La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo para solicitarle que:

1.- Disponga el retiro de las fuerzas militares y policiales que se hallan en la República de Haití como parte de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en ese país caribeño.

2.- Inste a los gobiernos de las hermanas repúblicas de Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay a adoptar medidas similares.

Señor presidente:

Hace pocos días, miembros de la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) descargaron una feroz represión contra ciudadanos haitianos que, tal como se informó en un primer momento, dejó un saldo de cinco muertos y decenas de heridos. Posteriormente, un relevamiento efectuado por la Red de la Defensa de los Derechos Humanos de Haití (RNDDH) determinó que el número de heridos alcanzó a 268.

Las víctimas de la metralla de la MINUSTAH no integraban bandas armadas ni facciosas; eran, simplemente, hambrientos que reclamaban por el fuerte aumento del precio del arroz, un grano que es básico en la dieta haitiana y que de costar 0,70 dólares el kilo había pasado a cotizarse a 1,40. Para tener una idea de lo que este precio significa, corresponde recordar que tres de cada cuatro haitianos disponen de menos de dos dólares diarios para vivir y que el 45 por ciento de sus niños está desnutrido.

Viles Alizar, Secretaria Ejecutiva de la RNDDH, calificó de exagerado al armamento utilizado por los soldados de la MINUSTAH para reprimir a los hambrientos manifestantes y solicitó a las autoridades de Haití la constitución de una comisión que investigue a los responsables de la violenta represión.

A esta altura, vale recordar que el mandato de la MINUSTAH tiene, al menos en lo declamativo, un fuerte compromiso con los derechos humanos. En efecto, a la Misión se le encomendó:

a) Apoyar al Gobierno de transición, así como a las instituciones y grupos haitianos de derechos humanos, en sus esfuerzos por promover y proteger los derechos humanos, particularmente los de mujeres y los niños (...)

b) En cooperación con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, vigilar la situación de los derechos humanos, incluida la situación de los refugiados y las personas desplazadas que regresan, y presentar informes al respecto.

Muy lejos de asumir estas tareas, miembros de la MINUSTAH se han visto involucrado en reiteradas violaciones de derechos humanos que -para no hacer una tediosa enumeración - resumiremos en con un párrafo extractado del articulo Haití: la MINUSTAH, un mandato fuerte, una interpretación frustrante de la periodista española Elena Couceiro Arroyo, quien en 2005 escribió:.

"A pesar de que su mandato en derechos humanos es de los más fuertes de la historia de la ONU, la MINUSTAH no ha generado ningún informe público y accesible sobre esta situación; no deja de colaborar con la PNH (Policía Nacional Haitiana), a pesar de las documentadas violaciones de derechos humanos que caracterizan a este cuerpo; participa en operaciones de ataque indiscriminado en zonas como Cité Soleil; y no investiga casos como el de una enorme fosa común en Titanyen, donde la PNH se deshace de los cadáveres de los detenidos".

Como se ve, muchas son diversas las violaciones de derechos humanos en Haití. Cabe, entonces, que nos preguntemos ¿quién es responsable de esas violaciones? En otras circunstancias, responderíamos que tal responsabilidad recae en el Estado haitiano; pero ocurre que en 2004 las Naciones Unidas decidieron intervenir en la nación caribeña por considerar, entre otras cuestiones, que carecía de un Estado capaz de actuar como tal. En virtud de esta caracterización, el Consejo de Seguridad de la ONU no dudó en ocupar el territorio haitiano. Primero lo hizo con la denominada Fuerza Multinacional Provisional; luego con la MINUSTAH. Por eso, se hace necesario reformular nuestra pregunta inicial en los siguientes términos: ¿en quién recae la responsabilidad de la violación de los derechos humanos en un país ocupado? La respuesta es obvia: en el ocupante.

Lamentablemente, debemos reconocer que en el caso bajo análisis, el ocupante es una Misión que cuenta en sus componentes militar y policial con importantes contingentes de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay.

Resulta inconcebible que un país como el nuestro, cuyo gobierno ha hecho de los derechos humanos un dogma, acepte la permanencia de sus efectivos en una fuerza que -debiendo ser de paz- perpetúa el terror en Haití.

Ante esta contradictoria situación, consideramos que la República Argentina debe retirar a sus militares y policías de la MINUSTAH y que, consecuente con su postura, el Poder Ejecutivo debe instar a sus pares latinoamericanos a que adopten decisiones similares.

Por tal motivo, solicitamos la aprobación de este Proyecto de Resolución.