Proyectos »

PROYECTO DE TP


Expediente 1977-D-2011
Sumario: PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO NACIONAL SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA APLICACION Y CUMPLIMIENTO DE LA LEY 26206 NACIONAL DE EDUCACION.
Fecha: 20/04/2011
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 33
Proyecto
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:


Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través del Ministerio de Educación, informe cuestiones relacionadas con la aplicación y cumplimiento de la Ley Nacional de Educación N26.206, sancionada el 14 de Diciembre de 2006 y promulgada el 27 de Diciembre del mismo año:
Sobre los fines y objetivos de la política educativa nacional.
1.- Si se ha comenzado a garantizar la inclusión educativa a través de políticas universales y de estrategias pedagógicas y de asignación de recursos que otorguen prioridad a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Cuáles han sido esas políticas, las estrategias pedagógicas y los recursos asignados. En qué jurisdicciones se han aplicado, si se ha realizado el seguimiento correspondiente de tales acciones y su evaluación y cuáles han sido los resultados cualitativos y cuantitativos de las mismas.
2.- Si se comenzado a fortalecer la centralidad de la lectura y la escritura, en qué jurisdicciones y mediante qué estrategias. Si ha existido un seguimiento de la aplicación de las mismas, cuál ha sido su evaluación y resultados.
3.- Si se han comenzado a desarrollar las competencias para el manejo de los nuevos lenguajes relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación, en qué jurisdicciones y mediante qué estrategias. Si ha existido un seguimiento de la aplicación de las mismas, cuál ha sido su evaluación y resultados.
4.- Si ha comenzado a brindar a las personas con discapacidades una propuesta pedagógica apropiada. En qué jurisdicciones, qué acciones se han realizado, si se han evaluado y cuáles han sido los resultados obtenidos.
5.- Si se ha comenzado a asegurar a los pueblos indígenas el respeto a su lengua y su identidad. A qué comunidades, mediante qué estrategias, si las mismas han sido evaluadas y cuáles han sido los resultados.
6.- Si se ha comenzado a brindar conocimientos para fortalecer la formación integral de una sexualidad responsable, mediante qué programas, en qué jurisdicciones y si se han evaluado sus resultados.
7.- Si se han comenzado a llevar adelante programas para prevenir adicciones y el uso indebido de drogas, cuáles son los mismos, en qué jurisdicciones se han llevado adelante y con qué resultados.
Sobre el sistema educativo nacional.
1.- Cuántos servicios educativos de gestión cooperativa y/o social han sido reconocidos, en qué jurisdicciones, a qué niveles del sistema pertenecen, qué matrícula involucran, a que organizaciones pertenecen, cuál es su desarrollo y cuál es la evaluación de la tarea que realizan.
2.- Qué grado de unificación de la estructura y cohesión del sistema educativo se ha alcanzado. Cuáles son las jurisdicciones que presentan aún problemas para adaptarse a la nueva regulación impuesta por esta ley y qué dificultades impiden el logro de ese objetivo.
Sobre la Educación Inicial.
1.- Si se han logrado expandir los servicios educativos de educación inicial. Si existen obstáculos para lograrlo y en qué jurisdicciones se observan las mayores dificultades si las hubiera. Qué estrategias se han planificado para lograr esta meta en el mediano plazo.
2.- En qué estadio se encuentra la universalización de la sala correspondiente a los 4 años de edad. Qué jurisdicciones encuentran mayores obstáculos para lograrlo y qué se deben esos obstáculos.
3.- Si se ha logrado asegurar el acceso a este nivel de los sectores sociales más desfavorecidos. Si existen impedimentos para ello, en qué jurisdicciones son más preocupantes y qué estrategias se han planificado para superarlos.
4.- Si se han llevado adelante mecanismos de articulación entre organismos gubernamentales a fin de garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños establecidos en la Ley Nº 26061, cuáles han sido los mismos, en qué jurisdicciones y con qué resultados.
5.- Cuántos servicios educativos de este nivel del sistema, pertenecientes a organizaciones no gubernamentales, barriales, comunitarias han sido reconocidos, en qué jurisdicciones, qué desarrollo han alcanzado, que matrícula implican y cómo es evaluada su tarea.
