La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, a través de los organismos que resulten competentes, informe:

a) Si conforme a los acuerdos y compromisos asumidos internacionalmente y a la exhortación del superior tribunal de justicia nacional en el caso "Arriola, Sebastián y otros s/ causa N° 9080" y subsiguientes, se está desarrollado algún tipo de proceso en pos de reformular, reagrupar y articular la totalidad de los organismos pertenecientes al Estado nacional que abordan desde distintas o similares perspectivas, la política de adicciones y tráfico de drogas, de forma tal que queden claramente separados en sus funciones a aquellos relacionados con la prevención, asistencia y tratamiento de las adicciones -bajo la órbita de Salud y Desarrollo Social-, de las tareas de persecución y represión del narcotráfico - bajo la órbita de Justicia y Seguridad interior-.

b) De no ser así señale el criterio o razones por las cuales no se avanzó en este sentido.

c) En caso de estar promoviendo este proceso, señale:

c.1) Objetivos estratégicos propuestos

c.2) Reestructuración institucional y operativa planteada

c.3) Tiempos y presupuestos planificados

c.4) Instancia de implementación en la que se encuentra

Señor presidente:

En la sentencia del ya conocido caso Arriola, El Superior Tribunal hace una consideración final que reza :"Exhortar a todos los poderes públicos a asegurar una política de Estado contra el tráfico ilícito de estupefacientes, y a adoptar medidas de salud preventivas, con información y educación disuasiva del consumo, enfocada sobre todo en los grupos más vulnerables, especialmente los menores, a fin de dar adecuado cumplimiento con los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por el país".

Frente a lo evidente y obsceno avance del problema del tráfico de drogas ilegales en todas las situaciones de la vida de nuestra sociedad, no sólo cualquier organismo público o privado con responsabilidad institucional lo percibe, sino que la ciudadanía toda pide un proyecto coherente que se operativice de manera real.

Del mismo modo es imperioso reformular una vasta red sanitaria que trate la afección y el drama de las adicciones.

Frente a estas definiciones son públicamente conocidas las diversas instancias gubernamentales que de manera superpuesta -y a veces contrarias- vienen desarrollando su trabajo en esta problemática. Y no se trata de instituciones de bajo rango, sino de distintos ministerios, concejos federales, secretarías de estado, entes descentralizados y comisiones especiales.

Pareciera que son tantos los esfuerzos institucionales que no se entiende el pobre mapa de resultados, sino fuera porque se sigue operando con una lógica ya caduca.

En este sentido creemos imprescindible que se siga desde el Poder Ejecutivo con coherencia el razonamiento que a nivel internacional se ha suscripto y que en diversos fallos nuestro máximo tribunal de justicia ha dispuesto.

Si en algo se ha evolucionado en esta problemática de las adicciones es en la consideración casi universal que se tiene acerca que el eje fundamental de ella es el sujeto, es decir, el adicto, quien por serlo posee una afección de salud, y que en virtud del ejercicio de sus derechos individuales debe tener un real acceso al correspondiente proceso de recuperación.

Por ello es imprescindible diferenciar los ámbitos del Estado que abordan estos aspectos por tratarse de problemáticas que requieren especialidades y tratamientos específicos y diferenciados.

La existencia actual de organismos que a la misma vez son efectores de acciones sanitarias y acciones represivas, responde a un esquema que confunde delito con enfermedad.

Por eso es otro nivel, una instancia totalmente diferente la que debe abordar la mal llamada lucha contra la droga. La lucha es contra los narcotraficantes, contra quienes lucran con la distribución de este flagelo. Quienes tienen una disposición de logísticas y economías indeterminables a su favor. Quienes van ganando de hecho cada días más terreno y territorios en nuestra patria.

Se trata entonces a todas luces de un desafío con urgencias y magnitudes que necesita en principio de una gestión estratégica del Gobierno que asuma y concentre las responsabilidades de formulación de las políticas de control y represión del tráfico de drogas ilegales; y las de conducción global y articulada de los distintos sistemas de seguridad pública e intervención policial.

De esta forma también hay avanzar en la exigencia de desarrollo coherente, sostenido y articulado de las áreas federales y provinciales de inclusión social y salud pública para que de esta manera, el acceso universal al tratamiento, la recuperación y la reinserción social no sea una quimera o una expresión de deseos lejano a la realidad.

Señor presidente: los nuevos aires que soplan en materia judicial en este temática aún hoy no se condicen ni con varias de las normas vigentes ni como en los hechos los efectores estatales debieran accionar.

Por eso es impostergable una reformulación seria de las diversas competencias de los distintos órganos del Poder Ejecutivo que deben abordar las cuestiones relacionadas con el flagelo social del uso de estupefacientes en la que lógicamente se atienda las diferentes especificidades y funciones específicas.

Por todo esto es que pedimos a los señores diputados que nos acompañen en el presente proyecto de resolución.