La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, a través del Ministerio de Defensa, informe a ésta Cámara Legislativa:

1. Si se ha iniciado acción sumaria con el objeto de investigar la existencia de algún tipo de asistencia jurídica e institucional en el ámbito de las FFAA, a favor de los militares incriminados por violaciones a los Derechos Humanos, en delitos de lesa humanidad y/o conexos. En caso afirmativo, si se ha arribado a conclusiones que permitan identificar a los responsables de esa actividad.

2. Si se ha realizado alguna denuncia penal por la posible utilización de los recursos públicos asignados para las FFAA y que hayan sido dirigidos a solventar la existencia de tales actividades, ajenas a las funciones naturales de aquellas.

3. Si se han producido remociones, sanciones o medidas correctivas en áreas de las FFAA sobre personal militar y/o civil con funciones jurídicas o de otro tipo, vinculados a las actividades señaladas.

4. Toda otra información útil a los efectos del particular.

Señor presidente:

Recientemente la organización no gubernamental "CEMIDA" -Centro de Militares para la Democracia Argentina- ha puesto en evidencia la existencia de grupos que, en el seno del Ejército Argentino, prestan asistencia técnico-jurídica e institucional a los efectivos implicados en delitos por violaciones a los Derechos Humanos. Según la ONG, dicho grupo operaría en dependencias del I Cuerpo de Ejército con sede en Palermo. Jerárquicamente, dependería de la Dirección de Bienestar de la fuerza.

También ha trascendido por información de prensa (1) , la supuesta existencia de un llamado "Grupo de Contención", con las mismas funciones que el reportado en el Ejército, pero en este caso en el seno de la Armada, que dependería de la Subsecretaría de Relaciones Institucionales, a su vez dependiente de la Secretaría General Naval, sita en el Edificio Libertad. Previamente el grupo estaba bajo la órbita del Servicio de Inteligencia Naval.

La existencia de estos grupos, organismos paralelos informales y por fuera del organigrama natural de las instituciones militares, es por ahora desconocida en la Fuerza Área, o al menos no ha trascendido. Hasta cierto punto, parece evidente que la más alta jerarquía militar conoce la existencia de los grupos y permite su accionar. Esto denota la relación orgánica entre los grupos y sus fuerzas, ya que no se trata de algo aislado, sino de una dinámica aparentemente corriente.

Su función básica, como dijimos, sería el asesoramiento jurídico por parte de los abogados militares o civiles asimilados, para con los efectivos implicados en crímenes de Lesa Humanidad, contra los Derechos Humanos y conexos. Cosa innecesaria y carente de razón, ya que los imputados y procesados contratan su propia asistencia letrada y además los auditores militares deben actuar en cuestiones de sus fuerzas y no en asuntos de particulares.

Pero lo más preocupante sería el respaldo institucional de cada Arma a los represores, basado en el añejo concepto del "espíritu de cuerpo". Esta idea, llevada al extremo de lo faccioso por algunos militares, siempre distanció a las FFAA de la sociedad, trazando una infranqueable frontera que perjudica las relaciones cívico-militares. Lamentablemente, ese espíritu sectario influyó en la planificación y conducción de golpes de estado y gobiernos de facto. Cuando la corporación militar suele sentirse agredida por el "mundo civil", responde con este tipo de elementos, llámense "Grupos de Contención" o todo tipo de asistencia en la misma dirección y sentido, para asegurar a sus miembros. De hecho, la actividad de los primeros grupos es advertida desde tiempo atrás, cuando se activaron las causas por apropiación de menores.

No podemos permitir ni tolerar que los recursos públicos asignados a las FFAA terminen solventando, mediante sueldos, logística y demás elementos, la asistencia a los incriminados por esos delitos aberrantes. Tampoco podemos ser tolerantes con una estrategia de algunos sectores militares que buscan forjar pactos de silencio y de impunidad. Es muy preocupante que parte de las FFAA - desconocemos si hasta sus niveles más altos- cobijen a este tipo de personas o grupos.

Los organismos de Derechos Humanos han expresado su preocupación, alarma y repudio ante este accionar. La Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora) coincidieron en que hay una comunión entre sectores de las FFAA de ayer y de hoy en cuanto a la búsqueda de impunidad, en que existe preparación de la defensa jurídica dentro de las mismas fuerzas para los incriminados y en que los privilegios corporativos continúan. Estela de Carlotto, Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, ha declarado con razón, que "este tipo de cosas ofenden a la Argentina".

Por lo expuesto, Sr. Presidente, solicitamos al Poder Ejecutivo Nacional que informe si existen acciones sumarias para investigar esta situación y si se han obtenido conclusiones que permitan identificar a los actores y responsables. Por otro lado, también inquirimos sobre la existencia de denuncias penales en el marco de una posible derivación de fondos públicos asignados a las FFAA que hayan terminado por solventar estas actividades. Por último, solicitamos se nos informe si se tuvieron lugar remociones, sanciones o medidas correctivas sobre el personal militar y/o civil a cargo de funciones jurídicas o de otro tipo, relativas a la asistencia de represores.

Vivimos un momento histórico, de continuidad democrática y vigencia del estado de derecho. Y podemos ver como la Justicia llega finalmente sobre los represores y genocidas. No podemos permitir que este proceso sea enturbiado por minorías que resisten la democracia y el recupero de la verdad histórica, amparándose en siniestros manejos que llevaron al país al sufrimiento y la desgracia.

De esta manera pedimos el acompañamiento del presente proyecto mediante el voto afirmativo de los Señores Diputados.