La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional a fin de que informe sobre las cuestiones que se detallan a continuación.

1. Cuál es el gasto pecuniario que representa cada inicio, desarrollo y finalización de un proceso judicial contra un detenido por tenencia de estupefacientes.

2. Cuántos detenidos hay en la actualidad, exclusivamente por tenencia de estupefacientes, sin que la permanencia en prisión dependa de la existencia previa o concomitante de otro delito que se le imputara.

3. Qué cantidad de causas totales por tenencia de estupefacientes se están tramitando en la actualidad en todo el país.

4. Cuántos tribunales nuevos deberían ser creados para que puedan atender debidamente estas causas y que cantidad de recursos implicaría ello, detallando como debieran aplicarse tales medios como el modo de invertirse.

5. De desincriminarse la tenencia para consumo para estupefacientes, a que área serían asignados los recursos pecuniarios derivados de la supresión del gasto que implica estos procesos judiciales.

6. Se discrimine cómo se encuentra planeada esta inversión, su finalidad concreta y que resultados específicos espera lograrse con la misma y en qué tiempo.

7. Cuantas condenas fueron impuestas en todo el país por la conducta prevista y penada por el Art. 14 de la ley 23.737 y cuántos condenados fueron sometidos al tratamiento dispuesto en el Art. 17 de esta norma, computándose el último año.

Señor presidente:

Recientemente diversos funcionarios han realizado declaraciones públicas manifestando que las causas que el poder judicial enfrenta por tenencia de estupefacientes para uso personal, no sólo consume a los magistrados un tiempo desmesurado sino que, también, genera un abultado gasto para las arcas del Estado quien, de desincriminarse esa conducta, podría entonces dar un destino diverso a ese dinero, esto es, en principio dirigiéndolo a la lucha contra el narcotráfico.

Tanto ha sido el aumento del consumo personal de las sustancias estupefacientes establecidas en la ley 23.737, en los últimos tiempos, según todas las estadísticas, y tan funestas son sus consecuencias, como es de público conocimiento y lo confirman las revistas especializadas en este tema, que se exige prever con exactitud si el supuesto dinero que se ahorraría con la desincriminación de la tenencia para consumición personal serviría efectivamente para otros fines que supuestamente, en definitiva, coadyuvarían a disminuir este flagelo.

Por tales motivos, y con la finalidad de acceder a la información correspondiente que acredite las aseveraciones de los funcionarios aludidos, es que se considera imprescindible conocer estos datos de alta sensibilidad, que hasta el presente no han sido suministrados.

Por todo lo expuesto es que solicito la aprobación del presente Proyecto de Resolución.