La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a través del organismo u organismos que correspondan, informe sobre los siguientes puntos:

Si las modificaciones efectuadas por las empresas de telefonía móvil, a los planes previamente contratados respecto al servicio de internet, se ajustan a normativa vigente.

En caso negativo, qué sanciones se prevén.

Informe si a la fecha existen sanciones ya aplicadas, determinando de cuál se trata.

Informe cómo deben ser efectuadas las notificaciones de las empresas a los clientes al momento de informarle un cambio en las condiciones de contratación.

Informe si los medios de notificación expresados por las empresas de telefonía se ajustan a la normativa vigente.

En caso negativo qué sanciones se prevén.

Informe si a la fecha ya se han aplicado sanciones en relación a las notificaciones.

Informe si a raíz de la situación planteada, se han iniciado expedientes en el servicio COPREC, y qué resultados han tenido.

Señor presidente:

A partir de la sanción de la Ley "Argentina Digital" N° 27.078, se declaró el carácter de servicio público, esencial y estratégico de tecnologías de la información y comunicaciones al uso y acceso de las redes de telecomunicaciones. Sin embargo, pese a este avance en legislación, continúan proliferando permanentes abusos a los consumidores por parte de las empresas de telefonía móvil.

Como ha sido de público conocimiento, las principales prestadoras de servicios de telefonía celular (Personal y Movistar y Claro) han dejado de proveer la navegación de datos sin límites. En post de aumentar su recaudación, Movistar empezó a cobrar $ 3,30 por la utilización de 15 MB, capacidad que se agota rápidamente con la reproducción de un video breve en la página YouTube. [1]. Esto significa que clientes con abono fijo- que antes podían navegar de manera continuada y, al llegar a un tope máximo predeterminado, su velocidad se reducía aunque sin pagar de más- ahora, al superar el tope, deben pagar diariamente si quieren usar Internet, y el combo se actualiza varias veces por día. Según ha trascendido, el argumento de las compañías es que decidieron discontinuar planes viejos.

Por su parte, el art. 4° de la Resolución Nacional 26/13 de la Secretaría de Comunicaciones establece "...que los precios establecidos por los operadores dentro de cada una de las diferentes modalidades de contratación y las condiciones comerciales de todos los planes, deben ser razonables y no discriminatorios, y deberán ser comunicados a la Autoridad de Aplicación en forma previa a su entrada en vigencia, con una antelación no menor a SESENTA (60) días corridos."

Si bien las empresas mencionadas han argumentado que notificaron de diversas maneras a sus clientes y a la Comisión Nacional de Comunicaciones, este sistema de notificación ha demostrado en los hechos una total ineficacia. La mayoría de los usuarios ha detectado esta situación cuando sufrió un fuerte incremento en su factura. Por otra parte, muchos suelen adherir su factura al débito automático de su tarjeta de crédito y no revisan los cargos que llegan en la factura hasta que ya son demasiado caros.

Descubrirlos es más complicado aún para quienes tienen el servicio prepago porque no reciben factura y muchos piensan que el crédito se consumió de forma más rápida. Los clientes prepagos, entonces, deberán consultar el detalle de sus consumos llamando a su operadora o ingresando en la página web de la empresa, si es que incluye esta información.

A su vez, la Ley 26.993 ha establecido un sistema de Conciliación Previa para Relaciones de Consumo. En tal sentido se solicita la información detallada.

Que en razón de lo dispuesto por el artículo 42 de la CONSTITUCION NACIONAL es obligación del Estado velar por la defensa de los intereses del consumidor, así como generar las condiciones necesarias para garantizar la libertad de elección en la relación del consumo, salvaguardando los derechos de los usuarios y consumidores, también contemplados en la Ley Nº 24.240 y sus modificatorias.

Es imprescindible la rápida actuación del Estado a través de los mecanismos correspondientes a fin de detectar situaciones ilegales e ilegítimas frente a los consumidores y en su caso se proceda a la sanción de aquellas empresas que atenten contra un servicio tan esencial como la telefonía móvil de gran interés público.

Por los motivos expuestos, solicito a los señores Diputados acompañen este proyecto con su firma.