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PROYECTO DE TP
Expediente 1914-D-2009
Sumario: CREACION DEL PROGRAMA INGRESO UNIVERSAL A LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. MODIFICACIONES A LA LEY 20628 DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS.
Fecha: 23/04/2009
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 34
El Senado y Cámara de Diputados...
Ingreso Universal a la Niñez y la
Adolescencia
Artículo 1º: Creación y objetivo. Crease el
Programa Ingreso Universal a la Niñez y la Adolescencia, con el objeto de garantizar la
igualdad de oportunidades y capacidades de todos/as los/as niños/as y los/as
adolescentes menores de dieciocho (18) años de edad, residentes en el país, a través de
una transferencia de ingresos monetarios directos del Estado, denominada Ingreso
Universal a la Niñez y la Adolescencia.
Artículo 2º: Creación del FIUNA. A los
efectos de la financiación del Ingreso Universal a la Niñez y la Adolescencia establecido
en el Artículo 1, se creará el Fondo del Ingreso Universal a la Niñez y la Adolescencia
(FIUNA) el cual operará de acuerdo a lo establecido en la presente ley.
Artículo 3º: Concepto. El Ingreso
Universal a la Niñez y la Adolescencia consiste en una prestación mensual de naturaleza
económica, no sujeta a gravámenes, intransferible e inembargable, que no otorga
derecho a recibir una prestación anual complementaria, y dirigida a promover el acceso a
la salud y hacer frente a los gastos básicos de subsistencia y educación.
Artículo 4º: Destinatarios/as. Dicha
prestación mensual está destinada a todos/as los/as niños/as y los/las adolescentes,
residentes en el país, desde su nacimiento hasta cumplir los dieciocho (18) años de edad.
También serán Destinatarias de la misma aquellas mujeres embarazadas, sin limitante de
edad alguno, residentes en el país, que acrediten su estado de gravidez mediante
certificado médico expedido por el sistema de salud público.
Artículo 5º: Responsable. Ante el
Programa será Responsable de los/as Destinatarios/as la madre, siempre que conviva con
él y no medie disposición legal o resolución judicial en contrario; en su defecto, el
padre, siempre que cumpla idénticos recaudos que los previstos para la madre; o el/la
tutor/a, si el/la destinataria estuviere bajo el régimen de tutela.
En caso que el/la Destinatario/a no
conviviere con su madre, padre o tutor/a, será su Responsable ante el Programa quien
probare fehacientemente la convivencia a través de una declaración jurada practicada
por ante la autoridad policial que corresponda según su domicilio avalada por el
testimonio de dos personas o un informe elaborado por un/a trabajador/a social
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación o su equivalente a nivel
provincial o local.
La persona designada como Responsable
percibirá la prestación aludida en el art. 3 y tendrá bajo su responsabilidad el
cumplimiento de las condiciones previstas en los arts. 8 y 9, y la efectiva utilización de
la prestación en beneficio de los/as Destinatarios/as.
Artículo 6º: Respecto de otras políticas
sociales. La percepción del Ingreso Universal a la Niñez y la Adolescencia no implicará
ningún tipo de incompatibilidad con respecto a las políticas sociales existentes y a
instrumentarse.
Artículo 7º: Requisitos para el cobro. La
persona Responsable estará a cargo de garantizar el cumplimiento de las condiciones
establecidas en los artículos 8 y 9 de la presente ley.
Artículo 8º: Condiciones de Salud. La
persona Responsable deberá garantizar los controles periódicos para su persona y/o para
los/as Destinatarios/as que se establecen a continuación:
a) Controles bimestrales de embarazo.
b) Controles mensuales de crecimiento
y desarrollo de niños y niñas desde su nacimiento hasta los seis (6) meses de edad.
c) Controles bimestrales de crecimiento
y desarrollo de niños y niñas desde los seis (6) meses de edad hasta un (1) año de
edad.
d) Controles trimestrales de crecimiento
y desarrollo de niños y niñas entre un (1) año y dos (2) años de edad.
e) Controles semestrales de crecimiento
y desarrollo de niños y niñas entre dos (2) años y cinco (5) años de edad.
f) Controles anuales de crecimiento y
desarrollo de niños, niñas y adolescentes desde los cinco (5) años hasta los dieciocho
(18) años de edad.
g) Vacunación obligatoria.
Artículo 9º: Condiciones de Educación. La
persona Responsable deberá garantizar las siguientes condiciones:
a) Procurar que los/as niños/as de entre
tres (3) y cuatro (4) años de edad asistan al jardín de infantes.
b) La inscripción en instituciones
educativas de todos/as los/as menores de entre cinco (5) y dieciocho (18) años edad.
c) Asistencia y permanencia de los
niños y las niñas de entre cinco (5) y dieciocho (18) años de edad, en el sistema de
educación formal.
Artículo 10º: Autoridad de aplicación. El
Ministerio de Desarrollo Social será la autoridad encargada de la administración del
Fondo del Ingreso Universal a la Niñez y la Adolescencia (FIUNA) y del pago del
Ingreso Universal a la Niñez y la Adolescencia.
El Ministerio de Desarrollo Social creará y
administrará un registro único de Destinatarios/as y Responsables. El mismo podrá ser
consultado a través de la página web oficial del Ministerio de Desarrollo Social.
Artículo 11º: Descentralización operativa.
El Ingreso Universal a la Niñez y la Adolescencia se implementará en todo el territorio
nacional. A tal efecto, el Ministerio de Desarrollo Social invitará a las Provincias y
Municipios de todo el país a la firma de Convenios, que proveerán los instrumentos
necesarios para la descentralización operativa, de manera de mejorar la cobertura y el
contralor de las contraprestaciones establecidas en la presente ley.
Artículo 12º: Contralor. El Ingreso
Universal a la Niñez y la Adolescencia y la administración del Fondo del Ingreso
Universal a la Niñez y la Adolescencia (FIUNA) estarán sujetos al contralor que se
llevará a cabo mediante la conformación de Consejos Sociales integrados por
representantes del gobierno nacional, de los gobiernos provinciales, municipales,
comunales y de las organizaciones de la sociedad civil de apoyo técnico al sector.
Artículo 13º: Evaluación. El Ingreso
Universal a la Niñez y la Adolescencia y la administración del Fondo del Ingreso
Universal a la Niñez y la Adolescencia (FIUNA) estarán sujetos a mecanismos de
evaluación y monitoreo en forma permanente, para permitir medir los resultados,
alcances e impactos y conocer la necesidades de correcciones u adecuaciones, siempre
en función de la mejor eficiencia y equidad de los recursos asignados, y garantizándose
la posibilidad de que tanto las personas Destinatarias como sus Responsables sean
oídas.
A tal efecto crease la Comisión Nacional
de Evaluación del Ingreso Universal a la Niñez y la Adolescencia (CNEIUNA), que
estará integrada por la autoridad de aplicación, expertos independientes y trabajadores/as
sociales, en los términos que fije la reglamentación.
Artículo 14º: Vías recursivas. Contra las
resoluciones administrativas de concesión, denegación, modificación, suspensión o
extinción del derecho al Ingreso Universal a la Niñez y la Adolescencia, se podrán
interponer todos los recursos administrativos y jurisdiccionales previstos en la
legislación vigente.
Artículo 15º: Financiamiento. El Fondo del
Ingreso Universal a la Niñez y la Adolescencia (FIUNA) creado en el Artículo 2, se
financia con:
a) El DIEZ POR CIENTO (10%) del
total de contribuciones patronales y aportes personales, realizados al S.I.P.A. creado por
la Ley 26.425.
b) El DOCE POR CIENTO (12%) de lo
recaudado por el Impuesto a las Ganancias, Ley Nº 20.628, texto ordenado por Decreto
649/97 y sus modificatorias.
c) Los recursos que anualmente fije el
Congreso de la Nación en el Presupuesto General de la Nación.
Artículo 16º: Reasignaciones. Reasignanse
al Programa Ingreso Universal a la Niñez y la Adolescencia y al Fondo del Ingreso
Universal a la Niñez y la Adolescencia (FIUNA), según corresponda, las partidas
presupuestarias, el personal, las instalaciones y los elementos de trabajo
correspondientes a: 1º) Programa Familias por la Inclusión Social creado por la
Resolución Nº 825/05 del Ministerio de Desarrollo Social; 2º) Prestaciones Asignación
por hijo, Asignación prenatal y Asignación por ayuda escolar anual para la educación
inicial, general básica y polimodal, establecidas en la Ley Nº 24.714, las cuales quedarán
derogadas.