6.- Si se han autorizado formas organizativas especiales de acuerdo a los contextos, cuáles son esos modelos, qué particularidades atienden, en qué jurisdicciones y cómo se evalúa la tarea que realizan.
7.- Si estos modelos están basados fundamentalmente en la extensión de la jornada escolar, en qué consiste esa extensión y qué tareas específicas contienen esas jornadas extendidas.
8.- Si en todas las jurisdicciones las actividades pedagógicas están a cargo de personal titulado. En qué jurisdicciones no es posible cumplir con esta formativa, cuáles son las razones y qué personal lleva adelante esas tareas.
Sobre la Educación Primaria.
1.- Si ha sido posible comenzar garantizar a todos los niños el acceso a saberes comunes y brindar oportunidades equitativas de aprendizaje de conocimientos significativos. Si no ha sido posible, en qué jurisdicciones se han encontrado más obstáculos, cuáles son los mismos y cómo se planifica su superación.
2.- Si se ha podido comenzar a generar condiciones pedagógicas apropiadas para el aprendizaje de las nuevas tecnologías. Cuáles han sido las condiciones generadas, en qué jurisdicciones se perciben más dificultades, a qué se deben las mismas y cómo se planifica superarlas.
3.- Si se ha podido comenzar a asegurar el fomento de la creatividad y la expresión. En qué jurisdicciones ha sido posible y en qué jurisdicciones no y a qué se debió cualquiera de estas decisiones. Cuál ha sido el camino elegido para lograr hacerlo en un futuro.
Sobre la Educación Secundaria.
1.- Si se ha podido comenzar a asegurar el cumplimiento de la obligatoriedad de los tres últimos años de este nivel. En qué jurisdicciones resultó más fácil cumplir con esta prescripción y en cuáles no. A qué se atribuyen los motivos de cada una de estas realidades.
2.- Si se ha evaluado como posible la vinculación de los estudiantes con el mundo del trabajo y de la ciencia y la tecnología Si hay obstáculos para una u otra posibilidad, en qué jurisdicciones se han observado los mismos, en qué consisten y cuál es la planificación para su superación.
3.- Si se han comenzado a desarrollar procesos de orientación vocacional, cuáles son las estrategias o modos elegidos para hacerlo, en qué jurisdicciones hay experiencias y cómo se evalúan las mismas.
4.- Si se ha comenzado a estimular la expresión artística, de qué modo se está realizando, en qué jurisdicciones se observan logros, en qué jurisdicciones hay inconvenientes para llevarlo adelante y por qué razones.
5.- Si se ha comenzado a llevar adelante la concentración de tareas de los docentes en una sola escuela con el objetivo de terminar con la figura del profesor taxi
6.- Si se han implementado las tutorías, cuál ha sido la evaluación de la experiencia. En qué jurisdicciones ha sido imposible y por qué.
7.- Si se ha logrado insertar jóvenes no escolarizados en ámbitos no formales de educación, qué lo ha hecho posible, en qué jurisdicciones no se ha logrado y por qué.
8.- Si se ha podido llevar adelante la atención sicológica, psicopedagógica y médica de los estudiantes a través de gabinetes interdisciplinarios, en qué jurisdicciones fue posible hacerlo, en cuáles no y cómo se evalúa la experiencia.
9.- Si se han realizado prácticas educativas, en qué jurisdicciones fue posible articularlas, en cuáles no, en qué consisten las mismas y cuáles fueron los obstáculos para cumplir con ellas. Cuál es la evaluación de su aplicación.
Sobre la Educación Artística.
1.- Si ha sido posible que todos los alumnos, desde la vigencia de esta ley, hayan tenido la oportunidad de desarrollar su capacidad creativa en al menos dos disciplinas artísticas desde la vigencia de esta ley, en qué jurisdicciones fue posible, en qué disciplinas, en que jurisdicciones no fue posible y cuáles fueron los obstáculos para no poder hacerlo.
Sobre la Educación Especial.
1.- Si fue posible comenzar a garantizar la integración de los alumnos con discapacidades en todos los niveles y modalidades según sus posibilidades, en qué porcentaje, en qué jurisdicciones y cuáles fueron los obstáculos para llevarlo adelante en otras. Si se evaluó si esa integración fue positiva para el logro de los aprendizajes de los alumnos.
