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PROYECTO DE TP
Expediente 1791-D-2013
Sumario: EXPRESAR PREOCUPACION POR EL INFORME DE LA "ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS - ONU -", SOBRE EL ESTADO DE HACINAMIENTO Y AGRESIONES A MENORES Y EMBARAZADAS EN LAS CARCELES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.
Fecha: 10/04/2013
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 25
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Expresar su extrema preocupación ante el
informe de la ONU, basado en 24 visitas sorpresivas a cárceles de Buenos Aires y CABA,
sobre el estado de hacinamiento y agresiones a menores y embarazadas en nuestras
cárceles.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde Ginebra (ONU) han emitido un
informe lapidario basado en 24 visitas sorpresivas a cárceles de Buenos Aires y CABA.
Hacinamiento y agresiones a menores y embarazadas son algunas de las conclusiones.
Un agente penitenciario le da una faca a un
detenido para que mate a otro, amenazándolo con represalias de no cometer el homicidio;
regímenes de aislamiento de 23 horas diarias que duran nueve meses para reprimir las
indisciplinas de los presos; el "control interno" de los centros penitenciarios confiado a
reclusos fajineros que pasan a constituir un cuerpo de limpieza, en retribución de prebendas
y ventajas, caldo de cultivo de la proliferación de delitos y peligros de torturas, encabezan
las cuantiosas observaciones recogidas por 6 expertos independientes enviados por la ONU,
quienes se limitaron a visitar cárceles y comisarias de la provincia de Buenos Aires y la
Capital Federal, circunstancias que ilustran un informe preliminar presentado al gobierno
nacional y aún mantenido en secreto.
Dos latinoamericanos, tres europeos y una de
Oceanía, compusieron la delegación del Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención
de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, a resultas de un
Protocolo a la Convención en la materia, ratificado por la Argentina en 2006, que permite a
los expertos hasta realizar visitas sorpresivas en lugares que se presume hay personas
privadas de libertad, bajo sospecha que podrían estar siendo torturadas. La visita de 9 días
se realizó hace un año, el informe preliminar al que accedió la presente crónica fue
entregado de inmediato, para que el gobierno respondiera, en vista de un informe oficial y
definitivo cuya revelación pública todavía se desconoce y su publicación depende
esencialmente de la voluntad del país visitado.
"Me arruinaron la vida, porque tenía
oportunidad de trabajar, Ahora, ¿quien me va a dar trabajo?, le confesó a la ONU uno de
los tantos internos entrevistados en privado, forzado a confesar una infracción por los
agentes que lo interrogaran, quien ya soporta la losa de los antecedentes penales que le
pedirán cuando salga y busque trabajo. Su caso trasluce la angustia expandida en una
población penitenciaria, cuya mayoría está en prisión preventiva en espera de condena y
muchos son pobres. La indefinición de las penas que les caerán encima, junto a la
pertenencia a los sectores desfavorecidos, y a la ausencia de programas de reinserción,
trazan un círculo vicioso de encierro, exclusión social y conflictividad interna que dispara
la criminalidad. Se multiplican los robos, venganzas, peleas, reducción de porción
alimentaria, requisas, sustracción de pertenencias, tráfico de estupefacientes, mudanzas a
peores pabellones, acceso privilegiado a programas educativos y laborales, trueques de
mayor seguridad y mejor trato por dinero, asesinatos disfrazados de suicidios,
incrementando los niveles de muertes violentas y aumentando los riesgos de tortura y malos
tratos.
No obstante que la visita se circunscribió a 24
establecimientos de una sola provincia y de la ciudad de Buenos Aires, la ONU constató
que en los complejos provinciales las condiciones materiales y los criterios de subsistencia
son "obsoletos". Los edificios se hayan deteriorados y varios sin calefacción en invierno, la
comida es pésima, el acceso a la educación muy deficiente en cantidad de maestros, aulas y
material didáctico; servicios médicos con personal desmotivado y falto de capacitación, que
echan de menos equipamiento, remedios y personal idóneos, sin registros de lesiones,
donde reina la precariedad para hacer deportes y disfrutar de la cultura, salir al aire libre,
con insuficientes suministros y recursos humanos que, sin embargo, son de superior calidad
en la jurisdicción federal.
