La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

1. Aporte la nómina total de los abogados que participan de la querella ministerial, en los autos "Córdoba, Marcos Antonio s/descarrilamiento" del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11, Secretaría Nº 21, así como en todo otro proceso conexo a éste, y de aquellas personas que han sido autorizadas a compulsar las actuaciones, indicando en todos los casos el carácter de su función.

2. Explique cuál fue el criterio y el procedimiento empleado para su selección, el modo en que se solventan o solventarán sus honorarios y si se han adoptado medidas para corroborar que no existe ningún tipo de incompatibilidad o conflicto de intereses entre cualquiera de esos letrados y la función otorgada por el PEN.

Señor presidente:

A más de un mes de ocurrida la tragedia de Once, sabemos muy poco acerca de lo sucedido y de lo que está sucediendo. Aunque fue anunciada públicamente, la resolución ministerial que dispuso que la Subsecretaría Legal del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios solicite ser tenida por parte querellante no se ha publicado. Y tampoco se ha difundido la resolución judicial que acogió favorablemente ese pedido. Las actividades y responsabilidades del interventor siguen sin estar claras y no ha existido, y probablemente no existirá, ninguna instancia de rendición de cuentas.

El propio fiscal de la causa, Federico Delgado, ha acusado al juez interviniente de ocultarle el texto y obstaculizar el ejercicio de sus funciones. Y éste a su vez habría exigido 100 millones de pesos a los representantes de parte de las víctimas, como caución para dictar el embargo preventivo de los bienes de algunos de los funcionarios públicos y empresarios potencialmente responsables. En definitiva, no ha existido un esfuerzo del gobierno ni de las autoridades judiciales para garantizar la publicidad de aquellos actos del proceso cuya difusión, claramente, no compromete sus posibilidades éxito y esto ha motivado la presentación de numerosos pedidos de informes y requerimientos de acceso a la información.

En estas últimas semanas, sin embargo, ha surgido un nuevo interrogante. Según ha trascendido en varios medios de comunicación, el Subsecretario Legal del mencionado ministerio, que como ya hemos dicho, fue designado como el responsable de impulsar la querella, contaría con el patrocinio jurídico de un estudio privado de abogados. De acuerdo a la información publicada, además, algunos de sus integrantes mantendrían un vínculo profesional con autoridades del ministerio y se desempeñarían como defensores en causas por hechos de corrupción.

Por ello, este proyecto pretende obtener mayores precisiones sobre los criterios y procedimientos empleados para decidir esta contratación y acerca de las razones que han llevado al Ministerio de Planificación a optar por no utilizar algunos de los cuerpos de abogados estatales, conocer quiénes se encuentran patrocinando al Estado y cómo se costean sus honorarios e indagar sobre las medidas adoptadas para descartar la existencia de alguna incompatibilidad o conflicto de intereses.

Invitamos a los colegas diputados y diputadas a acompañarnos en esta propuesta.