La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través de los Organismos que correspondan, se sirva informar sobre los puntos que abajo se detallan, relativos a la labor desarrollada por la Comisión Nacional de Investigación (CNIA) creada por el Decreto 21/2009 para la investigación, prevención, asistencia y tratamiento en casos de intoxicación o que afecten, de algún modo, la salud de la población y el ambiente, con productos agroquímicos en todo el Territorio Nacional.

1. Exprese las razones por las que la Comisión mencionada se encuentra paralizada o sin avances significativos desde mediados de 2010.

2. Informe si se han remitido al Ministerio de Salud los Informes que se hayan producido en el ámbito de la CNIA hasta la fecha.

3. En virtud de la investigación efectuada por la Comisión y la conflictividad existente en relación al uso de agroquímicos, informe:

a) Acciones, planes o programas diseñados en relación al uso de agroquímicos y sus consecuencias sobre la salud de la población y el ambiente.

b). Problemas que se han identificado en la atención sanitaria de la población afectada por el uso o exposición a agroquímicos.

c) Información estadística e indicadores de impacto que se han obtenido o diseñado relacionados al uso del glifosato.

d) Si se ha diseñado y ejecutado campañas de concientización y educación sobre el uso y manipulación de químicos y agroquímicos.

e) Medidas o recomendaciones que se establecieron respecto de la gestión de envases de agroquímicos y, en particular, de aquellos que contenían glifosato.

4. Si se efectuaron trabajos de investigación relacionados con establecimientos educativos que sufren las fumigaciones aéreas o terrestres de campos linderos. En caso afirmativo remita dichos informes y detalle las recomendaciones y/o acciones que se hayan elaborado y puesto en práctica para prevenir y dar solución a dicha problemática.

5. Remita a esta Cámara las conclusiones de los trabajos de investigación, que se hayan efectuado dentro o a solicitud de los grupos de trabajo que conforman la Comisión.

Señor presidente:

A través del Decreto 21 del año 2009 del Poder Ejecutivo Nacional se creó una Comisión Nacional de Investigación, para la investigación, prevención, asistencia y tratamiento en casos de intoxicación con productos agroquímicos o que afecten, de algún modo, la salud de la población y el ambiente. La misma se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Salud de la Nación, es presidida por la titular de dicha Cartera y está integrada por representantes de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), organismos dependientes del Ministerio de Producción.

Dicha comisión fue creada en virtud de los casos de intoxicación con agroquímicos por fumigación de campos linderos al Barrio Ituzaingó, de la Provincia de Córdoba, si bien su ámbito de injerencia abarca todo el país.

Recordamos tristemente, que el año pasado Ituzaingó dio lugar a un fallo inédito en el país, en el que se condenó, a dos de los acusados, a tres años de prisión en suspenso por afectar la salud de la gente del barrio por el uso de endosulfán y glifosato entre el 2004 y 2008, acusándolos de la comisión del delito de contaminación ambiental penado por la ley de residuos peligrosos. La sentencia es la primera en su tipo en el país y "cierra" una lucha de más de diez años de los vecinos del lugar que venían denunciando las consecuencias de las fumigaciones en la salud de los habitantes. Fruto de esas luchas es la organización Madres de Ituzaingó, que se convirtieron en símbolo de los reclamos contra la contaminación con agrotóxicos.

En dicha causa "... se comprobó que la fumigación, en las condiciones socioambientales en que se encontraba el barrio, puso en peligro la salud humana. En el Barrio Ituzaingó fueron denunciados 200 casos de cáncer, cien de ellos fatales. Además, sobre una muestra de 142 chicos se comprobó que 114 tienen agroquímicos en su organismo

A fines del año 2012, la Auditoría General de la Nación dio a conocer la auditoría 247/2012, realizada en la Dirección Nacional de Agroquímicos, Productos Veterinarios y Alimentos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) con el objeto de analizar la gestión en el registro, autorización y restricciones en el uso de agroquímicos. El período analizado fue enero de 2008 a junio de 2011. Las tareas de campo se desarrollaron entre junio de 2011 y enero de 2012 y el informe fue aprobado en diciembre de 2012.