La ONU percibió un fenómeno equivalente en
los recintos policiales. Los calabozos federales son más amplios y limpios, con mejor
pintura y luz, y áreas administrativas de cierta comodidad, mientras que a nivel provincial
imperan los olores nauseabundos, la suciedad, cucarachas por doquier, y falta de
ventilación, escasa calefacción, electricidad, y agua caliente. Sobrevienen inundaciones en
las alcantarillas comunes, y hay celdas clausuradas por su lamentable estado que, empero,
se continúan usando, e ¡inscribiendo sus ocupantes en los registros! En las de aislamiento
pululan piojos y excrementos, y no siempre están reservadas para los sancionados por su
comportamiento, igualmente a otros por causas como el reciente ingreso a la unidad,
reubicación o supuesta protección. En una de ellas las condiciones de hacinamiento
quedaron patentes: a lo largo y ancho de aproximadamente 25 m2 con un solo servicio
sanitario y una ducha, se contaron 60 detenidos. Se ven ratas en los patios, cocinas
destruidas, sanitarios desvencijados y ventanas sin vidrios. Ni la comisaría que funciona en
la planta baja de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el Palacio de Justicia de
Talcahuano y Lavalle en Capital Federal, quedó marginada de críticas por la gravedad del
hacinamiento de los detenidos en tránsito que aguardan turno a veces durante varios días
para comparecencias judiciales.
La ONU señaló la violación del principio de
la necesidad de cercanía del interno para con su familia, que redunda en apoyo y
contención, lo cual se traduce en una vida carcelaria más digna, equilibrada y segura. Las
frecuentes mutaciones como metodología coercitiva, denigran y desconectan a los presos de
sus seres queridos, agravado por visitas demasiado cortas y esporádicas, y vejámenes a sus
familiares. Esos cambios a menudo quiebran la continuidad de actividades educacionales,
productivas o culturales; lejanía de sus hogares que puede valorarse como una forma de
malos tratos prohibida por la Convención contra la Tortura, instrumento vinculante al que
Argentina adhirió en 1985. Los expertos le insistieron al gobierno nacional que los presos
son "sujetos de derechos y obligaciones", a los que no deben colgarles etiquetas de
"peligrosidad", que pueden sobrecargar el peso de la condena, y, desde luego, "rebasar el
contenido de la pena o medida judicial impuesta".
Ejemplo flagrante de todo ello es la
impunidad para con ciertas prácticas chequeadas en las entrevistas con los presos que la
Argentina debería erradicar. Se citan los cortes de cabello contrarios a la voluntad de los
internos, quienes suelen ser objeto de correctivos para que asistan a cultos diferentes a los
de sus creencias, y participación reglamentaria en estudios clínico-criminológicos
"invasivos de la intimidad y la libertad de conciencia", que "rompen con la
confidencialidad de la información" obtenida, "e inciden en la naturaleza y duración de la
pena". Para la ONU es "inaceptable" que los presos recién llegados sean sometidos a
condiciones de menor calidad que los demás, o a la segregación en dependencias de
aislamiento, por no haber "hecho tiempo", fruto de "evaluaciones" que "incluyen un
pronóstico del comportamiento al que injustamente se atribuyen consecuencias jurídicas
equivalentes al mal comportamiento".
Los enviados de Naciones Unidas se
sorprendieron por no ver afiches informativos en los centros de detención sobre los
derechos de los detenidos, en particular que la tortura está vedada. Especialmente les
preocupó el pesimismo generalizado de los reclusos debido a la desconfianza en las
autoridades carcelarias para erradicar "los actos abusivos de los elementos de menor
jerarquía", poniendo de tal modo en evidencia " una "estructura corporativa" que responde
a "lineamientos superiores y estructurales". Escucharon repetidas veces: "No sirve de nada
quejarse dentro".
Las investigaciones de torturas en las cárceles
son obstaculizadas por una red administrativa que anuda el temor a represalias a presentar
denuncias en el ámbito penitenciario, con la cifra "oculta" de denuncias elevadas a los
Ministerios Públicos tipificadas como "delitos de lesiones, abuso de autoridad, uso
excesivo de la fuerza, o
extorsión", que traen aparejados condenas y
plazos de prescripción menores que los caratulados como torturas. Se agregan la ausencia
"de una línea de investigación sistémica que permita desarticular el entramado de actores"
penitenciarios o policiales, extirpar la tortura como medida disciplinaria y de
amedrentamiento, y la "subutilización de los registros y bases de datos de tortura
levantados por algunas instituciones públicas como marco para el inicio de investigaciones
fiscales". Subyace una "impronta" no abolida de un sistema penitenciario "militarizado",
hostil a la "gobernabilidad civil", es decir, el rechazo al avance de una civilización moderna
de promoción y defensa de los derechos humanos, la genuina ideología de Naciones
Unidas.
La ONU estima que la eficacia de las
investigaciones de torturas reside en la "independencia institucional" de todos los
intervinientes "en la ruta de acceso a la justicia penal". Reclaman la creación de una
"Policía Judicial" que apuntale a los Ministerios Públicos y la Defensa Penal", en el
contexto de abrogar que estos dos últimos actores en distintas provincias "se encuentren
supeditados a una misma autoridad" de tutela, la Procuraduría General o Fiscalía. Esa
cadena de mandos "dificulta la existencia de políticas adecuadas", disminuye "las
autonomías funcionales y presupuestarias, exacerba los conflictos de intereses" y erige
obstáculos para "las garantías del debido proceso".
