La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de las dependencias que correspondan, informe sobre lo siguiente:

1. Si se ha ejercido el debido control sobre la actividad que desarrolla la Organización Veraz S.A., en su carácter de portadora de base de datos personales en el marco de la aplicación de la ley 25.326 y sus normas reglamentarias.

2. Grados de incumplimiento a dicha normativa que la autoridad de control haya verificado respecto de la Organización Veraz S.A. por ser la misma una de las organizaciones que mayor actividad despliega en el suministro de datos personales.

3. Si se han aplicado multas u otro tipo de sanciones por inobservancia de las normas y la legislación de nuestro país.

Señor presidente:

Los informes Veraz contienen datos personales de carácter comercial, crediticio y de medios de pago referidos al cumplimiento de obligaciones comerciales de los titulares. Esos datos son suministrados a personas físicas y jurídicas que los requieren, con motivo de negociaciones o transacciones comerciales, no pudiendo utilizarlos con otros fines de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales.

La Ley Nacional 25.326 de Protección de Datos Personales, reglamentaria de la garantía del Hábeas Data, asegura el acceso a la información comercial para que: "en caso de falsedad o discriminación..., exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos (Art. 43 párrafo tercero de la Constitución Nacional, según la reforma de 1994)."

La información constituye un aporte fundamental para la toma de decisiones patrimoniales, comerciales y crediticias, que hace a la realización de miles de operaciones diarias (financieras, de locación y/o compra-venta de inmuebles, automóviles, electrodomésticos, de acceso a servicios, etc.).

El gobierno nacional ha venido implementando, en estos últimos años, distintos tipos de políticas económicas orientadas a recuperar su antigua credibilidad financiera, estabilizando los parámetros rectores de su macroeconomía. Ha conseguido pagar su deuda al FMI, salir del default, reducir significativamente su deuda externa y hace un gran esfuerzo para equilibrar su balanza comercial.

Para complementar el cuadro de las condiciones propicias que permitan el crecimiento de la Argentina debe, necesariamente, reinstalarse nuevamente el crédito y ser accesible a todos nuestros compatriotas. En este sentido el Banco Central viene trabajando y ha expresado reiteradamente su voluntad de impulsar la flexibilización en las exigencias actuales para la aprobación de las distintas modalidades de créditos.

En la práctica se observa en este sentido la imposibilidad de muchos argentinos para ser sujetos de crédito; debido fundamentalmente a la falta de actualización y/o veracidad en la información suministrada por los sistemas de informaciones comerciales, además de la excesiva rigidez en la calificación por categorías, para aquellos que registran demoras en el pago de alguna obligación crediticia.

Ninguno de estos sistemas de información, como tampoco las instituciones que otorgan las líneas de crédito, realizan una evaluación cualitativa del comportamiento del solicitante o beneficiario, en cuanto a analizar la intención de pago, o la voluntad en el tiempo para ir cumpliendo con sus obligaciones, teniendo en cuenta que la economía argentina, en el año 2001, entró en una severa crisis que con mucho esfuerzo hemos superado.

El fin mediato de este pedido de informe no es defender a los morosos incumplidores de sus obligaciones contractuales, sino por el contrario, darles la posibilidad, a aquellas personas que de forma involuntaria han sufrido un traspié en el cumplimiento de sus compromisos pecuniarios, de que, una vez realizado el total de las prestaciones adeudadas, puedan retomar o crear nuevos compromisos que les dan la posibilidad de progresar en diversos ámbitos, ya sea para la creación de una industria, para el nacimiento de fuentes de trabajo, o simplemente la importantísima tarea de equipar un hogar. Lo que muchas veces no es posible gracias a la errónea información que ponen a disposición habitualmente estas organizaciones, atacando en forma mediata el crecimiento de la economía local, regional y nacional, ya que no permiten la realización de la pequeña y mediana empresa, que conforma sin duda en gran magnitud la base de nuestra economía.

En lo que respecta a la tarea del Estado en el tema objeto de información, es deber del mismo, por imperio de la ley, controlar la observancia de las normas sobre integridad y seguridad de datos por parte de los archivos, registros o bancos de datos. A tal efecto puede solicitar autorización judicial para acceder a locales, equipos o programas de tratamiento de datos a fin de verificar infracciones al cumplimiento de la ley. En estos casos, la autoridad deberá garantizar la seguridad y confidencialidad de la información y elementos suministrados. Imponer las sanciones administrativas que en su caso correspondan por violación de las normas legales y de las reglamentaciones que se dicten en su consecuencia. Controlar el cumplimiento de los requisitos y garantías que deben reunir los archivos o bancos de datos privados destinados a suministrar informes.

Por los motivos expuestos, solicito al Señor Presidente y a mis pares la aprobación del presente proyecto.