La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su repudio y preocupación por la agresión de la que fue víctima la reconocida militante por los Derechos Humanos María del Carmen Verdú, abogada e integrante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), el viernes 25 de abril de 2008, en el barrio de Almagro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-

Señor presidente:

Como sucedió en el pasado, cuando las madres de los presos desaparecidos increparon al poder para conocer el paradero de sus hijos y reclamar justicia, en la democracia nuevas madres del dolor se agregaron a esa tradición trágica de un país movido a duelos: fueron las madres de los jóvenes víctimas del "gatillo fácil" -el brutal eufemismo para nombrar los fusilamientos de la policía-, los que advirtieron a los argentinos que las fuerzas de seguridad no habían erradicado ni la tortura ni las sospechas sobre los jóvenes, como probó el "Caso Walter Bulacio", aquel chico de 17 años que había ido a un recital de los Redonditos de Ricota en abril de 1991, fue detenido junto a otros jóvenes y nunca regresó.

Tal como sucedió con los organismos humanitarios que denunciaron las muertes de la dictadura, nuevas organizaciones surgieron en la democracia: la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) nació en 1992, precisamente del encuentro de abogados y familiares que protestaban en la calle por la Masacre de Budge. Ante cada nueva muerte joven se fue haciendo visible la abogada Maria del Carmen Verdú, quien no sólo se ha convertido en una de las voces más comprometidas a la hora de la denunciar la violencia policial sino que ha llevado a la justicia a más de un torturador policial. Desde entonces, se convirtió en blanco de amenazas, que en los últimos tiempos -según reconoce la misma abogada-, han recrudecido. Fue precisamente el viernes 25 de abril, tras una marcha para recordar el asesinato de Bulacio, que Verdú fue perseguida por una motocicleta con dos hombres que en la calle Salguero al 400, a metros de la Avenida Corrientes, le rompieron el vidrio del auto y le graficaron con las manos que le iban a cortar la cabeza. Ese mismo día la abogada había visitado la redacción del diario Clarín para relatar las persecuciones e intimidaciones de la que es víctima y que tienen por objeto impedir que continúe con las denuncias y los juicios contra los asesinos de numerosos jóvenes, muertos todos a manos de policías.

La organización CORREPI interpretó las amenazas a la abogada Verdú como una clara intimidación "para que dejemos de actuar".

En virtud de estos argumentos, Sr. Presidente, es que solicito la aprobación del presente proyecto de resolución.-