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PROYECTO DE TP
Expediente 1909-D-2008
Sumario: PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LA APLICACION DE LA LEY DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO.
Fecha: 02/05/2008
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 36
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Que vería con agrado que el Poder
Ejecutivo brindara información sobre la aplicación de la Ley de Financiamiento
Educativo en especial a sus aspectos siguientes:
1. Detallar los recursos que se han
aplicado para el cumplimiento de la ley, tanto por la Nación como por las
Provincias, desde su sanción a la fecha, y el destino de las partidas asignadas al
efecto, indicando porcentaje del PBI que corresponde a cada una, durante el
periodo comprendido desde la sanción de la ley hasta diciembre de 2007
discriminada por jurisdicción.
2. Detallar lo distribuido mediante la
ley 23.548 (sus modificatorias y complementarias), neto de la masa de recursos
que es coparticipada a los municipios, total de recursos coparticipados a las
provincias, neto de las transferencias y su afectación a cultura y educación,
durante el período desde la sanción de la ley hasta la fecha, discriminada por
jurisdicción provincial
3. Según la ley, en la cuenta de las
provincias debería cargarse el 60% del aumento del gasto en educación, que se
incrementarían según los cálculos al 66,8%. Confirmar si las cifras han sido
modificadas o se mantienen.
4. Detallar si al menos en 2006, y en el
2007, el 80% de las mayores erogaciones ha sido asignado a mejorar los sueldos
docentes.
5. Qué previsiones se han tomado
para ir cubriendo los defasajes financieros que se presentarán en los años
siguientes del 2007, al 2010, dado que el incremento del gasto en educación,
derivado de la ley, será cubierto por el aumento de los ingresos que percibirán por
la coparticipación impositiva, pero como el PBI crecerá, también les significará un
esfuerzo fiscal adicional mantener constante la actual relación entre gasto y PBI:
dicho de otro modo, esa plata no será la misma que ahora. Así, la cuenta
educativa provincial total llegaría a 37.426 millones en 2010, contra actuales
16.481 millones: en definitiva se tendría un incremento del 127% en cinco
años.
6. El resultado sería, entonces, que las
provincias deberían desviar recursos de otras partidas presupuestarias para
cumplir plenamente con la ley. Y eso sin computar eventuales mayores gastos
derivados de reclamos gremiales paralelos. ¿Cómo está previsto
solucionarlo?
7. Frente a este panorama, se han
planteado alternativas para reglamentar la norma como dejar el monto que las
provincias actualmente destinan a la educación se mantenga fijo, o sea, que no
suba con el crecimiento del PBI, y que sí aumente el futuro, en perjuicio de verse
menguado considerablemente los recursos que surgen de la letra de la ley; o la
alternativa de que la Nación comparta el costo que el emprendimiento les significa
a las provincias.
8. El Gobierno nacional les retendrá a
las provincias el porcentaje de la coparticipación destinado al financiamiento
educativo. Y después controlará que sea efectivamente aplicado de acuerdo con
lo que establece una ley originada en el Poder Ejecutivo, y que les implica atender
las mayores erogaciones derivadas de la próxima ley educativa, y también se
preanuncia ajustes fiscales a las provincias para encontrar una fórmula para
vulnerar la Ley de Responsabilidad Fiscal, en su primer año de vida.
9. Confirmar si de acuerdo al
Presupuesto para el ejercicio de 2007, las provincias, tendrán que destinar en su
conjunto $ 3894 millones más que en 2006 para cumplir con el aporte que les
corresponde para llegar al 5% del PBI.
Ese esfuerzo exigirá una inversión global de $ 24.894 millones entre todas las
jurisdicciones. Y al firmarse los acuerdos respectivos han expresado objeciones de
carácter económico-financiero que imposibilitarían cumplir con la ley de
Financiamiento Educativo y la de Responsabilidad Fiscal
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto tiene
como antecedente el expediente 1333-D-2007.
Por la Ley de Financiamiento
educativo:
"Las provincias ven afectados en forma
específica parte de los recursos de coparticipación federal, actualmente de libre
disponibilidad".
