El Senado y Cámara de Diputados...

DECLARACIÓN DE EMERGENCIA EN SEGURIDAD VIAL

Artículo 1º.- Declárase en todo el territorio de la Nación, la emergencia pública en materia de seguridad vial, por el término de tres años, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.

Artículo 2º.- Créase la AUTORIDAD NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, cuyo objetivo primordial será garantizar el derecho de las personas a circular por la vía pública, en condiciones que aseguren su integridad física. La misma tendrá a cargo las siguientes funciones:

a) unificar y sistematizar la legislación vigente

b) profundizar la educación vial en todos los niveles, mediante la instrumentación de un Plan Nacional de Educación Vial y de un Programa Nacional de Información y Difusión sobre la prevención de siniestros viales

c) poner en funcionamiento, en forma integral, el Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito, con el fin de sistematizar la información y los datos estadísticos

Artículo 3º.- Instar a las empresas concesionarias de la red vial nacional a participar de todas las actividades comprendidas en la presente ley.

Artículo 4º.- Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.

Artículo 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

Señor presidente:

La grave inseguridad vial que sufre en la actualidad nuestro país queda demostrada a través de las cifras escalofriantes que manejan los diversos organismos encargados de medir siniestros viales y la gran cantidad de muertes y lesiones que ellos provocan.

Acorde a datos suministrados por el Instituto de Seguridad Vial (Isev), en enero de este año, los accidentes graves aumentaron en todo el país un 35 por ciento con respecto al mismo mes de 2006. Además, hubo un 6,35 por ciento más de muertos. Las estadísticas también señalan que el 75 por ciento de los accidentes de tránsito fatales ocurrieron en rutas, aunque los siniestros fueron más (54 por ciento) en zonas urbanas. Jóvenes y varones son los más golpeados: del total de muertos, el 65 por ciento no superaba los 30 años, y el 70 por ciento era varón. La mitad de los conductores que protagonizaron accidentes tenía entre 17 y 30 años. En solo 18 días de enero, se produjeron 40 accidentes de tránsito en la provincia de Entre Ríos, con el trágico saldo de 16 muertos y 58 heridos. A fin del primer mes del año los muertos eran 20 y los de febrero ya son 11, la mayoría de ellos fallecidos en la ruta nacional 14, bien llamada la trágica "ruta de la muerte".

Estadísticas brindadas por la Asociación Civil Luchemos por la Vida, indican que la Argentina ostenta uno de los índices más altos de mortalidad producida por accidentes de tránsito. Unas 20 personas mueren por día, cerca de 7.000 muertos por año, y más de 120.000 heridos anuales de distinto grado, además de cuantiosas pérdidas materiales, que se estiman en unos 10.000 millones de dólares anuales. Esta cifra es significativamente elevada si se la compara con los índices de otros países, en relación a su población y número de vehículos circulantes (En Argentina unos 6,7 millones de vehículos).

Si tomamos en cuenta el hecho de que durante la Guerra de Malvinas cayeron 649 argentinos, y de que cada mes mueren 629 ciudadanos en las calles nacionales como consecuencia de los accidentes de tránsito, esto significa que todos los meses perdemos una nueva guerra, que se lleva tantas vidas como el mencionado conflicto bélico. Las causas de este genocidio mensual son: la falta de control estatal, la ausencia de planificación a largo plazo y la corrupción empresarial en el sector de los transportes, constituyen un cóctel mortal que, además, causa pérdidas económicas difíciles de medir.

Estamos convencidos de que la política de seguridad vial forma parte de la política general de protección de los Derechos Humanos. Es función indelegable del Estado nacional garantizar el ejercicio del derecho a la circulación en condiciones que aseguren la integridad de las personas que transitan por la vía pública.

Para garantizar el ejercicio de este derecho elemental es que se declara la emergencia pública en materia de seguridad vial en todo el territorio nacional. Como toda otra declaración de emergencia, la presente faculta al Poder Ejecutivo a tomar medidas extraordinarias para solucionar el problema. Para ello, es indispensable crear un área específica de coordinación a nivel nacional que pueda articular los intereses nacionales, provinciales y municipales.

Si bien los aportes a la materia han sido numerosos y muy valiosos todos ellos, los mismos son aislados, por lo que se impide la acción conjunta e integrada que permita dar una solución definitiva al problema. Para avanzar en una solución posible, es menester formular un acuerdo a nivel nacional, que involucre a municipios, provincias y autoridades nacionales. Siguiendo un modelo de federalismo de concertación, es posible crear una Autoridad Nacional de Seguridad Vial que dependa directamente del Poder Ejecutivo Nacional, junto con la instrumentación de un Plan Nacional de Educación Vial y de un Programa Nacional de Información y Difusión sobre la prevención de siniestros viales, la unificación de los criterios y requisitos para la expedición por parte de las autoridades competentes de la licencia de conducir en el territorio nacional, la participación de las empresas concesionarias de la red vial nacional en todas las actividades comprendidas en la ley y la priorización en la ejecución de obras en la red vial nacional de las destinadas a dotar de seguridad al tránsito.

La seguridad vial debe ser una política de Estado, que garantice la integridad física de los ciudadanos y cree conciencia sobre determinados valores ausentes en la sociedad hoy en día. La modificación de la conducta irresponsable que origina numerosos siniestros es fundamental para solucionar el grave problema de la inseguridad vial. Queremos un Estado presente, que actué con las herramientas necesarias para modificar la situación de virtual anomia que sufrimos en las rutas y calles argentinas.

Por todo ello, creemos que la ecuación para resolver el problema de la inseguridad vial debe incluir una educación vial responsable e incrementada, más un mecanismo de control y sanción estatal estricto, más una fuerte estrategia comunicacional para instalar masivamente el tema en la sociedad.

Si trabajamos con prevención, información, educación, control y una fuerte estrategia comunicacional, estaremos logrando cambios culturales a largo plazo, beneficiando a la sociedad toda. No olvidemos que la cultura es el proceso de construcción social de la realidad que sedimenta en valores y estilos de vida, en prácticas y costumbres. Modificando las pautas culturales actuales, estaremos ayudando a instalar una cultura ciudadana basada en el enaltecimiento de los valores, empapada de respeto, responsabilidad y solidaridad.

Nuestro objetivo es lograr el desarrollo de la autodisciplina en el interior de la conciencia de cada usuario que transita por las rutas argentinas. Pretendemos instalar una escala de valores que nos ayude a crear una convivencia armónica, civilizada, respetuosa y responsable. Debemos tener autocontrol a la hora de circular para evitar causar daños y provocar siniestros. En este sentido, es fundamental el rol del Estado para aglutinar, educar, coordinar y hacer cumplir las normas vigentes, creando las herramientas para el autocontrol ciudadano.

Por todos los argumentos aquí expuestos, solicitamos la sanción del presente proyecto de ley