas, habría en todo el país unas 10 millones de hectáreas en disputa. Entre las Provincias más afectadas se destacan Salta, Santiago del Estero, Chaco, Catamarca, Formosa, La Pampa y Neuquén. Los campesinos, pequeños productores y comunidades en general, reclaman el reconocimiento y aplicación del derecho de posesión veinteñal de la tierra, consagrado entre otros, en el artículo 4.015 del Código Civil, el cual versa: "Prescríbese también la propiedad de cosas inmuebles y demás derechos reales por la posesión continua de veinte años, con ánimo de tener la cosa para sí, sin necesidad de título y buena fe por parte del poseedor, salvo lo dispuesto respecto a las servidumbres para cuya prescripción se necesita título".

En casi todos lo casos varían los protagonistas y los lugares, pero la metodología es la misma, acceden representantes empresariales diciendo que son propietarios del predio y, sin mostrar ninguna escritura, comienzan las amenazas a los campesinos para que abandonen sus ranchos y/o parajes; les ofrecen reacomodarlos en algún lote o les prometen rodear su casa de alambrados, pero "sin molestarlos". Si encuentran resistencia, llegarán órdenes de allanamiento y hasta detención por parte del cuerpo policial o paramilitar.

En muy pocos casos la justicia logra frenar los desalojos y desmontes hasta estudiar el caso. Sin embargo, al no existir voluntad política de regularizar la situación dominial de los campesinos y comunidades afectadas, sólo se logra extender la precariedad del derecho de posesión.

Los casos de Salta, Santiago del Estero y Formosa ilustran el estado actual del problema:

Salta. Campesinos oriundos del Paraje El Carpintero, Departamento San Martín, en el noreste de la Provincia de Salta, son intimados por un grupo de personas encabezadas por el Dr. Víctor Hugo Belmont, ex diputado durante la Gobernación de Juan Carlos Romero. Es el representante legal del nuevo titular registral, Gianfranco Macri. Al respecto, se abrió un expediente caratulado "Macri Gianfranco contra Roque Ruiz, Pedro Ruiz, Santos Ruiz, Eldo Ponce y/o sobre Medidas preparatorias Nº 18166/08".

Son quince familias que, desde hace más de 80 años, viven y trabajan esas 3.900 has. y hoy están en riesgo de ser desalojadas de sus puestos, con artimañas legales y otros tipos de presiones. Las familias nucleadas en la Asociación de Pequeños Productores del Chaco Salteño, denunciaron que "...quisieron convencerlas para que firmen un documento en el cual declaren haber alquilado los campos para pastaje. Nosotros no lo hicimos pero hubo un campesino que fue apretado y terminó firmando". Estas prácticas son una constante mientras se niega el respeto a sus derechos posesorios.

Santiago del Estero. La comunidad de Agua Amarga, al norte de la Provincia, está en conflicto con grandes empresarios por uso y tenencia de las tierras. Las personas afectadas son intimadas por un grupo de personas cuya carta de presentación es "Somos amigos personales del Gobernador"; según denunciaron los lugareños.

Son setenta las familias de pequeños productores que viven, en forma comunitaria desde sus antepasados, en 8.000 has. y que actualmente están resistiendo ante el avance de los matones y las topadoras. La Federación Agraria Argentina, sede del NOA, ha denunciado que "Se han levantado precarios alambrados para impedir que las familias accedan a sus propiedades, donde tienen sembradas sus pequeñas parcelas de maíz y sus animales". Además ha repudiado los actos de violencia que sufrieron el martes 3 de marzo de 2009 las familias desplazadas. El violento desalojo estuvo en manos de empresarios que adquirieron las 8.000 has. en esa región para su explotación y que deja al borde de la desaparición a cientos de productores. En este sentido la FAA denunció que "El saldo del enfrentamiento que se produjo es de varios campesinos con heridas propinadas por el personal parapolicial que custodia los campos en conflicto y con la posibilidad de que varios productores sean encarcelados ya que existe la sospecha de que el grupo empresario actuaría en connivencia con el poder judicial santiagueño".

Formosa. El conflicto desatado en el Bañado La Estrella, ubicado en el noroeste de la Provincia, a partir de la construcción de un terraplén -sobre la Ruta Provincial Nº 28- que generó la inundación sostenida, está complicando cada vez más a las comunidades afectadas porque actualmente están siendo desalojadas.

El conflicto toma mayor envergadura cuando, en el año 2005, el Gobierno Provincial sanciona la Ley 1.471 declarando de dominio público todo el Bañado La Estrella, las 400.000 has. Esto amplió el conflicto a los productores ganaderos que viven en todo el valle del Bañado La Estrella, más de mil familias. Esta ley declara de dominio público las tierras ocupadas desde antes de que sea provincia Formosa. En ella hay títulos de propiedad y ocupaciones tanto de familias criollas como de comunidades aborígenes, pilagás, wichis y tobas. A su vez, no contempla resarcimiento por la expropiación ni por los daños porque no reconoce las ocupaciones y, al mismo tiempo, no fija límites por lo cual, el bañado que se extiende hacia el sur, se agranda todos los años.

