La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su preocupación y el más enérgico repudio por el asesinato de Silvia Suppo, testigo y querellante en los juicios por las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por la última dictadura militar, ocurrido el 29 de Marzo de 2010, en la localidad de Rafaela, Provincia de Santa Fe.

Solicitar al Ministerio Público de la Provincia de Santa Fe, arbitre todos los medios a su alcance para el juzgamiento y condena de los instigadores y autores materiales del asesinato de Silvia Suppo.

Señor presidente:

El pasado 29 de Marzo, a las 9:30 hs. en la localidad santafesina de Rafaela, se produce el violento asesinato contra la Sr. Silvia Suppo, quien fuera testigo clave del primer juicio por delitos de lesa humanidad en la ciudad de Santa Fe y que tuviera en el banquillo de los acusados nada menos que al ex juez Federal Victor Brusa. Otra vez nos conmueve un nuevo hecho delictivo que nos recuerda la peor pesadilla sufrida por el pueblo Argentino, nuevamente con el peor final, la muerte intencional a plena luz del día y en su propio comercio.

Teniendo en cuenta que a raíz de las identificaciones que la Sr. Silvia Suppo y del detallado testimonio de violaciones y torturas que recibió durante su cautiverio, el Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó a 23 años de prisión a Héctor Colombini y Eduardo Ramos, jefe de la Dirección de Drogas Peligrosas y policía respectivamente; dispuso 22 años para Perizotti, 21 al ex juez Brusa, 20 a Mario Fascino, ex jefe del Comando Radioeléctrico de Santa fe y de la comisaría cuarta; y 19 años a la carcelera María Eva Aebi. Si además consideramos que Silvia impulsaba una nueva causa, como querellante y testigo de la desaparición de Reinaldo Hattemer, su pareja en aquel 1977 quien continúa desaparecido siendo Suppo la única que llevaba los hilos de la causa. Tomando como antecedente al hecho que los procesos judiciales por delitos de lesa humanidad en Santa Fe están plagados de amenazas e intimidaciones no sólo a testigos, querellantes u organismos de derechos humanos, sino también a jueces, fiscales o periodistas como ser: al Juez Federal, Reinaldo Rodríguez, a la Fiscal Federal Griselda Tessio, al fiscal federal José Candioti, a la periodista de radio Patricia Mendieta, a los diputados provinciales Alicia Gutiérrez y Antonio Riestra (SI), a la abogada de H.I.J.O.S., Lucila Puyol, a el hijo de Daniel García, querellante en la causa Brusa, a el abogado Jorge Pedraza (hoy funcionario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia), a la testigo Amalia Ricotti, a la querellante de la causa Feced, Josefina González, y su esposo, Federico Reynares, a Alejandra Romero Níklison, hija de una detenida desaparecida de la provincia, al comisario Cantelli testigo de la causa Brusa, además del robo de un auto oficial utilizado por la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe y de las pintadas frente a la Casa de los Derechos Humanos de Santa Fe. Si pensamos que en la Argentina Jorge Julio López continúa desaparecido después de casi tres años de su secuestro, con todos estos antecedentes mencionados resulta de grave peligro creer que el asesinato de Silvia Suppo responde a un hecho delictivo común y corriente.

Han trascendido diversas informaciones públicas que pretenden identificar su muerte de al menos siete puñaladas con un móvil de robo, descartando así toda vinculación con la trascendencia política de su valiente testimonio. Es inaceptable que esto ocurra y que hechos de esta naturaleza, queden impunes o lo que es aún peor cubiertos por un manto de versiones mentirosas. Pesa sobre el Estado la obligación primordial de salvaguardar la integridad física y psíquica de todos los compatriotas que nos dejan su legado de heroísmo relatando las atrocidades de las que han sido testigos para que por fin la justicia se levante de su largo letargo. Queda sobre el Estado también la obligación de proteger no solo a los testigos sino a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que participan directa o indirectamente en los juicios de lesa humanidad cometidos por la última dictadura militar y sus cómplices.

Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares suscriban el presente proyecto que tiene por objeto repudiar el asesinato de Silvia Suppo y así mismo requerir al Ministerio Público de la provincia, arbitre todos los medios a su alcance para el esclarecimiento y condena de los instigadores y autores materiales del asesinato de la testigo Silvia Suppo, y se refuercen las medidas oficiales de protección de testigos en la Provincia de Santa Fe.