La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su más enérgico repudio y preocupación ante las averiguaciones ilegales a las que fueran sometidos productores autoconvocados de la localidad de Pigüé por parte de personal de la Dirección de Prevención del Delito de la Policía Bonaerense, con sede en Bahía Blanca, rechazando enfáticamente dichas actividades y exhortando a las autoridades de la Justicia Federal una pronta y rápida investigación y castigo a los involucrados en las mismas.-

Señor presidente:

El día 23 de abril de 2008 fue publicada en la sección Regionales del diario La Nueva Provincia de la ciudad de Bahía Blanca, y bajo el título "En Pigüé no descartan volver al paro", un artículo donde se da cuenta que los productores autoconvocados de dicha localidad se sintieron inquietos y molestos por tomar conocimiento que personal de la Dirección de la Prevención del Delito de la Policía Bonaerense, con sede en Bahía Blanca, había solicitado informes sobre la persona que había gestionado el préstamo del salón donde se realizó el encuentro de los mismos. El Sr. Intendente del partido de Saavedra, Rubén Grenada, nos había informado con anterioridad de esta situación, así como lo hiciera en declaraciones radiales en el programa del Sr. Nelson Castro, de la Capital Federal, uno de los ruralistas involucrados. Asimismo, el Sr. Diputado de la Provincia de Buenos Aires, Jaime Linares, junto con el Sr. Senador de la Provincia de Buenos Aires, Roberto Oscar Molini, presentaron el día 25 de Abril del presente una denuncia ante la Fiscalía Federal Nº 1 de la ciudad de Bahía Blanca para que se investiguen los hechos anteriormente descritos. En virtud de que se podría estar infringiendo las disposiciones de la Ley de Inteligencia Nacional Nº 25.520, y más específicamente al Título II referido a los Derechos y Garantías de los habitantes de la nación es que expresamos nuestro más enérgico repudio y preocupación ante hechos de tal gravedad, rechazamos enfáticamente dichas actividades y exhortamos a las autoridades de la Justicia Federal una pronta y rápida investigación y castigo a los involucrados en la misma. Quienes y para qué se realizaban semejantes tareas, absolutamente ilegales y lesivas de los derechos de las personas, deberá imperiosamente descubrirse.

Más allá de los detalles técnicos de cómo y a través de qué medios se llevó a cabo la operación en cuestión, lo más grave es que se trata de una evidente invasión de datos privados de ciudadanos de nuestro país por parte de una institución estatal, violando las más elementales normas de convivencia nacional. Estamos hablando de una acción ilegal porque se hace sin orden judicial y evidentemente avasalla los derechos de los individuos. La misma sienta un grave precedente que debería, y es una expresión de deseo que así suceda, dar lugar a un replanteo de la problemática del rol social de las instituciones policiales y la forma de erradicación definitiva de conductas deleznables que impiden la convivencia armoniosa del pueblo argentino.

Estos hechos repudiables desde todo punto de vista denotan que aun existen tareas que realizan las instituciones policiales que deberían estar desterradas para siempre, y que nos hacen recordar hechos oscuros, dolorosos y tristes de nuestra historia reciente. Por tal motivo, creemos que esta Honorable Cámara debe emitir una declaración enérgica en tal sentido, enarbolando hoy más que nunca las banderas de la libertad, la independencia, la democracia, en pos de una patria más justa, libre y soberana.

Por la importancia y trascendencia del tema no cabe abundar en más detalles, solo instar dentro de nuestro alcance como Poder Legislativo al esclarecimiento total de los hechos tanto a nivel judicial como administrativo.

Por todo lo expuesto anteriormente, es que solicito a los Sres. Diputados acompañen en la sanción del presente Proyecto de Declaración.-