La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar la urgente instrumentación de la Ley 26.707 que crea el Juzgado Federal de Primera Instancia de Tartagal, provincia de Salta, junto con una fiscalía de primera instancia y una defensoría pública oficial.

Señor presidente:

La lucha contra el narcotráfico es sin lugar a dudas una cuestión transnacional que requiere de la cooperación de todos los países. Sus causas y eventuales soluciones no podrían detectarse si tan solo nos limitáramos a observar la realidad de nuestro país sin analizar el contexto internacional. Ahora bien, ello no implica que el gobierno deba desentenderse del problema sino todo lo contrario. Precisamente se requiere por parte del Poder Ejecutivo Nacional del desarrollo de políticas "de estado" para la prevención de la drogadicción y lucha contra el narcotráfico con una mirada integral del problema.

En los últimos años la Argentina enfrenta un problema ascendente y con impacto tanto en su sistema de salud como en la seguridad nacional. El calificativo de "país de tránsito" ya se encuentra muy alejado de la realidad. Los productores, distribuidores y comerciantes de drogas ilegales encuentran en nuestro territorio un ámbito propicio para llevar a cabo sus negocios. El creciente aumento de laboratorios clandestinos (el informe mundial de drogas 2011 emanado de la United Nations Office of Drugs and Crime da cuenta de la existencia de 20 laboratorios de cocaína) sumado al masivo flujo de efedrina hacia México para la producción de metanfetamina son hechos facticos que dejan al descubierto el déficit gubernamental en políticas de combate contra el narcotráfico. Otro dato que verifica la situación planteada es la constatación de aproximadamente 80 vuelos ilegales mensuales en la provincia de Salta, siendo esta una zona sensible al narcotráfico y contrabando.

Asimismo el 5 de marzo del corriente año la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) al emitir el informe anual correspondiente al año 2012 considero que nuestro país es un alto productor de precursores químicos para el desarrollo de drogas. A su vez manifiesta una grave preocupación por el consumo de drogas sintéticas: "El temor justificado de la propagación del consumo de drogas sintéticas en América del Sur puede verse corroborado por la incautación de importantes cantidades de estimulantes de tipo anfetamínico en 2011 en los países de la región, entre ellos la Argentina, el Brasil, Chile, Colombia, el Ecuador y el Uruguay." En igual sentido continua expresando que: "También siguieron infundiendo temor los niveles crecientes de consumo de drogas sintéticas por los jóvenes en América del Sur. Se comunicó una elevada prevalencia anual del uso indebido de estimulantes de tipo anfetamínico en ese grupo, por ejemplo, en la Argentina, Chile y Colombia. Según la información más reciente facilitada por los gobiernos, el 1,4% y el 1,6% de los jóvenes de 15 y 16 años consumieron MDMA (éxtasis) en la Argentina y Chile, respectivamente, en los 12 meses anteriores.

En consonancia con lo expresado en párrafos anteriores debe destacarse como muy preocupante la falta de control sobre las fronteras y el espacio aéreo. Se calcula que en el norte argentino, de la cordillera al océano Atlántico, existen alrededor de 1.500 pistas clandestinas. Asimismo se calculo que entre Argentina y Bolivia existen 750 pasos clandestinos, mientras que con el Paraguay la cifra oscila en los 70.

El déficit también está presente en el funcionamiento de la justicia federal. Actualmente en la provincia de Salta se encuentran funcionando dos juzgados federales en la capital y uno en la ciudad de Oran. Estos tres juzgados tienen a su cargo más de seis mil causas vinculadas con el narcotráfico, existiendo la posibilidad que muchas de ellas prescriban por la falta de infraestructura y personal necesario.

Por medio de la Ley 26.707 se creó un nuevo juzgado federal multifuero en la ciudad Tartagal con jurisdicción sobre los departamentos de Rivadavia y San Martin. Este juzgado tiene previsto contar con cuatro secretarias: dos con competencia penal, una con competencia civil, comercial, laboral, contenciosa administrativa y de la seguridad social, y una con competencia fiscal y penal tributaria. A su vez la norma crea una fiscalía de primera instancia y una defensoría publica oficial. Lamentablemente hasta el día de la fecha dicho juzgado no se encuentra en funcionamiento.

Resultaría de vital importancia llevar adelante todas las medidas que resulten necesarias para implementar dicho organismo judicial. La puesta en práctica del mismo alivianaría en forma considerable el desempeño del resto de los juzgados conllevando consecuentemente a un mejor funcionamiento de la justicia.

Dado que la problemática del narcotráfico es una cuestión sumamente grave, y por tanto requiere de la adopción de medidas complementarias es que el presente proyecto no se presenta de modo aislado, sino que forma parte de un conjunto de iniciativas que pretenden dar una respuesta integral a un problema de fondo.

Por los motivos expuesto solcito a mis pares la aprobación del presente proyecto.