La ley compromete a la Nación, las
provincias y la ciudad de Buenos Aires a incrementar progresivamente el gasto
consolidado en educación y cultura hasta alcanzar en 2010 una participación del
6% en el producto bruto interno (PBI). Un 76% sería ejecutado por las provincias y
la ciudad de Buenos Aires (16.628 millones), mientras que el 24% restante (5284
millones), por el gobierno nacional.
"La ley estipula cómo aumentará el
gasto, pero no dice cómo sostenerlo", "Tendrán cada vez un menor aumento de la
coparticipación y, por otra parte, las provincias tienen que pensar en cómo
sostener el gasto actual con un producto bruto interno en crecimiento."
Este año 2006 las provincias debieron aumentar el gasto en educación. El costo
fiscal de la ley de financiamiento educativo respecto del de 2005, recayó
fundamentalmente sobre las provincias., Además, el financiamiento previsto en la
ley alcanza sólo para los próximos tres años
El esfuerzo adicional para llegar a la
meta, según lo establece la ley, será compartido en un 60% por las provincias y en
un 40% por la Nación. De acuerdo con esta participación, las provincias deberán
aumentar el gasto en educación en $ 4058 millones en este año. En 2010, esa
erogación adicional alcanzará los 19.962 millones.
El mecanismo de financiamiento para
afrontar los aumentos de gastos en esta área provendrá del incremento de los
recursos coparticipables respecto de 2005. Para ello se tendrá en cuenta lo
distribuido mediante la ley 23.548 (sus modificatorias y complementarias), neto de
la masa de recursos que es coparticipada a los municipios.
En el año 2005 el total de recursos
coparticipados a las provincias, neto de las transferencias alcanzó 30.732 millones
de pesos y en el 2006 esos recursos llegan a 35.978 millones, sobre el excedente
(5243 millones) se afectarán 1885 millones a cultura y educación. Por ende, un
36% del incremento total de la coparticipación neta es objeto de una asignación
específica este año.
Para 2010, esa proporción se eleva al
46% (9420 millones de pesos). Es decir que casi la mitad del aumento de los
recursos coparticipables no tendrá libre disponibilidad.
El incremento esperado de los
recursos, alcanzará a cubrir el gasto adicional en educación durante los próximos
tres años. A partir de 2009, el alza esperada de ingresos coparticipables es menor
que el aumento del gasto total necesario para alcanzar las metas previstas en la
nueva ley, a partir de ese año las provincias deberán reasignar partidas
presupuestarias a favor de educación y cultura, ya que los recursos incrementales
no serían suficientes para alcanzar los objetivos.
Cómo se financiará esa diferencia es
una incógnita y un problema a futuro que deberá ser analizado y solucionado
En 2010, el incremento de recursos
ascendería a $ 3685 millones, respecto del año anterior, mientras que el aumento
del gasto superaría los 4600 millones; se registraría un faltante de 933 millones
que las provincias deberían extraer de otras fuentes.
De esta forma, a partir de 2009, todo el
aumento de los ingresos coparticipables deberá ser destinado a las erogaciones
educativas y, aun así, éstas no serán suficientes para cumplir con las metas de la
legislación. Es decir que de no producirse un crecimiento de los recursos
coparticipables, el gasto en educación podría insumir más del 70% de la totalidad
de los recursos coparticipados.
Uno es que el gasto total en educación
saltaría de 22.272 millones a 53.605 millones, entre 2005 y 2010: eso es lo que
significaría que pase del actual 4,2% del PBI al 6%. Dos, que la diferencia de
31.333 millones entre el punto de partida y el de llegada debería ser cubierta de la
siguiente manera: 20.935 millones a cargo de las provincias y 10.398 por parte de
la Nación.
Aquí aparece uno de los reparos provinciales. Según la ley, en la cuenta de ellas
debería cargarse el 60% del aumento del gasto en educación. Pero los 20.935
millones representan 66,8%. Algunos otros son los que siguen:
- Los cálculos dan que, al menos en
2006, el 80% de las mayores erogaciones será asignado a mejorar los sueldos
docentes. Y la conclusión es que eso desatará demandas por reajustes
equivalentes en otros sectores de sus propias administraciones: empleados
públicos, trabajadores de la salud y policías.
