La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través de la Secretaría de agricultura, ganadería, pesca y alimentos de la Nación (SAGPyA), informe:

1) Metodología utilizada por la Secretaría de agricultura, ganadería, pesca y alimentos (SAGPyA) para el cálculo de los denominados "valores de mercado" de la Soja, el Trigo, el Maíz, el Girasol, el Aceite de girasol crudo y el Aceite de soja crudo.

2) Metodología utilizada para determinar la base imponible de los derechos de exportación y a partir de ello, el monto a abonar en concepto de derechos de exportación.

Señor presidente:

A partir de lo que los medios de comunicación han denominado "el campo vs. el gobierno", se ha abierto nuevamente la discusión y se ha permitido que la sociedad toda se informe, participe, opine y debata en lo que concierne a la realidad y perspectivas del sector agropecuario argentino, y en definitiva sobre la realidad y el futuro de nuestro país.

En este marco, uno de los puntos centrales de debate ha sido y es actualmente, el que se refiere a las políticas nacionales agropecuarias. Dentro de ellas, las denominadas "retenciones" han sido la vedette de la polémica. Se ha discutido sobre su efectividad, sobre el monto ad-valorem a cobrarse, sobre sus criterios universales que no distinguen entre pequeños, medianos y grandes productores, sobre su carácter redistributivo o no, etc..

Lamentablemente, la dinámica del conflicto permitió que el debate se centre en "¿que se debería hacer?" y ¿para qué?, y hayan pasado desapercibidas cuestiones que tienen que ver con "¿qué se hace?" y "¿cómo se hace?" (1) .

Por ello creemos en la sustancial importancia de que la comunidad toda conozca qué es lo que se está haciendo y cómo se está haciendo, de manera de permitir el debate sobre el para qué hacerlo, más aún cuando hay de por medio una denuncia penal.

Recordemos que en los primeros días de abril del presente año, diversos medios de comunicación masiva difundieron una denuncia penal realizada de manera conjunta por Ricardo Monner Sans y Mario Cafiero sobre la metodología para el cálculo de la retención que las empresas exportadoras aplicarían al momento de comprar cereales (2) .

En la denuncia se estima que durante el año 2007 "las principales cerealeras, utilizando el esquema diseñado por Lousteau y aplicado por De Urquiza, que consistiría en descontar las retenciones del precio de embarque (FOB) y no del neto que percibe el exportador (FAS), habrían deprimido el precio del total de las exportaciones de la oleaginosa en unos US$ 5.000 millones".

Complementariamente, además de denunciar que la información sobre las retenciones está "erróneamente calculada", se advierte por parte de los denunciantes que existe falta de control por parte de la AFIP y de la Aduana, lo cual agrava aún más la situación.

Recordemos que el Código Aduanero, legado de la última dictadura militar, siendo la norma que regula la aplicación de derechos de exportaciones ad-valorem, en su artículo 737 establece que "se excluyen del valor imponible los derechos y demás tributos que gravaren la exportación".

Por otra parte, los denunciantes informan que "la Secretaría de agricultura, ganadería, pesca y alimentos (SAGPyA) calcula el derecho de exportación sobre la base del precio FOB, sin descontar o deducir los derechos incluidos en ese precio". A partir de lo cual, la información que suministra diariamente la SAGPyA en su página web (3) estaría siendo calculada aplicando una metodología incorrecta. De esta manera se estarían distorsionando los precios que se toman a modo de parámetro para la realización de operaciones de compra y venta de Soja, Trigo, Maíz, Girasol, Aceite de girasol crudo, Aceite de soja crudo (FAS teórico) (4) .

Los denunciantes informan que "las firmas exportadoras cerealeras (...) practican una conducta que implica liquidarle al productor un precio sustancialmente menor al vigente en los mercados internacionales (descontados los derechos de exportación y gastos de comercialización y flete correspondientes). De esta manera un puñado de empresas, en su mayoría transnacionales, logran apropiarse de una sustancial diferencia, en base a la existencia de información erróneamente calculada y publicada oficialmente por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, y por la falta de control cruzado tanto por parte de la AFIP como de la ADUANA". Entre las cerealeras multinacionales que serían parte de esta operatoria se encuentran el grupo Louis Dreyfus, Noble Argentina, ADM Argentina S.A. y Aceitera General Deheza S.A..

A partir de este panorama, se estaría frente a un esquema de transferencia de ingresos propiciado por el propio Estado, dentro del cual los productores agropecuarios (sean pequeños, medianos, grandes) estarían recibiendo una menor cantidad de dinero por su producción de la que les corresponde, y que esa diferencia esté siendo apropiada no por el Estado sino por un grupo concentrado de empresas transnacionales.

En caso de encontrarse inconsistencias metodológicas que permitan una transferencia de ingresos de este tipo, creemos conveniente la inmediata modificación de las mismas para generar reglas de juego claras para todos los actores.

Por las razones expuestas, solicitamos se apruebe el presente proyecto de Resolución.