La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su más enérgico repudio respecto de la campaña exploratoria de hidrocarburos realizada en la plataforma continental argentina (cuenca Malvinas Norte) por parte de cinco empresas extranjeras sin contar con la correspondiente autorización de la Secretaría de Energía de la Nación.

Señor presidente:

El Gobierno nacional ha presentado una denuncia contra cinco empresas extranjeras por realizar actividades de exploración de hidrocarburos en la plataforma continental argentina, en las inmediaciones de las Islas, sin la correspondiente autorización de la Secretaría de Energía de la Nación.

La denuncia fue realizada por la Cancillería y el Ministerio de Planificación Federal - presentada por el secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Lic. Daniel Filmus y la secretaria de Energía, Ing.Mariana Matranga - ante el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella.

Las empresas denunciadas integran un consorcio responsable de la contratación de una plataforma semi-sumergible, que el pasado 6 de marzo inició una campaña exploratoria en la cuenca Malvinas Norte -a unos 200 kilómetros de las islas- durante la que prevén perforarse al menos seis pozos. La denuncia fue realizada concretamente contra los directores, gerentes, síndicos o representantes de las empresas Rockhopper Exploration plc, Premier Oil plc, Falkland Oil And Gas Limited, Noble Energy Inc. y Edison International SpA.

Con la presentación se aplicará por primera vez el texto reformado de la ley 26.659 referida a las condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina. La Ley N° 26.915, modificatoria de la Ley N° 26.659, incorporó la responsabilidad penal de las personas físicas y jurídicas que, sin la autorización del organismo competente, realicen actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en el lecho o en el subsuelo del mar territorial o en la plataforma continental argentinos.

La ley castiga a las empresas que realicen esas tareas sin el permiso del gobierno argentino en la zona ubicada alrededor de las islas y prevé penas de hasta 15 años prisión, multas equivalentes al valor de 1,5 millones de barriles de petróleo, así como la prohibición e inhabilitaciones para operar en el país.

Así, contamos con herramientas tanto de derecho interno como de derecho internacional para defender nuestros recursos, cuyo fundamento primero y último es el ejercicio del poder soberano de los países.

El gobierno británico ha desconocido y rechazado esta legislación sosteniendo que su derecho es "legítimo" y "legal", lo que constituye a todas luces un nuevo avasallamiento de nuestra soberanía.

Podemos ver que cuando el gobierno argentino reacciona Gran Bretaña contesta que van a seguir sosteniendo y utilizando la plataforma de exploración de petróleo, a seguir vendiendo licencias para exploración de petróleo y licencias de pesca, y que van a defender ese "derecho" con la base militar que tienen en nuestras Malvinas.

Con el injustificado e inverosímil argumento de que Argentina significa "una amenaza muy viva" de una agresión armada en las Islas Malvinas, el secretario de Defensa británico acaba de declarar ante el Parlamento de su país que incrementarán sensiblemente su inversión en armamentos con destino a las islas, prometiendo un esfuerzo presupuestario adicional de 180 millones de libras (cerca de 268 millones de dólares) para los próximos diez años. No es casualidad que en momentos en que se anuncia este incremento del gasto militar acaba de llegar a las islas la plataforma petrolera Eirik Raude con el objetivo de explorar la zona en busca de hidrocarburos.

El verdadero interés de Gran Bretaña en el mantenimiento de una base militar en una zona geopolíticamente estratégica es su cercanía a la Antártida y al corredor bioceánico y por las riquezas renovables y no renovables de las que somos legítimamente dueños.

La caída en el precio del petróleo plantea un nuevo escenario geopolítico global y nos lleva a preguntarnos sobre qué naciones se ven perjudicadas y cuáles beneficiadas en este nuevo ordenamiento. Frente a esta circunstancia el Reino Unido despliega sus espurias estrategias en territorios colonizados. Pero de ninguna manera vamos a quedarnos con los brazos cruzados.

Como bien dijo la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la cumbre del CELAC de enero de 2014 , en La Habana, Cuba, "uno de los últimos vestigios de colonialismo en el mundo que se da aquí en la región del Atlántico Sur, en nuestras Islas Malvinas, e instar una vez más al Reino Unido, para que cumpla las tantísimas - ya no sé cuántas- resoluciones de Naciones Unidas, de organizaciones de estados americanos, del Comité de Descolonización de Naciones Unidas y de cuanto organismo universal y global hay por el mundo en el apoyo por nuestras Islas Malvinas. Asimismo, esto implica a la vez, la desmilitarización del Atlántico Sur. No podemos permitir, bajo ningún punto de vista; es condición también para el desarrollo y para la integración, que toda la región conserve esa desmilitarización y esa zona de paz. Y esto también es colonialismo: la presencia militar de Gran Bretaña en bases militares enclavadas en territorio soberano".

Desde el retorno a la democracia en 1983, Argentina ha hecho del reclamo pacífico por la recuperación del ejercicio de la soberanía una verdadera política de Estado y ha sostenido que el diálogo bilateral con el Reino Unido, en los términos que plantea la resolución 2065 de las Naciones Unidas, único camino válido para la negociación. Esta ha sido la posición que llevó nuestra presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, al Comité de Descolonización de la ONU al cumplirse 180 años de la ocupación británica en 2013. También la que todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria han refrendado en 2012 al aprobar por unanimidad la Declaración de Ushuaia.

La resolución de la ONU 2065 de 1965 insta a las partes a resolver este conflicto a través del diálogo. Esta resolución reconoce la existencia de una disputa territorial entre el Reino Unido y la Argentina, es fundamental al momento de justificar la negativa al pretendido derecho de autodeterminación de los habitantes británicos de Malvinas.

La Resolución 2065/65 dejó claramente establecido en el marco del Comité de Descolonización de la ONU que este conflicto debía resolverse de manera bilateral, atendiendo a los intereses de los isleños, pero no reconociendo el principio de autodeterminación, precisamente porque no fue considerado un pueblo originario, sino una población implantada por una potencia colonial, a partir del momento en que fueron expulsadas las autoridades y los habitantes argentinos. Por eso este tema se debate en el Comité de Descolonización. En el marco de dicho Comité de Descolonización año a año logramos con el apoyo de muchos países, que se deje absolutamente claro que hay un único camino para poder resolver este conflicto, que es la vía de la Resolución 2065, a partir del debate bilateral.

Nuestro país ha sido acompañado en este reclamo no sólo por la ONU, sino por un conjunto de organismos multilaterales como la OEA, Unasur, Celac, Mercosur, G-77 + China, las cumbres de países africanos y árabes.

Como lo ha señalado en numerosas ocasiones nuestra Presidenta, continuaremos defendiendo nuestro reclamo de soberanía de la mano de nuestra legislación y del derecho internacional. Seguiremos reclamando por un orden internacional donde los diferendos puedan ser resueltos por la vía diplomática sin importar el poderío militar que posea cada país.

Cabe entonces, como representantes del pueblo de la Nación, respaldar esta denuncia realizada por el gobierno nacional y expresar el más enérgico repudio, respecto de la campaña exploratoria de hidrocarburos realizada en la plataforma continental argentina (cuenca Malvinas Norte) por parte de cinco empresas extranjeras amparadas por Gran Bretaña, como toma de posición frente a los actos deliberados de colonialismo que sigue desarrollando ese país, que a todas luces atentan contra la soberanía argentina sobre las islas.

Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.