La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo y por su intermedio a quien corresponda, en virtud del informe de la ONU sobre la crisis del sistema carcelario argentino, informe los siguientes interrogantes:

1)Que capacidad poseen las cárceles argentinas?

2)Existe un registro estadístico actualizado de la población carcelaria? En caso negativo, explique los motivos.

3)Que partida presupuestaria anual se asigna para el mantenimiento y construcción de establecimientos penitenciarios?

4)Por qué razón las cárceles se encuentran en deplorable estado edilicio y sanitario?

5)Que partida presupuestaria anual se asigna para la subsistencia y mantenimiento de la persona privada de la libertad?

6)Por qué razón las condiciones de vida de la población carcelaria es precaria? ¿Por qué razón las personas privadas de sus libertad son mal tratadas?

7)Quien tiene a su cargo el control de los reclusos en cuanto a sus condiciones sanitarias, psicológicas, educativas, etc?

8)Atento al informe de la ONU sobre cárceles argentinas: ¿ se ha enviado una comisión a los distintos establecimientos penitenciarios a fin de fiscalizar y/o corroborar estos abusos.

9)Que medidas tomara la autoridad de aplicación frente a la crisis carcelaria no solo edilicia sino de denuncias de torturas y abusos?

Señor presidente:

Desde Ginebra (ONU) han emitido un informe lapidario basado en 24 visitas sorpresivas a cárceles de Buenos Aires y CABA. Hacinamiento y agresiones a menores y embarazadas son algunas de las conclusiones.

Un agente penitenciario le da una faca a un detenido para que mate a otro, amenazándolo con represalias de no cometer el homicidio; regímenes de aislamiento de 23 horas diarias que duran nueve meses para reprimir las indisciplinas de los presos; el "control interno" de los centros penitenciarios confiado a reclusos fajineros que pasan a constituir un cuerpo de limpieza, en retribución de prebendas y ventajas, caldo de cultivo de la proliferación de delitos y peligros de torturas, encabezan las cuantiosas observaciones recogidas por 6 expertos independientes enviados por la ONU, quienes se limitaron a visitar cárceles y comisarias de la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal, circunstancias que ilustran un informe preliminar presentado al gobierno nacional y aún mantenido en secreto.

Dos latinoamericanos, tres europeos y una de Oceanía, compusieron la delegación del Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, a resultas de un Protocolo a la Convención en la materia, ratificado por la Argentina en 2006, que permite a los expertos hasta realizar visitas sorpresivas en lugares que se presume hay personas privadas de libertad, bajo sospecha que podrían estar siendo torturadas. La visita de 9 días se realizó hace un año, el informe preliminar al que accedió la presente crónica fue entregado de inmediato, para que el gobierno respondiera, en vista de un informe oficial y definitivo cuya revelación pública todavía se desconoce y su publicación depende esencialmente de la voluntad del país visitado.

"Me arruinaron la vida, porque tenía oportunidad de trabajar, Ahora, ¿quien me va a dar trabajo?, le confesó a la ONU uno de los tantos internos entrevistados en privado, forzado a confesar una infracción por los agentes que lo interrogaran, quien ya soporta la losa de los

antecedentes penales que le pedirán cuando salga y busque trabajo. Su caso trasluce la angustia expandida en una población penitenciaria, cuya mayoría está en prisión preventiva en espera de condena y muchos son pobres. La indefinición de las penas que les caerán encima, junto a la pertenencia a los sectores desfavorecidos, y a la ausencia de programas de reinserción, trazan un círculo vicioso de encierro, exclusión social y conflictividad interna que dispara la criminalidad. Se multiplican los robos, venganzas, peleas, reducción de porción alimentaria, requisas, sustracción de pertenencias, tráfico de estupefacientes, mudanzas a peores pabellones, acceso privilegiado a programas educativos y laborales, trueques de mayor seguridad y mejor trato por dinero, asesinatos disfrazados de suicidios, incrementando los niveles de muertes violentas y aumentando los riesgos de tortura y malos tratos.

No obstante que la visita se circunscribió a 24 establecimientos de una sola provincia y de la ciudad de Buenos Aires, la ONU constató que en los complejos provinciales las condiciones materiales y los criterios de subsistencia son "obsoletos". Los edificios se hayan deteriorados y varios sin calefacción en invierno, la comida es pésima, el acceso a la educación muy deficiente en cantidad de maestros, aulas y material didáctico; servicios médicos con personal desmotivado y falto de capacitación, que echan de menos equipamiento, remedios y personal idóneos, sin registros de lesiones, donde reina la precariedad para hacer deportes y disfrutar de la cultura, salir al aire libre, con insuficientes suministros y recursos humanos que, sin embargo, son de superior calidad en la jurisdicción federal.