2.- Si ha sido posible implementar procedimientos para detectar tempranamente las necesidades educativas derivadas de la discapacidad, cuáles fueron esos procedimientos y en qué jurisdicciones fue posible hacerlo y en las que existieron dificultades a qué se debieron las mismas.
3.- Si fue posible adecuar todos los edificios para que fueran accesibles físicamente para estos alumnos . Qué porcentaje de edificios no está aún en condiciones y en qué jurisdicciones.
Educación Permanente de Jóvenes y Adultos.
1.- Si ha sido posible articular acciones con diferentes organismos gubernamentales para la creación de programas y acciones educativas para garantizar la alfabetización de jóvenes y adultos y cuáles son esos organismos y esas acciones. Qué mecanismos de participación fueron acordados de los sectores involucrados y en qué jurisdicciones.
2.- Si se han diseñado estructuras curriculares moduladas, flexibles y abiertas. Cuáles son esos modelos, en qué jurisdicciones se aplican y a qué dificultad encontrada se debe su implementación.
Sobre la Educación Rural.
1.- En lo que a educación rural se refiere, si se han logrado implementar modelos organizacionales adaptados a cada contexto, cuáles son los mismos, en qué consisten, qué dificultades atienden y cuál es su evaluación.
2.- Si se han implementado para las zonas rurales programas especiales de becas, en qué jurisdicciones han sido más demandadas, que cantidad de recursos implican y cuál es la evaluación de su impacto en el sistema.
3.- Si se ha podido asegurar el funcionamiento de los comedores escolares y otros servicios asistenciales. En qué jurisdicciones ha sido posible, en qué jurisdicciones no y cuáles son las razones de sendas decisiones.
4.- Si se han podido proveer todos los recursos didácticos y pedagógicos necesarios para la escolarización de alumnos del medio rural. Si no es así, cuál ha sido la razón y cuál es la jurisdicción o jurisdicciones más desprovistas.
Sobre la Educación intercultural bilingüe.
1.- Si se crearon los mecanismos de participación permanente de los representantes de los pueblos indígenas en los órganos responsables de definir y evaluar las estrategias de educación de esos pueblos, que comunidades participaron y cuáles fueron las decisiones tomadas.
2.- Si se garantizó, desde la vigencia de esta ley, la formación y capacitación docente específica para esta modalidad de Educación, cuáles son sus contenidos, previa investigación de la realidad de esos pueblos. Cuáles fueron esas investigaciones.
Sobre la Educación en contextos de privación de la libertad.
1.- Si se ha podido asegurar, a las personas privadas de su libertad, información permanente sobre ofertas educativas y culturales, la posibilidad de la formación profesional, la modalidad a distancia, propuestas destinadas a estimular la creación artística, coordinando al efecto acciones con otras instancias gubernamentales. En qué jurisdicciones fue eso posible, cuáles fueron los impedimentos en las que no fue posible llevarlas adelante. Cuántos internos se encontrarían transitando algunas de estas propuestas y en qué niveles.
Sobre la Educación de gestión privada.
1.-Cuál ha sido la asignación financiera para los diferentes servicios de gestión privada, por nivel, por jurisdicción y por localidad.
Sobre los docentes.
1.- Si desde la vigencia de esta ley se ha podido ofrecer a los docentes una capacitación y actualización integral gratuita y en servicio, para los docentes de qué jurisdicciones, de qué niveles y sobre que temáticas. Cuántos docentes asistieron a la misma. Si no fue posible hacerlo, cuáles fueron las causas.
2.- Si se ha logrado, desde la vigencia de esta ley que los docentes trabajen con condiciones de seguridad e higiene. Qué mecanismos de seguridad se adoptaron, en qué jurisdicciones. Si no fue posible hacerlo en algunas de ellas, cuáles fueron los motivos. Cómo se aseguró la higiene de los edificios escolares y en qué jurisdicciones. Qué porcentaje de servicios educativos cumplen con ambos requisitos.
Sobre políticas de promoción de la igualdad educativa.
1.-Si se ha llevado adelante, desde la vigencia de esta ley, la medida consistente en que los docentes de mayor experiencia y capacitación se desempeñen en las escuelas que se encuentran en la situación más desfavorable, en qué jurisdicciones, en qué escuelas y cuáles han sido los resultados.
