La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

1) Totalidad de concursos públicos de oposición y antecedentes efectuados entre el año 2012 y hasta la fecha con el objeto de cubrir cargos previstos en los incisos b, c, d, y f del artículo 3 de la ley 24.946.

2) Fotocopia de la publicación de los llamados a concursos.

3) Nombres y cargos de los integrantes del tribunal convocado para la sustanciación de cada uno de los concursos que se hubieren realizado a la fecha.

4) Cantidad de ternas presentadas al Poder Ejecutivo como resultado de los distintos concursos públicos de oposición y antecedentes.

5) Nombres de cada uno de los integrantes de las ternas presentadas al Poder Ejecutivo indicando el cargo de magistrado a cubrir.

6) Nombramientos, elecciones o designaciones realizados por el Poder Ejecutivo de las respectivas ternas presentadas por ese Ministerio.

7) Acta y/o documentos por el cual el Senado de la Nación brindó los acuerdos correspondientes a las designaciones efectuadas.

Señor presidente:

La trayectoria de la actual Procuradora General de la Nación, Dra. Alejandra Gils Carbó, al frente del Ministerio Público ha dado sobradas muestras de encontrarse signada por un innegable encolumnamiento detrás de las distintas opiniones políticas del Poder Ejecutivo Nacional. Posturas de este tenor -si bien desde un punto de vista estrictamente personal no configurarían ilicitud alguna, pudiendo enmarcarse como garantizadas por el derecho constitucional a la libertad de opinión-, configuran un llamado de atención ante el posible quiebre del principio constitucional de la división de poderes.

Como es debidamente conocido, nuestra Carta Magna menciona al citado principio como uno de los pilares fundamentales de nuestra República, constando de un Poder Ejecutivo, un Poder Legislativo y un Poder Judicial; con el agregado de un órgano extrapoder, denominado Ministerio Público. Si bien este órgano tiene autonomía funcional, una de sus potestades es la de proponer las ternas de candidatos a Fiscales (en sus diferentes categorías) al Poder Ejecutivo, las que surgirán de distintos concursos públicos, siendo requisito indispensable el acuerdo posterior del Senado de la Nación.

En los ocho meses que la Dra. Gils Carbó lleva al frente del organismo, se habrían realizado una gran serie de nombramientos en cargos que requieren el procedimiento brevemente explicado en el párrafo anterior, el cual no pudo haber sido desconocido por quien posee tamaña responsabilidad institucional a su cargo.

A fin de despejar las innumerables dudas nacidas durante la gestión de la actual Procuradora General de la Nación, creando un manto de sospecha acerca de las supuestas irregularidades producidas en el nombramiento de fiscales, considero lo aquí mencionado una situación de extrema gravedad institucional, que exige una respuesta y aclaración inmediatas por las autoridades responsables.

Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto de resolución.