Artículo 17º: Deróganse los incisos h), j),
k), l) y w) del Artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias Nº 20.628, texto
ordenado por Decreto 649/97 y sus modificatorias.
Artículo 18º: Sustitúyase el inciso b) del
Artículo 23 de la Ley de Impuesto a las Ganancias Nº 20.628, texto ordenado por
Decreto 649/97 y sus modificatorias, por el siguiente:
"b) en concepto de cargas de familia,
siempre que las personas que se indican sean residentes en el país, estén a cargo de el/la
contribuyente y no tengan en el año entradas netas superiores a NUEVE MIL PESOS
($9.000), cualquiera sea su origen y estén o no sujetas al impuesto:
1. DIEZ MIL PESOS ($10.000)
anuales por esposo/a, conviviente/cohabitante/concubino/a; persona con la que
conviviera en una relación estable homóloga al matrimonio.
2. CINCO MIL PESOS ($5.000)
anuales por cada persona incapacitado/a para el trabajo.
3. TRES MIL SETECIENTOS
CINCUENTA PESOS ($3.750) anuales por cada por cada adulto/a mayor a su
cargo".
Artículo 19º: Sustitúyase el Artículo 104
de la Ley de Impuesto a las Ganancias Nº 20.628, texto ordenado por Decreto 649/97 y
sus modificatorias, por el siguiente:
"Artículo 104 - El producido del impuesto
de esta ley, se destinará:
a) El DIECIOCHO POR CIENTO (18 %)
al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), para ser destinado a la atención de
las Obligaciones Previsionales Nacionales.
b) El DOCE POR CIENTO (12 %) al
financiamiento del Fondo del Ingreso Universal a la Niñez y la Adolescencia
(FIUNA).
c) El SETENTA POR CIENTO (70 %)
restante se distribuirá entre la Nación y el conjunto de las jurisdicciones provinciales
conforme a las disposiciones de los artículos 3º y 4º de la Ley Nº 23.548."
Artículo 20º: Monto y actualización. El
Ingreso Universal a la Niñez y la Adolescencia consistirá en una prestación mensual de
naturaleza económica cuyo valor mínimo será igual a la Canasta Básica Alimentaria
(CBA) para el adulto equivalente estimada mensualmente por el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INDEC).
El Poder Ejecutivo Nacional podrá
disponer de aumentos porcentuales del valor real del Ingreso Universal a la Niñez y la
Adolescencia, por sobre la Canasta Básica Alimentaria (CBA) para el adulto
equivalente.
Artículo 21º: Forma de pago. El Ingreso
Universal a la Niñez y la Adolescencia será acreditado dentro de los primeros CINCO
(5) días hábiles de cada mes, en la tarjeta de débito Ingreso Universal, que proveerá el
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA. Dicha tarjeta será única por Responsable y
no tendrá costo de emisión ni de mantenimiento.
Artículo 22º: Reintegro. Reintegrase a
través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el CINCUENTA POR CIENTO
(50%) de lo recaudado en concepto de Impuesto al Valor Agregado, a partir de las
operaciones de compra de alimentos y útiles escolares realizadas con la tarjeta de débito
Ingreso Universal a los/las titulares de las mismas.
Dicho reintegro será determinado y
acreditado mensualmente en la cuenta dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a
la finalización del mes calendario en el cual se hubieren realizado los pagos que motivan
dicha retribución.
La acreditación se efectuará en la misma
moneda que corresponda a la cuenta vinculada a la tarjeta de débito Ingreso Universal.
Artículo 23º: Inembargabilidad. Las
prestaciones mensuales del Ingreso Universal a la Niñez y la Adolescencia, dado su
doble carácter de alimentaria y de educativa, serán inembargables. No podrán ser
afectados total o parcialmente a favor de terceras personas o transmisible por cualquier
causa. No podrán ser objeto de compensación o descuento, y será absolutamente nulo
todo acto privado que implique privar o restringir el derecho a la prestación.
Artículo 24º: Facultase al P.E.N. a realizar
las adecuaciones presupuestarias necesarias a los fines de asegurar el cumplimiento
efectivo de la presente ley.
Artículo 25º: Comuníquese al Poder
Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país ha emprendido ya hace varias
décadas un camino que lo ha convertido en una de las naciones más desiguales del
mundo. Esta tendencia no ha sido revertida ni aún luego de 6 años de altos niveles de
crecimiento económico a tasas denominadas "chinas". Es por ello que consideramos que
es necesario cambiar el patrón distributivo de una sociedad en la que más de 10 millones
de personas viven en situación de pobreza y casi 4,5 millones en situaciones de
indigencia.
La importancia del presente proyecto se
pone de manifiesto cuando observamos que el 63% de esas personas pobres tienen
menos de 18 años (6,3 millones) y que el 68% de las personas en situación de indigencia
(3,1 millones) son menores de 18 años.
Para ponerlo en marco, pensemos que en la
Argentina hay 13,3 millones de personas menores de 18 años, y de ellas, el 47% son
pobres y el 23% son indigentes.
Es por ello que consideramos
indispensable comenzar un nuevo camino tendiente a cambiar el patrón distributivo.
Mediante este proyecto de ley, ponemos a
consideración la posibilidad de implementar un Ingreso Universal a la Niñez y la
Adolescencia, el cual debe ser interpretado como un nuevo paso en un camino
congruente con otras diversas iniciativas que hemos impulsado desde el Socialismo.
Un necesario cambio
de paradigma
James K. Galbraith,
hijo del brillante John K. Galbraith, director del Proyecto Desigualdad en la Universidad
de Texas-Austin y uno de los primeros en prever la actual crisis económica en 2004,
afirmó recientemente que "lidiar con la pobreza, en realidad, es la forma, más eficaz de
lidiar con la crisis económica, mucho más eficaz que la estrategia de dar dinero a los
bancos o a las grandes empresas. Es así como se restauran los flujos de renta, de
capital, y la capacidad de tomar crédito de la población y del sistema como un todo" (1)
.
Para ello creemos que
es una condición sine qua non abandonar algunas estructuras persistentes de
razonamiento que dificultan el avanzar hacia soluciones reales y que,
complementariamente, tienen una alta difusión dentro de la sociedad. Entre ellas
Bernardo Kliksberg (2) remarca:
a) Proyectar la solución
"para adelante":
Según este acercamiento, sólo hay que
esperar que el crecimiento económico obtenido a partir de ciertas metas
macroeconómicas se derrame automáticamente. "La evidencia empírica mundial
rectifica este supuesto. El crecimiento aún obtenido "no se derrama automáticamente".
Debe ir acompañado de otros cambios para que pueda llegar a las bases de la sociedad"
(3) .
b) La confianza ciega en
el mercado:
Frente a ello Lester Thurow afirma que
"los mercados libres tienden a producir niveles de desigualdad en los ingresos que son
políticamente incompatibles con el gobierno democrático" (4) .
c) El cuestionamiento de
la "legitimidad" del gasto social:
"El gasto social es considerado
mundialmente una inversión de alta reproductividad y con una relación insumo/producto
potencial de elevada dimensión" (5) .
Planteo
problematizador
En nuestro país, nos encontramos
frente a una doble problemática:
I. La pobreza extrema
convertida en un fenómeno de características estructurales frente al cual como sociedad
no hemos encontrado la solución; una problemática que se hace cada día más profunda
(6) .
Según un informe de la CTA, en
Octubre de 2008 (es decir antes de que se reconozca la existencia de una crisis
internacional) en nuestro país había alrededor de 10 millones de personas en situación de
pobreza y 4,5 millones en situación de indigencia. Ante el reciente informe oficial
elaborado por el INDEC, el cual indica que a fines de 2008 había 6,1 millones de
personas en situación de pobreza (15,3%) y 1,6 millones de personas en situación de
indigencia (4,4%), no se hicieron esperar las respuestas.
La consultora Equis estimó que la
pobreza afectaba a alrededor del 25% de la población (9,6 millones de personas), la
consultora SEL estimó el nivel de pobreza en un 32% (14 millones de personas) y la
indigencia en un 10% (4 millones de personas), para la CTA la pobreza afecta al 28,9%
(12 millones de personas) y la indigencia al 12,2% (5 millones de personas). Frente al
15,3% oficial de pobreza, las estimaciones privadas van desde un 25% a un 32%, y
frente al 4,4% oficial de indigencia, entre un 10% y 12,2%.
