La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo, para que a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, informe:

1) Si el citado Ministerio tiene designados representantes en la Comisión Administradora del Tratado sobre Integración y Complementación Minera suscripto con la republica de Chile en el año 1997. En caso de que así fuera, provea los datos filiatorios de dichos funcionarios.

2) Si la Comisión Administradora del Tratado sobre Integración Minera aprobó, aconsejó, autorizó, y/o permitió excavaciones en busca de agua en la Puna Salteña, específicamente en la Quebrada de Caipe (en las proximidades del Salar de Arizaro), el Salar de Llullaillaco (en las cercanías del volcán del mismo nombre) y en el Salar de Río Grande (en las inmediaciones del complejo azufrero de mina La Casualidad), con el fin de exportar agua a Chile para abastecer emprendimientos mineros.

3) ¿Cuándo fue la última vez que dicha Comisión se reunió? Acompañese copia del acta de dicho encuentro.

Señor presidente:

El 25 de octubre de 2007 la Comisión Regional de Medio Ambiente de Antofagasta (COREMA) rechazó el proyecto Pampa Colorada, que preveía la perforación de 35 nuevos pozos de agua dulce en el Norte chileno para cubrir los requerimientos del emprendimiento minero La escondida, de la compañía BHP Billiton.

A partir de ese momento, BHP Billiton habría iniciado gestiones en las oficinas de Inversiones El Álamo S.A. en Santiago de Chile, en donde presuntamente se empezó a trabajar en un estudio de factibilidad técnica y económica para la producción y distribución de agua industrial para proyectos mineros desde la provincia de Salta (Argentina) a la II Región de Chile. (1)

Dicho estudio, según se desprende de la documentación reunida a través del trabajo periodístico del Diario El Tribuno de Salta, fue recogido en Santiago de Chile el 31 de agosto del 2.000 por un referente del estudio jurídico Arrizabalaga (del cual también es socio el ex subsecretario de Energía y Minería de la Nación Carlos Saravia frías) y habría sido impulsado en Salta por varias empresas entre las que estarían MIM Argentina Exploraciones, Mines S.A. y Servicios Mineros (que luego pasó a ser denominada Servicios Hidrogeológicos y Mineros Internacionales y que en una posterior instancia fue rebautizada Servicios Hidrológicos y Mineros Internacionales).

Esta última empresa presentó un pedido ante el Ministerio de Desarrollo Económico de la Provincia de Salta, por el cual pretende acceder al área de exploración en la que, de todos modos ya se estaban realizando (y se continúa al día de hoy) excavaciones, y que fue elevado a la Unidad Revisora de Contratos (UNIREN).

Dichas excavaciones habrían empezado a realizarse a fines del año 2007 y, según la documentación obtenida por el citado periódico, tienen como objetivo la extracción de agua de la Puna Salteña y su posterior envío a Chile por un acueducto, en donde se utilizaría para satisfacer los requerimientos del emprendimiento minero La escondida (primer productor de cobre del mundo).

Si bien las excavaciones fueron suspendidas por la Secretaria de recursos hídricos de la provincia el 17 de febrero de este año, dicha medida fue levantada por razones poco claras, luego de la presentación de un Informe de Impacto Ambiental. Desde el gobierno provincial esta decisión se explicó con una resolución del Ministerio de la Producción por la cual la firma que llevaba adelante las tareas acreditó que se hallaba habilitada desde abril de 2007 a realizar evaluaciones hidrogeológicas destinadas a alumbrar aguas subterráneas para "uso minero, agrícola y agroindustrial en los departamentos Los Andes y La Poma".

El proyecto contempla el envío de hasta 6000 litros de agua por segundo, con una inversión de 203 millones de dólares para el acueducto.

Fuentes cercanas al proyecto dejaron traslucir que el emprendimiento habría sido autorizado, aprobado, y/o aconsejado por la Comisión Administradora del Tratado sobre integración y cooperación minera, y que el proyecto da cumplimiento a lo preceptuado en dicho Tratado celebrado entre Argentina y Chile en el año 1997.

Dicho emprendimiento genera grandes impactos ambientales, sociales y económicos, tales como posibles agotamientos de napas, pérdidas de vertientes y caídas de nivel del agua en pozos vecinos, con lo cual pueden afectarse consumos potables, para animales de cría, la vida silvestre nativa, así como los usos domésticos del agua. (2)

Resulta una obviedad afirmar que el recurso agua es claramente estratégico, y que exportarla sería un absurdo inaceptable.

Es por todo lo expuesto que considero de vital importancia, acceder a la información requerida, y que solicito a los Sres/as diputados/as que me acompañen en este proyecto.