La ONU percibió un fenómeno equivalente en los recintos policiales. Los calabozos federales son más amplios y limpios, con mejor pintura y luz, y áreas administrativas de cierta comodidad, mientras que a nivel provincial imperan los olores nauseabundos, la suciedad, cucarachas por doquier, y falta de ventilación, escasa calefacción, electricidad, y agua caliente. Sobrevienen inundaciones en las alcantarillas comunes, y hay celdas clausuradas por su lamentable estado que, empero, se continúan usando, e ¡inscribiendo sus ocupantes en los registros! En las de aislamiento pululan piojos y excrementos, y no siempre están reservadas para los sancionados por su comportamiento, igualmente a otros por causas como el reciente ingreso a la unidad, reubicación o supuesta protección. En una de ellas las condiciones de hacinamiento quedaron patentes: a lo largo y ancho de aproximadamente 25 m2 con un solo servicio sanitario y una ducha, se contaron 60 detenidos. Se ven ratas en los patios, cocinas destruidas, sanitarios desvencijados y

ventanas sin vidrios. Ni la comisaría que funciona en la planta baja de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el Palacio de Justicia de Talcahuano y Lavalle en Capital Federal, quedó marginada de críticas por la gravedad del hacinamiento de los detenidos en tránsito que aguardan turno a veces durante varios días para comparecencias judiciales.

La ONU señaló la violación del principio de la necesidad de cercanía del interno para con su familia, que redunda en apoyo y contención, lo cual se traduce en una vida carcelaria más digna, equilibrada y segura. Las frecuentes mutaciones como metodología coercitiva, denigran y desconectan a los presos de sus seres queridos, agravado por visitas demasiado cortas y esporádicas, y vejámenes a sus familiares. Esos cambios a menudo quiebran la continuidad de actividades educacionales, productivas o culturales; lejanía de sus hogares que puede valorarse como una forma de malos tratos prohibida por la Convención contra la Tortura, instrumento vinculante al que Argentina adhirió en 1985. Los expertos le insistieron al gobierno nacional que los presos son "sujetos de derechos y obligaciones", a los que no deben colgarles etiquetas de "peligrosidad", que pueden sobrecargar el peso de la condena, y, desde luego, "rebasar el contenido de la pena o medida judicial impuesta".

Ejemplo flagrante de todo ello es la impunidad para con ciertas prácticas chequeadas en las entrevistas con los presos que la Argentina debería erradicar. Se citan los cortes de cabello contrarios a la voluntad de los internos, quienes suelen ser objeto de correctivos para que asistan a cultos diferentes a los de sus creencias, y participación reglamentaria en estudios clínico-criminológicos "invasivos de la intimidad y la libertad de conciencia", que "rompen con la confidencialidad de la información" obtenida, "e inciden en la naturaleza y duración de la pena". Para la ONU es "inaceptable" que los presos recién llegados sean sometidos a condiciones de menor calidad que los demás, o a la segregación en dependencias de aislamiento, por no haber "hecho tiempo", fruto de "evaluaciones" que "incluyen un pronóstico del comportamiento al que injustamente se atribuyen consecuencias jurídicas equivalentes al mal comportamiento".

Los enviados de Naciones Unidas se sorprendieron por no ver afiches informativos en los centros de detención sobre los derechos de los detenidos, en particular que la tortura está vedada. Especialmente les preocupó el pesimismo generalizado de los reclusos debido a la desconfianza en las autoridades carcelarias para erradicar "los actos abusivos de los elementos de menor jerarquía", poniendo de tal modo en evidencia " una "estructura corporativa" que responde a "lineamientos superiores y estructurales". Escucharon repetidas veces: "No sirve de nada quejarse dentro".

Las investigaciones de torturas en las cárceles son obstaculizadas por una red administrativa que anuda el temor a represalias a presentar denuncias en el ámbito penitenciario, con la cifra "oculta" de denuncias elevadas a los Ministerios Públicos tipificadas como "delitos de lesiones, abuso de autoridad, uso excesivo de la fuerza, o extorsión", que traen aparejados condenas y plazos de prescripción menores que los caratulados como torturas. Se agregan la ausencia "de una línea de investigación sistémica que permita desarticular el entramado de actores" penitenciarios o policiales, extirpar la tortura como medida disciplinaria y de amedrentamiento, y la "subutilización de los registros y bases de datos de tortura levantados por algunas instituciones públicas como marco para el inicio de investigaciones fiscales". Subyace una "impronta" no abolida de un sistema penitenciario "militarizado", hostil a la "gobernabilidad civil", es decir, el rechazo al avance de una civilización moderna de promoción y defensa de los derechos humanos, la genuina ideología de Naciones Unidas.

