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PROYECTO DE TP
Expediente 2022-D-2013
Sumario: PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON EL "PROYECTO PASCUA LAMA" EN LA PROVINCIA DE SAN JUAN.
Fecha: 15/04/2013
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 28
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Solicitar al Poder Ejecutivo
Nacional que, a través de los organismos que resulten competentes,
informe lo que a continuación se solicita con respecto al proyecto Pascual
Lama:
1) En qué etapa de
ejecución y cuál es el grado de avance de dicho proyecto minero en la
provincia de San Juan;
2) Si el Gobierno ha
tomado nota que el mismo ha sido judicialmente suspendido por de la Corte
de Apelaciones de Copiapó, Chile, tras recibir varios informes que revelaron
altas concentraciones de arsénico, aluminio, cobre y sulfatos en las aguas
subterráneas de la zona y denuncias de las comunidades indígenas por
destrucción de los glaciares y apropiación de los recursos hídricos;
3) Qué dependencia
se encuentra realizando el monitoreo ambiental de dicho proyecto y cuáles
fueron los resultados de los mismos;
4) Si el proyecto
Pascua Lama no resulta contradictorio con la Ley N° 26.639, dado que se
encuentra pendiente de realización el Inventario Nacional de Glaciares
ordenado por la misma;
5) Qué medidas tiene
previsto adoptar el Poder Ejecutivo Nacional con respecto a la suspensión
efectuada sobre el proyecto por la justicia chilena.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante la Ley Nº 25.243 se
aprobó, en marzo del 2000, el Tratado sobre Integración y Complementación
Minera, el Protocolo Complementario del Tratado de Integración y
Complementación Minera y el Acuerdo por Canje de Notas por el que se
corrige un error material del Protocolo Complementario, suscriptos con la
República de Chile suscripto en julio de 1996 y ratificado en diciembre de
1997.
Dicho tratado aportó el marco
legal en el que se inserta el proyecto aurífero Pascua Lama y muchos otros
que se quieren construir en las altas cumbres de Los Andes.
Pare el economista chileno
Julián Alcayaga, las transnacionales mineras que promovieron este acuerdo
pretendían que los minerales argentinos pudieran salir a través de puertos
chilenos, generar una suerte de "país virtual" a lo largo de la Cordillera de
Los Andes, y levantar las restricciones a la propiedad extranjera en zonas
limítrofes.
A partir de 1994 se
constituyeron comisiones binacionales sobre el tema minero con composición
público-privada. Esta voluntad de trabajo conjunto se plasmó en la
Declaración Presidencial de Olivos, suscrita el 26 de abril de 1996, y que
contó con el impulso del entonces presidente Menem, además de ministros y
parlamentarios de ambos países, y destacados empresarios. Eran las bases
del Tratado Minero.
El Tratado supuso la creación
de un Área de Operaciones de 340.835 km2: 180.165 km2 aportados por
Chile -lo que representa el 25 % de su territorio- y 160.670 km2 por
Argentina (6 % de su territorio). Dicho territorio sería gobernado por una
Comisión Administradora, financiada por las transnacionales mineras, con
atribuciones para disponer libremente de los recursos naturales contenidos
en el Área de Operaciones. También podría otorgar concesiones de
explotación y resolver las controversias que se presentasen entre "las
partes", es decir, entre los Estados suscriptores del tratado.
Otro aspecto muy relevante de
este acuerdo es que permitía la constitución de servidumbres mineras en
Chile para yacimientos ubicados en Argentina, y viceversa.
Desde la suscripción y
ratificación del Tratado sobre Integración y Complementación Minera, el
desembarco de las transnacionales mineras en nuestro país no ha dejado de
suceder.
Sin embargo, en Chile, varios
proyectos mineros y de energía fueron demorados luego de protestas
masivas que exigen una mayor regulación de los recursos naturales.
La última de ellas provocó que
la corte de apelaciones en la ciudad norteña de Copiapó acusara a la
compañía minera canadiense Barrick Gold de cometer "irregularidades
ambientales" durante la construcción de la mina de oro y plata ubicada a
mayor altitud del mundo y que se extiende en la frontera andina con
Argentina.
Así Barrick Gold Corporation
suspendió el proyecto minero Pascua-Lama, después de que el tribunal
chileno fallara a favor de comunidades indígenas que denunciaron que la
mina amenazaba su suministro de agua y contaminaba los glaciares.
Frente a ello, el ministro del
Interior de Chile, Andrés Chadwick, recibió con beneplácito la suspensión de
la mina, luego de una multa que le impuso a Barrick el Servicio de Evaluación
Ambiental de Chile por no haber monitoreado los glaciares en Pascua-Lama.
