La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su preocupación por la decisión del fiscal de Instrucción de la Fiscalía Turno 1 de la ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba, Gustavo Marchetti, quien ordenó la detención policial de tres periodistas que daban cobertura al hallazgo en el río San Antonio de dicha ciudad del cuerpo de un joven, que había desaparecido el pasado jueves 13 de abril.-

Señor presidente:

El pasado martes 18 de abril se halló el cuerpo de un joven, que había desaparecido días atrás, flotando sobre el río San Antonio, en la ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba. Mientras cubrían la noticia, los periodistas Santiago Berioli, del diario "La Voz del Interior", Marcelo Cáceres de "Clarín" y Franco Martinazzo, camarógrafo de "VCP Hoy" de Carlos Paz fueron demorados por orden del fiscal de Instrucción Turno 1, Gustavo Marchetti, quien se encontraba en el lugar, argumentando que los profesionales habían traspasado el perímetro delimitado por la policía en torno al cadáver hallado en el balneario El Fantasio. Sin embargo, uno de ellos, Marcelo Cáceres, explicó que no había valla alguna y que, al llegar, fueron recibidos a gritos por la policía para evitar que se tomaran fotografías. La demora-detención se hizo sin que mediara ninguna imputación, pero con la clara intención, manifestada por el mismo fiscal, de evitar que las imágenes tomadas fueran divulgadas. Los tres cronistas fueron trasladados a la comisaría de Carlos Paz, donde permanecieron varias horas detenidos hasta que fueron liberados luego de la gestión realizada por el Círculo Sindical de la Prensa (CISPREN), la organización que nuclea a los periodistas en Córdoba.

Si la detención arbitraria de cualquier ciudadano sin que haya cometido un delito es una gravísima violación a los derechos, más grave es que quienes deben garantizar esos derechos sean los mismos que interfieren en el derecho constitucional de la sociedad a ser informada: en este caso, un fiscal, o sea un hombre del Poder Judicial, el poder que debe no sólo controlar las acciones del Estado sino garantizar el cumplimiento de las leyes y la Constitución. Cuando se interfiere en el trabajo periodístico no se ataca sólo al periodista sino que se impide el derecho de las sociedades a ser informadas, sin el cual no podremos hablar de ciudadanos de pleno derecho, capaces de discernir y actuar conforme a la información.

El cuarto poder que se le atribuye al periodismo deviene precisamente de ese derecho: el periodista no tiene poder en sí mismo sino el poder que le concede la expresión de la opinión pública. Por eso, nada revela mejor el desarrollo y la calidad de una democraciaque la independencia de sus periodistas porque presupone que cuanto mayor y mejor es la información que recibe una sociedad mayor es su independencia.

Poco se entiende que los periodistas deben estar al servicio del público como delegados de los ciudadanos que no pueden estar en los despachos de los gobernantes, en los tribunales de Justicia, en los Parlamentos. Se supone los periodistas deben hacer lo que no puedenlos ciudadanos. Un rol que mal se entiende: la libertad de prensa no es un privilegio del periodista, sino el derecho de las personas a recibir información de quien quiera que sea. El privilegio es de los lectores, o de las audiencias de radio y televisión.

El fiscal cordobés, en lugar de garantizar ese derecho, se arrogó la potestad de decidir qué debían informar los periodistas y, al permitir que los policías "presionaran" sobre los fotógrafos para secuestrar el material fotográfico, no sólo impidió la libertad de expresión del trabajo periodístico sino que impidió el acceso a la información de la ciudadanía.

Los periodistas cordobeses vienen denunciando desde hace tiempo una serie de presiones sobre la prensa para cancelar, precisamente, esa relación de contralor que define el trabajo periodístico. Es necesario que institucionalmente se alerte sobre estos rasgos de autoritarismo. Toda vez que se denuncia o manifiesta preocupación con las intimidaciones, presiones o interferencias directas en el ejercicio de la libertad de prensa se contribuye a reforzar conceptos fundamentales de una cultura democrática.

En virtud de lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto.-