La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su profunda preocupación por la situación existente en la provincia de Buenos Aires ante la falta de pago a Hogares, Centros de Día, Comedores y demás instituciones asistenciales, lo cual pone al borde de la posibilidad del cierre de muchos de ellos, que ya no tienen forma de seguir cumpliendo con sus funciones por la falta de recursos.

Señor presidente:

Ante la mora permanente que vienen sufriendo las distintas instituciones que brindan asistencia a los que poco o nada tienen en la provincia de Buenos Aires, estamos enfrentando el riesgo cierto que muchas de ellas deban cerrar sus puertas debido a la falta de compromiso y de cumplimiento de la ley que históricamente viene demostrando el ejecutivo bonaerense.

El incumplimiento en el pago en algunos casos es de más de seis meses, pero en otros alcanza a dos años, tales como las situaciones de El Transformador de Morón y del Centro Angelelli ubicado en el barrio 3 de Mayo de la localidad de Florencio Varela. En ambos lugares se ocupan de atender a chicos y jóvenes con problemas de adicciones, víctimas de maltrato, o en situación de calle.

El Transformador hace ya una década que viene desarrollando sus actividades, tiene un Centro de Día, talleres en la vía pública y realiza callejeadas. En 2012 inauguró una Casa de Noche, a fin de dar cobijo en los momentos más problemáticos que se presentan para aquellos que viven en situación de calle.

Dicha Casa de Noche firmó un convenio con el municipio de Morón y con las autoridades de la provincia de Buenos Aires, que a la fecha tiene un atraso de 14 meses en el pago, según denuncian las autoridades de la institución, habiendo percibido sólo un mes de pago ante la denuncia efectuada de la posibilidad de que estarían obligados a cerrarlo el 31 de marzo de 2013 de persistir esta situación.

Uno de los responsables del Transformador manifestó que la institución prácticamente se fundió por tratar de sostener la Casa de Noche, agregando que no tienen forma de auto gestionarse, lo que a su criterio tampoco corresponde, ya que lo que reclaman es un derecho adquirido en la firma del convenio que, de no cumplirse dejaría nuevamente abandonados a todos los chicos en situación de calle que contienen, muchos de ellos maltratados y/o abusados sexualmente.

En el caso del Centro de Participación Popular Monseñor Enrique Angelelli, la coordinadora Karina Raimondo en una nota que le hiciera el matutino Página 12, manifiesta que "somos una red de centros comunitarios para adolescentes, niños y mujeres. Uno de los centros, el del barrio 3 de Mayo, tiene dos años de deuda y hay serios problemas. Hemos sobrevivido gracias a los aportes de los otros centros de la red" agregando que de persistir esta situación se verían obligados a suspender actividades. Según su opinión, la que compartimos, "El sistema de Promoción y Protección de Derechos no funciona, está desmantelado porque desde el ejecutivo no giran los recursos. Algunos servicios zonales que son los que reciben los problemas, no tienen agua ni teléfono".

En cuanto a el Hogar Don Bosco, nos hizo llegar una carta dirigida al gobernador Scioli y al Secretario de Niñez y Adolescencia en la cual insta a invertir en políticas públicas de niñez dando la importancia que realmente tiene la prevención y la protección, por ello no entienden como el gobierno ignora que "para devolver la infancia a estos niños hay que invertir en políticas públicas", por ello "no se entiende como el gobernador de la provincia de Buenos Aires lleva más de 120 días de retraso en el pago de los convenios de los hogares convivenciales y centros de día", dejando a las ONGs sin herramientas sabiendo que "el trabajo que se realiza desde estas organizaciones en los barrios son de una gran contención hacia la niñez desprotegida".

En otra parte de la carta dice: "Cuando la muerte de un adolescente nos sorprende nos dimos cuenta que llegamos mal y tarde, que lo que hicimos no sirvió, pero en vez de servirnos para replantear qué no hicimos, solo nos quedamos en comentarios a modo de aliviar la culpa".

Finalmente exige al Gobernador "que cumpla con sus obligaciones, "los niños no pueden ser vulnerados desde el estado" sino que éste debe garantizarle el real cumplimiento de sus derechos tal como lo exige la normativa internacional suscripta por nuestro país.

