La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, teniendo en cuenta la responsabilidad internacional que le cabe al Estado Argentino, en orden a los Tratados y Convenciones suscriptas y que tienen rango Constitucional, y los compromisos se han asumido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respecto a la situación carcelaria en la Provincia de Tucumán, se sirva informar sobre las condiciones penitenciarias en la citada provincia, conforme al siguiente pedido:

1. Situación en que se encuentran las causas penales en las que se investigan las muertes de once presos en unidades penitenciarias de Tucumán, producidas en el transcurso de los últimos tres años

2. Detalle las medidas que se han tomado para garantizar a los internos que no se repetirán las situaciones de encierros por lapsos prolongados en las celdas y nombre del organismo estatal que se encuentre auditando que estas situaciones no se produzcan.

3. Indique las medidas se han adoptado para que en ningún caso los jóvenes adultos sean alojados junto con adultos en el sector intramuros de los penales de la Provincia y el nombre del organismo estatal que se encuentre auditando que estas situaciones no se produzcan.

4 Cite las normas legales que rigen la forma de seleccionar a los internos para que comparezcan en audiencia ante el Juez, para formular los pedidos que los internos desean realizar al magistrado.

5. Haga saber , con respecto al sistema médico de los penales los siguientes puntos:

a. Normas que reglamentan la actividad del servicio penitenciario, para proceder al traslado a la enfermería de los internos que lo necesitan.

.b. Horario en que se presta la atención médica durante las horas de la noche.

a. Fecha del último relevamiento integral de la situación sanitaria en los penales.

d. Informe si la División de Sanidad, está provista de personal y espacio suficiente para atender a la población de los diferentes penales.

6. Con respecto al tema relativo a la salubridad e higiene de estos institutos, informe:

a. Si la cantidad de baños existentes en las unidades alcanzan a cubrir las necesidades cualitativas y cuantitativas de los internos.

b. Si resulta suficiente la provisión de colchones y material de limpieza dado a los internos.

c. Con qué periodicidad se procede a la desratización y desinfección de las unidades penitenciarias.

7. Soluciones que se ha implementado para prevenir las requisas violentas de personal penitenciario a los internos.

8. Con respecto a el Instituto de Menores Julio Argentino Roca:

a. En qué parte del edificio se aloja a los niños en delicado estado de salud.

b. Si resulta suficiente la provisión de personal especializado para el tratamiento médico y psiquiátrico dentro de la unidad., indicando la proporción existente entre el número de internos y el de profesionales.

c. En que forma se brinda actividades educativas y deportivas a los internos.

d. Informe si algún psicotrópicos se le administran a todos los menores y cuál es su nombre.

Señor presidente:

Es evidente que la situación carcelaria argentina se encuentra en una crisis terminal. Entre el cúmulo de motivos que pueden mencionarse, entre otros, son el crecimiento desmesurado de la población penal, la cantidad ingente de presos sin sentencia, la excesiva duración de las condenas, la falta o falla de infraestructura adecuada en los diversos establecimientos carcelarios, las deficientes condiciones en que se ejecutan las detenciones, las paupérrimas condiciones de salubridad, la falta de defensa legal en la etapa de ejecución de las penas, el difícil acceso a la justicia.

Esta situación directamente niega los compromisos asumidos por la Republica Argentina no sólo desde la propia óptica y sistemática constitucional, al establecer en su artículo 18 que "(...)Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice.", sino también con la suscripción de diversos Pactos y Tratados Internacionales, con raigambre constitucional, que marcan un derrotero muy claro a la hora de fijar los limites para la ejecución de la pena privativa de la libertad. Entre estos pueden mencionarse el respeto a la dignidad e inviolabilidad del interno y las condiciones de encierro adecuadas; la prohibición de torturas y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; la readaptación social como objetivo de la ejecución de la pena privativa de la libertad; la separación de los privados de libertad en categorías y el amplio acceso a la justicia y la tutela judicial suficiente.

Estas normas mínimas establecidas en los Tratados, son violados sistemáticamente por el Estado argentino, implicando, además de mantener el carácter criminógeno de la prisión, una significativa y notoria vulneración a los derechos de las personas privadas de la libertad al estimular la violencia carcelaria. Esto no sólo perjudica a los privados de libertad, sino también a los propios agentes penitenciarios.

Debe recordarse que tienen rango constitucional los principios de legalidad, humanización y judicialización de las penas, de acuerdo al artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional.

Existe una constante vulneración a los derechos de las personas privadas de la libertad y el cuadro penitenciario argentino no ha pasado inadvertido al escrutinio de los organismos internacionales. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en sus Observaciones Finales al tercer informe periódico presentado por Argentina, expresó preocupación por las condiciones de detención en las prisiones que de forma grosera incumplen los requisitos establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Es evidente, asimismo que el cuadro que los Institutos de Menores nos presentan es inmensamente triste, el abandono, la intolerancia, el "tratamiento" de los menores internos con drogas sicotropicas, completamente contraindicadas ha llevado ya a una muerte comprobada.

Por todo lo expuesto es que surge la necesidad de que los Diputados de esta Honorable Cámara acompañen el presente pedido de informes sobre la actualidad penitenciaria existente en la Provincia de Tucumán.