Para ser más gráficos,
y más allá de las manipulaciones estadísticas, por lo menos uno/a de cada cuatro
argentinos/as es pobre, y uno/a de cada diez es indigente, y por lo tanto sufren totales
privaciones para el ejercicio efectivo de sus derechos.
II.
Complementariamente, encontramos su correlato en un modelo económico y
social que no logra revertir la herencia de creciente desigualdad, sino que tiende a
profundizarla.
Esta problemática que compartimos
con toda América Latina (la región más desigual del mundo), "se ha mantenido más o
menos inalterada en ciclos de expansión o recesión, con gobiernos democráticos y
militares, de izquierda o derecha" (7) .
Es así que en nuestro país, si bien
hubo una leve mejoría en los niveles de desigualdad (medidos a través del Coeficiente
de Gini), hacia 2008 los estudios privados muestran como, a partir del proceso
inflacionario, los niveles de desigualdad económica han vuelto a crecer.
"Argentina es el reiterado ejemplo
del desastre capitalista en su fase neoliberal. Luego de haber sido durante la mayor parte
del siglo pasado el país más igualitario de la región, pasó a ser uno de los más
desiguales" (8) .
Si analizamos otro indicador de la
desigualdad, la brecha/relación (número de veces) entre los ingresos del 10% más rico y
al 10% más pobre, en 2008 fue de 28,7 veces mientras que en 1998 (pleno
"menemismo") era de 22,8 y en 1975 (antes de la última dictadura militar) era de 9,5
veces.
"Pero las cifras,
siempre frías, no dan cuenta del deterioro social e institucional, de las dificultades de la
democracia para trazarse un camino. No distinguen, por ejemplo, entre pobres y
pobres, entre nuevos y viejos pobres, entre pobres y marginales. Mucho menos dan
cuenta de las conmociones sociales que la pobreza y la marginalidad generan. Tampoco
hablan del deterioro institucional necesario para que la desigualdad masiva se
concretase, para que esos pobres viejos y nuevos resultaran tales por haber transferido
riqueza a viejos y nuevos ricos" (9) .
A esta doble problemática de
carácter estructural, debemos sumarle un elemento coyuntural como la crisis
internacional (ya no solamente financiera, sino también productiva) y sus impactos sobre
la economía de nuestro país, y por lo tanto, sobre los niveles de pobreza y de
desigualdad distributiva.
Es en este marco de una doble
problemática estructural (que seguramente será agravada por procesos coyunturales) que
es necesario que desde el Estado se comience un camino de medidas que también sean
estructurales y tendientes a atacar el problema distributivo.
Ante este panorama,
el Estado como principal garante de oportunidades iguales para todos los y las habitantes
cuenta con dos tipos de políticas: por un lado, las transferencias monetarias de ingresos,
y por el otro lado, los beneficios impositivos que permiten incrementar el ingreso
disponible de las personas.
El presente proyecto parte de tres
certezas:
I) como afirma el premio Nobel Joseph
Stiglitz "hay relaciones positivas entre crecimiento e igualdad. Altas tasas de
crecimiento proveen recursos que pueden ser usados para promover la igualdad, así
como un alto grado de igualdad ayuda a sostener altas tasas de crecimiento" (10) ,
II) "la forma de distribuir y el destino
dado a la riqueza generada no conforman un acto posterior a la producción: son una
parte intrínseca de la actividad económica" (11) , y
III) como sostiene Bernardo Kliksberg,
"uno de los errores más importantes en la estrategia para encarar estos temas es plantear
que (...) hay pobreza y hay desigualdad cuando, en realidad, hay pobreza porque hay
desigualdad" (12) .
Complementariamente tiene por
objetivo, en un marco de crisis económica y de un problema estructural de pobreza y
desigualdad, potenciar el ingreso disponible con el que cuenta la ciudadanía toda
propiciando una redistribución de ingresos desde los sectores de mayor poder
adquisitivo y por lo tanto más pudientes, hacia aquellos sectores que menos tienen. Esto
es posible a partir de un esquema de transferencia de ingresos al estilo de las propuestas
de Renta Básica, es decir "un arreglo institucional que garantiza cierta forma de ingreso
incondicional a las personas, esto es, un ingreso para cuyo acceso no se requiere ninguna
otra condición personal que la de ser ciudadano. Por ejemplo, no se requiere trabajar
(como es el caso del salario), ser declarado incapaz (jubilación por invalidez), haber
contribuido con una prima de seguro (jubilación ordinaria, obras sociales), demostrar
que se está desocupado (seguro de desempleo) o ser pobre (programas asistenciales
focalizados según la disponibilidad de recursos de los beneficiarios)" (13) .
De esta manera se pretende lograr
enfrentar dos problemáticas de manera conjunta: el actual contexto recesivo, a partir de
una inyección de consumo de los sectores más humildes, y por sobre todo, recrear una
sociedad en donde exista la igualdad efectiva en todos los dominios de la vida social y
política, y donde el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes sea un
recorrido constante.
La desigualdad como
problema distributivo
Si bien nos centramos en la
perspectiva económica del problema distributivo, debemos tener en claro que cuando
hablamos de desigualdad en la Argentina, también nos referimos al acceso a la salud, a
la educación, a la vivienda, a la alimentación y al agua. También debemos tener presente
que el problema de la desigualdad no afecta solamente a los y las más pobres sino a la
sociedad como un todo, ya que reduce la posibilidad de ahorro nacional, debilita el
mercado interno, genera efectos perversos sobre la gobernabilidad democrática y
favorece la exclusión social (14) .
Si analizamos la evolución de la
distribución del ingreso en la Argentina para el período 1990-2007, podemos ver cómo
el 30% más rico se quedó con entre el 62% y 65% del ingreso generado, mientras que el
40% más pobre sólo pudo obtener entre el 12% y el 15%. Esto nos muestra la
estructuralidad y gravedad del problema.
Un problema que no se origina en la
década de los 90, sino que vino de la mano del Modelo de apertura, desregulación,
privatización y extranjerización de la economía iniciado en 1976 con las políticas
llevadas adelante por Martínez de Hoz. Hacia 1976, la brecha entre el 10% más pobre y
el 10% más rico era de 9,5 veces, hacia 1998 era de 22,8 veces, y hacia 2008 de 28,7
veces.
Si analizamos los datos más
recientes en base a las regiones geográficas, podemos ver cómo esta problemática se
profundiza principalmente en los partidos del Gran Buenos Aires, el NOA y el NEA con
Coeficientes de Gini de 0,498 (GBA), 0,489 (NOA) y 0,501 (NEA) para el primer
trimestre de 2007 (15) .
A partir de la intervención del
INDEC y la manipulación de los datos, en especial aquellos referidos a nivel de precios
(IPC), pobreza (CBA), indigencia (CBT) y desigualdad, todos los análisis privados
coinciden en que la aceleración del proceso inflacionario (con su consecuente deterioro
de los salarios reales) y la desaceleración en el ritmo de creación de puestos de trabajo
(16) se combinaron de manera de agravar aún más las condiciones de vida de las y los
argentinos.
Desde ya, los primeros en sufrir estas
consecuencias son aquellas personas cuyos ingresos provienen de empleos informales
(en negro). Según Ernesto Kritz de la consultora SEL (17) , las implicancias negativas de
la informalidad laboral se pueden agrupar en cinco categorías:
1) Desprotección legal:
el 74% de los/as asalariados no tiene comprobante de pago alguno por su trabajo; a otro
10% le dan un recibo sin firma ni nombre de la empresa. Esto, además de las lógicas
implicancias legales, imposibilita el acceso a créditos para consumo.
2) Privación de
beneficios: el 75% no cobra vacaciones, aguinaldo ni días por enfermedad; el otro 10%
carece parcialmente de dichos beneficios. Ninguno/a cobra asignaciones familiares.
3) Carencia de
seguridad social: ninguno/a de estos/as trabajadores/as puede jubilarse, ni tener una obra
social o ART.
4) Menores salarios por
el mismo trabajo: el ingreso mensual promedio es 56% menor que el de asalariados/as
en blanco. El salario horario por año de educación es 42% menor.
5) Mayor incidencia de
la pobreza: el 40% de los/as trabajadores/as informales estaba en el año 2006 por debajo
de la línea de pobreza.
Irónicamente, la única certeza
laboral es la incertidumbre.
En este marco resulta más que
contundente la afirmación de Artemio López en referencia a la estratificación y
polarización en la distribución de los ingresos, con su consecuente fragmentación
social, "el 20% que más gana pelea por subir el mínimo no imponible de Ganancias y el
20% que menos gana lucha por no caer en la pobreza" (18) .
