La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Citar en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional y el artículo 204 del Reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación al Sr. Ministro de Economía y Finanzas Públicas, el Lic. Amado Boudou y al Secretario de Comercio Interior, el Lic. Mario Guillermo Moreno a concurrir a la Comisión de Asuntos Constitucionales, a fin de brindar explicaciones vinculadas con las intimidaciones denunciadas por diversas consultoras que ofrecen información estadística económica.

Señor presidente:

Es de público conocimiento que la Dirección de Lealtad Comercial bajo la conducción de Adalberto Gabriel Rotella, envió el 1ero de Febrero del año en curso una carta en la cual se intimaba a varias consultoras privadas a responder dentro del plazo de 48 horas un cuestionario de 19 preguntas relacionadas con el modo de elaboración del índice de precios por ellas realizado.

Dicha dirección depende directamente de la Secretaría de Comercio Interior encabezada por el cuestionado Guillermo Moreno, quien en reiteradas ocasiones realizó manifestaciones y expresiones prepotentes e intimidatorias hacia sectores observados con recelo desde el Gobierno Nacional.

La actual credibilidad otorgada a los índices de precios realizados por consultoras privadas cobra preponderancia a partir de la infame intervención realizada al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) en el transcurso del año 2007. La misma provocó que una institución de reconocido prestigio a nivel internacional fuera desarticulado y deslegitimado generando un gran descreimiento por parte de la sociedad y serias denuncias por irregularidades por parte de los mismos trabajadores, algunos de los cuales fueron injustamente relevados de sus puestos, aún con años de trayectoria en los mismos.

Las intimidaciones denunciadas por las consultoras ameritan, desde nuestro carácter de representantes del pueblo de la nación, desarrollar todas las acciones necesarias con el fin de evitar, por parte de autoridades nacionales, acciones que impliquen censuras a las libertades individuales y colectivas.

A nuestro entender, resulta casi innecesario traer a la luz los derechos que nos asisten como ciudadanos, a desempeñar libremente la profesión que cada uno elige. Nadie podría negar que cada persona está en su derecho de desempeñar libremente la actividad profesional que haya elegido y que el resto de la ciudadanía reclame la información que estime más apropiada.

Sin embargo actos como los descriptos hacen entrever que todavía existen en nuestra sociedad rasgos de autoritarismo y de omnipotencia que implican censura y acallamiento de las voces que difieren del discurso oficial. La censura no sólo implica un daño directo a la libertad que tanto costó a esta República conseguir, sino que también trae aparejado un temor ciudadano que conllevará inevitablemente a futuras autocensuras.

Resulta imprescindible citar a los responsables políticos directos de tal controvertida decisión. Tanto el artículo 71 de la Constitución Nacional, como el artículo 204 del Reglamento de la Cámara de Diputados, nos otorgan la potestad de citar a los ministros del Poder Ejecutivo y los respectivos Secretarios a los efectos de proporcionar las explicaciones pertinentes.

Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.