La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Citar a la señora Presidente del Consejo Nacional de las Mujeres, Sra. Mariana Agustina Gras Buscetto, al seno de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, a los efectos de que exponga, en su carácter de autoridad de aplicación de la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, en torno a:

1) las políticas, programas y acciones que el Consejo se llevaron a cabo, aquellos que se están implementando y los que se proyecta implementar a los efectos de cumplir con sus objetivos institucionales y específicos.

2) las conclusiones a las que se ha arribado a partir del desarrollo de dichas acciones y cuál es la percepción que se tiene sobre la problemática.

3) cuál es el estado de cumplimiento de los deberes que le impone el art. 9 de la Ley 26.485 y, específicamente, los motivos por los cuales a más de 3 años de sancionada la Ley 26.485, todavía no existen cifras oficiales a nivel nacional de casos de violencia de género y femicidios.

4) los motivos por los cuales durante el 2012 solo se ejecutó el 70 % de su presupuesto y las razones por las cuales en los últimos cinco años no se han ejecutado las partidas presupuestarias en su totalidad, alcanzando su promedio a tan solo el 66%.

Señor presidente:

Se somete a vuestra consideración el presente proyecto de Resolución, a través del cual se postula citar a la Presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres, señora Mariana Agustina Gras Buscetto, al seno de la Comisión de Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, a los efectos de que dicha Comisión pueda conocer y evaluar el accionar de dicho Consejo, a partir de lo cual poder evaluar las herramientas legales y presupuestarias necesarias para poder paliar la epidemia de violencia de género que asola al país.

El Consejo Nacional de las Mujeres es el organismo público nacional responsable de las políticas públicas de igualdad de oportunidades y trato entre varones y mujeres. Su función, que parte del reconocimiento de la existencia de desigualdades e inequidades que afectan el ejercicio pleno de la ciudadanía, es la de promover la responsabilidad compartida entre mujeres y varones. Una de sus responsabilidades es impulsar políticas públicas con perspectiva de género que contribuyan a la superación de las diversas formas de discriminación contra las mujeres y promuevan las condiciones sociales adecuadas para garantizar a las mujeres el ejercicio efectivo de sus derechos. Además le compete el impulso y monitoreo del efectivo cumplimiento de los tratados internacionales suscriptos por la Argentina en la materia; la interlocución con la sociedad civil, a fin de establecer un foro de intercambio, debate y promoción de propuestas de políticas con perspectiva de género; la promoción de la transversalidad en las políticas públicas en los distintos ministerios y el fortalecimiento de los vínculos con los Poderes Judiciales y los Poderes Legislativos tanto nacionales como provinciales.

Las expectativas sobre el rol del Consejo se han incrementado a partir de la aprobación en 2009 de la Ley Nº 26.485 de "Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales", que terminó de consagra como prioritaria la lucha contra este flagelo de carácter epidémico, ya que la norma instituye al Consejo como "el organismo rector encargado del diseño de las políticas públicas para efectivizar las disposiciones de la presente ley".

A casi tres años y medio de la sanción de dicha ley, es de suma necesidad conocer el estado de cumplimiento de las muchas obligaciones que la norma le fija al Consejo.

Esta revalorización de la igualdad de género hace suponer que tras ésta hay un respaldo político de la máxima autoridad. A su vez, las nuevas responsabilidades del Consejo permiten pensar como lógico el otorgamiento de un presupuesto acorde.

Cualquiera pudiera creer que estos supuestos necesarios se darían en un país presidido por una mujer. Sin embargo, en el nuestro el presupuesto nacional asignado al organismo en los últimos 4 años y su efectiva ejecución dan cuenta de otra realidad.

Presupuesto Nacional del 2008 al 2012, Partida asignada al Consejo Nacional de las Mujeres, crédito ejecutado y diferencia porcentual.

Tal como podemos observar en el cuadro anterior, en los últimos 5 años el presupuesto asignado al Consejo Nacional de las Mujeres ha sigo sub ejecutado, alcanzando niveles de ejecución tan bajos como del 59% en el año 2008. El único año que registra una leve suba en la ejecución del crédito presupuestario, que asciende al 72%, es el año 2009, en el que sancionó la referida Ley Nº 26.485. En los últimos 5 años el promedio de ejecución es del 66%.

En 2012 de cada 3 pesos que dispuso solo gastó 2, subejecutando casi el 33% del crédito.

Para tener una noción de la módica dimensión de esta erogación vale considerar que Aerolíneas Argentinas tuvo durante 2012 por día una asignacion presupuestaria casi equivalente al presupuesto anual (subejecutado) de la Consejo Nacional de las Mujeres.