"La vulnerabilidad es la
característica que predomina respecto de la situación de las personas en el mercado de
empleo. No sólo porque se excluye a una masa numerosa y creciente de individuos del
acceso a puestos de trabajo, sino porque quienes acceden o permanecen en ellos lo hacen
en situación de precariedad. Lo que se puede demostrar, además, es que este proceso ha
sido más profundo y severo para las mujeres que para los hombres" (19) . Es preciso para
el tema que nos ocupa, analizar las estadísticas que dan cuenta de la situación laboral de
las mujeres madres.
Según datos del Observatorio de la
maternidad (20) , en la Argentina 6 de cada 10 madres participan del mercado laboral
(61,2%). El 81,2% como asalariadas, es decir que la mayoría de ellas trabajan en
relación de dependencia, mientras que el 14,9% desarrolla su actividad como
cuentapropista y un porcentaje mínimo, el 2,8%, se encuentra en la categoría de patrón.
Complementariamente, la calidad del empleo maternal no es la óptima, dado que
mientras el 39,7% tiene un empleo informal, 1 de cada 2 madres asalariadas no esta
registrada (21) .
Como si esto fuera poco, las madres
aportan en promedio el 47,6% del ingreso total del hogar, lo que representa una
contribución clave a la economía familiar y muestra claramente el quiebre del esquema
tradicional de familia con un único proveedor varón.
Las mujeres en situación económica más
desfavorable son las que principalmente contribuyen al sostén económico del hogar: las
madres no pobres aportan el 45,8% del ingreso total del hogar; las pobres el 54,4% y las
indigentes el 72,5%. Pero, aunque el aporte de las madres indigentes tiene un mayor
peso relativo al interior del hogar, sólo representa un 20% del aporte monetario real que
realizan las madres no pobres: $218,9 mensuales, mientras que el de las no pobres es de
$1.112,3. (22)
Vemos así cómo "después de décadas de
descenso de la participación de los trabajadores en el reparto de la riqueza que se genera
no es sorprendente que haya eclosionado la pobreza más intensa. Después de décadas en
que los asalariados han ido perdiendo los mecanismos que les aseguraban permanencia y
protección en el vínculo laboral" (23) .
En este sentido, es necesario poder
visibilizar los cambios producidos en las relaciones laborales, entendidas ellas como el
eje central de las políticas de inclusión social dado el "carácter central del trabajo y de la
producción en el doble sentido de dar soporte material a la vida humana y de ser
partícipes destacados en la construcción de la personalidad" (24) . Javier Lindemboim (25)
caracteriza las relaciones sociales en el mercado de trabajo de los ´90 (26) a partir de los
siguientes rasgos centrales:
- La vigencia de un mecanismo de
crecimiento económico casi sin aumento del empleo.
- El desempleo, el subempleo y el
sobre-empleo como formas perversas y crecientes de desaprovechamiento de las
capacidades productivas
- Un empeoramiento de las
condiciones de empleo
- Una constante supresión de
mecanismos legales de protección laboral.
- Grandes aumentos de productividad
sin traslación a las remuneraciones.
- Una constante concentración del
ingreso
- La supresión de los mecanismos
tradicionales de ascenso social y su reemplazo por otros que conducen a renovadas
formas de subordinación.
Estos procesos impactaron
fuertemente en los mecanismos tradicionales de integración social y conformación de
identidades. La desocupación y los fenómenos de exclusión, se tornaron estructurales y
de larga duración. A ello se le sumó la precarización de las condiciones de trabajo de los
y las que permanecen en la condición de asalariados/as, producto de un deterioro de la
protección de los/as trabajadores/as, de la reducción del poder sindical y de la
introducción de una fuerte flexibilización laboral. Emerge así lo que algunos teóricos
llaman una "nueva cuestión social" signada por la fractura, la desintegración del trabajo
como criterio de solidaridad y una vulnerabilidad cada día más amenazante.
Es necesario reconocer algunos
avances relativos con respecto a este panorama predominante en los ´90 en materia de
crecimiento económico acompañado de aumento del empleo con su correspondiente
mejora en el aprovechamiento de la capacidad productiva. También es necesario poner
un fuerte acento en el mantenimiento de políticas destinadas a asegurar la protección y
las ventajas al capital, y el mantenimiento de la informalidad laboral como principal
puente hacia la exclusión social, con el consecuente sostenimiento de las últimas dos
características anteriormente enumeradas; la concentración del ingreso en pocas manos y
la supresión del mecanismo tradicional de ascenso social a través del trabajo.
"La desocupación y la
pobreza expresan las dificultades de la población para participar tanto en la creación
como en la apropiación de la riqueza (...). Estas dificultades y contradicciones en
relación con el mercado de trabajo y con la distribución del ingreso no derivan de
calamidades naturales ni de cuestiones tecnológicas, digamos, autónomas. En realidad
son consecuencia de la manera en que una sociedad se organiza e interactúa en el terreno
económico, incluyendo en ello -de modo privilegiado pero no excluyente- lo que
genéricamente puede denominarse política económica" (27) .
Complementariamente debemos
sumar a la mala distribución que se produce "naturalmente" a través del mercado (28) (la
distribución primaria, principalmente a través del mercado de trabajo), un régimen
tributario que refuerza aún más dicha distribución regresiva del ingreso.
Esto es así, porque nuestra estructura
tributaria descansa básicamente en el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), Impuesto a
los créditos y débitos bancarios (Impuesto al cheque) e Impuestos al comercio exterior
(Derechos de exportación y Aranceles de importación) (29) , mientras que reduce a los
impuestos directos y progresivos como el Impuesto a las Ganancias y el Impuesto a los
Bienes personales a un segundo plano (30) .
Este efecto regresivo del régimen
tributario sobre la distribución primaria del ingreso se verifica en los estudios sobre el
tema realizados por el destacado especialista en tributación, Juan Carlos Gómez Sabaini
en los que muestra cómo el régimen de tributos vigente empeora la distribución del
ingreso, mientras en países como los denominados "nórdicos" (31) y otros pertenecientes
a la Unión Europea, la distribución del ingreso mejora gracias al sistema tributario aún
sin contemplar los efectos de las políticas sociales. Esto se debe principalmente a la
conjunción de dos características:
1) una menor importancia de los
impuestos al consumo y una mayor preponderancia de los impuestos a los ingresos
(Proporción impuestos al ingreso frente a impuestos al consumo de 0,5 en Argentina y
de 1,1 en los países de la Unión Europea);
2) no tanto una mayor presión
tributaria sobre las empresas (3,3% del PBI en los países de la Unión Europea y 2,6% en
Argentina), sino una mayor presión tributaria sobre las personas físicas (10,1% en los
países de la Unión Europea y 1,6% en Argentina).
En síntesis, de no mediar una
reforma de nuestro régimen tributario que permita una mayor y mejor (más equitativa)
recaudación impositiva, las políticas sociales primero deberán corregir el problema
asignativo que genera el régimen tributario para luego avanzar en una mejora real de la
distribución del ingreso.
Pobres niños y
pobres niñas
Si desagregamos ese número de
octubre de 2008, de alrededor de 10 millones de personas en situación de pobreza y casi
4,5 millones en niveles de indigencia, vamos a encontrar que el 63% de esas personas
pobres tienen menos de 18 años (6,3 millones) y que el 68% de las personas en situación
de indigencia (3,1 millones) son menores de 18 años. Para ponerlo en marco, pensemos
que en la Argentina hay 13,3 millones de menores de 18 años, y de ellos, el 47% son
pobres y el 23% son indigentes.
En este sentido, es necesario
profundizar el análisis del fenómeno de "concentración" de las personas menores de
edad en los tramos bajos de ingreso, allí el número de hijos e hijas dependientes es
sustancialmente mayor que en los deciles más altos. "Mientras que en los hogares del
20% más pobre el promedio de menores de 18 años a cargo es 2,1, en el 20% más rico es
de sólo 0,4. De este modo, en el primer decil, donde la mayoría es indigente, se
concentra cerca de un cuarto de los menores dependientes; los tres primeros deciles,
donde está la población en situación de pobreza, acumulan más del 50%. La mitad de
estos chicos tiene no más de 9 años de edad y el 80% no más de 14 años" (32) .
