La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar beneplácito por la conmemoración del 90º aniversario de la Reforma Universitaria de 1918.

Señor presidente:

El próximo 15 de junio se conmemora el 90º aniversario de la Reforma Universitaria de 1918, que dio origen a un nuevo concepto de Universidad que desde nuestro país se propagó por toda América Latina, y produjo posteriores reformas en las universidades de Perú y Uruguay en 1919, Chile en 1920, México en 1921, Colombia en 1922, Cuba en 1923, Paraguay en 1927, Bolivia, Brasil y Venezuela en 1928, Costa Rica en 1930, Puerto Rico en 1933, Ecuador en 1936, Panamá en 1943 y Guatemala en 1945.

Adelantándose a los postulados del Mayo Francés, la Reforma logró concretar la participación estudiantil en el cogobierno de la Universidad, democratizando de esa forma, la toma de decisiones en dicha institución, provocó un avance científico fruto de la aplicación de nuevos métodos y técnicas en la producción del conocimiento, profundizó en el estudio de los numerosos problemas nacionales, y se propuso llevar los beneficios de esa investigación al pueblo a través de la extensión universitaria.

Al igual que el resto de la sociedad, la Universidad sufrió los embates de los sucesivos golpes de estado que durante el siglo XX asolaron el país: a los avances producidos durante los períodos democráticos, se contraponen los retrocesos a que obligaron los gobiernos de facto. Así, tenemos que en 1949 se estableció la gratuidad de la enseñanza superior, en 1965 se produjo uno de los más importantes incrementos en el presupuesto educativo en la historia del país, en 1974 se produjo el mayor ingreso de estudiantes. Este proceso se vio brutalmente interrumpido por el golpe de estado de 1976 con su secuela de muerte y devastación de todos los ámbitos de la vida política, económica, social y cultural de la Nación.

Durante la década del 90 también la Universidad sufrió el impacto de las políticas neoliberales, cuyas principales consecuencias fueron: el deterioro del nivel de vida de los estudiantes, de sus posibilidades prospectivas de empleo, de la capacidad de demanda de saberes y profesionales por parte del sistema productivo y la creación de un clima de conformismo y desilusión políticos.

En la actualidad, la cantidad de personas que ingresan en el sistema educativo en su infancia y alcanzan un título en la educación superior es lamentablemente escasa en la Argentina, siendo la injusticia social la causa principal del insuficiente número de graduados. Sin embargo, se han producido cambios alentadores, tales como la sanción de las leyes de Educación Técnico Profesional Nº 26.058; de Financiamiento Educativo Nº 26.075, y de Educación Nacional Nº 26.206. La filosofía que animó la sanción de estas leyes, fue el claro propósito del Estado Nacional de reasumir su rol como responsable indelegable en el diseño de la política educativa, que en la década del '90 había quedado en manos del mercado. Con esa misma filosofía estamos encarando el actual proceso de sanción de una nueva Ley de Educación Superior.

Hoy le toca a la Universidad el desafío de, como en el '18, constituirse en vanguardia de su tiempo, para llevar a la práctica la concepción de toda la educación, y la superior en particular, como un bien público con finalidad social, que deberá forjar un mayor compromiso con el desarrollo futuro de la Nación.

Por lo expuesto, solicito a mis pares, me acompañen con la aprobación de este proyecto.