Esta investigación de la AGN surgió como consecuencia del mecanismo de "planificación participativa". Fue cuando el ente de control convocó durante 2011 a organizaciones civiles para escuchar sus propuestas sobre las temáticas que podían ser investigadas.

Respecto de las tareas de la CNIA, la AGN señala que no se tiene evidencia de avances en sus tareas posteriores al año 2010.

De hecho, la Dirección Nacional auditada (SENASA) participó en la coordinación de tres grupos de trabajos: el GT 1 dedicado a la "Investigación y desarrollo del conocimiento" que realizó un informe sobre el glifosato en julio de 2009, de este grupo no hay constancias de más tareas y reuniones. El GT 2 que elaboró un "programa federal para el fortalecimiento de los sistemas locales de control de plaguicidas" el cual no fue implementado. Por último el GT6 elaboró y puso en marcha en 2010 un "plan de capacitación en el uso responsable de agroquímicos -CURA" el que no realizó más capacitaciones después de octubre de 2010.

La AGN llama la atención sobre la inactividad de esta Comisión cuando señala que "la continuidad del trabajo de la CNIA permitiría al Estado contar con datos y análisis específicos de las realidades locales para actuar preventivamente". Además que permitiría que el Estado "cuente con su propia producción científica y no dependa de la información presentada por partes interesadas".

Los cultivos transgénicos sujetos a fumigación sistemática cubren 22 millones de hectáreas pertenecientes a las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, San Luis, Chaco, Salta, Jujuy, Tucumán, La Pampa y Corrientes. En esa región viven 12 millones de habitantes, sin contar la población de las grandes ciudades de cada provincia.

Los fundamentos del decreto que creó la Comisión referida expresan: "resulta imperioso examinar y promover opciones más seguras para el ambiente y todos los seres vivos, en el uso de químicos, como en su caso en el reemplazo de ellos, cuando su uso tiene consecuencias perjudiciales para la salud de las personas."

Por ello se le encomendó a la Comisión Nacional la investigación, no solo los hechos relacionados con el barrio Ituzaingó sino también otras situaciones similares así como proponer acciones, planes, programas y delinear pautas para contribuir al uso racional de químicos y agroquímicos, entre otras funciones.

Los hechos que le dan razón de ser a la CNIA son de tal gravedad que imponen la mayor celeridad en la concreción de sus objetivos. Sin embargo, la misma se encuentra aparentemente paralizada!!!

Tal como lo expresa el Decreto 21/2009, a partir de lo dispuesto en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que tienen jerarquía constitucional, a todos los habitantes de la Nación les asiste el derecho a la preservación de la salud, con carácter de derecho fundamental. "...Que, como lógica consecuencia de lo expuesto, le corresponde al Estado Nacional (a través de sus tres poderes) velar por el derecho a la salud y al PODER EJECUTIVO NACIONAL particularmente, llevar adelante el rol rector en materia de Salud, con carácter federal, sin desmedro de las atribuciones que constitucionalmente les correspondan en la materia a las Provincias."

Sin embargo, además de reconocer este derecho, poco está haciendo el Poder Ejecutivo para garantizar su cumplimiento efectivo.

Escuelas y barrios fumigados, diariamente, con sustancias altamente tóxicas, cuyas consecuencias sobre la salud son nefastas. Hasta cuando el Estado seguirá mirando para otro lado mientras niños y adultos continúan enfermando y muriendo? Suponemos que el Ejecutivo Nacional no impulsa el trabajo de esta Comisión porque de hacerlo, sus conclusiones obligarían a tomar medidas que no están dispuestos a tomar. Ninguna actividad económica puede tener prioridad a la salud y la vida de los que habitamos este país. Es imprescindible que los organismos del estado tomen las medidas adecuadas para proteger a la población, existen alternativas para la producción agropecuaria. En cambio, de seguir así, para la gente cercana a los campos fumigados no existe otra alternativa que la enfermedad y la muerte.

Por todo lo expuesto, nos urge contar con la información requerida por lo que solicito a mis pares acompañen con su voto afirmativo la presente iniciativa.