El Senado y Cámara de Diputados...

INDEMNIZACIONES

ARTICULO 1º: Sustitúyese el art. 11 de la Ley Nacional de Empleo, nº 24.013, modificado por la ley nº 25.345, por el siguiente texto:

"Artículo 11. - Para que procedan las indemnizaciones previstas en los artículos 8°, 9° y 10, el trabajador o la asociación sindical que lo represente, deberá intimar en forma fehaciente al empleador a que efectivice el registro de la relación laboral o, en su caso, establezca la fecha real de su ingreso y/o el verdadero monto de las remuneraciones.

Con la intimación, el trabajador deberá indicar la real fecha de ingreso y las circunstancias verídicas que permitan calificar a la inscripción como defectuosa.

Si el empleador diere total cumplimiento a la intimación dentro del plazo de treinta (30) días, quedará eximido del pago de las indemnizaciones antes indicadas.

A los efectos de lo dispuesto en los artículos 8°, 9° y 10 de esta ley, solo se computarán las remuneraciones devengadas hasta los dos años anteriores a la fecha de su entrada en vigencia."

ARTICULO 2º: Deróganse el artículo 48 de la ley nº 25.345 y el inciso d) del art. 2° de la ley nº 23.789.

ARTICULO 3º: De forma.

Señor presidente:

La problemática que plantea la reparación del daño ocasionado al trabajador por la falta o la defectuosa registración del contrato de trabajo es un tema trascendente y del que se ocuparon el legislador y la doctrina en los últimos años.

La situación del trabajador no registrado es de total desprotección: no está cubierto por la legislación laboral ni de seguridad social, carece de cobertura médico-asistencial para él y su familia y no tiene derecho al cobro de salario familiar, seguro de desempleo ni a la indemnización por accidentes de trabajo. Se trata, en consecuencia, de un disvalor que ocasiona un daño apreciable al dependiente, pero que se proyecta también a todo el orden social, al ser generador tanto de evasión fiscal y previsional como de competencia desleal con los empleadores que sí cumplen sus obligaciones, y asimismo de la pérdida de ingreso de las obras sociales y sindicatos por falta de pago de las cuotas pertinentes.

Los remedios intentados no han logrado el objetivo propuesto, y ello obedece a variados motivos; entre ellos, por un lado, la situación social, política y económica que genera el desempleo y, por otro, la dispersión normativa existente sobre la cuestión. Las distintas normas que intentan paliar el flagelo social que representa el trabajo no registrado en documentación laboral buscan -esencialmente- operar un cambio en la conducta disvaliosa del empleador y compensar al trabajador por los daños derivados de la falta o la defectuosa registración del contrato.

La ley 25345 (B.O. del 17/11/2000), también conocida como Ley Antievasión, modificó el art. 11 LNE., introduciendo un requisito adicional para la procedencia de las indemnizaciones previstas en los arts. 8, 9, y 10 (art. 47): además de la intimación efectuada en forma fehaciente por el trabajador o la asociación sindical que lo represente, a fin de que el empleador proceda a la inscripción, establezca la real fecha de ingreso o el verdadero monto de las remuneraciones, pone en cabeza del trabajador la "carga" del deber de remitir a la AFIP. de inmediato, y en todo caso no después de las veinticuatro horas hábiles siguientes, copia del requerimiento señalado anteriormente.

Este requisito formal también puede ser cumplido por la "asociación sindical que lo represente" (art. 11 ley 24013; art. 22 decreto 467/1988 [LA 1988-A-138], reglamentario de la ley 23551), sin que para ello se le requiera mandato expreso del trabajador

El incumplimiento del art. 11 obsta a la procedencia del reclamo.

Por lo tanto, el legislador mediante dicha reforma solo le ha restringido al trabajador, quien ya se encuentra en condiciones de trabajo precarias, la viabilidad del cobro de las indemnizaciones del 8, 9 y 10 de la 24013, siendo que se constituye como requisito insalvable para la operatividad de las mismas la previa intimación del trabajador al empleador por medio escrito, estando aún vigente la relación laboral, y el envío de copia del tal requerimiento a la AFIP.

La prueba de la realización en tiempo oportuno de dicha intimación pesa sobre el trabajador, quien debe acreditarlo mediante prueba instrumental y, en su caso, informativa al Correo, a fin de determinar la autenticidad y recepción de las misivas.

Considero, en todo caso, que es tarea de los órganos estatales el control efectivo de las registraciones laborales y no transferir las funciones que le competen al Estado hacia los trabajadores so pena de impedirle el cobro de aquello que por ley le corresponde y que por sobre todo tiene carácter alimentario.

Por las precedentes razones solicito la aprobación del presente proyecto