Sobre la calidad de la Educación
1.- Si el Estado ha tratado de garantizar las condiciones materiales y culturales para que todos los alumnos logren aprendizajes comunes y de calidad, cuál ha sido el instrumento para hacerlo, en qué jurisdicciones se ha intervenido y cuáles han sido los resultados.
Sobre las disposiciones específicas
1.-Si ha sido posible proveer Educación Ambiental, en qué jurisdicciones y con qué resultados.
Sobre la información y evaluación del sistema educativo.
1.-Si es posible brindar a esta Cámara información, de todas las jurisdicciones y todos los niveles, sobre:
-Cobertura.
-Repetición.
-Deserción.
-Egreso.
-Promoción.
-Sobreedad.
-Origen Socioeconómico.
-Inversiones y costos.
-Procesos y logros de aprendizaje.
-Proyectos y programas educativos.
Sobre el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
1.- Cómo se ha asistido técnica y financieramente a las diferentes jurisdicciones. Sírvase informar los montos de la asistencia financiera, a qué jurisdicciones y con qué objeto.
2.- Si las autoridades se han visto urgidas de declarar la emergencia educativa en alguna jurisdicción, a qué se debió tal declaración, cuál fue la jurisdicción y cómo se la asistió.
Sobre el cumplimiento de los objetivos de la ley.
9.- Si fueron realizados procedimientos de auditorías para analizar si los recursos fueron destinados a los fines previstos, dónde y con qué resultados.
Sobre las disposiciones transitorias y complementarias.
1.- Qué jurisdicciones han elegido cada una de las opciones previstas de la estructura del sistema y cuáles fueron las razones.

FUNDAMENTOS

Proyecto
Señor presidente:


La Ley de Educación Nacional Nº 26206 fue sancionada el 14 de diciembre de 2006 y promulgada el 27 de diciembre del mismo año.
En el momento en que el Poder Ejecutivo Nacional presenta el anteproyecto al Congreso de la Nación, hicimos algunas consideraciones teniendo en cuenta al documento base de discusión que había dado vida a ese anteproyecto, que es necesario recordar ahora.
En primer lugar, preocupaba en ese momento que si bien había existido una convocatoria al debate para su elaboración, muchas voces dijeron que se temía que éste hubiera sido una simple manipulación del consenso y que el mismo serviría sólo para legitimar decisiones ya tomadas destruyendo así las expectativas de quienes estaban, estábamos, realmente preocupados por la educación pública, su situación y su futuro.
En segundo lugar, también decíamos entonces que la política educativa tiene como instrumento fundamental a la normativa y que si bien ésta no agota en absoluto el debate sobre un determinado sistema educativo, configura un analizador muy claro de la direccionalidad del mismo. Desde esa perspectiva, era importante analizar ese documento porque mostraba qué concepción del mundo, de la realidad, del país, de la escuela, de la ciudadanía, etc., poseían aquellos que iban a hacer efectivo al nuevo cuerpo legal.
En tercer lugar pensábamos que, tal como surge de las principales teorías sociológicas que analizan la relación entre el Estado, la educación y la sociedad, es indispensable mirar el contexto en el que se construye una política educativa para comprenderla cabalmente, para entender sus objetivos y fines.
Con respecto a la primera cuestión La provincia de Buenos Aires acercó a las autoridades del Ministerio nacional los resultados de su consulta a los distintos sectores de la comunidad educativa el martes 12 de septiembre y el ministro dio a conocer el nuevo proyecto el día 16. Era totalmente imposible que las autoridades nacionales hubieran podido considerar en su anteproyecto lo propuesto por la comunidad de la provincia, cuyas ideas habían sido compiladas en tres tomos de información, cuando existieron sólo cuatro días entre un hecho y otro. Paralelamente había que analizar si lo compilado por la provincia había sido, a su vez, fruto de debates realmente democráticos y participativos.
