La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios informe, por intermedio del órgano correspondiente, sobre lo siguiente:

1) Totalidad de fondos públicos girados a las Provincias en concepto de Coparticipación Federal durante el período 2012-2013, discriminado de acuerdo al año correspondiente y el monto recibido por cada Provincia.

2) Totalidad de fondos públicos girados a las Provincias de manera discrecional, por fuera de lo otorgado en materia de Coparticipación Federal, durante el período 2012-2013, discriminado de acuerdo al año correspondiente y el monto recibido por cada Provincia; especificando el tipo de acuerdo celebrado, el órgano o persona responsable de su administración, el objeto del mismo y el organismo encargado de fiscalizar su efectivo cumplimiento.

3) Totalidad de fondos públicos girados de manera directa a los Municipios de las distintas Provincias durante el período 2012-2013, discriminado de acuerdo al año y al Municipio correspondiente; especificando la partida presupuestaria destinada a tal fin; así como el Plan, Convenio o cualquier otro tipo de acuerdo que haya sido celebrado entre el Poder Ejecutivo Nacional y los Municipios, indicándose la fecha de celebración, las personas responsables que hayan recibido los fondos, el modo en el que han sido invertidos, el organismo de contralor estipulado para fiscalizar lo relativo al destino de los fondos, así como todo aspecto que configure relevancia a los fines de determinar el objeto del mismo y su efectivo cumplimiento.

Señor presidente:

El transparente uso y destino de los fondos públicos es de crucial importancia a los fines de una adecuada administración de los mismos.

En los últimos meses del corriente año ha sido de público conocimiento la gran cantidad de reuniones oficiales que desde el Poder Ejecutivo Nacional se han celebrado con Intendentes de distintas Provincias del país, aunque con mayor preponderancia de municipios de la Provincia de Buenos Aires -pertenecientes al oficialismo, en su gran mayoría-, a los fines de prometer fondos para la realización de obra pública. La situación de constante ahogo financiero que atraviesan muchas provincias -las cuales intentan hacer frente a los problemas sin recibir ayuda del Gobierno Nacional- sumado a la creciente inflación y la falta de infraestructura para prevenir y contener situaciones trágicas como las ocurridas en la provincia de Buenos Aires días atrás, generan dudas en cuanto al verdadero objetivo de estos aportes directos, habida cuenta de tratarse de un año electoral, en el cual la gestión municipal adquirirá una importancia trascendental a los fines de traccionar votos.

En tiempos en los cuales se encuentra en discusión la coparticipación de fondos nacionales y provinciales, el Poder Ejecutivo Nacional pareció echar por tierra la posibilidad de tal debate, con la sanción del "Procedimiento para Solicitudes de Ayuda Financiera conforme el artículo 3 del Decreto 2609/12" del 27 de Diciembre de 2012, que estableció este instituto modificando el Presupuesto del ejercicio 2012. En sus considerando se refiere a la urgencia de "modificar gastos no contemplados en el Presupuesto vigente para facilitar el normal desenvolvimiento de la Administración Pública Nacional". Asimismo, prosigue el Decreto de marras en sus considerandos 4 a 7, diciendo:

"Que resulta necesario establecer políticas y acciones de Estado que permitan fortalecer los niveles subnacionales de mayor descentralización, estableciendo las debidas facultades para poder implementar mecanismos de asistencia económica y financiera destinados a mejorar la eficacia, la capacidad de respuesta y el resultado de la gestión por parte de los gobiernos municipales

Que a fin de evitar demoras en las acciones precedentemente referidas, resulta necesario disponer con urgencia las adecuaciones antes descriptas correspondientes al Ejercicio Presupuestario 2012.

Que, asimismo es dable destacar que ante la falta de una rápida respuesta a los requerimientos presupuestarios, algunas jurisdicciones y entidades podrían verse perjudicadas debido a la falta de las pertinentes autorizaciones que se requieren para el normal desenvolvimiento de sus acciones, no pudiendo así atender los compromisos asumidos por las mismas, corriendo el riesgo de paralizar el habitual y correcto funcionamiento del Estado y de no estar en condiciones de atender sueldos, salarios y pasividades.

Que la Ley Nº 26.122 regula el trámite y los alcances de la intervención del HONORABLE CONGRESO DE LA NACION, respecto de los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en virtud de lo dispuesto por el Artículo 99, inciso 3 de la CONSTITUCION NACIONAL."

Este decreto fue reglamentado por la Resolución 13/2013 de fecha 16 de Enero de 2013, a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros, denominado "Ayuda financiera". Al hecho incontrastable de referirse a un decreto que modificó disposiciones del Presupuesto del año 2012, se le suma la falta de explicación y justificación del Poder Ejecutivo Nacional acerca de la "necesidad" y la "urgencia" de tales modificaciones unilaterales sin consulta al Congreso Nacional al momento de sancionar la llamada "Ley de leyes" del año en curso.

En consecuencia, la falta de precisiones en el cumplimiento de requisitos constitucionales que validen un Decreto de Necesidad y Urgencia, tornan imperioso que el Congreso Nacional requiera del Poder Ejecutivo la información indispensable e imprescindible a los fines de proceder a un correcto control de los actos de gobierno.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.