La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo a los fines de que informe:

1) Si se produjeron desvíos de información contenidos en las bases de datos de la ANSES hacia empresas privadas que brindan información comercial al público;

2) De haberse producido este desvío, si se están efectuando los sumarios correspondientes, si se separaron funcionarios de sus cargos, si desde la ANSES se iniciaron las acciones judiciales al respecto y de ser así, que juzgado interviene;

3) Cuales son las medidas de seguridad adoptadas por Anses a los efectos de evitar el tráfico de datos confidenciales de quienes se encuentran registrados en las bases de datos de dicho organismo

Señor presidente:

Existen denuncias ante la justicia federal sobre el presunto trafico de datos desde Anses hacia a una empresa privada, de una base de datos con información confidencial sobre 12 millones de afiliados a obras sociales y beneficiarios de planes para desocupados.

Esos archivos contendrían datos básicos de los empadronados, como nombre, número de documento y domicilio, y otros que sirven para establecer su perfil socioeconómico, como puesto de trabajo y cantidad de personas a cargo.

Después de más de un año de investigación y de un allanamiento en la sede central de la Anses, el juez federal Julián Ercolini citó a declarar como sospechosos del posible tráfico de información a un ex gerente de Control del organismo; a un gerente de Control Prestacional, y a un empresario titular de una firma de evaluación de riesgo crediticio.

El caso se conoce cuando el Gobierno intenta ordenar, a partir de la instrumentación del Registro Nacional de Bases de Datos, el uso indiscriminado de los datos personales. Aprobada hace más de cinco años, la ley de hábeas data fijó las pautas para "la protección integral de la información personal asentada en archivos, registros y bancos de datos públicos y privados".

La causa ante la justicia federal se inició en febrero del año pasado por una denuncia de Guillermo Marijuán, titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones sobre la Seguridad Social (Ufises).

De acuerdo con la denuncia de Marijuán, tras obtener por vía legal varios CD con la base de datos, un funcionario de Anses hizo consultas a los empleados del área de sistemas sobre el manejo de los archivos. En una ocasión, incluso, pidió a una de sus asistentes que le transmitiera telefónicamente las instrucciones a un empresario privado que comercializa información crediticia, según relataron las fuentes.

Ante la Justicia, un testigo que trabajaba en Anses declaró que les había llamado mucho la atención que, pese a la insistencia por conseguir la base de datos, el funcionario de dicho organismo no hubiera dado ninguna instrucción precisa sobre qué hacer con ella.

La protección de los datos personales tiene jerarquía constitucional en la Argentina. La Constitución Nacional, en el artículo 43, habilita a presentar una "acción expedita y rápida de amparo" a toda persona que quiera "tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad que consten en registros o bancos de datos públicos o los privados destinados a proveer informes". Establece, además, que la acción de amparo también podrá ser utilizada "en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización" de esos datos personales.

Sin dudas, lo mas grave del caso es "la manipulación de datos" en que podrían haber incurrido funcionarios de la Anses dado que se podrían usar para una política comercial direccionada.

Es por dicho motivo que solicito se me acompañe con este proyecto de resolución.