Chadwick declaró que "nos parece bien que se haya podido, a través de un
organismo judicial, suspender faenas mientras Pascua-Lama cumpla
efectivamente con todos los cargos que la Superintendencia de
Medioambiente ya le había hecho".
Mientras esto sucede en Chile,
donde Barrick Gold Corp, debió frenar su proyecto minero Pascua Lama en
virtud de la contaminación ambiental desmedida y sin controles que lleva
adelante, la destrucción de glaciares, la contaminación de acuíferos y el
impacto visual de la explotación minera a cielo abierto, aquí el Ejecutivo se
enoja con quienes cuestionan a las mineras por destruir el medio
ambiente.
El propio presidente de Chile,
Sebastían Piñera, reconoció públicamente que es "mejor suspender ahora y
que ellos (Barrick Gold) se aboquen a reparar todas las situaciones que aún
no han terminado en el proyecto Pascua Lama".
De este lado de la cordillera, la
noticia cayó como un balde de agua fría para los actores del sector
minero.
El Gobernador de San Juan,
José Luis Gioja, se apresuró a declarar que lo ocurrido "era algo previsible"
ya que anteriormente esa parte del proyecto había sido multada, y que "en
Lama seguimos trabajando, hemos cumplido con todos los requisitos de la
ley, tenemos todo en regla. En San Juan sigue todo normal, vamos a seguir
trabajando y confiamos que prontamente se solucione el problema en
Chile".
Esa versión apurada y optimista
no coincide con la del ex presidente y actual integrante del Directorio de la
Cámara Minera, Ricardo Martínez, quien dejó en claro que este problema
podría retrasar aún más el inicio de la etapa de producción de la mina
binacional.
Sobre las declaraciones del
secretario de Minería de la Nación, respecto que el proyecto binacional no se
resentirá del lado argentino, el dirigente y empresario minero fue
contundente al manifestar que "lamentablemente nuestro Secretario de
Minería vuelve a renegar de su profesión. Será una declaración política, pero
el proyecto es binacional y no tiene una solución individual. Es imposible que
ocurra lo que plantea Mayoral. Son menores las reservas en argentina que
del lado chileno. Es incongruente desde el punto de vista técnico lo que dice
Mayoral, porque encima se ha previsto que recién para el 2015 este previsto
que comience la explotación minera del lado argentina. Nunca fue previsto un
desarrollo individual del proyecto, sino conjunto. Las ecuaciones económicas
fueron pensadas de manera conjunta, por lo que es imposible lo que plantea
Mayoral".
Por su parte, el presidente de la
Cámara Minera de San Juan, Jaime Bergé explicó que "en diciembre la
SEREMI de minería, había pedido la suspensión del destape del yacimiento de
Pascua porque ese polvo impactaba en las comunidades cercanas,
fundamentalmente en los sembrados, en sus viviendas, en el agua, es decir,
situaciones que no se podían permitir y lógicamente están establecidas en el
control de impacto ambiental de todos los proyectos mineros del mundo, así
que en ese aspecto se tenían que cumplir".
Mientras en Chile se demuestra
palmariamente que Barrick lleva adelante "minería responsable" de
contaminar el aire y el agua, y de destruir los glaciares y el paisaje, aquí el
kirchnerismo se desespera por negarlo y ocultar los glaciares.
Si se acaba de demostrar que
la Barrick contamina del lado chileno, el sentido común nos dice que también
contaminará del lado argentino. El problema es que aquí el poder político
impide monitorear el impacto ambiental.
Es más. La propia empresa y el
Gobierno de San Juan admiten que las obras tendrán un impacto sobre más
de 300 hectáreas de permafrost, suelo congelado protegido por la Ley de
Glaciares, lo que constituye una autoincriminación de violación de la
mencionada norma.
Sería saludable es que el
gobierno haga cumplir la ley y comience a hacer el inventario de los
glaciares, condición indispensable antes de autorizar cualquier explotación,
según la normativa jurídica vigente, en lugar de actuar como "vocero" de la
Barrick Gold.
Lo que ha sucedido en chile, la
destrucción de glaciares y la contaminación de acuíferos, son las
consecuencias de la minería a cielo abierto que venimos denunciando, ante la
pasividad o complicidad del "kirchnerismo".
Frente a una situación de estas
características, cualquier mandatario prudente y honesto suspendería
temporalmente el proyecto minero sin mediar ningún tipo de duda. Pero esa
no parece ser la actitud de Gioja ni de la Presidente.
Por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente pedido de
informes.
Firmante | Distrito | Bloque |
---|---|---|
MARTINEZ, JULIO CESAR | LA RIOJA | UCR |
BRIZUELA Y DORIA DE CARA, OLGA INES | LA RIOJA | UCR |
Giro a comisiones en Diputados
Comisión |
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MINERIA (Primera Competencia) |