En relación a la segunda cuestión, el documento base para la discusión sostenía ciertas concepciones e ideas que no compartíamos. Fundamentalmente se repetía la subsidiariedad del Estado que tanto habíamos criticado de la Ley Federal. Era notable, por ejemplo, el énfasis puesto en los contenidos como reaseguro de la calidad del sistema, en la evaluación como control de alumnos y docentes, en la inclusión de todos los excluidos del sistema sin otro objetivo, en ese escenario, que la contención.
En relación al tercer tema -el contexto socio económico y político que es el marco en el que iba a desarrollarse este proyecto- , éste desdecía algunas declaraciones que constaban en el documento base de discusión, como por ejemplo la intencionalidad manifiesta de compensar las diferencias y las desigualdades desde la educación, cuando desde las política económica no se estaba atacando las causas que producían dichas desigualdades ni ese estaba tratando de reducir la brecha entre ricos y pobres, brecha que ya era abismal. Por otro lado, el documento hacía mención a la Ley de Financiamiento Nacional cuando teniendo la posibilidad de realizar la inversión ya autorizada por la Ley Federal, la misma no se cumplía.
Lo dicho en ese documento base constituyó, en realidad, el espíritu del proyecto que fue luego tratado y aprobado. Por tanto no podíamos desvincular una cosa de la otra y las dudas enunciadas se trasladaron al proyecto primero y a la ley en que el mismo se convirtió, después.
Esas dudas fueron, primodialmente, las siguientes:
En cuanto al rol del Estado:
No quedaba totalmente definido el rol principal del Estado nacional o provincial. Se repetía el concepto sostenido por la Ley Federal de Educación en cuanto a la participación de la familia y las organizaciones sociales quedándonos la duda acerca del contenido de la palabra "participación" . En el contexto neoliberal ésta era sinónimo de donación de mano de obra o de dinero. Se hacía responsables de garantizar el ejercicio del derecho constitucional de enseñar y aprender, también a los municipios, a las confesiones religiosas, a las organizaciones de la sociedad y a la familia.
2- En cuanto al financiamiento:
Este era el tema central a considerar. Por un lado, en ese momento, el financiamiento del sistema se apoyaba fundamentalmente en la Ley 23.548 de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales, que establece qué proporción de los fondos provenientes de impuestos nacionales percibe cada provincia. Pero ésta no sirve eficientemente a la educación. Según algunos el volumen proyectado debería ser en función de la población por grupos de edad, y cuyo volumen real difiere del proyectado debido - entre otras razones- a la desigual inversión de las provincias en educación, la eficacia propia de cada sistema educativo provincial y los procesos de migración interna. Se sugiere que, más que un criterio único de asignación de recursos, se requiere un conjunto de criterios que tomen en consideración diferencias en las áreas y niveles de la educación.
Por otro lado, la ley Federal preveía (art. 61) que la inversión pública consolidada total en educación sería duplicada gradualmente y a razón del 20% anual a partir del 93 o se consideraría un incremento del 50% en el porcentaje del producto bruto interno del 92 que era del 4% lo que no fue cumplido por ningún gobierno, ni por el de ese momento. Por qué, de pronto, iba a surgir del mismo la voluntad de realizar la inversión planificada? Por qué no lo había hecho antes y permitió que continuara el deterioro del sistema?
También en el 2006 se sancionó la Ley de Financiamiento Educativo, que estipuló el incremento gradual de los recursos para educación de modo de llegar en 2010 al 6% del PBI. Con esto parecía haberse dado solución a nuestros temores. Sin embargo algunos estudios revelan que los recursos previstos por la Ley de Financiamiento no alcanzarían para cumplir con las metas pedagógicas propuestas por esa misma Ley.
Del financiamiento dependía que pudieran cumplirse objetivos anunciados en la ahora Ley 26206:
"-el brindar una educación integral, con igualdad de oportunidades y posibilidades, sin desequilibrios regionales ni inequidades sociales."
"- el garantizar la inclusión educativa a través de políticas universales y de estrategias pedagógicas y de asignación de recursos que otorguen prioridad a los sectores más desfavorecidos de la sociedad."
"- el brindar las personas con necesidades educativas especiales una oferta pedagógica que permita su integración y el pleno desarrollo de sus capacidades."
"-la coordinación de las políticas de educación, salud, trabajo social, cultura, desarrollo social, deportes y comunicaciones, para atender integralmente las necesidades de la población, aprovechando al máximo los recursos estatales, sociales y comunitarios."
