La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

1º) Instar al Poder Ejecutivo a que dicte un decreto para la creación de una base única de datos con los nombres de los agentes que cumplieron funciones en organismos de inteligencia y de seguridad a nivel nacional y provincial durante la última dictadura militar entre los años 1.976 y 1.983, incorporándose asimismo los registros hoy existentes de quienes hayan sido juzgados y condenados por crímenes de lesa humanidad.

2º) Procurar que se facilite el acceso a dicha base de datos a todos los organismos de Derechos Humanos y toda agrupación social que la solicite.

3º) Solicitar al Poder Ejecutivo que instruya a todo organismo del Estado Nacional, a los fines de que -salvaguardando siempre las garantías constitucionales del principio de inocencia y debido proceso- las personas que estén incluidas en la referida base de datos no puedan ejercer función alguna en los mismos, e invite asimismo a los gobiernos provinciales y municipales para que adopten idéntica actitud.

4°) Solicitar al Poder Ejecutivo que invite a los gobiernos provinciales y por este intermedio a las municipalidades a adherirse a dicho decreto y a colaborar en el sentido señalado en los 1° y 2° .

Señor presidente:

Motiva el presente proyecto de resolución, un artículo publicado por el diario Perfil del día domingo 25 de marzo de 2012, el que aludía al descubrimiento de un agente de inteligencia civil del batallón 601 como infiltrado en los organismos de Derechos Humanos (Liga Argentina por los Derechos del Hombre).

Es por todos conocida la manera sangrienta, feroz, sistemática e ilegal en que la dictadura organizó innumerables formas de perseguir, espiar y controlar la vida de instituciones y personas entre 1.976 y 1983.

Sin embargo, y aún con los enormes avances y esfuerzos logrados en democracia (juicio y condena a los militares represores de la última dictadura), no se han podido erradicar aún, por completo, ciertas prácticas. Desde las sombras continúan algunos personajes tratando de infiltrarse e informarse sobre las actividades de organizaciones y de compatriotas que solo siguen buscando se haga justicia con todos los responsables de aquel negro período de la Argentina.

En muchos casos son antiguos agentes de los organismos de Inteligencia Civil o informantes los que se acercan al Estado, a las agrupaciones de Derechos Humanos, u otras organizaciones sociales, con el fin de infiltrarse y persistir con sus conductas.

La iniciativa, que postula que quienes figuren en dicho registro no puedan ejercer función alguna en los organismos públicos, deberá salvaguardar las garantías constitucionales del principio de inocencia y debido proceso.

Entendemos que de esta manera, se podría dar mayor seguridad y tranquilidad a todos los militantes políticos y sociales que sostienen las banderas de Verdad y Justicia respecto a aquel nefasto período.

En particular contribuiría con el trabajo valiente, consecuente y eficaz que llevan adelante las diferentes organizaciones de Derechos Humanos.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares se sirvan acompañar el presente proyecto de resolución.