El Senado y Cámara de Diputados...

Artículo 1º: Declárase la emergencia del sistema educativo nacional en todos sus niveles y modalidades, por el término de trescientos sesenta y cinco días.-

Artículo 2º: La presente emergencia tiene por finalidad destinar a partir de la declaración de la emergencia educativa el 6% del PBI al sistema educativo para garantizar la mejora de los salarios y las condiciones laborales docentes, la jerarquización de la carrera docente, la extensión de la obligatoriedad, la construcción de aulas, laboratorios y talleres, la refacción edilicia, la construcción de nuevos edificios escolares la provisión de útiles escolares e incorporación de nuevas tecnologías.-

Artículo 3º: El Consejo Federal de Educación determinará las zonas y/o jurisdicciones en donde deberán volcarse las mayores inversiones a los efectos de garantizar el derecho constitucional de enseñar y aprender, a cuyo fin deberá realizar un análisis pormenorizado y por jurisdicción, de las deficiencias del sistema educativo, teniendo en cuenta principalmente los índices de pobreza, el nivel salarial docente, la infraestructura edilicia, el déficit de establecimientos escolares y la formación docente.-

Artículo 4º: Autorízase al Poder Ejecutivo, a reasignar partidas presupuestarias a los fines de alcanzar el 6% del PBI para financiar al sistema educativo.-

Artículo 5º: Establécese una asignación específica a la educación de un porcentaje de la recaudación del Estado Nacional en concepto de derechos de exportación, que será distribuido entre las Provincias y la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a los índices establecidos por el artículo 6º de la presente norma.

El porcentaje deberá ser suficiente para garantizar, por parte de las Provincias y la Ciudad de Buenos Aires, el cumplimiento de sus responsabilidades de erogaciones en educación, y será establecido anualmente mediante la ley de Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional.

La transferencia de estos fondos quedará sujeta al cumplimiento de la asignación específica.

Para el año 2007 fijase la asignación específica establecida en el primer párrafo del presente artículo en el CINCUENTA POR CIENTO (50%).

Artículo 6º: La asignación específica establecida en el artículo 5º se distribuirá conforme a un índice que se construirá anualmente en función de los siguientes criterios:

a) La participación de la matrícula de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el total de los niveles inicial a superior no universitario, correspondiente a todos los tipos de educación (ponderación SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%).

b) La participación de la población con necesidades básicas insatisfechas de TRES (3) a DIECISIETE (17) años de cada Provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el total (ponderación DIEZ POR CIENTO (10%).

c) La incidencia relativa de la ruralidad en el total de la matrícula de educación común de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ponderación SIETE Y MEDIO POR CIENTO (7.5%).

d) La participación de la población no escolarizada de TRES (3) a DIECISIETE (17) años de cada Provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el total (ponderación SIETE Y MEDIO POR CIENTO (7.5%).

Para la determinación anual del índice de contribución será de aplicación obligatoria la información suministrada por: 1) la DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION Y EVALUACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA del MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA en su relevamiento anual para los criterios a y c, y 2) el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION para los criterio b y d. Para el inciso b) se utilizará la Encuesta Permanente de Hogares del último semestre. Para el inciso d) la información se referirá a los datos del último censo nacional disponible. En ningún caso se utilizarán datos de población no escolarizada que resulten de extrapolaciones a períodos posteriores al último censo nacional.

Artículo 7º: El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, es la autoridad de aplicación de esta ley.-

Artículo 8º: El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología informará al Ministerio de Economía para que retenga las sumas resultantes de la coparticipación establecida en el artículo 5º, de las jurisdicciones que no acrediten que dichas sumas sean volcadas al sistema educativo.-

Artículo 9º: De forma.

Señor presidente:

La ley Federal de Educación 24.195 recientemente derogada provocó, en el marco político de su implementación y con los errores que de suyo conllevaba, un enorme deterioro del sistema educativo en todo el país. No obstante, los artículos destinados al financiamiento educativo, que nunca se cumplieron, destinaban un 6 % del PBI a alcanzar, en forma paulatina, durante el año 1998.