-la integración real del diferente.¿Cómo harían las jurisdicciones para asegurar el transporte, los recursos técnicos humanos, los materiales necesarios, la accesibilidad física de los edificios escolares, de la comunicación y del currículo escolar?
Si no se aseguraba, de verdad, el financiamiento correspondiente para poder contar con recursos simbólicos y materiales como para llevarla adelante, no tenía sentido la extensión de la jornada completa, modalidad que deseaba extenderse.
Tampoco sería posible ampliar la experiencia educativa de la infancia más allá del ámbito escolar, generando líneas de acción tendientes a favorecer que los alumnos/as conocieran la geografías del territorio nacional, gozaran de actividades deportivas y tuvieran acceso a actividades culturales de su localidad y otras .
No se podrían tampoco crear los espacios extracurriculares fuera de los días y horarios de la actividad escolar de todos los estudiantes para que pudieran desarrollar actividades artísticas, deportivas, recreativas, etc. Con qué recursos? Dónde? Con qué personal? Mucho menos se podría promover la organización de las escuelas de acuerdo a cada contexto, a cada matrícula.
¿Cómo se aseguraría la inclusión de jóvenes no escolarizados en espacios escolares no formales para llegar a su reinserción total plena?
¿Cómo se aseguraría a los docentes la posibilidad de desarrollar sus tareas en condiciones dignas de seguridad e higiene si en ese momento casi ninguna escuela de la pcia. de Bs. As., por ejemplo, cumplía con este requisito?¿Cómo se mejoraría la calidad de su formación inicial y contínua?
¿Cómo se dotaría a las escuelas de lo necesario para cumplir con su tarea si no se estaba dispuesto a nombrar al personal que hiciera falta para atender a los comedores y que los docentes pudieran dedicarse a enseñar?
¿Cómo se garantizarían las condiciones materiales y culturales para que todos los alumnos/as lograran aprendizajes comunes de buena calidad, independientemente de su origen social, radicación geográfica, género o identidad cultural?
Un ejemplo claro de nuestra preocupación en torno al tema del financiamiento: ¿cómo se proveería de los recursos pedagógicos y logísticos necesarios para la escolarización de los niños, niñas y adolescentes de medios rurales si hasta ese momento no se había percibido a través de las acciones del gobierno nacional una decisión cierta de invertir en el área a pesar de sus declaraciones?
Todas estas preguntas que nos hacíamos sobre el financiamiento se agudizan hoy dado que la ley de Financiamiento Educativo expiró en diciembre del año pasado sin que se haya sancionado ninguna otra para lograr los objetivos pedagógicos que la misma se proponía.
3- En cuanto a la relación educación- desarrollo económico del país:
El Estado garantizaba el acceso de todos los ciudadanos a la información y al conocimiento como instrumentos centrales de la participación en un proceso de desarrollo social equitativo y sustentable.
De acuerdo al documento base que dio lugar a la elaboración de ese proyecto de ley y a la ley misma, el gobierno no concebía al desarrollo como fruto de decisiones pertinentes en el área de la política económica. Por otro lado, tal como veíamos en lo realizado hasta allí por ese mismo gobierno, no existía un desarrollo real del país ni se estaría previendo el mismo. Tampoco era equitativo el sistema que vivíamos.
4- En cuanto a la estructura:
Se avanzaba en una estructura unificada pero establecía un plazo de 6 años para decidir la ubicación del 7° año de escolaridad . Lo dicho daba lugar a que se pudieran dar ciclos intermedios, lo que sería un obstáculo para lograr la pretendida unidad y podía seguir incidiendo en la fragmentación que se deseaba remediar.
5- En cuanto a la obligatoriedad:
Si bien era mejor que la ley lo expresara porque, de algún modo, mostraba la voluntad del Estado sobre el tema, si no se aplicaban políticas de re distribución de la riqueza, de industrialización cierta del país y de empleo, los chicos, chicas y adolescentes no iban a poder ir a la escuela, tal como ocurría en ese momento, aunque la ley declarara la obligatoriedad.
