La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través de la Secretaria de Transporte dependiente del Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios, proceda en forma inmediata a:

1. Redeterminar los parámetros y criterios de distribución de los fondos que conforman el Sistema Integrado de Transporte Automotor "SISTAU", en particular el Coeficiente de Participación Federal (CPF) y el Coeficiente de Distribución de Compensaciones Tarifarias (CDCT), a los efectos que las Jurisdicciones no pertenecientes al área metropolitana de Buenos Aires, según lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 25.031, sean consideradas en igualdad y equivalencia de condiciones con las reseñadas.

2. Adecuar los porcentuales establecidos en el Régimen de Compensaciones Complementarias, a los efectos de contemplar en su distribución, la efectiva incidencia que reflejarán los aumentos de salarios del sector comprendido y los mayores costos emergentes para garantizar el normal funcionamiento de las empresas de transporte público de pasajeros que operan en las jurisdicciones que se encuentran fuera de la orbita de la región metropolitana de Buenos Aires.

Señor presidente:

Entendemos fundamentar el presente proyecto en la urgente necesidad de dotar de un verdadero sentido Federal al Sistema Integrado de Transporte Automotor, evitando la discriminación y peculiar olvido de la totalidad de las jurisdicciones excluidas del área metropolitana de Buenos Aires, que en la practica observamos, en la vida cotidiana de miles de ciudadanos argentinos, la situación disvaliosa de tener que afrontar por igual servicio valores muchos más altos que los ciudadanos de la región metropolitana de Buenos Aires.

En tal sentido y considerando que por su naturaleza los subsidios al transporte automotor revisten de una significativa importancia para garantizar el acceso de la población a los medios de transporte terrestres, es más que preocupante la situación que se evidencia con los mismos. Pues, como todos recordamos desde el año 2002 frente a la crisis desencadenada por la salida de la convertibilidad, tanto el Poder Ejecutivo como en su incumbencia constitucional el Poder Legislativo, fueron reglando un sistema de subsidios al transporte automotor que permitiera mantener los cuadros tarifarios vigentes, evitando de esta manera que los aumentos tengan incidencia sustancial en el costo de vida de millones de ciudadanos.

Ahora bien, corresponde precisar que en su efectiva funcionalidad dichas asignaciones al transporte parecieran que sólo tienen como principal destinatario el sistema que incluye a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su área metropolitana, ya que en concreto los mayores porcentuales de subsidio se orientan a esa región en desmedro del resto del país, estableciendo un precedente más que peligroso en un estado de derecho, el criterio de sostener la existencia de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, conceptualizado por el lugar de residencia, sólo a los efectos ilustrativos cabe señalar que el régimen de compensaciones complementarias establecidas por el Decreto Nº 678/06 significaron en su oportunidad un aumento de aproximadamente el 50% en el subsidio por cada vehículo de las empresas que operan en el área metropolitana.

Paralelamente si analizamos el Coeficiente de Participación Federal, el cual fija la participación de cada jurisdicción en la distribución de los fondos que se integran, se observa en su conformación un conjunto de variables como cantidad de pasajeros transportados, kilómetros recorridos e ingresos brutos, que claramente privilegia a las grandes empresas de transporte de pasajeros que mantienen una alta recaudación debido a que realizan recorridos más cortos y con alta densidad de pasajeros, a diferencia de las ciudades del interior, que tienen una relación pasajero/kilómetro sensiblemente inferior a la mayoría de los recorridos de las empresas de transporte que operan en el radio de la Capital Federal y el Conurbano bonaerense.

Con lo que se puede afirmar que en la actualidad el área metropolitana de Buenos Aires percibe aproximadamente un 70% del total de los subsidios, reduciendo la incidencia del resto del país a sólo un 30 %. Además mediante el régimen de compensaciones referido, fundado en los incrementos de los costos de funcionamiento, los aumentos de salarios de convenio y los costos regulatorios superiores a los de otras Jurisdicciones, los porcentuales reflejados anteriormente aumentan en detrimento de las zonas excluidas, compensado al transporte metropolitano de Buenos Aires en un aproximadamente 87 % más por sobre el sólo 13 % restante a distribuir en el resto del país.

A los fines gráficos se adjunta la distribución de los recursos del SISTAU correspondientes al mes de marzo de 2008, conforme los propios datos de la Secretaría de Transporte de la Nación, de cuyos datos luce manifiesta la notoria disparidad de la distribución de los fondos para empresas del área metropolitana con respecto a empresas que operan en la Ciudad de Córdoba.

Región Metropolitana:

Sistema de transporte de la Ciudad de Córdoba:

Entendemos como ejemplo ilustrativo de esta notoria desigualdad ante la Ley, que en la ciudad de Córdoba con aprox. una cantidad de 1.400.000 de habitantes, las empresas de transporte de dicha ciudad que ha renovado y mejorado su parque automotor brindando un mejor servicio a todos los usuarios, se encuentran en la disyuntiva de aumentar sus escalas tarifarias para poder subsistir. Consideramos que las autoridades provinciales y municipales del interior del país no pueden seguir aumentando tarifas para mantener sus sistemas de transporte y absorber los incrementos salariales.

Por consiguiente es menester solicitar que las autoridades competentes de la Secretaria de Transporte de la Nación procedan a revisar y adecuar los parámetros utilizados para establecer las asignaciones para todo el transporte con criterios realmente "FEDERALES" Y "EQUITATIVOS". De no hacerlo el mensaje que efectivamente se irradia es el de establecer que en la Argentina tenemos ciudadanos de primera categoría y ciudadanos que no se catalogan, ya que pareciese que son de las clases que pueden seguir costeando con su bolsillo el mantenimiento de un sistema de transporte público.

Por lo expuesto es que, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.