La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, ante los reiterados incumplimientos de contrato y el concurso preventivo de acreedores solicitado ante el Juzgado Civil y Comercial de la 13ª Nominación de los Tribunales de Buenos Aires por la firma Puentes del Litoral SA, proceda a la inmediata rescisión del contrato de explotación de la conexión vial Rosario-Victoria y estudie la conformación de un ente mixto con representación de las Provincias de Santa Fe y Entre Ríos y los Municipios de Rosario y Victoria para la administración temporaria de dicha conexión a los efectos de garantizar la operatividad de la misma y la fuente de trabajo de los empleados de la empresa actualmente concesionaria.

Señor presidente:

El Puente Rosario-Victoria es un complejo vial de 59,3 km. de longitud construido sobre el Río Paraná entre las ciudades de Rosario -Provincia de Santa Fe- y Victoria -Provincia de Entre Ríos- .

La concesión para levantar y explotar la conexión por un lapso de 25 años -incluida la duración de la construcción- data de 1998 y recayó en Puentes del Litoral SA, una firma formada por integrada por Impregilo S.A., Iglys S.A., Hochtief A.G., Benito Roggio e hijos S.A., Sideco Americana S.A., Iecsa S.A. y Techint Compañía Técnica Internacional S.A.

La construcción del puente estuvo signada por las demoras y paralizaciones permanentes de las obras como consecuencia de las deudas impagas, los juicios y los pedidos de quiebra sobre la empresa concesionaria.

Los trabajos dieron inicio en octubre de 1998 con la preparación de los terrenos en las cabeceras del puente y recién en noviembre de 2000 se comenzaron las obras del puente principal. En algo menos de un año la empresa reconoce su incapacidad para llevar adelante los trabajos y en febrero de 2002 anuncia la paralización de las obras, reclamando al Estado nacional un subsidio de 73 millones de dólares.

Meses después la empresa concesionaria pierde un juicio iniciado en Francia por la subcontratista holandesa Boskalis-Ballast reclamando 39 millones de dólares. Finalmente, y frente a la movilización de las ciudades de Rosario y Victoria, en octubre de 2002, el entonces presidente Eduardo Duhalde decide aportar 51,6 millones de pesos para la culminación de la obra que se inauguraría en mayo de 2003.

Pero a sólo cuatro meses de inaugurada, la conexión vial se llena de baches, lo que motiva que el Órgano de Control de Concesiones Viales -OCCOVI- inicie una investigación sobre dichas fallas. Ese peritaje revelaría meses después que el pavimento debería haber resistido dos años, lo que obliga a la empresa a repavimentar, obra que inicia en enero de 2004.

El 26 de noviembre de 2004, la Auditoría General de la Nación da a conocer un informe (1) a través del cuál se formulan 36 objeciones que denotan irregularidades en el cumplimiento del contrato de concesión y señala que "la Concesión se encuentra comprometida por el resultado operativo de la explotación, el monto de endeudamiento alcanzado y el costo financiero asociado".

Considerando los comentarios y observaciones explicitadas en el informe, la AGN recomienda al OCCOVI que, "con el objeto de verificar los gastos operativos de la Concesión, se efectúe una auditoría de costos con el fin de ajustar el valor que se deduce de los ingresos por peaje cedidos al SISVIAL"; al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, que proceda al "deslinde de responsabilidades atento los hallazgos de auditoría"; y a la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos que, teniendo presente "los antecedentes sobre los incumplimientos en que ha incurrido el Concesionario desde el inicio de la concesión, que lo llevan a estar incurso en las causales previstas en el art. 30.3 incs. b) y c) del Texto Jurídico Definitivo, (...) evalúe la viabilidad de su renegociación y los términos de la misma."

Para la Auditoría queda absolutamente claro que, desde el inicio de la Concesión, "el Concedente flexibilizó sistemáticamente las normas contractuales a favor de la Concesionaria, quebrando el principio de igualdad entre los oferentes", dado que "la empresa Puentes del Litoral S. A. no contó con los fondos comprometidos y necesarios para el funcionamiento de la concesión." Es por ello que "su situación financiera muestra un continuo deterioro medido a través de los índices característicos elaborados a partir de los EECC" y "no hizo frente a los compromisos con sus contratistas", como "tampoco aplicó el subsidio a su cancelación." Como consecuencia de ello, la empresa tenía "embargada sus cuentas y una orden judicial le impide disponer de los derechos de cobro provenientes del convenio de Asistencia Financiera."

Este escandaloso proceso sigue con el pedido de quiebra realizado por su subcontratista, el consorcio holandés Boskalis-Ballast, encargado de realizar tanto el dragado de la obra como los terraplenes, al que le adeuda 39 millones de dólares en concepto de servicios e intereses, a lo cual se suman los 51,6 millones de pesos que el gobierno nacional aportó en octubre de 2002 para la construcción del puente. Y la culminación es, como era absolutamente previsible, el concurso preventivo para intentar refinanciar las deudas a largo plazo.

A esta altura del relato queda absolutamente demostrado que esta concesión resulta un ejemplo paradigmático de la corrupción reinante en el obsceno proceso privatizador de los noventa y que, más allá de lo discursivo, el actual Gobierno continúa amparando con las renegociaciones y nuevas concesiones de los servicios privatizados.

Este hecho resulta una oportunidad para que el Gobierno Nacional demuestre su verdadero y auténtico compromiso con la ética y la transparencia de la gestión pública, rescindiendo la concesión a Puentes del Litoral SA y promoviendo las sanciones que pudieran corresponder a los responsables de este escandaloso proceso.

Asimismo, para garantizar el funcionamiento de la conexión vial y la seguridad de la fuente de trabajo de los empleados de la empresa concesionaria, solicitamos se estudie la conformación de un ente mixto con la participación de las provincias y municipios directamente involucrados para la administración temporaria de la conexión.

Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación del proyecto de resolución.