Tanto Casa Manu como el Hogar Pelota de Trapo hicieron un llamado instando a la solidaridad de la comunidad, debido a la falta de pago de los subsidios de parte del ejecutivo bonaerense, lo que es históricamente una práctica habitual del mismo y que año a año se agrava.

Según Laura Taffetani del Hogar Pelota de Trapo, "El programa está pensado para niños de 45 días hasta 14 años, es una estructura imposible de sostener sin un subsidio que cubra los gastos que se generan día a día".

El hogar Pelota de Trapo está situado en la ciudad de Avellaneda y su función es brindar insumos básicos para los chicos de hogares de bajos recursos o en situación de desempleo. Para solventarse cuentan con medios que extraen de otras instituciones del grupo tales como la Escuela de Diseño Manchita y la panadería Pan y Pan.

Casa Manu alberga a chicos con VIH-SIDA, por lo cual requiere contar con medicamentos en forma constante. Está ubicado en Monte Grande, además de las actividades del hogar, desarrolla otras tales como talleres de prevención que realiza en su sede, en escuelas, profesorados, clubes, colonias y demás instituciones que le requieran su participación. Para logar algunos fondos realizan ferias americanas, piden donaciones, tienen en funcionamiento una heladería.

Igual situación atraviesa la Casa del Niño de San Nicolás, cuyos representantes ya advirtieron a las autoridades provinciales que si no cancelaban la deuda que con ellos tienen, se verían obligados a cerrar la institución. Les adeudan 51 becas desde noviembre a la fecha y lograron subsistir merced a una serie de actos organizados en la ciudad, recibiendo una positiva respuesta de la comunidad.

La situación de estas instituciones a las que hicimos referencia, es igual o similar a las del resto que funcionan en la provincia.

Según declaraciones del subsecretario de Promoción y Protección de Derechos de Niñez y Adolescencia, Sebastián Gastelu publicadas por Página 12, la provincia liquidará parte de la deuda antes de fin de marzo, afirmando que el atraso tiene que ver "con una situación estructural compleja en la provincia. Ahora ya sabemos con qué caja contamos para afrontar las deudas con los distintos sectores", agregando que "los convenios tienen que pasar por distintas instancias del gobierno para que se les pueda hacer una transferencia económica a las organizaciones. Con los del año pasado se demoró más de la cuenta por burocracia del Estado o falta de papeles de las organizaciones".

Una situación similar es la de los comedores escolares, ya que la deuda con los proveedores acumula cinco meses consecutivos, la que intentan pagar mediante bonos lo que provocó el rechazo de muchos proveedores que no se presentaron a la licitación del servicio.

Desde la Asociación Bonaerense de Prestadores de Servicios a Comedores Escolares y Afines, denuncian que desde hace dos años no se actualiza el monto ya que se asigna $ 1,60 por niño para la merienda y $ 4 para el almuerzo.

El vicepresidente de la Asociación, Marcelo Luzzi afirma que "de más está decir que esta cifra es insuficiente". Pese a los reclamos hasta el momento no se ha avanzado en la discusión de la actualización, si bien afirma que se llegó a un acuerdo entre los prestadores para esperar hasta el mes de junio, "optando por arrancar las clases".

Lamentablemente esta situación no es nueva en la provincia. Año a año se repite sin que se dé una respuesta viable y concreta. Mientras tanto los que sufren son los niños, niñas y adolescentes que están en situación de pobreza y exclusión, y que dependen de estas instituciones para su subsistencia.

Pasan los años y nada se hace para mejorar los servicios que la ley 13298 establece, el desfinanciamiento, el vaciamiento y el abandono sigue, mientras solo escuchamos excusas repetidas o, en el mejor de los casos, promesas que no se cumplen. Y los chicos siguen siendo rehenes.

Por ellos, que son el futuro de nuestra sociedad, hay que exigir que se cumplan con las obligaciones contraídas, con la ley y los tratados internacionales que nuestro país ha suscripto.

No se pueden soportar más excusas.

Nuestros niños, niñas y jóvenes son sujetos de derechos, debemos garantizárselos si queremos tener en el futuro un país mejor.

Es por todo lo expuesto que solicitamos a las/los señoras/señores diputadas/diputados que acompañen el presente proyecto.