Las condiciones de arresto son "deplorables",
según testimonios concordantes recogidos por los expertos de la ONU sobre "brutalidad
policial" de todos los estamentos, que incriminan a la Policía Federal, Gendarmería y
Policía Bonaerense, con el fin de arrancar confesiones, o hacer escarmentar protestas por
las condiciones de detención. Son "normales" las palizas de adultos y jóvenes, "incluso
mujeres embarazadas", y hasta con las personas esposadas; agresiones físicas y verbales,
con la exigencia de desnudarse y revisar la ropa delante de las fuerzas de seguridad, empleo
recurrente de armas de fuego, "golpes y patadas en la cabeza y el pecho y otras partes del
cuerpo, utilizando las manos, bastones de goma o la culata del arma" y piedras, apelando al
"submarino", amputación de dedos y quemaduras con cigarrillos o fierros calientes, y
olvidando leerle los derechos a los detenidos, de poder informar a un tercero y recibir
reconocimiento médico. Un pibe de 17 años relató que le pegaron un tiro en la espalda
cuando huía desarmado, y "no me mataron porque había gente que salió a la calle tras
escuchar mis gritos de auxilio y porque la policía se quedó sin balas".
Nada de todo esto escapa a los centros para
menores detenidos. Los talleres "no reúnen las condiciones mínimas para cumplir con los
objetivos de formación que deben tener", y quienes los imparten no están plenamente
capacitados. A su vez, los sistemas de encierro comunican "espacios cerrados (celda,
comedor, escuela, patio)" que no favorecen una circulación "libre y fluida entre los
mismos". De producirse incendios las posibilidades de perdidas humanas son inminentes,
por la reclusión "absoluta", y porque los colchones no son "ignífugos". Las exigencias
reglamentarias terminan en que nadie ve casi nunca la luz solar, y en requisas dos veces
diarias, con los chicos desnudos y haciendo "flexiones". Golpeados cuando los detuviera la
policía, esos chicos rumian el sentimiento que por "haber delinquido una vez", dicho
estigma "les acompañará el resto de sus vidas".
Tampoco escapan a las generales de estas
leyes de estragos permanentes las instituciones de Salud Mental que alojan detenidos. Los
espacios de admisión, y las instalaciones para médicos y personal de guardia muestran
"decrepitud". Abundan los cortes de gas, y la zonas de los baños adolecen de un "total
abandono". La comida es "escasa" y de "ínfima calidad". Faltan enfermeros, "médicos,
psicólogos y terapeutas ocasionales". Asiduamente "un gran número de pacientes se
quedaban sin atención". Hay médicos que "cumplen menos de la mitad de su jornada
laboral" y personal que solo concurre "las mañanas". Es moneda corriente el "uso excesivo
de la medicación como una forma de controlar los pacientes, paralelamente vinculado" a la
carencia "de personal". Se conocieron denuncias de aplicación de "medidas de restricción
física, tales como atar a los pacientes a la cama, amenazas y golpes". El drama recrudece
por la cohabitación de hombres o mujeres cuya admisión ha sido ordenada por los
tribunales con pacientes voluntarios, hospitales que en buena medida funcionan como
refugios de atención social para individuos discapacitados en los planos intelectual o
psicosocial sin recursos ni sustento familiar.
Como todos los expertos de la ONU, los
miembros de este Subcomité para la Prevención de la Tortura, no son funcionarios a sueldo,
sino personalidades de significativa estatura moral y conocimiento técnico, elegidas por los
Estados miembros de la institución, a través de mecanismos democráticos pactados en el
seno de sus organismos, quienes trabajan gratis, a los cuales solo se les reembolsan los
viáticos de las misiones que llevan a cabo. A titulo de conclusión, exhortaron al gobierno
argentino a velar para que las personas privadas de la libertad entrevistadas, todas con
conocimiento de la jerarquía institucional respectiva, "especialmente aquellas involucradas
en incidentes que se mencionan" en las "observaciones preliminares" aquí exhumadas, no
sufran represalias, y si por ventura las padecieran, sus autores deben ser sancionados, como
dispone la obligación de cooperar con Naciones Unidas, para la preservación y memoria de
las víctimas.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Firmante | Distrito | Bloque |
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BIANCHI, IVANA MARIA | SAN LUIS | FRENTE PERONISTA |
Giro a comisiones en Diputados
Comisión |
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LEGISLACION PENAL (Primera Competencia) |