La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo y por su intermedio a quien corresponda, a fin que informe acerca de las siguientes cuestiones a saber:

1) Detalle de las empresas que se vieron beneficiadas por la asignación de publicidad oficial desde enero del 2007 a la fecha. Detalle de montos percibidos y datos comerciales de las empresas beneficiarias.

2) Detalle de las partidas presupuestarias destinadas al pago de publicidad oficial ejercicios 2007 y 2008. Incrementos presupuestarios programados con fondos provenientes de otras jurisdicciones. Ejecución presupuestaria a la fecha.

3) Listado de medios de comunicación aspirantes a recibir publicidad oficial y que no han obtenido respuesta oficial a la fecha.

4) Criterios que utiliza TELAM para la asignación de la publicidad oficial y criterios de priorización de pagos a los proveedores.

5) Montos asignados a la empresa Action Media el los últimos dos años y detalle de los contratos de publicidad y contenido publicitado.

6) Informe pormenorizado sobre el hallazgo de 15.000 pesos en la agencia TELAM, denunciado por el subgerente general Sr. Carlos Fernández y acciones realizadas para determinar responsabilidades penales si correspondieran.

Señor presidente:

La Declaración de Chapultepec sobre Libertad de Prensa (1994) es taxativa al enunciar que "Ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público".

En nuestro país venimos presenciando varios episodios de discriminación contra medios de comunicación que se ven afectados al retirársele la pauta de publicidad oficial cuando el gobierno entiende que son "medios de oposición", tal como lo señala la Sra. Presidenta en varios de sus discursos oficiales.

Diferentes medios argentinos han sufrido una suerte de castigo oficial, al verse reducidas sus posibilidades de acceder a la publicidad y varios otros son directamente confrontados por el gobierno por sus opiniones críticas.

En momentos donde la libertad de expresión se ve amenazada en la Argentina por varias acciones oficiales, por ejemplo la transferencia del Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) al ámbito de la jefatura de gabinete y la posterior resolución que obliga a respetar una grilla única de señales de cable, interfiriendo con la libertad de programación de los canales locales, es imprescindible que el Estado recupere su objetividad y ponga a disposición todos los canales de información necesarios para que la libertad de prensa se cumpla a rajatabla en todo el territorio nacional.

Por otra parte en relación a la publicidad oficial varios informes e investigaciones privadas como la de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y Poder Ciudadano, muestran la evolución del gasto en publicidad oficial desde el 2003 hasta el 2007. Durante todo el año 2003 se gastaron 46.267.906.00 pesos, en el año 2004 la suma se duplicó a 99.815.380.00 pesos, en el 2005 el gastó llegó a 127.462.075.00 pesos, en el 2006 la pauta oficial trepó a 209.638.868.61 pesos y en el 2007 durante los diez primeros meses el gasto ascendió a 270.729.286.04 pesos. A su vez el informe de ADC, sostiene que en todos casos los presupuestos originales, fueron largamente superados por la ejecución final.

Además el 15 de abril el Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido denunció al Secretario de Medios, Enrique Albistur, por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, al vincularlo con varias empresas publicitarias. A través de distintas asignaciones estas empresas se vieron beneficiadas con una cifra cercana a los 10 millones de pesos, en la investigación que lleva adelante pauta oficial, según la información que trascendió en varios medios de comunicación y que es ya de público conocimiento.

La denuncia fue presentada en el Juzgado Federal Nº 9, en la cual Garrido señala que "los hechos descriptos...configuran en principio y al menos, el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, previsto y reprimido por el artículo 265 del Código Penal". Albistur Secretario de Medios, Alejandro Lenzberg Subsecretario de Gestión de Medios, Guillermo De Lella ex Director Nacional de Políticas Regionales y Gustavo Fernández Russo, Director General de Comunicaciones, son por ahora, los imputados por Garrido.

El fiscal federal Oscar Amirante, tomó la denuncia del fiscal Garrido y le pidió al juez Octavio Aráoz de Lamadrid que investigara al funcionario por presuntas irregularidades en los contratos de comercialización de la publicidad oficial.

El viernes pasado, asistimos a un nuevo episodio confuso en la Agencia de noticias oficial de la República Argentina (TELAM) cuando el subgerente general Sr. Carlos Fernández, denuncia la existencia de un sobre con 15.000 pesos en su escritorio, en la misma se menciona que José María Núñez Carmona, representante de la firma Action Media, estuvo en Télam el miércoles 30 de abril a última hora con el contador Fernández y que volvió el 3 de mayo, donde realizó una alusión que parecía indicar un nexo entre el dinero del sobre y la mayor agilidad de unos trámites administrativos tendientes al cobro de facturas de Action Media. Por lo que suponemos que este episodio de TELAM es un ejemplo de cómo se maneja el circuito de asignación y pagos en concepto de publicidad oficial hasta la fecha y la discrecionalidad en el cronograma de pagos existentes.

Entonces en el entendimiento de que nuestro rol de legislador amerita contar con toda la información necesaria pedimos al Poder Ejecutivo Nacional a través del organismo que corresponda, la información sobre las partidas que se asignaron durante los ejercicios 2007 y 2008, como así también las empresas beneficiarias y la forma de pago y efectivización del mismo a través de la agencia TELAM.

Asismismo solicitamos información sobre la propiedad de esas empresas, información que debe estar disponible en el organismo que efectúa los pagos y que corresponde obtener por ser sensible para la comprensión de los circuitos que el estado asigna para dar a conocer sus actos a través de los contratos de publicidad oficial.

El irrestricto acceso a la información es una premisa constitucional, una obligación del estado y un derecho de los ciudadanos que todos debemos velar. Es imprescindible un adecuado marco legal para la asignación y contratación de la pauta oficial, el cual implemente un sistema público de difusión periódica, que posibilite a los ciudadanos tener acceso directo a la información relativa a la forma en que se distribuye la pauta publicitaria oficial.

Por tal motivo Sr. Presidente, es que solicitamos se acompañe la aprobación del presente proyecto.