Complementariamente es necesario
destacar un estudio de la CEPAL en el cual se concluye que no sólo la pobreza
es mayor en los hogares con mayor número de hijos e hijas, sino también en los
hogares monoparentales con jefatura femenina. Al respecto, las madres que
afrontan solas la maternidad se encuentran en una situación laboral más
desfavorable: casi 7 de cada 10 madres solas tienen un trabajo precario,
mientras que menos de 5 de cada 10 madres casadas o unidas de hecho se
encuentran en igual condición. A su vez, a mayor cantidad de hijos/as, con bajo
nivel educativo (secundario incompleto) mayor precariedad laboral. (33)
Como si esto fuera poco, es
altamente sabido que los niños y las niñas de hogares más pobres "tienen una alta
probabilidad de no finalizar la primaria o la secundaria, en muchos casos porque deben
trabajar, por problemas de desnutrición o porque sus familias no pueden apoyarlos como
sería necesario" (34) .
Esto nos indica
claramente donde debe estar puesto el foco de las políticas sociales. Es necesario
comenzar a diseñar políticas de inclusión social dirigidas a los y las menores, y no
esperar el famoso "derrame" desde sus padres y madres. Esto nos lleva a las "trampas de
la pobreza" de Kliksberg "si un niño, en sus primeros años de vida, se cría en un hogar
de pobreza significativa, las mediciones indican que ella va a incidir en un crecimiento
neuronal insuficiente. Con el tiempo, esto va a implicar capacidades de aprendizaje
disminuidas, capacidades de utilización del lenguaje reducidas y una dotación de
recursos biológicos deficitaria" (35) .
A partir del consenso existente entre
expertos y expertas de varias disciplinas, de que "el desarrollo en los primeros años de
vida genera un proceso acumulativo de experiencias y factores que pueden explicar,
potencialmente, el desempeño futuro de una persona" (36) , se termina de comprender
cómo esto funciona como una trampa al pensar en las posibilidades de salir de la
pobreza con dichas oportunidades reducidas, teniendo presente que justamente las
experiencias en los primeros años de vida son fundamentales para condicionar las
oportunidades posteriores.
El problema de la
pobreza no es menor, es estructural (por lo tanto requiere soluciones de fondo, es decir
estructurales) y afecta principalmente a los niños y las niñas. Podríamos afirmar que
dentro de la pobreza, los niños y las niñas son tristemente la mayoría y,
complementariamente, la mayoría de los niños y las niñas son pobres.
Políticas públicas
focalizadas
Como afirmó la Diputada Socialista
(m.c.) María Elena Barbagelata, "el modelo neoliberal que falsamente es presentado por
los gurúes de los centros financieros como el más equitativo, porque supone que en él
cada ciudadano recibe aquello que corresponde por sus méritos personales y que la
redistribución de ingresos resultará como consecuencia del "derrame" natural producto
del crecimiento económico, muy por el contrario aumenta la desigualdad desmantelando
todos los componentes universales de los sistemas solidarios de seguridad social
históricos en el país llevando a la privatización de la jubilación, de la salud y de la
educación. Es en este marco que se desarrollan políticas de tipo asistencial que por su
carácter de focalizadas en determinados individuos o grupos, no sólo no resuelven la
problemática de la indigencia sino que además promueven el clientelismo político,
generan situaciones de injusticia y de enfrentamiento por su falta de transparencia y
estigmatizan a los pobres" (37) .
Estas políticas sociales focalizadas
tuvieron y tienen como objetivo mitigar la pobreza a través de acciones compensatorias,
pero en ningún momento pretenden interpelar a la pobreza.
Así vemos que el Estado hoy posee
tres grandes líneas de acción económica con respecto a las personas menores de 18
años:
1) Deducciones de la base imponible
del Impuesto a las Ganancias: $5.000 anuales ($416,66 mensuales) por menor a
cargo.
2) Asignaciones familiares para
asalariados en blanco: $135 mensuales para quienes ganan hasta $2.400, $ 102
mensuales para quienes cobran entre $ 2.400 y $ 3.600, y $ 68 mensuales para quienes
tienen salarios entre $3.600 y $4.800. Estas asignaciones mensuales se complementan
con una asignación al año de $170 en concepto subsidio por escolaridad.
3) Programas sociales para personas sin
ingresos en el mercado de trabajo formal: El Programa Familias paga un mínimo de
$155 mensuales por una persona menor a cargo, y luego $45 mensuales por cada
persona menor a cargo. Es decir que con 2 personas menores de edad a cargo la
transferencia promedio es de $100, con 3 es de $81,66, con 4 es de $72,5, con 5 es de
$67, y con 6 o más es de $ 63,33 o menos.
Es decir que, justamente el único
programa que atiende a los sectores pobres, no es universal dentro de su universo de
cobertura (38) , es inversamente proporcional a la cantidad de hijoos/as a cargo (39) , e
implícitamente, considera que para el Estado, un niño rico o una niña rica "vale" más
que un niño pobre o una niña pobre.
Claramente podemos afirmar que el
Estado tiene políticas de primera con respecto a las personas menores de 18 años de
edad de los deciles de ingresos más altos, políticas de inclusión moderada para los
sectores medios, y políticas de tercera justamente para aquellos sectores que más
necesitan de un Estado activo.
Toda esta intervención termina
configurando un esquema con dudosos efectos redistributivos de aquellos y aquellas que
más tienen hacia aquellos y aquellas que más lo necesitan.
La problemática de la falta de
cobertura que da en evidencia cuando vemos que "en el 30% más pobre de la población,
uno de cada dos menores a cargo no es sujeto de transferencia alguna; sólo uno de cada
tres pertenece a un hogar donde el padre o la madre cobra una asignación por hijo a
cargo y, lo que es más sorprendente aún, apenas uno de cada ocho recibe asistencia
monetaria de un plan social. Este estrato de ingresos bajos concentra la mitad de los
chicos dependientes" (40) .
En definitiva cuando
se analiza conjuntamente, el grado de cobertura en términos de cantidad de personas
menores de 18 años con cobertura y el monto de la misma, se puede apreciar claramente
el grado de lo que Fernando Filgueira define como desencuentro entre la estructura de
riesgo social y la arquitectura de protección social (41) , dado que a medida que se
reduce el ingreso familiar per cápita, aumenta la concentración de hijos e hijas a cargo,
y decrecen tanto el monto de las transferencias como la cantidad de menores
alcanzados/as por dichas transferencias.
Hacia una visión
universalista
Desde el Socialismo estamos
convencidos y convencidas de la necesidad de avanzar hacia políticas sociales que
privilegien la universalidad, siendo que esto supone el desafío de ofrecer a los sectores
más pobres un tratamiento más integral que una mera asistencia social.
Es necesario atreverse a cambiar el
legado del paradigma neoliberal y rechazar las políticas focalizadas hacia los grupos más
vulnerables, postulando por el contrario la necesidad de políticas sociales universales
tendientes a la equidad social y a la superación de las desigualdades políticas y
económicas, y las exclusiones culturales.
Bajo el paradigma universalista, las
transferencias monetarias propuestas no pretenden solucionar por sí mismas el problema
de la pobreza y la desigualdad, sino que son concebidas como "palanca" para hacer que
los sectores beneficiados hagan uso de los programas sociales universales de educación
y salud (42) .
El desafío consiste en avanzar en la
construcción de políticas sociales en el marco de "la concepción universalista y solidaria
sobre la base de una visión de ciudadanía social" (43) .
En este sentido es necesario
desmitificar el postulado neoliberal de que, dado los recursos públicos escasos, las
políticas sociales universales pueden generar sistemas de política social en los que los
recursos públicos terminen mal focalizados. Sobre este postulado es necesario
reflexionar acerca de dos elementos:
1) El avance bis a bis del
clientelismo como práctica política habitual acompañando la focalización de las
políticas sociales.
Según un informe reciente del
CIPPEC, "los dos ministerios que concentran casi la mitad (47,25%) del total de los
recursos públicos asignados a subsidios a personas (el Ministerio de Trabajo -30,31%- y
el Ministerio de Desarrollo Social -16,94%-), gestionan las asignaciones con niveles
muy desiguales de transparencia. Mientras que el Ministerio de Trabajo asigna 72% de
los subsidios en forma transparente, el de Desarrollo Social lo hace con 100% de
opacidad" (44) .
