La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

1. Su enfático repudio ante el asesinato de la concejala indígena Juana Quispe, del Municipio de Ancoraimes, ocurrido el pasado 12 de marzo en La Paz, Bolivia, haciendo saber su pesar y solidaridad a la mencionada comunidad; reclamando esclarecimiento, justicia y castigo a los responsables.

2. Su adhesión a la preocupación expresada por la Sra. Michelle Bachelet, Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, en el sentido de que este crimen se podría enmarcar en un caso de Violencia Política de Género.

3. Su explicito rechazo y condena hacia toda forma de acoso y violencia política ejercida contra las mujeres que ejercen cargos públicos, y cualquier acto de discriminación por razones de genero; considerando necesario que la comunidad nacional e internacional se expida al respecto para que no se reiteren, y para que los Estados adopten las medidas necesarias para prevenir, evitar y castigar tales crímenes.

El señor Presidente de esta H. Cámara hará saber el contenido de la presente Declaración al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, y a la representación diplomática de Bolivia en la República Argentina.

Señor presidente:

El 12 de marzo próximo pasado fue asesinada la concejala indígena Juana Quispe del Municipio de Ancoraimes en La Paz, Bolivia. Su asesinato se da en un momento por demás complejo, ya que venía realizando denuncias públicas contra los concejales y el Alcalde de ese municipio por no permitirle participar de las sesiones del Concejo, además de recibir constantes amenazas y acosos. Los informes preliminares policiales manejan la hipótesis de que se trató de un asesinato por venganza de orden político, que se trató de caso de violencia política de género. Ante esta situación, queremos expresar nuestra más profunda preocupación, consternación y repudio frente al crimen, al tiempo que exigimos el esclarecimiento del caso.

Juana Quispe impulsó el proyecto de acoso y violencia política de género tras haber sufrido abusos físicos y verbales por parte de los concejales y Alcalde de su población. Este tipo de violencia tiene por objeto inhibir los derechos políticos de las mujeres y se expresa en acciones que van en contra de la integridad física de las personas. Estas acciones, que pueden expresarse mediante secuestros o golpes, tienen por objeto obligar a las mujeres a dejar sus cargos y, muchas veces, no son denunciados. El acoso y violencia política de género coarta el derecho ciudadano de participar en "la vida política libre de violencia", derecho reconocido por la constitución del país.

La concejala Quispe era integrante de la Asociación de Alcaldesas y Concejalas de Bolivia (ACOBOL), entidad que registró 160 casos de acoso político hacia autoridades mujeres durante el 2011. Dicha entidad, mediante las denuncias y testimonios sobre violencia política que recoge, elabora un análisis cuyos resultados arrojan que los principales actos de violencia contra las mujeres son: presión para que renuncien a su cargo de concejalas, para que renuncien a la política y a sus organizaciones políticas (36%); actos de violencia (sexual, física o psicológica) y exceso de autoridad (21%); impedimento en el ejercicio de sus funciones y alternabilidad ilegal de la concejalía (21%); congelamiento ilegal de su salario y el resarcimiento de gastos de amparo (9%); discriminación (7%); difamación y calumnia (6%).

No podemos permitir que hechos como el denunciado en este proyecto sigan sucediendo: la violencia de género constituye un obstáculo al pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, y en el caso de la violencia política de género, se busca inhibir y reducir nuestra participación en la política y en el liderazgo político, en detrimento de una práctica de política transparente y de valores tales como la equidad, la igualdad y la justicia.

Asimismo, adherimos al comunicado de repudio emitido por la Sra. Michelle Bachelet, Directora Ejecutiva de ONU Mujeres.

Por los motivos expuestos solicito a mis colegas, la aprobación del presente Proyecto de Declaración y la comunicación de sus contenidos.