La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional la destitución inmediata de la funcionaria pública Romina Picolotti, quien conduce la actual Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable; al haber dejado expuesto, el fuego en el Delta, fallas estructurales en la gestión de dicha funcionaria en la mencionada dependencia. El informe oficial sobre el despliegue anual de aviones hidrantes de dicha Secretaría no tenía previsto usar aviones hidrantes para combatir el fuego durante este mes, debido a que el análisis de los técnicos del área determinó que no habría incendios entre abril y junio de acuerdo a la información del patrón estadístico. El plan de despliegue anual de aeronaves hidrantes ha demostrado un grado alarmante de falta de idoneidad de quien conduce la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, ya que el mismo no contemplaba la implementación de acciones efectivas para situaciones excepcionales "de emergencia", como las vividas durante los últimos días a raíz del fuego ocasionado en la zona del Delta. Dichas acciones deben ser previstas por las autoridades públicas responsables del área, aunque no figuren en los "patrones estadísticos" relevados.

Señor presidente:

El fuego en el Delta ha dejado expuestas fallas estructurales en la gestión del Gobierno Nacional, fundamentalmente en la Secretaría que debería haber aportado una solución precisa y efectiva: la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. En estos días de incendios y humo se impuso una lógica pregunta: ¿por qué no se usaron desde el comienzo aviones para combatir las llamas? La respuesta es simple. O compleja, si se analizan las necesidades básicas de un país: el Estado no cuenta con aviones propios para el combate de incendios. El Gobierno tercerizó la lucha contra el fuego al contratar un servicio privado de aviones. Pero la Secretaría de Ambiente no tenía previsto usarlos este mes debido a que el análisis de sus técnicos determinó que no habría incendios entre abril y junio, según consta en el informe oficial sobre el despliegue anual de aviones hidrantes. Sin embargo, apareció el fuego. Intencional, según investigaciones judiciales, pero fuego al fin. El esquema de respuesta aérea programado por la Secretaría de Ambiente quedó entonces desarticulado.

En octubre de 2007 la resolución 607 de la Jefatura de Gabinete aprobó la licitación para el alquiler de aviones hidrantes. Por 7 millones de pesos se contrataron aeronaves de observación y de combate directo contra el fuego, con un cronograma que en su momento de mayor utilización, en enero y febrero, contó con 12 aviones. Pero a comienzos de este mes, el único disponible estaba en un foco en Misiones. En el documento oficial de la Secretaría de Ambiente, que desarrolla el plan de despliegue anual de aeronaves hidrantes se indicó: "En abril, mayo y junio no hay aviones desplegados preventivamente por la nula peligrosidad de incendios, al observarse el patrón de estadísticas". Lo que no supo contemplar el mencionado plan es que, un incendio de la magnitud desatada durante el corriente mes, es factible que se ocasione al margen de lo que los fríos números de la ciencia estadística arroja. El Estado debe estar preparado para actuar con solvencia y eficacia, tanto en ocasiones desafortunadas que cuadren dentro de los márgenes estadísticos, como en ocasiones que ocurran por afuera de dichos márgenes.

En la actualidad, no es esa institución militar la que encabeza la lucha contra el fuego. El Estado, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, contrata a civiles para esa misión. La dependencia antes mencionada, a cargo de Romina Picolotti, dividió el país en dos regiones para asignar los recursos aéreos alquilados. Entre Ríos y Buenos Aires integran la zona este, entre otras siete provincias. En esa parte de la Argentina, en ningún mes del año se asignan más de dos aviones hidrantes. Y como se explica en párrafos anteriores, entre abril y junio, no estaba dispuesto ninguno. Un plan sistemático contra incendios debió haber tenido un programa de acción alternativo para siniestros no contemplados en el patrón de estadísticas. El contrato de la secretaría establece que puede requerirse un avión de emergencia, con pago por el servicio adicional, pero no se cuenta con el aparato disponible en todo momento. Las situaciones imprevistas de "emergencia" no pueden ser atendidas con eficacia si el contrato establece en forma taxativa que no se podrá contar con la entera disponibilidad de las aeronaves. La programación del Plan Nacional de Manejo del Fuego establecía para estos días tener un solo avión en "alerta pasiva", no desplegado. Esa aeronave fue usada finalmente entre el 7 y el 10 del actual en un incendio de 80 hectáreas en Colonia San Jorge, en Misiones. En síntesis, no había aviones para atacar los focos iniciales del fuego en Entre Ríos. Alertas no faltaron en la Secretaría de Ambiente. Por casualidad, a comienzos de abril pasaron por la zona incendiada helicópteros del Ejército, que regresaban de una misión de apoyo en Bolivia. Como integrantes del Plan Nacional de Lucha contra el Fuego, los militares reportaron la novedad. Sólo volvieron al lugar dos semanas después, cuando el humo se volvió un problema para los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. De acuerdo a lo publicado por la prensa, fuentes oficiales que participaron de reuniones de planificación del combate contra el fuego no salían de su asombro: "No hay aviones y no le piden ayuda a Córdoba, que tiene sus propios hidrantes". El ex gobernador cordobés José Manuel de la Sota ideó un plan contra los incendios de su provincia, con el sostén económico de un aporte adicional gracias al impuesto al consumo de energía, que le permitió dotarse de cuatro aviones hidrantes. Córdoba cuenta así con recursos materiales que el Estado Nacional tiene que conseguir mediante alquileres.

En síntesis, el plan de despliegue anual de aeronaves hidrantes ha demostrado un grado alarmante de falta de idoneidad de quien conduce la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, ya que el mismo no contemplaba la implementación de acciones efectivas para situaciones excepcionales "de emergencia", como las vividas durante los últimos días a raíz del fuego ocasionado en la zona del Delta. Por los motivos expuestos, solicito que se apruebe el presente proyecto de resolución.