- El incremento del gasto en
educación, derivado de la ley, será cubierto por el aumento de los ingresos que
percibirán por la coparticipación impositiva. Pero como el PBI crecerá, también les
significará un esfuerzo fiscal adicional mantener constante la actual relación entre
gasto y PBI: dicho de otro modo, esa plata no será la misma que ahora. Así, la
cuenta educativa provincial total llegaría a 37.426 millones en 2010, contra
actuales 16.481 millones: subirá 127% en cinco años.
- El resultado sería, entonces, que las
provincias deberían desviar recursos de otras partidas presupuestarias para
cumplir plenamente con la ley. Y eso sin computar eventuales mayores gastos
derivados de reclamos gremiales paralelos.
Frente a este panorama, ya ha
comenzado a plantearse una alternativa, que podría quedar plasmada en la
reglamentación de la norma. Consiste en que el monto que las provincias
actualmente destinan a la educación se mantenga fijo, o sea, que no suba con el
crecimiento del PBI, y que sí aumente el futuro. Claro que eso menguaría
considerablemente los recursos que surgen de la letra de la ley.
Otra alternativa es que la Nación comparta el costo que el emprendimiento les
significa a las provincias. Pero no parece fácil.
Las leyes de Financiamiento Educativo
y de Responsabilidad Fiscal generan controversias
La coparticipación
nuevamente en el centro del debate
La existencia de una "contradicción"
entre la ley de Financiamiento Educativo, que regula el incremento de fondos para
la Educación, y la ley de Responsabilidad Fiscal, que obliga a las provincias a
controlar sus niveles de gastos y de endeudamiento.
Pero, además de todo esto, las cuentas
provinciales deberán entrar en el corset que la Ley de Responsabilidad Fiscal
(LRF) les impone a sus gastos. Atender las mayores erogaciones derivadas de la
próxima ley educativa, preanuncia ajustes fiscales en el interior. Y probablemente
no los evitaría que se encontrase una fórmula para vulnerar sin aparecer
haciéndolo la LRF, en su primer año de vida.
Lo cierto es que, quieran que no, el Gobierno nacional les retendrá el porcentaje
de la coparticipación destinado al financiamiento educativo. Y después controlará
que sea efectivamente aplicado de acuerdo con lo que establece una ley originada
en el Poder Ejecutivo.
Si esto vulnera la autonomía de las provincias, puede ser una discusión que
alguno plantee. No parece que haya demasiado margen para reclamos, Así no
están en cuestión los objetivos de la ley educativa, sino cómo se la financia.
El presupuesto educativo que el
Gobierno fijó para el año próximo tendrá un incremento de casi $ 2000 millones, lo
que representa una suba del 31% respecto de 2006, aunque ello no implicará
aumento alguno para los salarios de los maestros.
De ese monto, sólo $ 786 millones serán asignados a la educación básica. Del
resto, $ 947 millones irán a las universidades y $ 223 millones, al área de ciencia y
tecnología. Así, el presupuesto total del Ministerio de Educación enviado al
Congreso ascenderá a $ 8284 millones.
El incremento del presupuesto permitirá, según el gobierno, entre otras cosas,
avanzar en el cumplimiento de la meta prevista por el gobierno nacional en la ley
de financiamiento educativo, que pretende alcanzar en 2007 una inversión en
educación equivalente al 5% del producto bruto interno (PBI) en todo el país.
En cuanto a las provincias, tendrán que
destinar en su conjunto $ 3894 millones más que en 2006 para cumplir con el
aporte que les corresponde para llegar al 5% del PBI.
Ese esfuerzo exigirá una inversión global de $ 24.894 millones entre todas las
jurisdicciones. Se prosigue con la firma de los convenios con cada provincia, por
el cual se comprometen a cumplir con las metas fijadas en la ley de
financiamiento.
Aclaraciones al sistema deben ser
analizadas no solo por el gobierno sino también por el parlamento, ello motiva
solicitar información al respecto.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| GALVALISI, LUIS ALBERTO | CIUDAD de BUENOS AIRES | PRO |
| COMELLI, ALICIA MARCELA | NEUQUEN | MOV POP NEUQUINO |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| EDUCACION (Primera Competencia) |