La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, que a través de la Secretaria de Comercio Interior de la Nación informe sobre todos los antecedentes y aplicación concreta de la resolución 453/10, en especial, lo siguiente:

1. Si se ha efectuado algún tipo de consulta a los Ministerios de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y Educación de la Nación, o a la Biblioteca Nacional, a fin de evaluar los posibles efectos de la regulación referida sobre el desarrollo de la labor de investigadores, docentes y alumnos.

2. Si se han desarrollado actividades o adoptado medidas tendientes a disminuir el potencial impacto negativo de la medida, durante el plazo que insumió su instrumentación.

3. ¿Cuántos permisos se han denegado por aplicación de la resolución, detallando el tipo de publicación afectada en cada caso? ¿Y cuáles han sido las razones de la denegatoria?

4. ¿Cuál es el procedimiento y los criterios utilizados para determinar la conformidad de los productos alcanzados por la disposición, con la normativa mencionada? ¿Cuánto tiempo insume? ¿Existen criterios adicionales a la ponderación del contenido de plomo, para determinar el ingreso de productos gráficos al país? ¿Cuáles?

Señor presidente:

Como es de público conocimiento, durante noviembre del 2010, la Secretaría de Comercio Interior dictó la resolución 453/10 que con el proclamado el objeto de resguardar la seguridad de la población, ha establecido mecanismos de control para eliminar los peligros derivados del uso de tintas con alto contenido de plomo en productos gráficos

Esta resolución fue, finalmente, puesta en funcionamiento mediante la disposición 26/12 de la Dirección Nacional de Comercio Interior y, desde entonces, ha sido objeto de críticas por parte de distintos sectores, que, entre otras cosas, han destacado sus potenciales consecuencias nocivas sobre libre circulación de información y la producción científica y cultural, el fuerte contraste entre esta medida y la política adoptada en relación al empleo de otras sustancias nocivas en actividades como la minería y la agricultura, y la supuesta intencionalidad encubierta de controlar el gasto de divisas y balancear un desequilibrio de la balanza comercial.

Se ha señalado, también, que al día de hoy los pedidos de licencia son resueltos con base en criterios poco claros, que se han registrado demoras que produjeron que haya faltantes en las librerías y que la medida es más una traba burocrática, que la expresión de una preocupación legítima por la salud de los consumidores, dado que las regulaciones sobre el uso de plomo son aplicadas y conocidas a lo largo del mundo

Todas estas críticas, sin embargo, no han sido contestadas públicamente por los impulsores de la medida, lo que ha contribuido a generar mayor confusión en un tema particularmente sensible por comprometer el ejercicio de derechos centrales en un Estado de derecho.

Tampoco hemos tenido noticias de que se hayan adoptado medidas tendientes a evitar su posible impacto negativo sobre las tareas de investigadores, docentes y alumnos de todos los niveles o habilitado instancias de consulta con otros organismos potencialmente perjudicados por la medida.

Por ello, el Congreso debe exigir mayores precisiones sobre la implementación, la aplicación y los efectos producidos por esta normativa, a fin de habilitar una discusión pública sobre el tema y prevenir posibles ejercicios abusivos, en especial considerando el tipo de material afectado y su vinculación con la calidad educativa y ciudadana.

Invitamos a los colegas diputados y diputadas a acompañarnos en esta propuesta.