Como bien se afirma desde el
CIPPEC en otro documento, "las prácticas clientelares en la gestión de programas
sociales contra la pobreza son mucho más que un simple intercambio de favores por
votos. Se trata más bien de prácticas extorsivas permanentes, en las cuales participan y
se articulan diversos actores políticos con diferentes estatus, para llevar a cabo múltiples
acciones en las distintas etapas de la gestión de los programas sociales. Desde la
exigencia de dinero, hasta el pedido de servicios personales (como servicio doméstico) y
la exigencia de participar en marchas y actos políticos protagonizados por coordinadores
y funcionarios municipales". Como si esto no fuera suficiente, estas prácticas
clientelares que son favorecidas por las políticas focalizadas no son neutrales a las
relaciones de género, ya que el "32% sobre el total de las denuncias corresponden a
mujeres que fueron víctimas de un varón, mientras sólo en 6% de las denuncias los
varones fueron víctimas de una mujer. Los datos indican que en una sociedad patriarcal
donde inevitablemente las mujeres son más pobres que los varones y ejercen menos
poder, las prácticas clientelares no son neutrales a las relaciones de género" (45) .
2) Dentro de la pobreza,
los niños y las niñas son tristemente la mayoría y, complementariamente, la mayoría de
los niños y las niñas son pobres.
Como se dijo anteriormente, el 63%
de las personas pobres son menores de 18 años (6,3 millones) y el 68% de las personas
en situación de indigencia (3,1 millones) tienen menos de 18 años, y precisamente los y
las menores de 18 años se encuentran "concentrados/as" en las familias de menores
ingresos y con los menores grados de cobertura por las políticas públicas hoy
existentes.
"La pobreza en la infancia es una
causa fundamental de la pobreza en la edad adulta. Los niños y las niñas pobres se
convierten a menudo en progenitores también pobres que a su vez crían a sus propios
hijos en la pobreza. A fin de romper el ciclo generacional, la reducción de la pobreza
debe comenzar por la niñez" (46) .
Ante esta conjunción de elementos,
resulta necesario destacar la conclusión de José Antonio Ocampo (experto en análisis de
políticas universales, ex Secretario ejecutivo de la CEPAL y ex Secretario general
adjunto de la ONU para Asuntos Económicos y Sociales); "se puede formular la
afirmación exactamente opuesta: la mejor focalización es una política social universal"
(47) .
En este sentido, reforzando el rol
redistributivo de políticas sociales universales José Antonio Ocampo afirma que "la
causalidad es, sin duda, de doble vía: las sociedades más igualitarias reclaman sistemas
universales de política social, y estos contribuyen, a su vez, a generar sociedades más
igualitarias" (48) .
La necesidad de un
Pacto Federal Fiscal acorde
Frente al desafío de conciliar
políticas sociales de corte universal y su financiamiento de manera responsable, la
cuestión fiscal federal se convierte en un importantísimo punto de intersección entre las
políticas económicas y las políticas sociales. De esta manera, "es necesario ocuparse de
cómo los impuestos se distribuyen entre las clases sociales y, al mismo tiempo, de la
forma en que los recursos públicos se destinan a las diferentes áreas sociales" (49) .
En este nuevo marco, la necesidad de
avanzar hacia políticas sociales de corte universal conlleva dos desafíos: un mejor
aprovechamiento de los recursos públicos y una nueva agenda tributaria que convierta la
política tributaria en un instrumento progresivo, dada la necesidad de un nuevo "pacto
federal fiscal" que refuerce la tributación directa.
Es por ello que resulta indispensable
saldar una de las grandes deudas de nuestro esquema tributario para con la equidad, y es
la eliminación de las exenciones existentes dentro del Impuesto a las Ganancias a la
renta financiera -legado ellas de la concepción neoliberal de la economía- promoviendo
un esquema que promueva las actividades productivas por sobre las actividades
financieras.
Complementariamente a ello, es
necesario eliminar las desigualdades implícitas en las deducciones que se pueden
realizar en el Impuesto a las Ganancias, dado que el Estado implícitamente asevera que
un niño o una niña pobre "vale" menos que un niño rico o una niña rica.
"A fin de no repetir errores del
pasado, es indispensable que los derechos económicos, sociales y culturales sean
compatibles con el nivel de desarrollo alcanzado y con el "pacto fiscal" que prevalece en
cada sociedad, evitando que se traduzcan en expectativas insatisfechas o en
desequilibrios macroeconómicos que afecten, por otras vías, a los sectores sociales que
se busca proteger. De esta manera la equidad debe relacionarse con el establecimiento de
metas que la sociedad sea efectivamente capaz de alcanzar, de acuerdo con su nivel de
desarrollo. En países en donde, casi como regla, las tasas de tributación son inferiores a
las que corresponden a su nivel de desarrollo, es evidente que el "pacto fiscal" necesario
para construir un nuevo pacto social pasa ineludiblemente por una elevación de la carga
tributaria, sobre todo a los sectores de mayores ingresos, que permita ampliar
significativamente la función redistributiva del Estado y ampliar la oferta de bienes
públicos y de "bienes de valor social" (meritorios), incluidos muy especialmente
aquellos que contribuyen al desarrollo del capital humano" (50) .
El Ingreso Universal
a la Niñez y la Adolescencia
La Convención Internacional sobre
los Derechos del Niño, que posee rango constitucional, dispone que: "Los Estados partes
adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar
efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a
los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados partes adoptarán esas
medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan..." (51) . Esto se enmarca en la
aplicación del interés superior de los niños y las niñas como principio rector en la
ejecución de las políticas gubernamentales, lo que obviamente incluye no sólo al
presupuesto nacional sino también a la política económica.
Congruentemente con ello, desde el
Socialismo consideramos central el poder ofrecer una alternativa económica y
financieramente realizable que permita modificar la realidad imperante a favor de
aquellos sectores no favorecidos por las relaciones sociales existentes en la economía
argentina, como vimos anteriormente, principalmente los niños y las niñas menores de
18 años, de los cuales el 47% son pobres y el 23% son indigentes.
En este sentido es que
con el Ingreso Universal para la Niñez y la Adolescencia pretendemos desarticular el
cuadro de extrema y progresiva infantilización de la pobreza.
Según UNICEF, "la pobreza tiene
muchos rostros y numerosas dimensiones. Amenaza todos los aspectos de la infancia al
privar a los niños y las niñas de las capacidades que necesitan para sobrevivir,
desarrollarse y avanzar en la vida. Consolida o amplía las disparidades sociales,
económicas y de género que impiden a los niños y las niñas disfrutar de las mismas
oportunidades y menoscaba el entorno protector de la familia y la comunidad, dejando a
los niños y las niñas vulnerables a la explotación, los malos tratos, la violencia, la
discriminación y la estigmatización. La pobreza inhibe la capacidad de las familias y las
comunidades de ocuparse de sus hijos" (52) .
Para los casi 13,3 millones de niños
y niñas menores de 18 de edad (53) , proponemos un Ingreso Universal para la Niñez y la
Adolescencia al estilo de una Renta Básica definida por uno de sus principales difusores,
Antonio Domenech (docente de la Universidad de Barcelona), como un ingreso que el
Estado debe asegurar a cada ciudadano miembro de pleno derecho sin importar su nivel
de ingreso o condición social. Esta propuesta se inscribe en el marco de nuestra
convicción de que "quien carece de la independencia básica para garantizar su
subsistencia, no puede efectuar elecciones de vida en condiciones de igualdad con
quienes sí disfrutan de dichas condiciones; en suma no puede acceder a una ciudadanía
de plenitud" (54) .
Proponemos que dicho Ingreso
Universal para la Niñez y la Adolescencia equivalga, por lo menos, al valor monetario
de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) que calcula mensualmente el INDEC. Dicha
CBA se estima "en función de los hábitos de consumo de la población", tomando en
cuenta "los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para
que un hombre adulto, entre 30 y 59 años, de actividad moderada, cubra durante un mes
esas necesidades".
Es decir que esta canasta alimentaria
representa el ingreso que necesita un "adulto equivalente" para no estar en una situación
de indigencia, es decir, no poder cubrir sus necesidades alimenticias mínimas (su valor
oficial fue de $143,54 en marzo). A partir de ello se construye una tabla de equivalencias
en función de la edad y el sexo (55) . De esta manera, salvo para el caso de los varones a
partir de los 16 años (donde toma en marzo de 2009 un valor de $150,71), para todos los
demás rangos la CBA para cada persona menor de 18 años es un monto menor al del
adulto equivalente.
Esto implica que una asignación
mensual equivalente, al menos, a la CBA asegura la cobertura de las necesidades
alimenticias y la posibilidad de cubrir parte de las necesidades económicas que implica
asistir a la escuela. Debemos destacar que la conservación del valor real del Ingreso
Universal a la Niñez y la Adolescencia estaría asegurada en la medida que la CBA es
actualizada mes a mes por el INDEC.