El actual gobierno impulsó, con apoyo de amplios sectores involucrados, en 2005, la ley 26.075 de Incremento de la Inversión Educativa, cuyos objetivos compartimos, pero que dilata los tiempos para la consecución de dicho 6% hasta el año 2010. Por otra parte, una porción no menor del prepuesto educativo nacional se destina actualmente a Ciencia y Técnica, prioridad que también compartimos, pero debe tener sus partidas diferenciadas, no en desmedro de la inversión en educación. En este sentido, la nueva ley General de Educación toma esta iniciativa de nuestro bloque, quitando del presupuesto educativo las partidas destinadas a Ciencia y Técnica, pero especifica que este objetivo se alcanzará recién en 2011.

Al inicio del ciclo lectivo, en la mayoría de las provincias hubo paros docentes y distintas formas de protesta ya que los pisos salariales alcanzados no contemplaron derechos laborales adquiridos como bonificaciones por antigüedad y jerarquía. Pero donde mayor tensión se desató fue en la región patagónica: Neuquén reprimió la protesta a tal extremo que costó la vida del profesor Fuentealba, lo que concitó la adhesión de todos los trabajadores del país y la solidaridad de toda la población. Por otra parte, ya finalizando el mes de abril, continúan los paros y reclamos también en Santa Cruz y en Tierra del Fuego. Este panorama nos demuestra que la situación salarial dista de estar resuelta.

Este aspecto está contemplado en la ley 26.075, art. 2º, inciso i): Mejorar las condiciones laborales y salariales de los docentes de todos los niveles del sistema educativo, la jerarquización de la carrera docente y el mejoramiento de la calidad en la formación docente inicial y continua. Es uno de los objetivos que compartimos, pero no el único al que deben destinarse los esfuerzos conjuntos de la Nación y las provincias para salir de la crisis educativa. La garantía del cumplimiento de la obligatoriedad escolar para los distintos niveles (incisos a) Incluir en el nivel inicial al CIEN POR CIENTO (100%) de la población de CINCO (5) años de edad y asegurar la incorporación creciente de los niños y niñas de TRES (3) y CUATRO (4) años, priorizando los sectores sociales más desfavorecidos. d) Avanzar en la universalización del nivel medio/polimodal logrando que los jóvenes no escolarizados, que por su edad deberían estar incorporados a este nivel, ingresen o se reincorporen y completen sus estudios e) Erradicar el analfabetismo en todo el territorio nacional y fortalecer la educación de jóvenes y adultos en todos los niveles del sistema) exigirá una inversión que no puede sufrir más postergaciones.

Por otra parte, la apropiación del conocimiento por parte de la niños, jóvenes y adultos en una sociedad que exige cada vez procesos más complejos, nos impulsa a asegurar que la jornada extendida o completa debe generalizarse, no sólo para el 30% de los alumnos de la educación básica como consigna el inciso b) del art.2º sino, en forma paulatina para todos los alumnos de nivel primario y secundario.

Expandir la incorporación de las tecnologías de la información y de la comunicación en los establecimientos educativos y extender la enseñanza de una segunda lengua como aparece en el inc. g) del mismo art.2º al que nos referimos es de una urgencia tal dentro del sistema educativo argentino, que no puede dilatarse, si pretendemos que nuestra población esté al nivel del resto de los países desarrollados

El cumplimiento de estos objetivos no puede postergarse hasta el momento de alcanzar el 6% del PBI que fija la norma. Es preciso acelerar los tiempos. Estamos en un país con un alto índice de crecimiento que debe ser aplicado a las áreas más sensibles y no podemos desconocer, Sr. Presidente, que la educación así lo amerita.

Esta es una oportunidad inmejorable, difícil de repetir. Estamos en un contexto de recaudación récord en dinero y en porcentaje del PIB, los superávits fiscal y externo, llamados superávits mellizos, también están en su mayor nivel histórico, al igual que las reservas internacionales. El superávit primario del Sector Publico Nacional en el 2006 alcanzó $ 23.165 millones, poco menos que gasto educativo del conjunto de las provincias y de la nación. El superávit financiero del año pasado, luego del pago de los abultados intereses de la deuda pública, alcanzó $ 11.616 millones; ahorro que supera en un 53% a los escasos $ 7.560 millones que el Sector Publico Nacional destinó a la educación.

Hemos pagado en forma adelantada la deuda por U$S 9.700 millones al Fondo Monetario Internacional; unos $ 30.000 millones, monto que supera con creces el conjunto del gasto educativo en el 2006 de los estados nacional y provinciales, incluyendo a la Ciudad de Buenos Aires..