Desde la Asociación de Productores del Bañado La Estrella denunciaron que "No se respeta el derecho humano a vivir nuestra identidad, siguen interviniendo nuestro Bañado La Estrella sin estudios de impacto ambiental, ni respeto por las normas constitucionales; luchamos para evitar varios Tartagales en nuestro territorio".

Estos casos no son ajenos a la problemática de todo el campesinado de nuestro país que tiene que pelear y hacer frente para evitar la ocupación ilegal de sus tierras, el despojo, el desmonte y todas las formas de marginalidad y exclusión social a que es sometido. El tema de la inseguridad jurídica de la tierra está pendiente en nuestro marco legal y, por ende, también está pendiente el límite a su uso indiscriminado y a su extranjerización.

La Asociación de Pequeños Productores del Chaco Salteño ha manifestado: "Las Familias chaqueñas hemos echado raíces en la tierra que nos vio nacer, crecer y trabajar, y hemos construido nuestras vidas prendidos al monte chaqueño". Claramente se está demandando un freno al avance irrestricto en los montes, lagunas, ríos, acuíferos y bosques ya que no sólo atenta contra el arraigo de la población rural, sino con toda la cultura ancestral y el ecosistema natural.

La Defensoría del Pueblo de la Nación ha abordado la problemática durante el año 2006, en la Resolución 45/06, de la Actuación 345/06 sobre denuncias en Santiago del Estero, de las que resultan un "sinfín de atropellos, vejaciones y violaciones a los derechos humanos" a una parte de la comunidad campesina del norte de la Provincia. Allí denuncia, ante el Procurador General de la Nación, las conductas desplegadas contra los ciudadanos afectados en cuyo informe sobre la situación del campesinado en Santiago del Estero expresa que "existe un conjunto de problemas que son comunes a los habitantes rurales de la Provincia". El informe expone que:

"Las nuevas tecnologías y la demanda del mercado mundial hacen que estos montes nativos, anteriormente de escaso valor empresarial (como no fuera para la explotación maderera tradicional), cobren en la actualidad gran importancia económica provocando la aparición de muchos interesados en la explotación de esas tierras antes despreciadas".

"Algunos campesinos poseen títulos válidos, otros precarios y muchos ningún documento que los acrediten como propietarios".

"Por su parte, los empresarios interesados no parecen poseer títulos de comprobada autenticidad. Tanto es así que es común que intenten comprar a los residentes sus parcelas. En algunos casos los campesinos, acobardados por los hostigamientos, venden y así los 'compradores' van legalizando su situación. Otros campesinos resisten hasta las últimas consecuencias y allí es donde la conflictividad anuncia una situación de alarmante peligrosidad para la paz social".

"El sistema judicial de la Provincia actuaría sistemáticamente en favor de los empresarios. A ello se le agrega la gran dificultad de los campesinos para acceder a la justicia. Sea por propia ignorancia, sea porque es muy difícil conseguir abogados que los defiendan o sea por carecer de dinero para el pagos de las tramitaciones judiciales".

"Todos los testimonios recogidos por los funcionarios de esta Institución coinciden en valorar que el avance de la frontera agrícola sobre esa región, que ahora ha tomado intensidad, hace que la situación de injusticia no se haya modificado respecto a la que existe desde muchos años a esta parte".

"Los campesinos manifiestan carecer de protección de las autoridades de la Provincia, expresando que sólo se protegen a sí mismos juntamente con las organizaciones sociales y la voluntad de diversas Parroquias de la Iglesia Católica".

"Algunos empresarios parecen optar por la acción del tiempo, la persuasión, el desgaste o por el método de acorralarlos y obligarlos a irse. Otros, parecen prever que la resistencia es eficaz y recurren al uso de la fuerza, legal o ilegal. Y este conflicto está generando un estado de alarmante tensión de impredecibles consecuencias".

Estos acontecimientos se repiten en otras Provincias y es un problema reconocido socialmente, no sólo por las comunidades afectadas y sus organizaciones, sino también por las instituciones públicas. Es preciso que los poderes del Estado, a nivel local, provincial y nacional, se involucren en la búsqueda de soluciones a estos conflictos.

Es hora de que el Estado asuma la responsabilidad en cuanto al ordenamiento sustentable de la propiedad y uso de los recursos naturales, reconociendo los derechos de todos los argentinos al acceso equitativo de la tierra, el agua, la energía, y, en definitiva, la garantía de poder desarrollarse en el territorio nacional. Para ello, resulta prioritario que el primer paso sea el respeto del derecho de posesión como instancia preliminar y primordial en los conflictos donde se tramiten instancias jurídicas.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la presente iniciativa.