Complementariamente, el valor real
del Ingreso Universal a la Niñez y la Adolescencia seguramente será mayor que la CBA
dado que las operaciones de compra de alimentos y útiles escolares realizadas con la
tarjeta de débito Ingreso Universal implicarán un reintegro del 50% del IVA cobrado por
dichas operaciones, incentivándose por un lado la formalización de la economía, y por
otro lado, la asignación de los recursos en la mejora de las condiciones de vida y de
educación de los niños y las niñas.
La pertinencia de la elección de la
CBA se pone claramente de manifiesto, "dado que los hogares del primer quintil de la
pirámide distributiva, los de menor poder adquisitivo, destinan el 46% de sus ingresos a
la compra de alimentos y, en sentido contrario, el 20% más rico destina sólo el 23%" (56)
.
A la hora de analizar su posible
impacto sobre la pobreza, podemos recurrir nuevamente a Artemio López quien sostenía
en abril de 2008 que "los pobres tienen menos chances de dejar de ser pobres que en
2004 y 2005, cuando la inflación de la canasta estaba controlada. Estos hogares
requieren un ingreso adicional al que reciben equivalente al 45% del valor de la canasta
básica para dejar de ser pobres, cuando en 2004 requerían sólo 36% más" (57) .
Es necesario decir que la CBA es
calculada a partir de los datos contenidos en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el
índice utilizado para dimensionar la inflación, siendo ella la principal estadística
discutida a partir de la intervención del INDEC. Según un estudio de la CTA, en
octubre de 2008 mientras la CBA oficial era de $143,10, las estimaciones de dicha
central obrera se encontraban entre los $235,97 y los $242,16, según la hipótesis de
inflación efectiva.
En igual sentido que las propuestas
de Renta Básica, el Ingreso Universal para la Niñez y la Adolescencia tiene rasgos
formales de laicidad, incondicionalidad y universalidad idénticos a los del sufragio
universal democrático.
"Como ocurre con el voto, se tendría
derecho (...) por el solo hecho de existir como ciudadano -o residente acreditado-,
independientemente del sexo, de la etnia, del nivel de ingresos (...), de la opción sexual
o de la confesión religiosa (si alguna)" (58) .
De esta manera implica la
universalización de un derecho de manera independiente de la relación con el empleo
por parte de las madres y los padres (trabajo formal, informal o desempleo), los arreglos
familiares al interior del hogar, el género, la sexualidad, la región del país, inclusive la
nacionalidad.
En este sentido, la exigencia del
cumplimiento de determinadas condiciones de salud y educativas es pensada no como
un elemento destinado a focalizar las transferencias, sino pilares para que el Ingreso
Universal para la Niñez y la Adolescencia sea efectivamente usufructuado por los
destinatarios y las destinatarias, los niños y las niñas, de modo de permitirles realmente
insertarse como actores sociales activos y transformadores de la realidad.
Al mismo tiempo, para garantizar
que el beneficio llegue efectivamente a los niños, niñas y adolescentes
proponemos que la madre conviviente sea, en primer lugar, la responsable ante
el Programa. Aunque esta propuesta podría verse como un reforzamiento de la
división de roles entre varones y mujeres, igualmente creemos que hoy el
Ingreso Universal a la Niñez y Adolescencia permite cierto reconocimiento
económico de las tareas de cuidado que ellos demandan y que son
responsabilidad mayormente femenina. Las tareas de cuidado resultan
fundamentales para el desarrollo de la persona y sus oportunidades y
consecuentemente, para la sociedad, por lo que debería considerárselo como un
bien público y no privado.
Para revertir la situación de
discriminación y desigualdad de las mujeres, producto de la división sexual del
trabajo -varones en el trabajo productivo y remunerado; mujeres en el
doméstico y de cuidado y gratuito-, son necesarias políticas y legislaciones que
promuevan las responsabilidades familiares compartidas y cambios culturales
arraigados en el tiempo, que exceden el marco del presente proyecto.
Surge de diferentes evaluaciones de
programas similares en América Latina que, "las mujeres, además de trabajar en el
ámbito privado, han cumplido el papel de intermediarias entre las políticas de salud
primaria y los ministerios de salud, el cuidado infantil y los servicios de cuidado infantil,
la recepción de transferencias monetarias para el mejoramiento familiar y los programas
de lucha contra la pobreza, la producción y organización del consumo de alimentos
donados y otros programas que se han desarrollado en la región para la disminución de
la pobreza (Serrano, 2005)". (59)
Otro estudio indica que aún persiste
una práctica común en los esquemas de seguro social de la región: "las mujeres y los
niños son "dependientes" del principal miembro del hogar que es el hombre y, por lo
tanto, es este el que cobra el beneficio como supuesto mandatario de aquellos. Pero nada
garantiza que ese ingreso llegue a ser usado en beneficio de sus titulares" (60) .
Un análisis del Programa Jefes y
Jefas de Hogar Desocupados (61) indica que colocar a las mujeres como titulares de los
beneficios sociales tiene un impacto muy positivo, ya que las convierte en protagonistas
de la estrategia familiar para mitigar la situación de pobreza. Los estudios demuestran
que una mayor proporción de los recursos familiares en manos de las mujeres aumenta
el bienestar familiar y social como consecuencia de que son ellas las que invierten
relativamente más que los varones en el capital humano de sus hijos e hijas. Así el
PJyJHD ha significado para muchas mujeres, la posibilidad de romper con el aislamiento
y encontrar nuevos espacios de socialización y reciprocidad.
Además, cubiertas las necesidades
básicas de sus hijos e hijas, las mujeres ya no estarían acuciadas por tomar cualquier
empleo precarizado y mejorarían sus condiciones de participación en el mercado del
empleo remunerado, pudiendo negociar mejores condiciones laborales y mayores
niveles salariales (62) , y realizar acciones de capacitación sistemática, entre otras,
mejorando su calidad de vida y la de su entorno familiar. "Sectores bajamente
calificados, mujeres y jóvenes. La intersección de las tres características prácticamente
garantiza la pobreza y exacerba el riesgo de exclusión social" (63) .
Financiamiento
Como hemos indicado, la condición
de compatibilidad del nivel de desarrollo con el "pacto federal fiscal" imperante se
convierte en un elemento central para su instrumentación.
"Equidad, en este
sentido, debe entenderse como el establecimiento de metas que la sociedad sea
efectivamente capaz de alcanzar, dado su nivel de desarrollo. Es decir, su punto de
referencia es lo realizable, pero no menos de ello y, por ende, como lo han recogido los
debates sobre derechos económicos y sociales, lo máximo entre lo realizable" (64) .
Es por esto que desde el Socialismo
avanzamos hacia la presentación de una alternativa que no sólo tiende a mejorar
sustancialmente las condiciones de vida y a asegurar un acceso universal a dicha mejora,
sino que es sustentable económica y financieramente.
Dijimos que en la Argentina viven
alrededor de 13,3 millones de personas menores de 18 años, con lo cual una
transferencia mensual equivalente a la CBA para todos ellos y ellas implica egresos
mensuales de alrededor de $1.909 millones y egresos anuales de alrededor de $22.909
millones. Este último valor, $22.909 millones es el costo bruto de la implementación del
Ingreso Universal para la Niñez y la Adolescencia (65) .
El mismo se puede financiar sin
ningún tipo de restricción a partir del nuevo esquema federal fiscal que proponemos, es
decir:
1) Las modificaciones al Impuesto a las
Ganancias propuestas (eliminación de exenciones a la renta financiera y reducción de las
deducciones por menor a cargo) implicarían un incremento en la recaudación de dicho
tributo de alrededor de $6.800 millones (un incremento de un 11%) (66) . De esta manera,
la recaudación del Impuesto a las Ganancias sería de alrededor de $68.383 millones
versus los $61.583 millones calculados en el Presupuesto para el 2009.
De los $61.583 millones presupuestados
para 2009, en definitiva un 20% estaba destinado al nuevo S.I.P.A. ($ 12.321 millones) y
un 78% a la Coparticipación Federal de diversas maneras ($48.022 millones).
La nueva distribución que proponemos de
la recaudación ajustada ($68.383 millones) implicaría un 18% para el S.I.P.A. ($12.308
millones), un 70% de manera mucho más directa a la Masa Coparticipable Bruta
($47.868 millones) y un 12% al Fondo del Ingreso Universal a la Niñez y la
Adolescencia (FIUNA) ($8.205 millones).
