La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su más enérgico repudio a la detención y represión por fuerzas policiales antidisturbios de la provincia de Corrientes, enviadas por el gobernador, a un grupo de ambientalistas de la organización "Salvemos al Iberá", el pasado 14 de abril, que había instalado un campamento a la vera de la ruta 40 contra la toma ilegal de agua por parte de las arroceras que operan en Colonia Pellegrini.

Señor presidente:

El pasado 14 de abril fue detenido un grupo de ambientalistas de la organización "Salvemos al Iberá", que había instalado un campamento a la vera de la ruta 40 contra la toma ilegal de agua por parte de las arroceras que operan en Colonia Pellegrini. En una acción de abuso de la fuerza pública, la protesta fue reprimida por las fuerzas policiales antidisturbios enviadas por el gobernador.

Quince personas -cinco menores entre ellas- fueron detenidas en un enérgico operativo de 60 efectivos entre infantería, sección Canes y la Patrulla Rural e Islas de la ciudad de Mercedes. La rapidez en el desalojo contrasta con la pasividad que mantiene el gobierno a través del Instituto del Agua y el Ambiente para hacer cumplir los fallos de la justicia que condenan a las arroceras a regularizar su situación.

La ONG viene denunciando hace años el funcionamiento irregular de la arrocera Zampedri-Zambón, que extrae agua pública de la Laguna Iberá sin contar con ningún tipo de permiso ni evaluación de impacto ambiental. Lamentablemente no es el único caso: en los Esteros del Iberá existen diez arroceras construidas dentro de esta reserva natural que se encuentran al margen de la ley, llevándose de manera gratuita y sin autorización uno de los recursos más preciados en la provincia: el agua.

El Gobernador Ricardo Colombi debería proteger este recurso en lugar de reprimir a quienes lo defienden. Desde la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías sostenemos que el de Corrientes es un ejemplo más de la entrega de nuestros recursos naturales por parte de los gobiernos provinciales al sector privado. El Agua debe ser declarada en nuestro país como derecho humano esencial para la vida y dejar de ser considerada como una mercancía más.

Por todo lo expuesto es que solicito a los compañeros/as diputados/as acompañen con su voto el presente proyecto de resolución.