La ONU estima que la eficacia de las investigaciones de torturas reside en la "independencia institucional" de todos los intervinientes "en la ruta de acceso a la justicia penal". Reclaman la creación de una "Policía Judicial" que apuntale a los Ministerios Públicos y la Defensa Penal", en el contexto de abrogar que estos dos últimos actores en distintas provincias "se encuentren supeditados a una misma autoridad" de tutela, la Procuraduría General o Fiscalía. Esa cadena de mandos "dificulta la existencia de políticas adecuadas", disminuye "las autonomías funcionales y presupuestarias, exacerba los conflictos de intereses" y erige obstáculos para "las garantías del debido proceso".

Las condiciones de arresto son "deplorables", según testimonios concordantes recogidos por los expertos de la ONU sobre "brutalidad policial" de todos los estamentos, que incriminan a la Policía Federal, Gendarmería y Policía Bonaerense, con el fin de arrancar confesiones, o hacer escarmentar protestas por las condiciones de detención. Son "normales" las palizas de adultos y jóvenes, "incluso mujeres embarazadas", y hasta con las personas esposadas; agresiones físicas y verbales, con la exigencia de desnudarse y revisar la ropa delante de las fuerzas de seguridad, empleo recurrente de armas de fuego, "golpes y patadas en la cabeza y el pecho y otras partes del cuerpo, utilizando las manos, bastones de goma o la culata del arma" y piedras, apelando al "submarino", amputación de dedos y quemaduras con cigarrillos o fierros calientes, y olvidando leerle los derechos a los detenidos, de poder informar a un tercero y recibir reconocimiento médico. Un pibe de 17

años relató que le pegaron un tiro en la espalda cuando huía desarmado, y "no me mataron porque había gente que salió a la calle tras escuchar mis gritos de auxilio y porque la policía se quedó sin balas".

Nada de todo esto escapa a los centros para menores detenidos. Los talleres "no reúnen las condiciones mínimas para cumplir con los objetivos de formación que deben tener", y quienes los imparten no están plenamente capacitados. A su vez, los sistemas de encierro comunican "espacios cerrados (celda, comedor, escuela, patio)" que no favorecen una circulación "libre y fluida entre los mismos". De producirse incendios las posibilidades de perdidas humanas son inminentes, por la reclusión "absoluta", y porque los colchones no son "ignífugos". Las exigencias reglamentarias terminan en que nadie ve casi nunca la luz solar, y en requisas dos veces diarias, con los chicos desnudos y haciendo "flexiones". Golpeados cuando los detuviera la policía, esos chicos rumian el sentimiento que por "haber delinquido una vez", dicho estigma "les acompañará el resto de sus vidas".

Tampoco escapan a las generales de estas leyes de estragos permanentes las instituciones de Salud Mental que alojan detenidos. Los espacios de admisión, y las instalaciones para médicos y personal de guardia muestran "decrepitud". Abundan los cortes de gas, y la zonas de los baños adolecen de un "total abandono". La comida es "escasa" y de "ínfima calidad". Faltan enfermeros, "médicos, psicólogos y terapeutas ocasionales". Asiduamente "un gran número de pacientes se quedaban sin atención". Hay médicos que "cumplen menos de la mitad de su jornada laboral" y personal que solo concurre "las mañanas". Es moneda corriente el "uso excesivo de la medicación como una forma de controlar los pacientes, paralelamente vinculado" a la carencia "de personal". Se conocieron denuncias de aplicación de "medidas de restricción física, tales como atar a los pacientes a la cama, amenazas y golpes". El drama recrudece por la cohabitación de hombres o mujeres cuya admisión ha sido ordenada por los tribunales con pacientes voluntarios, hospitales que en buena medida funcionan como refugios de atención social para individuos discapacitados en los planos intelectual o psicosocial sin recursos ni sustento familiar.

Como todos los expertos de la ONU, los miembros de este Subcomité para la Prevención de la Tortura, no son funcionarios a sueldo, sino personalidades de significativa estatura moral y conocimiento técnico, elegidas por los Estados miembros de la institución, a través de mecanismos democráticos pactados en el seno de sus organismos, quienes trabajan

gratis, a los cuales solo se les reembolsan los viáticos de las misiones que llevan a cabo. A título de conclusión, exhortaron al gobierno argentino a velar para que las personas privadas de la libertad entrevistadas, todas con conocimiento de la jerarquía institucional respectiva, "especialmente aquellas involucradas en incidentes que se mencionan" en las "observaciones preliminares" aquí exhumadas, no sufran represalias, y si por ventura las padecieran, sus autores deben ser sancionados, como dispone la obligación de cooperar con Naciones Unidas, para la preservación y memoria de las víctimas.

Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.