A su vez, puede apreciarse que para el ejercicio presupuestario 2010 se previó un aumento del 18,7% respecto del año anterior (totalizando 6.638.066 de pesos -con reasignaciones llegó a 8.074.000-), incremento casi nulo frente a un índice de inflación anual de entre un 15 y un 20%. Al cierre del ejercicio se ejecutó sólo el 60% del crédito asignado ($4,9 millones sobre $8 millones).

Para 2011 se previó una asignación de $8.131.053, es decir, un módico aumento del 21,2%, que nuevamente ni siquiera compensaría la inflación real. Sin embargo, sólo han ejecutado poco más del 68% del crédito asignado, que asciende a $9,5 millones.

Por último, el proyecto de presupuesto 2012 previó un incremento de esta partida del orden del 47%, llevándose el crédito a casi $14 millones para el corriente ejercicio, y si bien el aumento de la partida presupuestaria es significativo, las políticas previstas y tan necesarias no terminarán de concretarse si el presupuesto se sigue subejecutando año tras año.

La situación para el 2013 es menos promisoria. Para este ciclo se asignó un crédito de $17,48 millones, lo que implica un incremento del 26%, que sol serviría para palear la inflación y el eventual aumento de salarios.

Pareciera ser entonces que las problemáticas de género, y entre ellas la violencia contra las mujeres, no representan un problema social central para el actual gobierno.

Llama la atención que estas partidas presupuestarias no hayan sido utilizadas en tu totalidad, sobre todo por un Gobierno que se ha posicionado como feroz defensor de los Derechos Humanos, siendo que la violencia contra las mujeres es quizás hoy una de las violaciones más generalizadas.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las mujeres de entre 14 y 45 años poseen más chances de morir a causa de la violencia de género que por cáncer, por un accidente de tránsito o por un intento de robo en la vía pública. Este flagelo es la primera causa de muerte y discapacidad entre las mujeres de 15 a 44 años (OMS).

La Asociación Civil La Casa del Encuentro publica todos los años información cada vez más alarmante sobre casos de violencia y homicidios por razones de género a partir de los datos recogidos a partir de distintos medios de comunicación, a los que deben agregarse los muchos otros no recogidos por la prensa. Lamentablemente, no podemos saber con exactitud a qué se debe el incremento de los casos registrados, porque en la Argentina no contamos con estadísticas oficiales de alcance nacional sobre la problemática, que permitan un análisis serio dirigido a determinar cuáles son las políticas más adecuadas, pese a que esta es una de las obligaciones de dicho Consejo.

En Argentina más de 4.500.000 mujeres son víctimas de alguna forma de violencia sexista en sus hogares y lugares de trabajos según datos de La Casa del Encuentro. Sólo en el 2011, se registraron un total de 255 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas.

Pero no es solo la espeluznante cifra de mujeres asesinadas lo que plantea dudas en torno a la efectividad de las políticas pública sino también que el Estado no ha sabido reaccionar aún ante la existencia de denuncias previas de las víctimas, y en este sentido hay que decir que en 34 casos las víctimas ya habían denunciado previamente a su homicida y en 14 de estos incluso la Justicia había dispuesto una medida de exclusión del hogar del agresor, cifras que superan las de años anteriores y revelan la ineficiencia del Estado para proteger a nuestras mujeres.

Estas cifras evidencian que la violencia de género tiene características epidémicas y confluyen en ella cuestiones sociales, educativas, laborales, de salud y de seguridad, y como tal, debe abordarse en su integridad, con políticas públicas transversales a los distintos Ministerios involucrados, siendo la necesaria articulación de estas políticas otra de las obligaciones del Consejo.

En la argentina podemos decir que contamos a nivel nacional con instrumentos legales satisfactorios en la tarea de definir las políticas cardinales necesarias y sus responsables, pero un presupuesto insuficiente y subejecutado que impide el pleno desarrollo de dichas acciones.

Faltan estadísticas oficiales permanentes y una campaña nacional de concientización e información en los medios de comunicación. Debe capacitarse a las fuerzas de seguridad, a los recursos humanos en de salud y a la Justicia, fijándoles protocolos de actuación y de atención a las víctimas. Debe educarse a los niños y jóvenes en la igualdad de género y la no discriminación y empoderar a las víctimas, acompañando su reinserción social. Es necesario garantizar refugios para aquellas víctimas más desprotegidas y ayudas económicas para favorecer su integración, entre tantas otras políticas.

Las iniciativas parciales y aisladas para luchar contra la violencia de género, producto de un presupuesto insuficiente o ejecutado deficientemente, no alcanzan y se necesita un liderazgo ordenador del Poder Ejecutivo Nacional que definitivamente consagre a la lucha por la igualdad de género como una auténtica política de estado.

Queremos saber entonces concretamente si el Consejo Nacional de las Mujeres está a la altura de estas responsabilidades y si cuenta con los recursos técnicos y humanos para afrontarla, en un contexto donde no se puede esperar más ya que está muriendo casi una mujer por día a causa de la violencia de género.

Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.