La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su profunda preocupación por la existencia de hechos de violencia en la provincia de Tucumán, en particular por el secuestro seguido de muerte de la ciudadana Paulina Debbos, el cual exhortamos tenga un inmediato esclarecimiento.

Señor presidente:

Con fecha 26 de febrero de 2.006 fue secuestrada en la zona del ex mercado de abasto de la provincia de Tucumán, la Sra. Paulina Debbos, quien posteriormente fue encontrada sin vida en los cerros de la localidad de Raco de la dicha provincia.

El hecho se encuentra enmarcado dentro de aquellos que los antecedente penales engloban como producto del accionar de verdaderas mafias.

Existen hechos similares no resueltos hasta el día de hoy. Resulta evidente de acuerdo a las estadísticas que la cantidad de hechos sobrepasan la media nacional.

Desde esta honorable Cámara se ha promovido la modificación del art. 127 ter del C.P. a fin de que el delito allí tipificado no sólo involucre la entrada o salida del país de una persona mayor de dieciocho años para que ejerza la prostitución, proponiendo la modificación en el sentido de que la conducta también sea punible cuando se promoviere o facilitare el traslado dentro de los límites del territorio nacional con idéntica finalidad (proyecto de ley presentado por el Diputado Nacional Damiani) y ahora reproducido.

Asimismo se presentó un proyecto de modificación del inc. 1º del art. 33 del C.P.P.N. (expte. nº 3566-jun-05), proponiendo la federalización de los delitos tipificados en los arts. 142, bis, 149 ter, 170, 189 bis y 127 ter del Código Penal, incluyendo

el que se detalla en el acápite que antecede. La razón fundante, es que cuando se traslada a una persona privada ilegítimamente de su libertad, de una provincia a otra, el órgano de investigación provincial ve trunca su investigación por la imposibilidad de avanzar en otra provincia con la misma, impedimento que se ve salvado con la competencia federal.

Sr. Presidente, Tucumán figura de acuerdo a estadísticas del Ministerio de Justicia de la Nación, dentro de las provincias con menor cantidad de sentencias condenatorias, promediando su número en 0.8 sentencias por juez de sentencia por mes. Ello habla de una falla dentro del sistema, el que debe ser corregido.

Todas éstas razones deben ponernos en alerta. Por ello y por todo lo expuesto, solicito a los Sres. Diputados me acompañen en el presente proyecto de declaración.