La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Cítese al recinto de sesiones a la Ministra de Seguridad de Justicia de la Nación, Patricia Bulrrich para que responda a los diputados sobre el accionar de la Prefectura Naval en Costa Salguero, durante la realización de la fiesta electrónica Time Warp del pasado sábado 16 de abril, en cuyo transcurso se produjo la muerte de cinco jóvenes.

Señor presidente:

El sábado 16 de abril murieron 5 jóvenes y otros 5 permanecen internados en grave estado por el consumo de drogas, dentro de la fiesta electrónica llamada Time Warp realizada en el Centro Costa Salguero. Los primeros análisis muestran consumo de drogas de diseño similares al éxtasis y algunos internados presentan quemaduras internas, producto de los altísimos estados febriles.

Estas fiestas actúan como verdaderas zonas liberadas para el lucro empresarial, sobre la base de la explotación de la juventud. Se trata de la actuación impune de los traficantes de las llamadas “drogas de diseño”, los cuales circulan libremente en las ´fiestas electrónicas´. Las metanfetaminas obligan a quienes la consumen a hidratarse, pero los testimonios señalan que los grifos de los baños se encontraban cerrados, para obligar a los consumidores a comprar botellas de agua. El precio de las botellas pequeñas, según se anunciaba en los días previos en el portal de la empresa organizadora Time Warp, era de 60$. Pero llegaron a cotizarse a 100$ en el curso de la fiesta.

La “escasez” premeditada de agua delata la complicidad de los organizadores del evento con los dealers. Estamos, por lo tanto, ante una verdadera asociación ilícita para explotar la vida y la salud de la juventud. La responsabilidad se extiende a los propietarios del gigantesco salón, que no podían ignorar este manejo. En estas horas, la Justicia ha clausurado Costa Salguero, cuya empresa concesionaria Telemetrix paga un canon ridículo a la Ciudad. Según la Asociación por la Justicia Ambiental (ASAJ), Telemetrix S.A. paga $ 263.576 como canon por todo el predio Costa Salguero por mes. “Son aproximadamente diecisiete (17) hectáreas (170.000 m2) donde existen 23 sub-concesionarios que explotan distintos emprendimientos. Es decir, el GCBA está cobrando $ 1,5 por m2 por mes. Un canon en extremo irrisorio si comparamos que en la zona más cercana se está pagando por el alquiler de 1m2 desde $ 160 a $250[1]. La concesionaria paga, por lo menos, 100 veces menos de acuerdo a lo que el mercado establece” según denuncia ASAJ.

La concesión de estos predios, realizada a 30 años por la Autoridad de Puertos, tuvo como objeto habilitar un complejo deportivo. Por lo tanto, las actividades que se llevan a cabo actualmente- como fiestas electrónicas- violan la concesión. Por otra parte, las construcciones en este predio violan la zonificación UP que se asignaron a los terrenos ganados al río y que deben ser de acceso público.

Estas irregularidades llegaron en distintas oportunidades a la justicia. Pero fue el Gobierno de la Ciudad el que apeló sentencias en contra en el caso de la denuncia de violación del camino de sirga, y el que extendió en tiempo récord las habilitaciones a las 23 sub-concesiones ante las órdenes de clausura dictadas por la justicia en 2009. También el Gobierno de la Ciudad negó información sobre la facturación del Centro Costa Salguero, requerida por la justicia.

Según dos ONG ambientalistas, la disposición 4543/2016 que emitió el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta como permiso de la mencionada fiesta, no se encuentra publicada en el Boletín Oficial.

En este contexto, la Agencia de Control Comunal se limitó a informar que el lugar se encontraba “debidamente habilitado”, lo cual es completamente insuficiente. Es imposible pensar que semejante operación de intoxicación masiva a los jóvenes pudiera pasar sin la connivencia del Estado, algo que ya se había manifestado en la defensa de una concesión plagada de irregularidades.

Todos estos hechos vuelven a colocar sobre el tapete a la “Ciudad Cromañón”. En Cromañon, se denunció hasta el cansancio la complicidad entre el Estado porteño y la llamada “industria del espectáculo”, para permitir el hacinamiento de jóvenes en lugares que no estaban en condiciones para agrupar multitudes o soportar siniestros. Ya en 2012, bajo el gobierno de Mauricio Macri en la Ciudad, volvió a ocurrir en el boliche Beara, donde dos jóvenes murieron a consecuencia de un derrumbe. Entonces, fueron procesados funcionarios del área de habilitación por la percepción de coimas.

Señalamos que la Prefectura, en un primer momento fue apartada de la investigación porque aseguró que no hubo drogas en el evento. Sin embargo, se han encontrado mensajes entre el encargado de la seguridad privada de la empresa y el responsable de Tóxico de la Prefectura Naval Argentina, intercambiados en la madrugada del día del siniestro que revelan que Prefectura Naval tenía conocimiento de la circulación de drogas en el evento. Esto que ha sido revelado, incluso en los medios y por la Justicia, demuestra que hubo connivencia para que continúe la fiesta que terminó con la vida de cinco jóvenes y que dejó a otros cinco en grave estado.

La Prefectura Naval Argentina depende del Ministerio de Seguridad de la Nación y estuvo encargada de la custodia de la fiesta con lo cual desde el Bloque Frente de Izquierda y los Trabajadores creemos necesaria la citación a este recinto de la responsable directa de este organismo nacional que es la ministra Patricia Bullrrich a fin de que responda la interpelación propuesta.

Mientras proclama que su principal objetivo es la lucha contra el narcotráfico, en locales que incluso utiliza el partido gobernante para sus eventos –como ocurre con los de Costa Salguero- la venta de drogas a gran escala tiene la zona liberada.

Son estos mismos responsables empresariales y políticos los que persiguen a nuestra juventud con la portación de cara y el gatillo fácil, en nombre de la “moralidad”. La juventud debe ejercer con toda libertad su derecho al ocio – pero debe liberarse de sus verdugos capitalistas y del flagelo de la droga, que destruye sus energías transformadoras y enriquece a los narcotraficantes y a sus cómplices estatales.