La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, a través de los ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad, instruya a la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, la Gendarmería Nacional Argentina, la Policía Federal Argentina, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria para que dispongan todos los recursos a su alcance para el esclarecimiento de la desaparición de la joven Ramona Nicolasa "Peli" Mercado, ocurrida el 26 de abril de 2005 en la localidad de Patquía, Provincia de La Rioja.

Señor presidente:

El 26 de Abril de 2005, la niña Ramona Nicolasa Mercado ("Peli"), acuerda con su madre, que se encontraba en casa de una vecina a unos 50 m. de su casa, ir hasta la casa de su abuelo, distante pocas cuadras en el Barrio "El Sembrador" de la localidad de Patquía, Provincia de La Rioja. Pero "Peli" nunca volvió a su casa ni llegó a la casa de su abuelo. A seis años de su desaparición, su familia y toda Patquía marchan nuevamente para pedir su aparición.

La trata de mujeres, niñas, niños y adolescentes es, luego del narcotráfico y el tráfico de armas, el tercer negocio criminal a nivel internacional, y constituye una de las peores formas de sojuzgamiento, esclavitud y explotación. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, este delito mueve, en el mundo, U$S 7.000 millones de dólares anuales y ocasiona cuatro millones de víctimas por año.

Las estadísticas de la ONG Missing Children de Argentins revelan que desde el 2000 al 2010 se denunciaron 4829 desapariciones de chicos, de los cuáles el 62% eran niñas y el 57% de los mismos del rango de edad de 13 a 17 años.

En el año 2002, la República Argentina ratificó el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, el cuál había sido aprobado en el año 2000 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Dicho protocolo define la trata de personas como "la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficio para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación".

Desde la desaparición de "Peli" hasta la fecha se han sucedido una serie de hechos que merecen todo nuestro respeto y apoyo y deberían resultar auspiciosos para la investigación de este caso.

En primer lugar, la sanción, el 9 de Abril de 2008, de la Ley 26.364 de "Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus victimas", la cual, en su Artículo 3º, "entiende por trata de menores el ofrecimiento, la captación, el transporte y/o traslado -ya sea dentro del país, desde o hacia el exterior-, la acogida o la recepción de personas menores de dieciocho (18) años de edad... aún cuando no mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima."

En segundo lugar, y como consecuencia de la sanción de dicha ley, el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, el 26 de Junio de 2008 dictó la Resolución 1679/2008 instruyendo a la Gendarmería Nacional Argentina, la Policía Federal Argentina, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, a crear unidades específicas a los fines de ejercer acciones tendientes a la prevención e investigación del delito de trata de personas.

Y en tercer lugar, el 6 de Agosto del mismo año, el mismo Ministerio dictó la Resolución 2149/2008 creando la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, integrada por un equipo interdisciplinario conformado por las divisiones específicas de las Fuerzas de Seguridad, psicólogos, trabajadores sociales y abogados.

De acuerdo a información oficial del Ministerio de Justicia de la Nación, los dos primeros años de creación de dicha oficina, y como producto de más de 600 operativos, se habrían rescatado 505 mayores y 149 menores de edad esclavizadas por redes de trata de personas.

Durante 2008, las fuerzas federales de seguridad habrían realizado 423 operativos deteniendo a 428 personas; y durante el 2009, los operativos habrían sido 254, con un total de 261 detenciones y el rescate de 338 víctimas mayores y 83 menores. Durante la primera mitad del 2010, las fuerzas federales de seguridad habrían logrado liberar a 89 personas en 41 allanamientos. Entre los liberados, el 22 por ciento eran menores de edad.

Hay que reconocer que resulta auspicioso, en principio, el desempeño de la titular del flamante Ministerio de Seguridad, cuando decidió, a principios de marzo, allanar unos 50 locales bailables y prostíbulos en Recoleta y Bajo Flores utilizando 400 gendarmes, 200 hombres de Prefectura y ni un uniformado de la Federal, como una clara señal de desconfianza hacia una fuerza que todos consideran cómplice de las redes de trata.

Lo que queda claro es que, más allá de que el Estado nacional haya comenzado a tomar cartas específicamente en el asunto, nos enfrentamos a un fenómeno cuya magnitud escapa a nuestro conocimiento. La falta de denuncia social y el poco control de estos delitos por parte de las autoridades que, en general, hacen que el número de casos de trata -y de turismo sexual con niños o niñas- haya aumentado a niveles preocupantes, sobre todo en la triple frontera con Paraguay y Brasil, pero también en todo el norte del país.

El esclarecimiento de la desaparición de "Peli" Mercado, como el de tantas otras niñas víctimas de actividades vinculadas a la trata de personas, resultarían sumamente importantes para grabar a fuego en la memoria colectiva de la sociedad argentina la necesidad de combatir este flagelo.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente pedido de informes.