La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Que vería con beneplácito que el Poder Ejecutivo Nacional, a través de los organismos correspondientes, arbitre todos los medios y recursos tendientes a la localización de los restos de la aeronave de la Fuerza Aérea Argentina matriculada como TC 48, siniestrada el 03 de diciembre de 1965 y desaparecida desde entonces.

Señor presidente:

Para los argentinos el 3 de diciembre de 1965 marcó el inicio de una profunda tragedia, cuya solución definitiva aún se aguarda. En aquella fecha, uno de los dos aviones de la Fuerza Aérea Argentina afectados al viaje de instrucción de los cadetes de la Escuela de Aviación Militar que finalizaban su carrera de formación como oficiales, fue dado por desaparecido tras declararse en emergencia.

La aeronave, un aparato Douglas DC-54, matriculado como TC 48, trasladaba 67 personas. Entre ellas, 54 cadetes, menores de 25 años de edad. El último contacto, previo al siniestro se concretó sobre aguas del mar Caribe.

Desde entonces, se desconoce el destino cierto de esos hombres que representaban a las Fuerzas Armadas argentinas en el exterior. La siguiente es la nómina de estos integrantes de nuestra Fuerza Aérea que nunca retornaron a la Patria: Comandante Renato Felippa; primer piloto Capitán Miguel Moyano; segundo piloto Capitán Esteban Viberti; navegador Comandante Luis Merlo; mecánico Sargento Primero Basilio Ronchen; comisario Sargento Primero Roberto Mendoza; oficial de apoyo técnico Capitán Jorge S. Horta; Mecánico Suboficial Armando Fernández; los oficiales acompañantes Comodoro José A. Fonseca, Comandante Mario N. Zurro, Comandante José Carlos Losano, Capitán Miguel Álvarez Paz, Primer Teniente Jorge E. Olocco; y los cadetes Jerónimo L. Terradas, Raúl A. Ramello, Ricardo Salomón García, Ricardo Montenegro, Salomón Ortiz Ugaz Calderón (peruano), Carlos E. Guarneri, Roberto L. Pessana, Roberto Gonzalez de Luca, Alberto S. Senas, Mario O. Castellano, Juan Seco Rincón, José L. Ferletic, Jorge L. Bertoño, Juan Tomilchenko, Héctor M. Becerra, Bartolomé Vesco, Marcelo Pirusel, Adalberto Carrillero, Juan C. Santiago, Juan C. Rollo, Ricardo A. R. Guzzo, Victor Colantonio, Alfredo L. Trigo, Osvaldo Giussani, Juan Alguacil, Carlos J. Marchesoni, Jorge Sellares, Lorenzo Martinez, Mario A. Perez, Juan J. García, Julio M. Pereyra, Federico Rufino Bremme, Héctor C. Atie, Luis R. Belles, Jorge J. Stamelos, Roberto Ramaglia, Roberto Stangliano Castelar, Jorge A. Sánchez, Oscar R. Tadeo, Raúl D. Ortiz, Carlos E. Catalá, Argentino Rodeyro, Julio S. Gamen, Orlando P. Bravino, Oscar Vuistaz, Antonio Mondedeu, Juan C. Monferini, Enrique M. Páez, Roberto J. Vitteta, Benjamín Labroussans, Lui M. Origone, David C. Gauna, Pedro A. Zabaleta y Walter H del C. de J. Almada. Todos ellos representan una herida abierta en nuestra historia; una dolorosa huella de familias cercenadas y sueños truncos.

Peor aún, el triste infortunio de estos argentinos se llena de oscuridad ante la falta de respuestas precisas. De hecho, a partir del accidente, dos versiones sumaron confusión y dudas sobre el caso. Una, la postura oficial de la Fuerza Aérea Argentina, señaló que la aeronave amerizó tras la emergencia, falleciendo todos los ocupantes, cuyos restos habrían sido devorados por tiburones. Otra hipótesis plantea que el avión se precipitó sobre el continente, en medio de la selva que cubre el sur costarricense. Ninguna comprobación, hasta hoy, aportó certezas sólidas.

La angustia, sin embargo, sí resulta una certeza para quienes sufren por la desaparición de sus seres queridos. Los indicios contradictorios, e inclusive la presunta adulteración probatoria para fortalecer la postura oficial, niegan la paz necesaria y el sosiego de quienes aún esperan el regreso de estos mártires de la aeronáutica nacional.

Los poderes del Estado no pueden olvidar a quienes ofrendaron su vida en actos públicos de servicio. Tampoco pueden abandonarles en tierras o aguas extranjeras sin crear un vil antecedente de ingratitud y desidia. En este caso, corresponde a las autoridades nacionales la responsabilidad formal y moral de asistir a las víctimas, directas e indirectas. Existe, pues, una evidente deuda sobre ellas.

Además, los avances tecnológicos permitieron mejorar radicalmente las operaciones de búsqueda y localización de restos siniestrados. Actualmente, entidades de investigación científica como la NASA norteamericana y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) desarrollan métodos de rastreo que facilitan la observación de zonas recónditas o inaccesibles, como se trata de la espesura de la selva. De hecho, la propia República de Costa Rica se habría valido de tales recursos para buscar el TC 48 en su territorio, durante 2006. Ello abre una esperanza. Pero, aún así, supone una amarga conclusión: los esfuerzos de una nación hermana han superado a aquellos que comprometiera la Argentina para recuperar a sus propios compatriotas.

En este momento de nuestra cultura política, cuando hemos aprendido que el conocimiento del destino de los familiares desaparecidos se erige como un derecho humano elemental, sólo cabe a nuestra H. Cámara insistir en la necesidad de redoblar esfuerzos para arribar a conclusiones sustantivas.

En consecuencia, corresponde alentar a la administración nacional, ejercida desde el ámbito del Poder Ejecutivo, a retomar las tareas de búsqueda, instruyendo a quien corresponda para coordinar e implementar las actividades necesarias. Con el auxilio de la tecnología disponible, la cooperación interinstitucional y la voluntad de acción que merecen nuestros caídos, comenzaremos a saldar una deuda de honor y respeto que agregó sufrimiento al luto que todavía guardan numerosas familias en nuestro país.

Por todo ello, solicito a los Señores Diputados la aprobación del presente proyecto de Declaración.