2) La reasignación de diversas formas
de ingresos a la niñez actualmente instrumentados que son reasignados al Fondo del
Ingreso Universal a la Niñez y la Adolescencia (FIUNA), implicarían alrededor de
$10.482 millones. Dicha suma se descompone en $1.753 millones provenientes de
transferencias monetarias en el marco del Programa Familias por la Inclusión Social, y $
8.729 millones en concepto de transferencias por Asignaciones Familiares (67) .
3) A partir de la Ley 26.425 que
implicó la creación del S.I.P.A. y la extinción del sistema de capitalización a través de
las A.F.J.P., la ANSES pasa a administrar un flujo neto de por lo menos $15.000
millones extra más un importantísimo stock estimado en alrededor de $71.000 millones
entre activos líquidos, títulos públicos y acciones de empresas.
Es decir que los ingresos presupuestados
para la ANSES pasarán de $111.118 millones a alrededor de $126.118 millones, y sus
erogaciones de $111.118 millones a $112.118 millones por el pequeño aumento que
implica el hacerse cargo de jubilaciones que hasta hace poco pagaban las AFJPs.
La estatización de las AFJPs, implica un
incremento en los aportes y contribuciones de alrededor de un 23% (de $56.138 millones
a $71.138 millones).
A partir de la nueva distribución de
dichos fondos que proponemos, un 10% de dichos fondos se destinarán al Fondo del
Ingreso Universal a la Niñez y la Adolescencia (FIUNA), es decir, alrededor de $7.113
millones.
Consideramos necesario destacar que esta
propuesta no desfinancia de ninguna manera a la ANSES, dado que estamos reasignando
menos del 50% de los ingresos extras que constituyen un superávit (dado el resultado
económico-financiero equilibrado de la ANSES antes de la estatización de las AFJPs), y
no se está tocando el stock de activos financieros que creemos deberían destinarse a la
mejora de los magros haberes jubilatorios y la instrumentación de un Ingreso Universal
para la Vejez, complementario del sistema contributivo actual.
4) Si sumamos los puntos 1), 2) y 3),
obtenemos la suma de $25.845 millones, que alcanzan a cubrir con creces los $22.909
millones necesarios para implementar el Ingreso Universal a la Niñez y la Adolescencia
propuesto.
Complementariamente, consideramos
muy importante el habilitar al Poder Ejecutivo Nacional a establecer incrementos en el
monto del Ingreso Universal a la Niñez y la Adolescencia por sobre la CBA que
proponemos como un mínimo.
De esta manera, a
través de una mejor tributación directa dentro del Impuesto a las Ganancias y
reasignaciones de recursos hoy existentes se logra: 1) financiar los $22.909 millones que
representa el costo bruto de la implementación del Ingreso Universal para la Niñez y la
Adolescencia, y 2) el buscado shock de redistribución de ingresos principalmente desde
los primeros deciles del ingreso, los sectores económicos beneficiados por la renta
financiera y en menor medida de los sectores asalariados formales, fundamentalmente
hacia las familias con mayor cantidad de personas menores de 18 años, con menores
ingresos y menores grados de inclusión vía políticas de ingreso para la niñez y la
adolescencia.
La igualdad como valor
cardinal
Como dijo el actual Senador
Socialista Rubén Giustiniani, "pretendemos que se cree un programa nacional eficiente,
de ejecución y contralor descentralizado con un alto impacto para la economía en
general (...) Que nos permita recrear una sociedad donde exista la igualdad efectiva de
las mujeres y de los hombres en todos los dominios de la vida social y política. Donde el
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes sea un recorrido constante. Una
sociedad libre y fraterna, que pueda superar los prejuicios hacia los que menos tienen,
una sociedad unida y con voluntad que se inscriba en el contenido de nuestro paisaje y
con nuestros rasgos argentinos. (... ) Es necesario, entonces, promover un esquema
social equitativo, que garantice como mínimo tres aspectos: ingreso, salud y educación
independientemente de la situación laboral de los padres. No se trata de hacer que los
ciudadanos se sientan culpables de no tener trabajo y por lo tanto sustento para su
familia, sino por el contrario, evitar su frustración y su marginalidad" (68) .
El debate apunta a convertir los
derechos políticos y sociales formales en oportunidades de inclusión social reales a
través de un Estado promotor de la inclusión social de las personas, no como receptoras
pasivas de ayuda/asistencia estatal sino como titulares de derechos exigibles,
colocándolos como sujetos y no como objetos de políticas públicas, obligando al Estado
a garantizar el acceso a servicios sociales básicos en condiciones de igualdad y no
discriminación, en el marco de una estrategia para el desarrollo social.
En este sentido coincidimos con
Daniel Raventós en que esta propuesta "puede ser un elemento, importante sin duda, de
una sociedad justa, pero suponer que esta medida es algo suficiente para esta sociedad
justa, o bien es tener una concepción hipertrófica de la renta básica o bien una idea
raquítica de lo que es una sociedad justa" (69) .
Es por ello que estamos seguros de
que para construir una sociedad justa, basada en la solidaridad, la libertad y la igualdad,
se requiere instrumentar reformas estructurales profundas y un amplio conjunto de
políticas redistributivas y universales: de empleo, para adultos/as mayores, tributarias, de
vivienda, educativas, de salud, de ingresos y servicios públicos, entre otras, que reviertan
el patrón de concentración del ingreso y que mejoren las condiciones de vida de todos y
todas.
Como bien afirma José Antonio
Ocampo, "el objetivo central del desarrollo, entendido como el alcanzar mayores niveles
de bienestar para toda la población, no se logrará sin avanzar significativamente en la
consolidación de economías dinámicas y competitivas, pero a su vez capaces de
distribuir en forma más equitativa sus beneficios. La equidad y el desarrollo económico,
con su dimensión de desarrollo sostenible, son elementos de una misma estrategia
integral. El desarrollo social no puede alcanzarse exclusivamente a través de la política
social, por acertada que esta sea; pero tampoco el crecimiento y la política económica
pueden asegurar por sí solos los objetivos sociales sin tomar en cuenta cómo se
construye la política social. A su vez, el ejercicio ciudadano, no sólo es un derecho en sí
mismo, sino que contribuye también al bienestar y es el canal más efectivo para
garantizar que los objetivos sociales del desarrollo estén adecuadamente representados
en las decisiones públicas" (70) .
En este sentido, en el Socialismo
coincidimos con quienes consideran que "la inequidad es nuestra deuda ética más grande
y nuestro obstáculo más importante para el desarrollo" (71) .
"Equidad (...) debe
entenderse como el establecimiento de metas que la sociedad sea efectivamente capaz de
alcanzar, dado su nivel de desarrollo. Es decir, su punto de referencia es lo realizable,
pero no menos de ello y, por ende, como lo han recogido los debates sobre derechos
económicos y sociales, lo máximo entre lo realizable" (72) .
Retomando nuevamente las palabras
de Rubén Giustiniani, "si no queremos quedarnos en una mera libertad formal que dé la
espalda a las condiciones materiales en las que debe ejercerse la libertad, debemos
recuperar la igualdad como valor cardinal" (73) .
Como pudimos ver,
los recursos existen, por lo tanto el Ingreso Universal para la Niñez y la Adolescencia no
es una utopía de unas pocas personas, sino una obligación de todos y todas.
Es por estas razones que solicitamos
la pronta sanción del presente proyecto de Ley de Ingreso Universal para la Niñez y la
Adolescencia.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| AUGSBURGER, SILVIA | SANTA FE | PARTIDO SOCIALISTA |
| BARRIOS, MIGUEL ANGEL | SANTA FE | PARTIDO SOCIALISTA |
| GEREZ, ELDA RAMONA | SANTA FE | PARTIDO SOCIALISTA |
| CORTINA, ROY | CIUDAD de BUENOS AIRES | PARTIDO SOCIALISTA |
| VIALE, LISANDRO ALFREDO | ENTRE RIOS | PARTIDO SOCIALISTA |
| FEIN, MONICA HAYDE | SANTA FE | PARTIDO SOCIALISTA |
| CUCCOVILLO, RICARDO OSCAR | BUENOS AIRES | PARTIDO SOCIALISTA |
| ZANCADA, PABLO V. | SANTA FE | PARTIDO SOCIALISTA |
| MARTIN, MARIA ELENA | SANTA FE | PARTIDO SOCIALISTA |
| SESMA, LAURA JUDITH | CORDOBA | PARTIDO SOCIALISTA |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (Primera Competencia) |
| ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA |
| PRESUPUESTO Y HACIENDA |