A la par no solamente no se han eliminado sino que se crean nuevos subsidios a las grandes empresas y a los sectores privilegiados. Los diversos subsidios a los ricos, vigentes por medio de exenciones tributarias suman, según la estimación oficial informada en el mensaje del presupuesto 2007 $ 6.500 millones, incluyendo las exenciones a las rentas financieras, privilegio del que solo gozan en la Argentina, y que alcanzará en el 2007 $ 1.699 millones.

En la misma información sobre el "gasto tributario", impuestos no cobrados por diferentes exenciones, vemos que los diferentes regímenes promoción industrial los grandes conglomerados, que concentran el dominio de nuestra economía, obtienen subsidios por $ 5.189 millones. El total incluye los subsidios vigentes por la leyes 25.924 y 25.988, propuestas por la actual gestión gubernamental y que insumirán en el 2007 $1.700 millones.

Bajo un régimen sumamente favorable la creciente explotación minera, que está siendo crecientemente cuestionada por los daños ecológicos y los escasos beneficios que deja en los lugares en que se implementa, obtiene subsidios, también como exención tributaria, que ascenderán este año a $ 479 millones. Estos beneficios se acaban de extender al sector petrolero, del cual muchas cosas se puede decir, menos que carezca de rentabilidad.

La enorme masa de subsidios que se otorga a los mas privilegiados no solamente se encuentra en los impuestos no cobrados, también hay una creciente masa de recursos que se gastan en subsidios directos.

A las empresas concesionarias de transporte ferroviario y de peajes se les subsidia la ganancia, al igual que al transporte terrestre de pasajeros; estos subsidios insumen $ 2.787 millones, de los cuales *$ 969 millones se originan en que el estado se ha hecho cargo de las inversiones que les correspondía hacer a los concesionarios.

Los subsidios a las privatizadas también alcanzan al sector eléctrico. Los pliegos originales establecían que las inversiones eran su responsabilidad, de la cual se ha hecho cargo el estado y que en el 2007 insumirá $ 1.276 millones.

Como si esto fuera poco se amplían los subsidios, ahora para garantizarles a los productores de alimentos las enormes ganancias que obtienen en la exportación, dado el elevado valor de la moneda extranjera. Se acaban de aprobar o se están implementado subsidios a las producciones avícola, lechera, porcina, de ganadería por engorde a corral (feed lot), aceitero, y a los molinos de maíz y de trigo, que insumirían, según los trascendidos periodísticos, unos $ 600 millones anuales.

Consideramos, señor presidente, que carece de razonabilidad grandes empresas petroleras como Repsol YPF, grandes cerealeras como Dreyfus o aceitera General Deheza, reciban subsidios, al igual que el conjunto de la especulación financiera, mientras que continúa postergada la educación. Y ello pese a la grave crisis que padece el sistema educativo, como reconoce por el propio gobierno en los considerandos de proyectos de ley de como el de Financiamiento Educativo.

La diferencia entre el 6 % del PBI que fijaba la vieja y denostada -con razón - ley federal de educación, con las cifras de los distintos presupuestos observamos que: en 2003 faltaron de $ 7.300 millones; en 2004 $ 7.736 millones; en 2005 $ 8.626 millones; en 2006 $ 7.627 millones; en 2007 $ 6.574 millones, y según las estimaciones faltarían $ 5.277 millones en 2008 y 3.200 millones de pesos en 2009. Suma de $ 45.000 millones no invertidos en el sistema educativo, mientras se están otorgando beneficios impositivos y subsidios a no más de cien grandes conglomerados.

Esto es lo que nosotros cuestionamos: la prioridad en favor de las grandes empresas y relegando las urgentes necesidades de los más pobres. Una mayor inversión educativa mejora justicia social al mejorar la distribución del ingreso, las subvenciones a las transnacionales, de origen nacional o no, hacen todo lo contrario.

Además proponemos modificar la distribución de recursos entre la nación y las provincias, dado que estas últimas no pueden garantizar que van a establecer la extensión horaria, la universalización de la educación inicial, la obligatoriedad de la escuela media, con las erogaciones que implican en lo edilicio, los salarios, el mantenimiento y la capacitación, ya que actualmente destinan el 95% de su inversión educativa a los salarios docentes.

En razón de que hay recursos y posibilidad de hacerlo planteamos que es necesario declarar la emergencia educativa y disponer de los recursos sin dilaciones.