El tema de la obligatoriedad y el problema que este implica, se acarrea desde hace muchísimos años. Desde la ley 1420 de 1884, pasando por la Ley Federal de Educación de 1993, se plantea la obligatoriedad pero no se llega a la escolarización pretendida. Por lo tanto, los esfuerzos fiscales y las iniciativas políticas deberían concentrarse agresivamente en dar cumplimiento de una vez a los derechos educativos ya reconocidos.
Hasta ahora las políticas aplicadas han sostenido el acceso material de todos a la escuela como significado principal de la obligatoriedad escolar. Este significado sustentó durante muchas décadas la estrategia macropolítica de expandir la red de escuelas a fin de dar cobertura institucional a toda la población en edad escolar. Sin embargo, el problema de la obligatoriedad escolar no puede ser atendido únicamente mediante políticas de expansión del sistema.
El paso por la escuela debe asegurar a todos una formación compartida, que no existan condicionamientos sobre lo que los chicos/as podrán seguir estudiando según a qué escuela asistieron. La inclusión de todos/as en la escuela requiere de políticas que mejoren las condiciones en que se accede a la escuela y también se requieren políticas que den importancia al trabajo pedagógico en las escuelas y remuevan los obstáculos que impiden desarrollar la enseñanza en mejores condiciones. Por ejemplo, la secundaria requiere cambios en la organización escolar, en el régimen académico, en la estructura del puesto de trabajo docente, en la propuesta formativa y en la lógica especializada disciplinar de la formación de los profesores. Sin esos cambios, la expansión de la oferta educativa no nos conducirá al cumplimiento de las metas de obligatoriedad. Las cuestiones vinculadas con la enseñanza poseen una relación directa con la cuestión de la obligatoriedad escolar. La enseñanza es un problema usualmente ausente en las políticas educativas; es necesario insistir en que debe plantearse desde el principio y tender a resolverse en el nivel máximo del planeamiento. El problema didáctico debería plantearse en el planeamiento, incorporando al diseño de las políticas la pregunta sobre las condiciones pedagógicas bajo las cuales va a ser posible que los docentes enseñen y que los/las alumnos aprendan (1) .
6- En cuanto al Nivel Inicial:
Seguían sin incluirse a los jardines maternales dentro de la estructura del sistema para poder así regular los requisitos y condiciones de trabajo de los docentes o personas que trabajaban en ese nivel si bien se procuraría garantizar un servicio educativo de cuidado y de calidad a partir de instancias de articulación de los diferentes organismos gubernamentales.
7- En cuanto a los tutores:
¿Con qué dinero se nombraría a este personal si no se nombraba a la gente que en ese momento necesitaban las escuelas?¿O los mismos docentes deberían realizar este trabajo también?
8- En cuanto a las disciplinas artísticas:
Dice la Ley 20206 que todos los alumnos y alumnas, en el transcurso de la escolaridad obligatoria, podrían desarrollar sus capacidades en dos disciplinas artísticas.
¿En el mismo año o en forma alternada? Por ejemplo, ¿Música y Plástica, ambas disciplinas conjuntamente, en el transcurso de toda la escuela primaria? ¿O en algunos años una y en otros años otra?
9- En cuanto al aprendizaje de una segunda lengua:
¿Los alumnos podrían optar, libremente, por cuál querían?
10- En cuanto a la evaluación:
La concebía como un instrumento para la toma de decisiones pero también para la asignación de recursos.¿De acuerdo a la eficiencia o productividad demostrada por las escuelas?
Las unidades educativas podrían autoevaluarse. ¿Serían capacitadas para hacerlo? ¿En torno a qué criterios?
11: En cuanto al dominio, por parte de los alumnos, de nuevas tecnologías:
¿Se contaría con el financiamiento?
12: En cuanto a la asistencia a las provincias:
¿Qué implicaba esta asistencia a las provincias en emergencia?¿ La intervención?
Hoy, a casi cinco años de la vigencia de esta ley, consideramos que es un derecho y una obligación de este poder del Estado, solicitar informes sobre el desarrollo, hasta el momento, de su aplicación y sobre los resultados observables.
Proyecto
Firmantes
Firmante Distrito Bloque
BALDATA, GRISELDA ANGELA CORDOBA COALICION CIVICA
Giro a comisiones en Diputados
Comisión
EDUCACION (Primera Competencia)